Galia Suarez Aguilera
Expediente 439/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/05/2022
Partes del expediente
- Galia Suarez Aguilera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Adquiere firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No obran dentro del expediente. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Oscar Eduardo Aguirre Beltran, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintidós de abril de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido por el Subrepresentante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación; lo anterior, virtud de lo acordado en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo y se declaró sin materia el incidente interpuesto en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Eduardo Pacillas Bustamante, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiuno de abril de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan, el oficio y anexo remitidos por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales informa la situación migratoria de los hoy quejosos (1) Galia Suarez Aguilera, (2) Ronaldo Alexis Claramon Minot, y (3) Marcos Antonio Rodríguez Rondón, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que textualmente dice: Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, los quejosos (1) Galia Suarez Aguilera, (2) Ronaldo Alexis Claramon Minot, y (3) Marcos Antonio Rodríguez Rondón, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "(.)"AUTORIDADES RESPONSABLES: DELEGADO Y/O TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACION EN BAJA CALIFORNIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, con domicilio en Avenida Abelardo L. Rodríguez S/N, Alamitos, C.P.21210, Y/O Zorrilla 150, Río Nuevo, C.P. 21100, Y/O Avenida Internacional 2 S/N, los Algodones, Vicente Guerrero, todos de Mexicali Baja California. COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. AUTORIDADES EJECUTORAS ENCARGADO DE LA POLICÍA DE PROTECCIÓN FEDERAL, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO POR LOS ÓRGANOS DE AMPARO DE ESTA CIUDAD. COORDINADOR ESTATAL "BAJA CALIFORNIA" DE LA GUARDIA NACIONAL, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, UBICADO AGUSTIN MELGAR 1, GARITA INTERNACIONAL 1, ZONA CENTRO, C.P. 21100, DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO POR LOS ORGANOS DE AMPARO DE ESTA CIUDAD. DELEGADO Y/O TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACION EN BAJA CALIFORNIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, con domicilio en Avenida Abelardo L. Rodríguez S/N, Alamitos, C.P.21210, Y/O Zorrilla 150, Río Nuevo, C.P. 21100, Y/O Avenida Internacional 2 S/N, los Algodones, Vicente Guerrero, todos de Mexicali Baja California. COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. ACTOS RECLAMADOS A) Se Reclama la INCOMUNICACIÓN y OCULTAMIENTO de C. GALIA SUÁREZ AGUILERA, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ RONDON Y RONALDO ALEXIS CLARAMON MINOT privados de la libertad y su DESAPARICIÓN FORZADA, con motivo de la detención ejecutada en su contra por parte del personal del Instituto Nacional de Inmigración con sede en esta ciudad, en fecha JUEVES 8 DE MARZO DE 2022, sin justificación alguna ya que el quejoso no cometieron conducta alguna que ameritaba ser detenidos por razón de su nacionalidad, a saber que son originarios de la República De Cuba, discriminando la condición de extranjeros de los quejosos en contravención a lo que dispone el artículo 1º, 4° y 11° de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, es decir, las autoridades señaladas como responsables los detuvieron sin contar con orden de revisión migratoria, debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente donde se precise el responsable de la diligencia y el personal autorizado para llevarla a cabo y la zona donde se les autorice, lo detuvieron y presentaron según me manifestaron ante oficina de representación en Baja California del Instituto Nacional de Migración, personal de esa misma autoridad, donde los han retenido por un plazo mayor de quince días, sin que resuelvan su situación migratoria, y sin que den ninguna información de estas persona, negando que estas se encuentre detenidos ante ellos. En esas condiciones, la INCOMUNICACIÓN, OCULTAMIENTO Y DESAPARICIÓN FORZADA, DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN Y EXTRADICCIÓN perpetrada en contra de C. GALIA SUÁREZ AGUILERA, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ RONDON Y RONALDO ALEXIS CLARAMON MINOT se presentaron a partir de las cuatro de la tarde de la fecha señalada en el párrafo que antecede, presumiéndose que la parte quejosa fue desaparecido o entregado al crimen organizado bajo las órdenes y comisión de los elementos de la Policía de Protección Federal, y Elementos de la Guardia Nacional de esta ciudad de Mexicali, Baja California, en coordinación con los elementos del Instituto Nacional de Migración con sede en la ciudad. B) La obstaculización, limitación y privación del derecho de C. GALIA SUÁREZ AGUILERA,MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ RONDON Y RONALDO ALEXIS CLARAMON MINOT consistente en no permitir a los quejosos sean entrevistados en privado con su Defensor Particular cuantas veces sea necesario en estricto respeto al Derecho Humano Y Constitucional de contar con una defensa adecuada durante el proceso que le sea instruido, especialmente cuando la persona privada de su libertad haya sido detenida por autoridad administrativa competente en materia en asuntos inmigratorios. C) Se reclama de las autoridades demandadas la ORDEN DE EXPULSIÓN y/o ORDEN DE DEPORTACIÓN y/o ORDEN DE DESTIERRO que se pretende ejecutar en contra de la parte quejosa para ser enviados a la República De Cuba diversa nación Estado o Municipio que el de Hermosillo, Sonora, con motivo de la nacionalidad de estos últimos, sin que se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento, bajo la única presunción de ser extranjeros conforme al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar del territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país, sin que previamente haya sido garantizado su derecho humano de audiencia previa, consistente en contradecir lo afirmado por la autoridad administrativa, aportar las pruebas que permitan a los quejosos exceptuarse de las normas migratorias según los supuestos actualizados y alegar acerca de la improcedencia de las medidas de deportación y expulsión ordenadas por la autoridad administrativa, todos esto debido a que conforme a las leyes migratorias mexicanas no existe un trámite en forma de juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. D) Los ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO de C. GALIA SUÁREZ AGUILERA, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ RONDON Y RONALDO ALEXIS CLARAMON MINOT consistente en; la detención y/o privación de la libertad y/o retención de los quejosos en un centro de detención migratorio, especialmente cuando la persona privada de su libertad haya sido detenida por autoridad administrativa competente en materia de asuntos inmigratorios, sin que se hayan observado las formalidades esenciales procedimiento, bajo la única presunción de ser extranjeros conforme al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar del territorio I al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país, sin que previamente haya sido garantizada su derecho humano de audiencia previa, consistente en contradecir lo afirmado por la autoridad administrativa, aportar las pruebas que permitan al quejoso exceptuarse de las normas migratorias según los supuestos actualizados y alegar acerca de la improcedencia de las medidas de deportación y expulsión ordenadas por la autoridad administrativa, todos esto debido a que conforme a las leyes migratorias mexicanas no existe un trámite en forma de juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento." (sic)." De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa esencialmente, se duele de estar alojado por más de treinta y seis horas, en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, con motivo del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, así como su incomunicación, deportación o expulsión. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el siete de abril en curso, se otorgó al ahora gestor del amparo la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que lo dejó en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada al quejoso, ya que así lo estableció la autoridad en cita, en el oficio de cuenta al establecer: "Al respecto, informo a su Señoría que, con independencia de la sentencia de plano que otorgue este H. Juzgado de Distrito, el Instituto Nacional de Migración ha tomado la libre determinación de dejar en completa libertad al quejoso de la presente demanda de garantías mediante la concesión del DOCUMENTO PROVISIONAL DE VISITANTE CON PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS, del cual se anexa copia certificada al presente ocurso." (sic). En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la jurisprudencia cuyo rubro y contenido reza: Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Sin materia. Finalmente ya que como fueron puesto en libertad la parte quejosa como se precisó en párrafos que anteceden, se declara sin materia el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, admitido mediante proveído de dieciocho de abril del año en curso. Notifíquese y personalmente al autorizado de la parte quejosa. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Eduardo Pacillas Bustamante, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por 1) ********************, mediante el cual, con fundamento en el artículo 206 y demás relativos de la Ley de Amparo, promueve incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, en contra del Titular de la Oficina de Representación en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; por lo que en atención a lo solicitado, se acuerda lo siguiente: Actuaciones en el incidente de suspensión. Previamente, cabe precisar que mediante proveído de dos de abril de dos mil veintidós, se concedió a dicha parte quejosa la suspensión de plano respecto del acto reclamado, que hizo consistir en lo siguiente: "A) Se reclama la INCOMUNICACIÓN y OCULTAMIENTO de C. GALIA SUÁREZ AGUILERA, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ RONDON Y RONALDO ALEXIS CLARAMON MINOT privados de la libertad y su DESAPARICIÓN FORZADA, con motivo de la detención ejecutada en su contra por parte del personal del Instituto Nacional de Inmigración con sede en esta ciudad, en fecha JUEVES 8 DE MARZO DE 2022, sin justificación alguna ya que el quejoso no cometieron conducta alguna que ameritaba ser detenidos por razón de su nacionalidad, a saber que son originarios de la República De Cuba, discriminando la condición de extranjeros de los quejosos en contravención a lo que dispone el artículo 1º , 4º y 11° de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, es decir, las autoridades señaladas como responsables los detuvieron sin contar con orden de revisión migratoria, debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente donde se precise el responsable de la diligencia y el personal autorizado para llevarla a cabo y la zona donde se les autorice, lo detuvieron y presentaron según me manifestaron ante oficina de representación en Baja California del Instituto Nacional de Migración, personal de esa misma autoridad, donde los han retenido por un plazo mayor de quince días, sin que resuelvan su situación migratoria, y sin que den ninguna información de estas persona, negando que estas se encuentre detenidos ante ellos. En esas condiciones, la INCOMUNICACIÓN, OCULTAMIENTO y DESAPARICIÓN FORZADA, DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN Y EXTRADICCIÓN perpetrada en contra de C. GALIA SUÁREZ AGUILERA, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ RONDON Y RONALDO ALEXIS CLARAMON MINOT se presentaron a partir de las cuatro de la tarde de la fecha señalada en el párrafo que antecede, presumiéndose que la parte quejosa fue desaparecido o entregado al crimen organizado bajo las órdenes y comisión de los elementos de la Policía de Protección Federal, y Elementos de la Guardia Nacional de esta ciudad de Mexicali, Baja California, en coordinación con los elementos del Instituto Nacional de Migración con sede en la ciudad. B) La obstaculización, limitación y privación del derecho de C. GALIA SUÁREZ AGUILERA, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ RONDON Y RONALDO ALEXIS CLARAMON MINOT consistente en no permitir a los quejosos sean entrevistados en privado con su Defensor Particular cuantas veces sea necesario en estricto respeto al Derecho Humano Y Constitucional de contar con una defensa adecuada durante el proceso que le sea instruido, especialmente cuando la persona privada de su libertad haya sido detenida por autoridad administrativa competente en materia en asuntos inmigratorios. C) Se reclama de las autoridades demandadas la ORDEN DE EXPULSIÓN y/o ORDEN DE DEPORTACIÓN y/o ORDEN DE DESTIERRO que se pretende ejecutar en contra de la parte quejosa para ser enviados a la República De Cuba diversa nación Estado o Municipio que el de Hermosillo, Sonora, con motivo de la nacionalidad de estos últimos, sin que se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento, bajo la única presunción de ser extranjeros conforme al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar del territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país, sin que previamente haya sido garantizado su derecho humano de audiencia previa, consistente en contradecir lo afirmado por la autoridad administrativa, aportar las pruebas que permitan a los quejosos exceptuarse de las normas migratorias según los supuestos actualizados y alegar acerca de la improcedencia de las medidas de deportación y expulsión ordenadas por la autoridad administrativa, todos esto debido a que conforme a las leyes migratorias mexicanas no existe un trámite en forma de juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. D) Los ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO de C. GALIA SUÁREZ AGUILERA, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ RONDON Y RONALDO ALEXIS CLARAMON MINOT consistente en; la detención y/o privación de la libertad y/o retención de los quejosos en un centro de detención migratorio, especialmente cuando la persona privada de su libertad haya sido detenida por autoridad administrativa competente en materia de asuntos inmigratorios, sin que se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento, bajo la única presunción de ser extranjeros conforme al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar del territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país, sin que previamente haya sido garantizada su derecho humano de audiencia previa, consistente en contradecir lo afirmado por la autoridad administrativa, aportar las pruebas que permitan al quejoso exceptuarse de las normas migratorias según los supuestos actualizados y alegar acerca de la improcedencia de las medidas de deportación y expulsión ordenadas por la autoridad administrativa, todos esto debido a que conforme a las leyes migratorias mexicanas no existe un trámite en forma de juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento." (sic). Dicha suspensión se concedió para los efectos siguientes: "Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 126 y 160, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la SUSPENSIÓN DE PLANO respecto los actos consistentes en la incomunicación, la desaparición forzada, la ejecución de orden de deportación, expulsión o extradición, destierro, así como la negativa de la autoridad migratoria de permitir el acceso de asesoría legal de sus abogados, y en caso de estarse efectuando alguno, cese sus efectos inmediatamente, ya que conforme al artículo 109, fracción V, de la Ley Nacional de Migración, tiene derecho, entre otras cosas, a recibir asesoría legal en el procedimiento migratorio." "En consecuencia, analizado lo expuesto por el promovente del amparo en donde señala que la parte quejosa se encuentran detenidos, en la hipótesis que éste fuera liberado y posteriormente detenido; se decreta la suspensión de plano en los siguientes términos. Se concede únicamente para que, durante su ingreso, permanencia o tránsito nacional, no sean objeto de detención fuera de procedimiento." Se ordena la apertura del incidente de incumplimiento por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 206, 207 y 208 y demás relativos, todos de la Ley de Amparo, se da inicio al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, que fue concedida mediante proveído de dos de abril del año en curso. Requerimiento. En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, rindan informe en relación al incidente que se promueve y, ofrezca las pruebas que estime pertinentes. Apercibimiento. En el entendido de que la falta o deficiencia del informe establecerá la presunción de ser cierta la conducta que se imputa a la autoridad, conforme a la fracción II, el numeral 208, de la Ley de Amparo, para efecto de la imposición de sanciones y responsabilidades. Al margen de lo anterior, se le reitera a la autoridad responsable que la suspensión otorgada en autos, surte sus efectos desde luego, y hasta que cause que ejecutoria la sentencia definitiva dictada en el presente asunto; por lo que, en ese tenor, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que subsisten los apercibimientos establecidos en la determinación que concedió la medida suspensional de que se trata. Copia de traslado. Córrase traslado a la autoridad responsable con copia del escrito en que se promueve la presente incidencia. Se señala fecha. Se señalan las diez horas con veinticinco minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 208 de la Ley de Amparo, en la que se recibirán las pruebas que ofrezcan las partes y en la que se les dará la oportunidad de formular alegatos. Denuncia a las responsables ante el Ministerio Público de la Federación. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que, si como resultado del presente incidente, se demuestra que alguna o algunas de dichas autoridades, no han cumplido con la suspensión, o bien, que lo han hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe, o negligencia inexcusable, podrán ser denunciadas en lo particular ante el Agente del Ministerio Público Federal, por el delito que, entre otros, establece la fracción III, del artículo 262 de la citada Ley, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." (Subrayado añadido) Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Eduardo Pacillas Bustamante, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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