Galo Manzo Gallardo

Expediente 778/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
778/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
18/07/2016

Partes del expediente

  • Galo Manzo Gallardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; dieciocho de julio de dos mil dieciséis. V I S T A la certificación secretarial que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa dentro del término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto de uno de julio del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías; en tal virtud, con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, en términos de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de estilo en el libro de Gobierno y archívese este expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ello con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el segundo, inciso XXI, que establecen: "SEGUNDO. Para los efectos de este acuerdo, se entenderá por: (.) XXI. Expediente Judiciales: Todos aquellos que recogen las actuaciones que dan origen o se generan dentro de un procedimiento judicial hasta su resolución". "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 y a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General aludido. No pasa desapercibido para quien esto determina, que en el presente expediente obran documentos que la parte agraviada acompañó al escrito de demanda de amparo, constantes en copia simple de la instrumento notarial número mil quinientos noventa y tres, factura original número ocho mil ciento veintiocho, formato universal de pago de tenencia y derechos de control vehicular y compraventa de pago; pues conforme al punto segundo, en su fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, dicha constancia no tiene el carácter de documento original. Finalmente, a la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Emmanuel Ramirez Gómora, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y dado que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido en proveído de uno de junio del año en curso, sin que el quejoso Galo Mazo Gallardo, haya cumplimentado la prevención que se les hizo en dicho auto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida.

  3. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; diez de junio de dos mil dieciséis. Por recibido el escrito signado por Daniel Abad Escobar Palacios, en su carácter de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Galo Manzo Gallardo; a través del cual pretende desahogar el auto preventivo de uno de junio de la presente anualidad. Cabe indicar que el promovente pretende desahogar la prevención formulada por este órgano jurisdiccional, mediante el escrito de cuenta; sin embargo, no ha lugar a tenerla por cumplida en atención a las siguientes consideraciones: En auto de uno de junio de dos mil dieciséis, se requirió al quejoso Galo Manzo Gallardo, para que por escrito y con diecisiete copias del mismo, dentro del plazo de cinco días, computados legalmente, bajo protesta de decir verdad, precisara el lugar donde se pretende ejecutar el acto reclamado, toda vez que refiere que tiene su domicilio en el Estado de México, y es ahí donde precisamente las autoridades que señala como responsables pretenden aprehenderlo; sin embargo, no precisó a qué Municipio pertenece; máxime que las autoridades responsables que señaló tienen denominación perteneciente a Tlalnepnatla de Baz, Estado de México y Pachuca de Soto, Hidalgo. Así las cosas, en el ocurso de cuenta, el promovente Daniel Abad Escobar Palacios, refiere: "Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que si bien es cierto que mi domicilio laboral está ubicado en el municipio de Tlalnepantla de Baz, debido a que mi trabajo exige trasladarme constantemente a otros municipios del Estado de México como lo es Toluca de Lerdo, resulta evidente que el acto reclamado también puede ser ejecutado en este último municipio." Sin embargo, no ha lugar a tener por desahogado el requerimiento de mérito, toda vez que el ocurso aclaratorio de cuenta lo signa Daniel Abad Escobar Palacios, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de Galo Manzo Gallardo, ellos es así, pues dicha disposición no lo faculta a realizar cualquier acto en nombre del quejoso, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 5o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que el escrito aclaratorio de demanda también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional. La anterior consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, visible en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Novena Época, Materia Común, que a la letra dice: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional". Y, en lo conducente la tesis 2a./J. 90/2012 (10a.), visible en la página 1176 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, Materia Común, del tenor literal siguiente: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria". Aunado a lo anterior, la satisfacción del requisito formal de realizar bajo protesta de decir verdad el requerimiento formulado, debe ser realizado forzosamente por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado del quejoso no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia con la clave 2a./J. 88/2006, publicada en la página 348 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2006, Tomo XXIV, Novena Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." En consecuencia, subsiste la prevención decretada en dicho acuerdo; por tanto, dígase a la parte agraviada que de no desahogar cabalmente lo solicitado, se hará efectivo el apercibimiento con el que fuera conminado en el auto de uno de junio de dos mil dieciséis. La anterior consideración encuentra sustento en la jurisprudencia con la clave 2a./J.106/2003, publicada en la página 133, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 2003, tomo XVIII, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese. Así lo proveyó y firma, José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido de Emmanuel Ramírez Gómora, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el quejoso Galo Manzo Gallardo; a través del cual autorizar a Daniel Abad Escobar Palacios y Leodegario Hernández Cortes, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a diversas personas en términos del artículo 24 del ordenamiento legal de la materia; en consecuencia, glósese a los autos el escrito que se atiende para que surta los efectos legales a que haya lugar, y téngase por autorizadas a las personas que refiere en los términos que alude, dada la naturaleza del presente sumario constitucional; ahora bien respecto de la recepción de las copias certificadas de la suspensión provisional que solicita, dígase que estas se otorgaran una vez que se apertura el cuadernillo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido del Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza y da fe. Doy fe.

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