Galindo Silva Ramírez
Expediente 551/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Galindo Silva Ramírez
- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para hacer las manifestaciones que estimara convenientes en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable, sin que desahogara dicha vista; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, de quien reclamó: "El auto de formal prisión dictado el tres de mayo de dos mil dieciséis, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en contra del quejoso, dentro de la causa penal 146-1/2014, por el delito de robo agravado específico cometido en agravio de María de Jesús Moreno Vargas." En la sentencia ejecutoria materia de esta resolución, se resolvió lo siguiente: ".el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, deje insubsistente el auto de formal prisión de tres mayo de dos mil dieciséis, y emita uno nuevo en el que siguiendo los lineamientos apuntados, al valorar los testimonios de Sara Camacho Ortiz y Alberto Maciel Moreno, tome en cuenta que no imputaron a Eduardo Galindo Silva, participación en ilícito de robo...." En cumplimiento a esa sentencia, mediante oficio 1172/2016 de cinco de octubre del año en curso, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, remitió copia certificada del auto de esa misma data, en el que se advierte dejó sin efectos el auto de tres de mayo del año en curso, emitido dentro de la causa penal 146/2014-I, por el cual se decretó el auto de formal prisión en contra de Galindo Silva Ramírez, y siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, dictó otra resolución en la cual decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Eduardo Galindo Silva Ramírez, por el delito de robo en agravio de María Jesús Moreno, dado que con las declaraciones de la parte agraviada y los testigos Alberto Maciel Moreno y Sara Camacho Ortiz, ya que en ninguna de ellas se hizó el señalamiento de la introducción del quejoso al bien inmueble, pruebas que se declararon insuficientes al no actualizarse ninguna hipótesis establecidas en el artículo 26 del Código Penal del Estado de Guerrero, de ahí que no acreditó la probable responsabilidad penal de dicho delito, ante la falta de señalamiento del lugar, la forma y grado de participación, así como las circunstancias de tiempo, lugar y modo sobre los hechos del evento delictuoso; documental, a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ante tales circunstancias y tomando en cuenta que con la actuación de la autoridad responsable, se observó el núcleo esencial al que la vinculó la ejecutoria de amparo, se considera que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, y, por tanto, procede declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, seis de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo anexando la constancia con lo que lo acredita; por tanto, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no manifestar algo al respecto dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, con lo informado por dicha autoridad y demás constancias que integren este expediente este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha sentencia que ampara ha causado ejecutoria. Glósese a los autos únicamente el original del incidente de suspensión; y en relación con el destino de este cuaderno, así como del duplicado del mismo, resérvese proveer hasta en tanto se ordene el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido...
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 551/2016. R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el veintisiete siguiente por razón de turno, a este Juzgado Octavo, Galindo Silva Ramírez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "El ilegal auto de plazo constitucional de fecha (03) de mayo de dos mil dieciséis (2016), dictado en contra del suscrito quejoso, mismo que me fue notificado con fecha 04/05/2016 (cuatro de mayo de dos mil dieciséis), por el delito de ROBO AGRAVADO ESPECÍFICO, en agravio de MARÍA DE JESÚS MORENO VARGAS, dentro de la causa penal 146-1/2014, del ´+índice de la aquí responsable". SEGUNDO.- Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada con el número de expediente 551/2016, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Fiscal de la adscripción del juzgado responsable la intervención legal correspondiente, en su oportunidad se ordenó notificar de lo anterior a la parte tercera interesada, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en el auto de formal prisión dictado el tres de mayo de dos mil dieciséis, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en contra del quejoso, dentro de la causa penal 146-1/2014, por el delito de robo agravado específico cometido en agravio de María de Jesús Moreno Vargas. TERCERO.- El quejoso Galindo Silva Ramírez, fue notificado del auto de formal prisión reclamado en la presente instancia constitucional, el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, por lo que conforme a lo dispuesto por el artículo 15 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, tal comunicación le surtió efectos al siguiente día; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del seis al veintiséis de mayo de esta anualidad (descontados los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de mayo del mismo año, por haber sido inhábiles), de ahí que, al haberse presentado la demanda el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO.- ES CIERTO el acto reclamado a la autoridad responsable pues al rendir su informe con justificación el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, así lo reconoció expresamente; manifestación que constituye una confesión de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; y que se corrobora con las copias certificadas derivadas de la causa penal número 146-1/2014, que acompañó a su informe justificado, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación en cita. QUINTO.- Las partes legitimadas en el presente juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni oficiosamente se advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa el quejoso. En ese sentido, la parte quejosa esencialmente sostiene que la resolución sujeta a examen transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esencialmente porque: a).- La autoridad responsable no valoró acuciosamente los medios de prueba allegados a la causa penal de origen, pues los mismos son insuficientes para acreditar los elementos del cuerpo del delito de que se trata y su probable responsabilidad en su comisión. b).- Lo anterior, porque de las declaraciones de la agraviada María de Jesús Moreno Vargas y los testigos Sara Camacho Ortiz y Alberto Maciel Moreno, se advierte que incurrieron en contradicciones y no se advierte imputación directa en contra del quejoso. c).- Que la responsable omitió valorar el interrogatorio realizado a la coacusada Xochiltl Karina Flores Nicolas, quien desde que rindió declaración preparatoria el treinta de abril de dos mil quince, manifestó que no eran ciertos los hechos por los que la acusaron, pues desde el dos mil diez, salió del domicilio de la agraviada. Una vez precisados los motivos de disenso esgrimidos por la parte quejosa, tomando en consideración que lo reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en el auto de plazo constitucional de tres de mayo de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal número 146-1/2014, que se le instruye a Galindo Silva Ramírez, por el delito de robo agravado específico en agravio de María de Jesús Moreno Vargas, se procederá al análisis íntegro del mismo al tenor de las garantías no sólo establecidas en el artículo 19 de la Constitución, sino también las contenidas en los artículos 14 y 16 del mismo ordenamiento. En ese contexto, los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen como requisito esencial que para el dictado de un auto de formal prisión debe aparecer de lo actuado datos suficientes que acrediten los elementos del cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del indiciado, aunado a que como todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, tal y como se establece en la Jurisprudencia número 433, que aparece publicada en las páginas 251 y 252 del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, tomo II, materia penal, cuyo tenor literal expresa: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ELEMENTOS. Para dictar un auto de prisión preventiva, el artículo 19 de la Constitución General de la República, exige ciertos elementos de fondo y forma, encontrándose entre los primeros, que los datos arrojados por la averiguación previa, sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito de que se trate y para hacer probable la responsabilidad penal del sujeto en su comisión y, entre los segundos, que se establezca el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución." Asimismo, de las exigencias establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 87 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, se desprende que para el legal dictado de un auto de bien preso, se requiere: a).- El inculpado haya rendido su declaración preparatoria, o bien, que conste en el expediente que se negó a declarar; b).- Se compruebe el cuerpo del delito que se impute y se acredite la probable responsabilidad del inculpado en su comisión; y, c).- Que en dicho auto se exprese claramente el delito que se impute, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. d).- Además, se insiste, como todo acto de autoridad, el auto de formal prisión debe estar debidamente fundado y motivado. Así, de los datos que obran en el sumario se desprende que ante el juez de la causa Galindo Silva Ramírez rindió su declaración preparatoria en audiencia pública el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en la que se siguieron las formalidades del caso, ya que se le hicieron saber los derechos fundamentales que a su favor establece el artículo 20 constitucional, así como el delito que se le imputa; además, durante la citada diligencia el inculpado de mérito estuvo asesorado por su abogado particular Raúl Muñoz Marín. De igual forma, se tiene que la responsable resolvió la situación jurídica del inculpado dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas subsecuentes a su puesta a disposición ante la autoridad judicial, por haber solicitado expresamente -por conducto de su defensa-, al momento de rendir su declaración preparatoria la ampliación del plazo de setenta y dos horas que establecen los numerales 19 constitucional y 87, párrafo segundo, del código adjetivo penal del Estado de Guerrero. También se precisaron el lugar, tiempo y demás circunstancias de ejecución del delito, y los datos que arrojó la averiguación previa que consideró el juez responsable como acertadas para comprobar el cuerpo del delito que se imputa al encausado aquí quejoso, así como su probable responsabilidad penal en su comisión. Hasta este momento, es factible sostener que el auto de plazo constitucional reclamado colmó los requisitos formales a los que ciñe la norma fundamental hipotética el proceder de las autoridades judiciales en el dictado de los autos de formal prisión, por lo que ahora procede verificar si dicha resolución cumplió con las exigencias que en torno al fondo del asunto deben cubrirse a fin de comprobar correctamente el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del justiciado en su comisión. Así las cosas, se tiene que el juez de la causa sostuvo que la conducta típica que se le atribuye al quejoso (robo), se encuentra prevista y sancionada por el artículo 223, fracción III y sancionado por los artículos 228 fracción I y 229 fracción II, del Código Penal vigente en la Entidad. Lo anterior, en virtud de que dicho cuerpo normativo beneficia al incausado, en tanto que la legislación abrogada establece una pena de prisión mayor. Así, tenemos que los cuerpos normativos analizados disponen: Código Penal abrogado Código Penal vigente Artículo 163.- Al que se apodere de una cosa mueble ajena con ánimo de dominio, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, se le impondrían las siguientes penas: II.- De dos a cinco años de prisión y ciento veinte a cuatrocientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de cien pero no de quinientas veces el salario Artículo 223.- A quien con ánimo de dominio o posesión y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa ajena mueble o vehículos automotores, se le impondrá: II.- De dos a cuatro años de prisión y de cien a doscientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de cien pero no de quinientas veces el salario mínimo. Agravantes genéricas: Artículo 228.- Además de las penas previstas en el artículo 223, se impondrán de dos a seis años, cuando el robo se cometa: I.- En un lugar habitado o destinado para habitación, o en sus dependencias, incluidos los movibles; Agravantes Específicas. Artículo 229.-Las penas previstas en los artículos anteriores, se incrementarán hasta en un tercio, cuando el robo se comete: II.- Por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos. De tal suerte que, acertadamente el Juez responsable estimó que del análisis de las disposiciones abrogadas y vigentes, se advierte que son sustancialmente similares; y, como el nuevo código penal le beneficia al inculpado, al realizar el estudio del cuerpo del delito de robo agravado específico y la probable responsabilidad penal de Galindo Silva Ramírez, sería éste el cuerpo normativo que se aplicaría al ahora quejoso. Del contenido de dicho dispositivo la autoridad responsable sostuvo que los elementos que integran el cuerpo del delito de robo que se imputa al quejoso, son los siguientes: a).- El apoderamiento de una cosa mueble ajena; b).- Que sea con el ánimo de dominio; c).- Sin el consentimiento de la persona legitimada para otorgarlo. Luego, a la causa penal de origen se allegaron los siguientes medios de convicción: Comparecencia y declaración de María de Jesús Moreno Vargas, de treinta de junio de dos mil trece. Nueva comparecencia de María de Jesús Moreno Vargas, de siete de agosto de dos mil trece. Fe ministerial de documentos hecha por el órgano investigador de siete de agosto de dos mil trece. Declaración del testigo circunstancial de los hechos, de propiedad, preexistencia, falta posterior de lo robado y solvencia económica Alberto Maciel Moreno de ocho de agosto de dos mil trece. Declaración de la testigo circunstancial de hechos, de propiedad, preexistencia, falta posterior de lo robado y de solvencia económica Sara Camacho Ortiz de ocho de agosto de dos mil trece. Fe ministerial de informe en materia de contabilidad de ocho de agosto de dos mil trece. Informe en materia de avalúo suscrito por Elidth Laredo Ventura, perito en la materia adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de veinte de agosto de dos mil tres. Inspección ocular en el lugar de los hechos realizada por el órgano investigador, el veintidós de noviembre de dos mil trece. Fe ministerial del dictamen pericial en materia de criminalística de campo y fotografía forense, hecho por el Ministerio Público el catorce de enero de dos mil catorce. Dictamen pericial en materia de criminalística de campo y fotografía forense, suscrito por el Licenciado Isaac Bornios Amaro, perito en la materia adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de veintidós de noviembre de dos mil trece. Audiencia de interrogatorio a la testigo Xochitl Karina Flores Nicolás de dos de mayo de dos mil dieciséis. Así las cosas, se estiman esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, los motivos de disenso expuestos por el peticionario del amparo, atento a las siguientes consideraciones: Debe precisarse que el artículo 22 del Código Penal del Estado de Guerrero, prevé que el delito puede ser cometido en forma dolosa o culposa, que obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización y resultado descrito por la ley, y culposamente el que produce el hecho típico que no previó siendo previsible o previó confiando en poder evitarlo, infringiendo un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Por su parte, el artículo 26 del propio código punitivo refiere que son responsables penalmente, los que intervengan en la comisión del delito en carácter de autor o de partícipe y pueden tener ese carácter quienes acuerden o preparen su realización; los que lo realicen por sí; los que lo realicen conjuntamente; los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro; los que induzcan dolosamente a otro a cometerlo; los que dolosamente presten ayuda o auxilio a otro para su comisión; los que con posterioridad a su ejecución, auxilien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito, y los que intervengan con otros en su comisión, aunque no conste quién de ellos produjo el resultado. Ahora, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 64 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, la probable responsabilidad se tendrá por comprobada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca el obrar doloso o imprudencial del inculpado en el delito que se le imputa, y no exista acreditada a su favor alguna causa de exclusión del delito. Por consiguiente, el auto de formal prisión, por las consecuencias que trae aparejadas para el inculpado, requiere satisfacer los requisitos previstos en los artículos 16 Constitucional y 64 del Código de Procedimientos Penales de esta entidad federativa, por lo que es necesario fijar con toda precisión, la forma de realización de la conducta, los elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera, así como las demás circunstancias que la ley prevea, tales como la participación del inculpado en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a su favor alguna causa de exclusión del delito para poder considerarlo como probable responsable. Luego, por lo que respecta a los elementos del delito que nos ocupa y la probable responsabilidad del indiciado, el juez de la causa tuvo por acreditado, esencialmente con las declaraciones ministeriales de María de Jesús Moreno Vargas, y los testigos Alberto Maciel Moreno y Sara Camacho Ortiz. En efecto, para tener por acreditada la preexistencia, propiedad y falta posterior de lo robado, destacó la declaración ministerial rendida por los testigos, quienes manifestaron: Alberto Maciel Moreno declaró: ".Que conozco a la hoy agraviada María de Jesús Moreno Vargas, ya que es mi señora madre, y casi toda mi vida he vivido en el domicilio propiedad de mi señora mamá el cual ya cité en mis generales, en compañía de mis menores hijos Armando, Janeth de apellidos Maciel Contreras, aclarando que hace tres años aproximadamente mi hermano César Lepez Moreno falleció, dejando en orfandad a su pareja y hoy inculpada Xochilt Karina Flores Nicolás, con quien procreó tres hijos de nombres Sheila Fabiola, César y Jesica de apellidos Lepez Flores, de quince, doce y siete años de edad respectivamente, motivo por el cual mi señora madre le prestó a la hoy inculpada una vivienda de su propiedad, la cual está a escasos dos o tres metros de distancia del domicilio en el que habitamos el de la voz, junto con mi madre hoy agraviada, aclarando que respecto a los hechos estos acontecieron el día domingo veintiocho de julio del año en curso, precisando que ese día yo llegué de mi centro de trabajo como a las seis de la mañana y me quedé dormido en un sillón que está en la sala y mi señora madre como a las diez de la mañana se despidió de mí y salió del domicilio para vender tamales en la playa, y ya como como a las trece horas yo observé cuando la hoy inculpada Xochilt Karina Flores Nicolás, ingresó al domicilio, sin embargo como ella es la madre de los hijos de mi hermano César, ella entraba y salía de nuestro domicilio sin que yo o mi señora madre le dijéramos algo, esto por la confianza que se había depositado en ella, virtud del parentesco que existe con sus hijos, por lo que observé que se dirigía a la cocina, pero no le di importancia y continué durmiendo, y así transcurrió todo ese día, sin que mi madre y yo advirtiéramos el robo, sino al día siguiente es decir lunes veintinueve de julio del presente año, llegue a mi casa de mi centro de trabajo en punto de las veinte horas, cuando mi señora madre María de Jesús Moreno Vargas, me preguntó si yo había tomado la cantidad de diez mil pesos que ella había guardado en un monedero detrás de la licuadora en la cocina, lugar el cual la inculpada sabía que mi señora madre tenía el dinero y los cuales tenía destinados para pagar la escrituración del predio ubicado en cerrada veinte de noviembre número tres, de la colonia Santa Cecilia, en el cual vivía la inculpada Xochilt Karina Flores Nicolás con sus menores hijos, dinero que mi madre había conseguido porque había pedido un préstamo a la caja popular con fecha treinta de mayo del presente año, por lo que yo le respondí a mi señora madre que no, que un día anterior es decir el día domingo veintiocho de julio del año en curso, observé que Xochilt Karina Flores Nicolás había entrado a la casa y que la vi dirigirse a la cocina, pero que no le di importancia al hecho y que esto había ocurrido como a las trece horas, y fue en ese momento cuando mi señora madre me comentó que la vecina de nombre Sara Camacho Ortiz le refirió haber visto el día domingo veintiocho de julio del año en curso, alrededor de las trece horas a la hoy inculpada Xochilt Karina Flores Nicolás en compañía de su actual pareja Eduardo Galindo Silva y que ambos comenzaron a sacar cosas de su propiedad como son un tanque de gas, un lavadero, un tambo de plástico, entre otras de sus pertenencias los cuales tenía en la casa que mi señora madre les había prestado y que la señora Sara Camacho Ortiz también la vio cuando se introdujo al domicilio de mi señora madre, por lo que Xochilt Karina Nicolás, es la única persona que entró al domicilio y que pudo ver tomado el dinero, ya que hasta la fecha no se ha ido a parar a la casa y tengo conocimiento que se fue con su actual pareja Eduardo Galindo Silva Ramírez a vivir a Balcones del Mar.". Por su parte, Sara Camacho Ortiz declaró: ".Que conozco a la hoy agraviada María de Jesús Moreno Vargas, desde hace aproximadamente tres años, ya que es mi vecina, aclarando que mi domicilio se encuentra a un costado del de la hoy agraviada, y lo único que nos separa es un andador, y desde que yo llegue a la colonia Santa Cecilia . Y respecto a los hechos manifiesto que el día domingo veintiocho de julio del año dos mil trece, cuando serían aproximadamente las trece horas, yo me encontraba en mi domicilio citado en mis generales en compañía de mi menor hija Susana Rentería Camacho, de once años de edad, cuando en esos momentos salí de mi casa para dirigirme a la tortillería, cuando en esos momentos pude observar que la inculpada Xochilt Karina Flores Nicolás iba saliendo del domicilio que le había prestado doña María de Jesús, el cual se encuentra a escasos metros de la casa de doña María de Jesús, quiero agregar que cuando yo la vi, la inculpada iba en compañía de su actual pareja Eduardo Galindo Silva Ramírez, observando que iban cargando un tambo de plástico, un tanque de gas y un lavadero y Xochilt Karina me preguntó que donde iba, respondiéndole yo, que iba a comprar las tortillas y continué caminando y pude observar que las cosas las subieron a bordo de un taxi del servicio público de los de color blanco y azul, y ya que venía de regreso de comprar las tortillas advertí que la hoy inculpada Xochilt Karina Flores Nicolás, iba entrando a la casa donde habita la hoy agraviada, sin embargo, no me di cuenta si sustrajo cosas del interior, porque yo entré a mi domicilio, y al día siguiente, es decir, el lunes veintinueve de julio del presente año, le comenté lo ocurrido a mi vecina de nombre María de Jesús Moreno Vargas, quien me manifestó que ciertamente le hacía falta la cantidad de diez mil pesos en efectivo, los cuales guardaba en un monedero que escondía detrás de la licuadora y que ahora tenía la certeza que la inculpada Xochilt Karina Flores Nicolás en complicidad con su actual pareja Eduardo Galindo Silva Ramírez, habían planeado apoderarse del dinero aprovechándose de que no había nadie en la casa y de que ella al ser madre de sus nietos, tenía la confianza para entrar y salir de la casa de la señora María de Jesús Moreno Vargas.". Así, aquella declaración la concatenó con la que vertió la denunciante María de Jesús Moreno Vargas, quien manifestó: ".Que conozco a los hoy inculpados Xochilt Karina Flores Nicolas y Eduardo Galindo Silva Ramírez, ya que la primer mencionada fue concubina de mi finado hijo César Lépez Moreno y el segundo inculpado es el actual pareja de Xochilt, cabe señalar que dicha inculpada vivía en un domicilio de mi propiedad ubicada en cerrada veinte de noviembre número tres, de la colonia Santa Cecilia, de esta ciudad, domicilio el cual se encuentra a escasos tres metros de distancia de mi domicilio que señalé en mis generales. No omito manifestar que el día martes veintitrés del presente mes y año, a las nueve de la noche a dicha inculpada le llamé la atención, porque en varias ocasiones había dejado solos a mis nietos y ésta a veces regresaba después de una semana y a mi llamada de atención la inculpada me empezó a insultar al grado de que me quería golpear y en ese momento optó por tomar a sus hijos y salirse de su domicilio, enterándome que ésta actualmente vive en el domicilio de la hermana del inculpado Eduardo Galindo ubicado en Calle Mártires de Escudero y Calle Quetzal de la Colonia Morelos, en esta ciudad, asimismo, manifiesto que el día domingo veintiocho de julio del presente año, como es de costumbre cada domingo a las diez de la mañana salgo del domicilio a vender tamales en toda la franja de la playa, por lo que el citado domingo veintiocho de julio de este año, regresé a mi domicilio hasta las seis de la tarde, entonces el día de ayer veintinueve del mismo mes y año, al encontrarme en las afueras de mi casa, comencé a platicar con mi vecina de nombre Sara Camacho Ortiz, quien comenzó a decirme que el día domingo veintiocho de julio, como a la una de la tarde, observó cuando los inculpados entraron a mi domicilio donde se encontraban viviendo con mis nietos y comenzaron a sacar cosas como son: un tanque de gas, un lavadero, un tambo de plástico, entre otras de sus pertenencias, pero que además se introdujeron a mi domicilio donde yo vivo, aprovechando esto ya que ella tiene llave de la puerta principal, por lo que de inmediato me dirigí a mi casa para verificar si me hacía falta alguna de mis pertenencias y mi sorpresa fue de que me habían robado la cantidad de diez mil pesos en efectivo, los cuales los tenía en un monedero detrás de la licuadora en la cocina, lugar el cual la inculpada sabía que ahí siempre guardo dinero y ésta sabía que yo había pedido un préstamo en la caja popular con fecha treinta de mayo del presente año y los había solicitado para pagar las escrituras del domicilio donde la inculpada estaba viviendo con mis nietos y eran veinticinco mil pesos del préstamo pero había hecho ya el pago de escrituración de otro terreno en el fraccionamiento mozimba, y falta pagar las escrituras del citado domicilio, por otro lado quiero manifestar que mi hijo Alberto Maciel Moreno, se encontraba dormido en la Sala cuando los inculpados entraron y se despertó viendo a Xochilt Karina en la cocina, pero volvió a dormir, asimismo manifiesto que dicha inculpada con anterioridad me pudo haber sustraído una copia de la llave de la puerta de mi casa ya que ella sabía dónde las guardaba.". Así, a esas declaraciones les concedió eficacia para acreditar los extremos del artículo 68 del Código de Procedimientos Penales, pues estimó que provienen de personas que de acuerdo a su edad, instrucción, se estima cuentan con el criterio suficiente para juzgar el hecho narrado, con plena imparcialidad e independencia en su posición, y conocieron los hechos de manera directa a través de sus sentidos, sin inducciones ni referencias de otros. En cuanto a la probable responsabilidad de Galindo Silva Ramírez, relacionó los medios de prueba que le sirvieron de base para acreditar el cuerpo del delito; y les otorgó relevancia probatoria en forma indiciaria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 y 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero; concluyendo que en el caso, pues estimó que fueron emitidos por personas capaces de juzgar un hecho susceptible mediante los sentidos, esto es, por sí mismos y no por inducciones o referencias de otros en el momento en que acontecieron, además, porque en relación con los hechos coincidieron en señalar que el veintiocho de julio de dos mil trece, como a la una de la tarde, el inculpado Eduardo Galindo Silva Ramírez y otra persona, se introdujeron al domicilio de la agraviada María de Jesús Moreno Vargas, aprovechando que ésta no se encontraba y sustrajeron del mismo la cantidad de diez mil pesos en efectivo que tenía guardados en un monedero en la parte de atrás de una licuadora que se encontraba en la cocina. Sin embargo, contrario a lo sostenido por la autoridad responsable, por cuanto a Eduardo Galindo Silva Ramírez, del contenido de dichos testimonios no se advierte que el aquí quejoso fue una de las personas que participó en el ilícito, pues no se existe señalamiento directo en su contra; se estima lo anterior, pues de lo manifestado por los testigos no se aprecia que ubiquen al peticionario del amparo dentro del inmueble propiedad de la agraviada, en el que acontecieron los hechos. En efecto, por cuanto hace a la testigo Sara Camacho Ortiz, afirmó ". y ya que venía de regreso de comprar las tortillas advertí que la hoy inculpada Xochilt Karina Flores Nicolás, iba entrando a la casa donde habita la hoy agraviada, sin embargo, no me di cuenta si sustrajo cosas del interior, porque yo entré a mi domicilio", esto es, en ningún momento señaló que el inculpado hubiere entrado al domicilio que habita la agraviada. Aun más, el testigo Alberto Maciel Moreno, aseveró que ". ese día yo llegué de mi centro de trabajo como a las seis de la mañana y me quedé dormido en un sillón que está en la sala y mi señora madre como a las diez de la mañana se despidió de mí y salió del domicilio para vender tamales en la playa, y ya como como a las trece horas yo observé cuando la hoy inculpada Xochilt Karina Flores Nicolás, ingresó al domicilio, sin embargo como ella es la madre de los hijos de mi hermano César, ella entraba y salía de nuestro domicilio sin que yo o mi señora madre le dijéramos algo, esto por la confianza, esto es, tampoco afirma haber visto al peticionario de amparo haber ingresado al domicilio en que ocurrió el ilícito. Así las cosas, en cuanto al caso específico del quejoso, dichas declaraciones no reúnen las exigencias previstas en el artículo 127, del código adjetivo penal en cita, ya que no contienen imputación clara y precisa en contra del promovente del amparo, sobre la sustancia del hecho o sus circunstancias esenciales, justificado en el conocimiento directo por medio de los sentidos. Conforme a lo expresado en los anteriores apartados no es posible sostener como lo hace la responsable que existen indicios con los cuales se acredita que el ahora quejoso efectuó la conducta que en este acto se le reprocha, pues de las declaraciones que se justipreciaron en el acto reclamado no se desprende alguna circunstancia que justifique que éste participó en la comisión del delito. Así las cosas, los medios de prueba señalados en el acto reclamado y valorados por la responsable, no sustentan sus conclusiones y decisión de tener por acreditada la responsabilidad penal del justiciable, pues de los mismos no se infiere, como ésta lo hizo, que el peticionario del amparo participó en el hecho delictivo. En ese orden de ideas, es menester destacar que la insuficiencia probatoria no depende de que el procesado pruebe su versión de los hechos o desvirtué las pruebas de la representación social, pues esa exigencia no es compatible con la presunción de inocencia prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, la insuficiencia probatoria se actualiza en los casos en los cuales la actividad probatoria del Estado, a través de la representación social, no es suficiente, porque el conjunto de elementos probatorios que conforman la causa penal, no es bastante para concluir inequívocamente la responsabilidad penal plena del sentenciado. En consecuencia, este juzgado de distrito considera que en el caso existe prueba insuficiente, porque las pruebas de la causa penal valoradas por la responsable no son idóneas, bastantes ni concluyentes para arribar a la plena certidumbre sobre la responsabilidad penal del justiciable en su comisión. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor literal siguiente: "PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE. La prueba insuficiente se presenta cuando del conjunto de los datos que obran en la causa, no se llega a la certeza de la existencia del delito o de las imputaciones hechas; por tanto, la sentencia con base en prueba insuficiente, es violatoria de garantías". Lo anterior, porque el acto reclamado se sustenta para acreditar tanto el delito de (robo), se encuentra prevista y sancionada por el artículo 223, fracción III y sancionado por los artículos 228 fracción I y 229 fracción II, del Código Penal vigente en la Entidad, como la responsabilidad penal del quejoso en su comisión en la declaraciones ministeriales de María de Jesús Moreno Vargas, y los testigos Alberto Maciel Moreno y Sara Camacho Ortiz, las cuales no están corroboradas con diversa prueba de la causa penal, que esté directamente relacionada con esa imputación, por el contrario la veracidad de su declaración se ve afectada con la serie de contradicciones en que incurrieron y a las que se ha hecho referencia. Así las cosas, con las pruebas justipreciadas por la responsable en lo individual y en conjunto no se acredita que el quejoso efectuara la conducta de reproche, pues no consta alguna otra imputación diversa a la del denunciante y los testigos en ese sentido. En ese orden de ideas, conviene precisar que en la especie, no es posible hacer uso de la prueba circunstancial, para tener por acreditado que el quejoso cometió la conducta delictiva, porque la integración de ese medio de prueba, hace necesario tener hechos ciertos o base que son corroborados por otras probanzas, lo que no sucede en la especie, atento a las consideraciones de este juzgado vertidas con antelación. Así las cosas, es aplicable al caso la tesis XXII.2°.10. del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, misma que se comparte y que tiene el siguiente contenido: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL O INDICIARIA EN MATERIA PENAL. SÓLO DEBE HACERSE USO DE ELLA CUANDO EXISTAN HECHOS ACREDITADOS QUE SIRVAN PARA PRESUMIR LA EXISTENCIA DE OTROS Y NO PARA SUPLIR LA INSUFICIENCIA DE PRUEBAS QUE PUEDAN RESULTAR CARENTES DE VERACIDAD EN PERJUICIO DEL REO. Según lo ha definido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 268, visible en la página 150 del Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 y 1a./J. 23/97, derivada de la contradicción de tesis 48/96, consultable en la página 223 del Tomo V, junio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros, por su orden, son: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA." y "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL.", esta prueba es muy específica en cuanto a su modo de operar, lo que significa que debe hacerse un uso moderado de ella aplicándola, en principio, únicamente en los casos en que los hechos a acreditar no sean de aquellos fácilmente demostrables con pruebas directas, que sean idóneas según el delito de que se trate, y ocuparse por excepción sólo cuando existan hechos acreditados que sirvan no para probar, sino para presumir la existencia de otros, o sea, para su integración con rango de prueba plena y suficiente para dictar una sentencia condenatoria, debe partirse de un minucioso análisis de los elementos aportados a la causa, conforme a las reglas que derivan de las jurisprudencias citadas, sin que le sea dable al juzgador suplir la insuficiencia de pruebas a través de su aplicación, infiriendo hechos y circunstancias que a la postre pueden resultar carentes de veracidad en perjuicio del reo". De este modo, como quedó expuesto en líneas anteriores, que en el presente asunto existe, derivado de una insuficiencia de pruebas idóneas, una imposibilidad de acreditación de la responsabilidad penal del amparista en la comisión del delito de robo, prevaleciendo a favor del quejoso el principio de presunción de inocencia, que constituye su derecho a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada plenamente, a través de una actividad probatoria de cargo eficaz, obtenida de manera lícita, conforme a las correspondientes reglas procesales y que sea capaz de destruir ese principio. Igualmente, debe precisarse que la insuficiencia de pruebas que determina este juzgado del conocimiento no lleva a exigir que el justiciable tuvo que acreditar su versión de los hechos, en virtud que la carga probatoria sólo corresponde a los sometidos a un proceso penal, cuando el Estado, a través de la representación social desvirtuó el principio de presunción de inocencia, lo cual no sucede en el caso. Lo anterior autoriza a concluir, que en el caso la responsabilidad penal en la comisión del mismo, por el cual se emitió el auto de formal prisión dictado el tres de mayo de dos mil dieciséis, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, solamente tiene sustento en declaraciones de testigos y de la afectada que a decir de este juzgado del conocimiento no presenciaron los hechos. En consecuencia, los argumentos de este juzgado de distrito motivan la insuficiencia de pruebas para acreditar la conducta delictiva que se le imputó al quejoso. Asimismo, debe precisarse que esta determinación de insuficiencia probatoria en el acto reclamado que viola el derecho de presunción de inocencia no desconoce que la sociedad está interesada en que los hechos ilícitos se sancionen; sin embargo, ese importante interés no puede soslayar los derechos constitucionales de los procesados, como es la presunción citada y prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la infracción al mismo no significa que se considere que el justiciable no cometió la conducta, sino que no existen pruebas suficientes que demuestren su responsabilidad penal. En ese orden de ideas, se concluye que el auto de formal prisión, vulnera en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida de que en las pruebas valoradas por el juez responsable, no es posible advertir la probable responsabilidad de Eduardo Galindo Silva Ramírez, en la comisión de los hechos delictivos que se le imputan, ello es así, pues la imputación de la agraviada y los testigos en contra de Eduardo Galindo Silva Ramírez no es directa ya que solamente consta el reconocimiento que hicieron respecto de la coinculpada Xochilt Karina Flores Nicolas, por ser la persona que el día de los hechos se introdujo al domicilio de la agraviada María de Jesús Moreno Vargas. Por tanto, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso el amparo y protección de la justicia federal que solicita, para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, deje insubsistente el auto de formal prisión de tres mayo de dos mil dieciséis, y emita uno nuevo en el que siguiendo los lineamientos apuntados, al valorar los testimonios de Sara Camacho Ortiz y Alberto Maciel Moreno, tome en cuenta que no imputaron a Eduardo Galindo Silva, participación en ilícito de robo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a EDUARDO GALINDO SILVA RAMÍREZ, contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero, por las razones contenidas en el considerando que antecede. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, asistido por Maria del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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