Galo Juarez Quintero
Expediente 1487/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 23 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1487/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Galo Juarez Quintero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Consulta del expediente De la consulta del expediente, particularmente de la certificación de cuenta, se advierte que en fecha veintitrés de marzo del año en curso, causó estado el proveído mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, y se ordenó el archivo del mismo, así como la devolución de constancias a la autoridad responsable, sin que a la fecha se haya realizado lo anterior. En virtud de ello, gírese atento oficio a la autoridad responsable, y anéxense al mismo las constancias pertinentes, hecho lo anterior devuélvase el expediente al archivo del que fue extraído. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia dictado en este juicio, sin Fecha en que se dictó el auto Notificación Surtió efectos la notificación Plazo de 10 días Días inhábiles 28/02/2023 Parte quejosa: Personal 03/03/2023 Autoridades responsables: Oficio 01/03/2023 Ministerio Público: Personal 01/03/2023 06/03/2023 07 al 22 de marzo 11, 12, 18, 19, 20 y 21 de marzo que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquél, ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que en este asunto se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la medida cautelar definitiva solicitada, respecto de todos los actos reclamados, el cuaderno original también es susceptible de destrucción, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal. Sin que en el caso obre en los referidos expedientes algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años y cumplido aquél, deberá destruirse dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, archívese por separado el duplicado del incidente, con la indicación de que al contar con su original, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; sin que existan en dicho cuaderno documentos originales. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3 fracción II del citado Acuerdo General. Glósese copia de este proveído en el duplicado del incidente de suspensión para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de constancias En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que se exhibieron en este asunto. Acuse de recibo innecesario Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Consulta del expediente De la consulta al expediente se conoce que el quejoso Galo Juárez Quintero solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se señalan: Actos reclamados: A) Las medidas de protección a favor del menor G.J.H. B) Acto de autoridad que limite o prive la libertad personal del aquí quejoso Autoridades responsables: Ordenadoras: 1. Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. 2. Delegación Cuarta con sede en Rioverde de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Ejecutoras: 1. Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. 2. Guardia Civil Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí. 3. Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, San Luis Potosí Inexistencia de autoridad responsable. El veinte de diciembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que señalara la denominación correcta de la autoridad responsable señalada como "Delegación Cuarta con sede en Rioverde de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí", apercibida que de no realizar manifestación alguna, se tendría por inexistente. En proveído de once de enero del año en curso, se hizo efectivo dicho apercibimiento, se tuvo por inexistente dicha autoridad y se suspendió toda comunicación con la misma. Inexistencia de los actos Respecto al acto reclamado consistente en la orden de restricción de la libertad personal del aquí quejoso, las autoridades responsables niegan la existencia de dichos actos, sin que exista prueba en contrario. En cuanto a las medidas de protección a favor del menor G.J.H., las autoridades responsables a excepción de la Guardia Civil Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, negaron la existencia de los actos, sin que exista prueba en contrario. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, tomando en consideración que la promoción del presente juicio, fue por existir simple sospecha de la existencia de los actos reclamados, mismos que, como se dijo, no son ciertos. No se soslaya que de forma cotidiana existe imposibilidad para sobreseer fuera de audiencia por inexistencia de actos reclamados, sin embargo, en el particular ya ha transcurrido el término de la vista a la parte quejosa con el contenido de los informes justificados, sin que al respecto hubiese desvirtuado la negativa de las autoridades responsables que negaron su existencia. En suma, como se verá líneas adelantes, resulta ocioso esperar a adoptar idéntica decisión hasta la celebración de la audiencia constitucional, pues aún y cuando hasta en dicho estadio procesal la parte quejosa podría desvirtuar dicha negativa de las autoridades en cuestión, de cualquier forma devendría improcedente el amparo al haber precluido su derecho para ampliar la demanda respecto de la autoridad que emitió las medidas de protección reclamadas. No se designó a la autoridad responsable ordenadora Ahora bien, como se desprende del informe justificado rendido por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Guardia Civil Estatal, es cierto el acto reclamado pues las medidas de protección a favor del menor que en esta vía se combaten, fueron dictadas por la agente del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana- Rioverde, San Luis Potosí (teniendo el carácter de ordenadora), solicitando a la aquí responsable notificara al quejoso de la imposición de dichas medidas. En ese sentido, por acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días ampliara su demanda respecto de autoridad que se aduce tiene el carácter de autoridad responsable ordenadora; bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, se resolvería únicamente por lo que respecta a las autoridades inicialmente señaladas como responsables. Requerimiento que no fue atendido y en consecuencia, en nueve de febrero del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por no ampliada la demanda de amparo. Causa de improcedencia Así en el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente, en la medida en que la autoridad que ha emitido las medidas de protección, no fue señalada como autoridad responsable, por la parte quejosa. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte el artículo 108, fracción III, de la misma ley de la materia, establece: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]" El primero de los artículos transcritos, en la fracción apuntada, dispone que el juicio de control constitucional puede ser declarado improcedente atendiendo a las disposiciones normativas que contiene la Carta Magna del País y a las de la ley de la materia, en tanto que el catálogo de motivos de improcedencia que prevé en el precitado artículo 61 no es limitativo sino enunciativo. De esa forma, el juicio de amparo será improcedente también, si las normas contenidas en la Ley de Amparo o en la Constitución General de la República no son debidamente observadas o la simple promoción del juicio las contraría. Por su parte, el diverso precepto legal invocado establece la carga procesal que tiene el quejoso al promover la demanda de amparo, de señalar y nombrar con toda precisión a las autoridades a quienes atribuya tanto la emisión como la ejecución del acto que pretende combatir, lo que a su vez representa uno de los requisitos para considerar formulada acorde a derecho, la demanda respectiva. Dicho señalamiento resulta indispensable, en la medida en que, de lo contrario, se estaría privando a la autoridad respectiva de comparecer a juicio a defender el acto que se le reprocha, es decir, a ser oída y vencida dentro del juicio de control constitucional; luego, de no designarse como responsable a la autoridad que emitió o llevó a cabo el acto, resulta jurídicamente imposible examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad precisamente de esos actos, pues es incorrecto analizar un acto de una autoridad de forma unilateral y sin el conocimiento por parte de la responsable quine tiene también el derecho a defender su actuación y en el caso demostrar porque lo considera constitucional y legal. La anterior consideración se respalda en la jurisprudencia 108 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 69 del tomo VI del apéndice de 1995, Quinta Época, Parte SCJN, que señala: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Por tanto, si en el caso, el quejoso omitió solicitar que se llamara a juicio a la agente del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana- Rioverde, San Luis Potosí, quien según se advierte de las citadas constancias que fue esta autoridad quien dictara las medidas de protección que se reclaman; por lo tanto, ante la imposibilidad de analizar dicho acto por falta de designación de la referida autoridad responsable ordenadora, debe decretarse el sobreseimiento del juicio por lo que a dicho acto se refiere, al actualizarse el motivo de improcedencia que deriva de la relación de los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/205 dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468 del tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 1995, Novena Época, del rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Audiencia constitucional. Consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las trece horas con veinte minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil veintitrés. Adscripción de Secretario en funciones de Juez de Distrito. Se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diferimiento. En ese sentido, para dar margen a que las partes se impongan del contenido del presente acuerdo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
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