Galo Cadena Villegas
Expediente 410/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Galo Cadena Villegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en Xalapa, Veracruz, con el que devuelve los autos del juicio de amparo 410/2022 del índice de éste Juzgado Federal; asimismo, remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en la revisión del trabajo 95/2022, del cual se advierte que la Superioridad CONFIRMÓ la sentencia pronunciada por éste Juzgado, en la que se sobreseyó el presente asunto, promovido por Galo Cadena Villegas, en el presente juicio. Acúsese recibo. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; agréguese a éstos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. En tales condiciones, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúe las constancias remitidas por la Junta responsable, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el secretario de acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito con sede en esta Xalapa, Veracruz; recibido en línea, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase al referido Tribunal informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, el cual fue radicado con el número de recurso de trabajo 95/2022; por tanto, estese en espera de que la Superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido; se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en autos el veinte de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e) 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones tanto de la sentencia como del recurso de revisión y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que ello ocurra, remítase el juicio en que se actúa, un tomo de pruebas, así como el original y copia del escrito de agravios con registro 13626 al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho recurso. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Principal
Vistos para resolver los autos en el juicio de amparo 410/2022 y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, GALO CADENA VILLEGAS, promovió demanda de amparo contra actos del Presidente de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, y que hizo consistir en los que quedarán precisados en el considerando segundo de esta sentencia (fojas 6 a 13). SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós (fojas 14 a 18) se acordó admitir la demanda; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; emplazar a los terceros interesados 1. BERNARDO AGUILERA CANCINO y 2. UBALDO AGUILERA GONZÁLEZ y a la Fiscal Federal de la adscripción; y fijar fecha y hora para la audiencia constitucional. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 27) así como el cumplimiento al requerimiento de remisión de constancias que se hiciere por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós (foja 57) con el cual se formó un tomo de prueba; fueron emplazados los terceros interesados (fojas 23 a 26) y la fiscal adscrita (foja 22); y la audiencia constitucional tuvo verificativo el día y hora señalada para tal efecto, sin que ninguna de las partes se hubiera opuesto a la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, , constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, en virtud de que los actos reclamados que se atribuyen al tribunal laboral son de naturaleza omisiva, como lo es, la omisión de ejecutar el laudo emitido en el proceso de origen, y de acordar promciones presentadas por la parte quejosa para tal fin; de ahí que son susceptibles de afectar el derecho fundamental de acceso a la justicia, por lo que son impugnables en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio ya que, al tratarse de un acto omisivo, la parte quejosa eligió promover el presente juicio ante esta autoridad judicial, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de amparo. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo se concluye que la parte quejosa destaca como los actos reclamados los siguientes: 1. La omisión de continuar sin demora con el trámite de ejecución del laudo dictado en el proceso de origen. 2. La omisión de acodar diversas promociones en el proceso de ejecución del referido laudo, dentro de las que destaca que la última fue presentada el once de marzo de dos mil veintiuno. Los cuales atribuye a, Presidente de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Es inexistente el primero de los actos reclamados. Para evidenciar tal aserto se parte de la base de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2011, de la cual derivaron las jurisprudencias 2a./J.15/2011(10a.) y 2a./J.16/2011(10a.) determinó que de reclamarse en amparo indirecto las omisiones genéricas del presidente de un tribunal laboral de proveer lo conducente para lograr la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo es improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la diversa fracción IV del artículo 74, ambos de la Ley de Amparo abrogada (equivalentes a la fracción XXIII del artículo 61 y fracción IV del diverso 63 de la Ley de Amparo vigente) porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda de amparo y de realización incierta, en razón que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. Para una mejor intelección de lo antes expuesto, se transcribe la parte medular de la ejecutoria de que se trata: "[.] Lo anterior es así, pues como se ha demostrado, si bien es cierto que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones es que no puede constreñirse al presidente de la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, ni aun con la salvedad que apuntó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el sentido de que la autoridad estaría exenta de cumplir la sentencia de amparo en esos términos, cuando exista causa imputable a las partes o a otras autoridades, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, debemos concluir que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del presidente de la Junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73(8) de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74(9) del propio ordenamiento, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor, transcurridas las setenta y dos horas posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de garantías y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse [.]" Para arribar a esa conclusión, la citada Sala del Máximo Tribunal del País, analizó los artículos 939, 940, 945, 946, 954, 955, 957 y 965 de la Ley Federal del Trabajo vigente en el dos mil once, los cuales disponen: "Artículo 939. Las disposiciones de este título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas. Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo. Artículo 954. El actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización. Artículo 955. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el actuario se trasladará al local donde manifieste la parte que obtuvo que (sic) se encuentran y previa identificación de los bienes, practicará el embargo. Artículo 957. Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona, que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo. El depositario debe informar al presidente ejecutor del lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su custodia. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario. Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo: I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y II. Cuando se promueva una tercería. El presidente ejecutor podrá decretar la ampliación si a su juicio concurren las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento del demandado". De dichos preceptos legales, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó lo siguiente: De la interpretación sistemática de las normas suprainsertas se obtiene que la ejecución de los laudos, lato sensu (artículo 939) corresponde al presidente de la Junta, en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término, el presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa, dado que la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Esa primera etapa oficiosa se agota -con independencia de que el presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no- una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 precitado; así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir) el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. En ese contexto, propiamente dentro de la etapa de ejecución forzosa, se tiene que el artículo 954, al regular el embargo, dispone que el actuario debe tomar en consideración lo que le expongan las partes, para determinar qué bienes deben ser objeto de la traba. El artículo 955 también prevé la intervención de quien obtuvo el laudo a su favor para el logro de tal fin y el diverso 957 dispone que si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe el ejecutante, quien también tiene la facultad de solicitar el cambio de depositario, así como pedir ampliación de embargo (artículo 965). Las reseñadas disposiciones nos llevan a concluir que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de un laudo (lato sensu) sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Luego, si en el caso, la quejosa destaca como acto reclamado la 1) omisión genérica de continuar de oficio la ejecución del laudo dictado el once de febrero de dos mil quince en el juicio laboral 1811/IX/2008 del índice de la junta responsable, sobre la base de que la junta está obligada a ejecutar oficiosamente el laudo sin su intervención; es inconcuso que dicha abstención genérica es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda de amparo y de realización incierta, dado que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, en términos de los apuntados numerales. El anterior criterio se encuentra previsto en la jurisprudencia 2a./J.15/2011(10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2771, correspondiente al mes de diciembre de 2011, Libro III, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Así como en la diversa jurisprudencia 2a./J.16/2011(10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2772, correspondiente al mes de diciembre de 2011, Libro III, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que indica: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". De igual forma, se cita en apoyo a lo anterior, la contradicción de tesis 3/2018 del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en la cual se determinó que el juicio de amparo debe desecharse de plano cuando se reclama del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, por ser inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en virtud de que el impulso de la ejecución de un laudo, corresponde al ejecutante. Dicho criterio se encuentra previsto en la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L del referido Pleno de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1469, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.) de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda". Por ende, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, en relación con dicho acto conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. En cambio, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, es cierto el segundo acto reclamado. Lo anterior, por las razones que enseguida se exponen. Como ya se destacó, la parte quejosa reclama la 2. omisión de acodar "diversas promociones" en el proceso de ejecución del referido laudo, dentro de las que destaca que la última fue presentada el once de marzo de dos mil veintiuno Cabe acotar que en los antecedentes de la demanda, el impetrante del amparo no se hace referencia a promoción adicional a la mencionada presentada el once de marzo del año pasado, ni exhibe como prueba algún acuse de recibo de promoción diversa. Al rendir su informe justificado el presidente de la junta responsable no aceptó expresamente la existencia de las omisiones reclamadas, sin embargo indicó que "Por cuanto hace a lo vertido por el quejoso en el escrito de demanda de garantías, en el que manifiesta que esta autoridad es omisa en relación al acto que se reclama, se hace ver a la autoridad amparadora que de lo solicitado por el ahora quejoso, ya se acordó en proveídos de diversas fechas (.) y a fin de no seguir retrasando el procedimiento, esta actuante ordena girar oficios a las instituciones bancarias correspondientes, así como al departamento de la secretaría de Trabajo, encargada de designar perito." Manifestaciones que, concatenadas con el contenido de las constancias que remitió como justificación a su informe, de las que se advierte que, en efecto, pese a que la parte quejosa había presentado desde el once de mayo y trece de septiembre de dos mil veintiuno dos promociones solicitándole diversas acciones tendentes a ejecutar el laudo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintiséis de abril de dos mil veintidós) no se había emitido el acuerdo correspondiente; el cual, emitió con posterioridad el cuatro de mayo de dos mil veintidós. En analogía de razón, orientan a lo anterior las siguientes tesis: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Improcedencia. Por ser las causas de improcedencia de estudio preferente al análisis de fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, incluso las que hacen valer las partes. Señalado lo anterior, a juicio del suscrito, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, al haber cesado la omisión combatida. MARCO NORMATIVO El precepto legal citado, en su parte respectiva, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del artículo trascrito se advierte, que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado, es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la omisión combatida, así como los efectos de los diversos actos existentes al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues de las copias certificadas del juicio de origen se advierte que el presidente de la junta responsable proveyó las promociones presentadas por la parte quejosa y emitió las acciones solicitadas a fin de ejecutar el laudo. En efecto, partiendo de la base de que la demanda de amparo se presentó el veintisiete de abril de este año, y posteriormente el cuatro de mayo siguiente se acordaron las promociones cuya omisión de atender constituye el acto reclamado, es patente que la omisión quedó destruida al momento que el presidente de la junta responsable pronunció su acuerdo. Por tanto, la omisión reclamada en análisis quedó destruida en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica de la impetrante de amparo. CONCLUSIÓN En consecuencia, al resultar indudable que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia de mérito, entonces debe sobreseerse en el presente juicio de amparo respecto de los actos atribuidos a la autoridad judicial responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por la peticionaria de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en LA fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo Y 63, fracción V, de dicha ley, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por GALO CADENA VILLEGAS, contra actos del Presidente de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, que fueron precisados en el considerando segundo, por las razones a que se refieren el tercero y quinto considerandos de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Gabriela Reyes Martinez739/2018
- Gabriela Rodriguez Rodriguez956/2015
- Gabriela Rosas Romero793/2018
- Gabriela Tejeda Martínez1191/2016
- Gabriela Villalpando Pacheco1084/2017
- Galdina Guevara Carcamo1131/2015
- Gamaliel Flores Chazares933/2015
- Gamalier Paikan Sosa Rodríguez10/2023
- Gaspar Cruz Peña628/2018
- Gaspar Cruz Peña884/2019
- Gaspar Prieto Ochoa1170/2022
- Gaspar Romero Lara542/2019