Galdino Rosas Pérez

Expediente 443/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
443/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
02/12/2020

Partes del expediente

  • Galdino Rosas Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes que por acuerdo de sesión ordinaria celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la readscripción del Juez... a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en sustitución de la entonces Juez..., a partir del uno de diciembre de dos mil veinte, lo anterior para los efectos legales conducentes. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA. Ahora bien, de la razón de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó el presente juicio; por tanto, se declara que ha causado ejecutoria; esto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Sin que haya lugar a ordenar notificar personalmente el presente acuerdo a las partes, toda vez que en el presente asunto no se exhibieron documentos originales, por lo que no es necesario que se otorgue el termino de los noventa días a que se refiere el citado artículo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    V I S T O para resolver el juicio de amparo 443/2020, promovido por...; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido a este Juzgado de Distrito,..., por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y actos que a continuación se indican. AUTORIDAD RESPONSABLE: Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla. ACTO RECLAMADO: ...Al Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla le reclamo la omisión de la expedición del certificado parcelario correspondiente a la parcela...; así como la ENTREGA FÍSICA del certificado parcelario correspondiente, que me ampare como titular de la parcela...; proveniente de la solicitud de trámite número..., toda vez que la solicitud fue presentada desde el año dos mil dieciséis... (fojas 2). SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, y señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 Constitucionales. TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de once de marzo de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo como 443/2020; y, se admitió (fojas 12 a 14); se dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención legal que le compete (foja 16), quien no formuló pedimento; se solicitó de las autoridad responsable su informe justificado; y, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. A causa de la emergencia sanitaria derivada por el brote del virus COVID-19, el Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general, por lo que por Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó la suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del miércoles dieciocho de marzo levantándose la suspensión a partir del tres de agosto de dos mil veinte; por lo que, en proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se reclaman actos en materia administrativa atribuidos a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda y sus anexos, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, página 255, con el rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados en los siguientes términos: Del Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla: La omisión de pronunciarse sobre la solicitud de trámite... de la expedición del certificado parcelario de la parcela... TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, fue omiso en rendir su informe justificado no obstante estar debidamente notificado para ello (foja 17); por lo que, se presume cierto el acto que se le atribuye de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Por ser cuestiones de orden público y estudio preferente se procede al estudio de las causas de improcedencia que se advierten de autos, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Para sostener esa postura, cabe destacar que de acuerdo con lo que dispone el artículo 6 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien afecte el acto de autoridad o la norma general, de donde se infiere que la noción de perjuicio, para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo en su artículo 5, fracción I, toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. En ese orden, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Ahora bien, en la especie, el acto que la quejosa reclamó fue la omisión del Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla de pronunciarse sobre la solicitud de trámite 109816 de la expedición del certificado parcelario de la parcela... Al respecto, es de indicarse que por lo que hace al interés jurídico, es carga del promovente de la demanda de amparo demostrarlo, al ser ello un presupuesto procesal de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º y 73, de la Ley de Amparo, en cuanto refieren que el interés jurídico es un presupuesto para la procedencia del amparo, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Así, el interés jurídico para controvertir el proceder o las conductas de omisión o dilación de la responsable, sólo corresponde a cualquiera de las partes cuya esfera se halla vinculada con el procedimiento de origen y es lo que les permitiría acudir ante esa instancia extraordinaria. Por lo cual, era la parte quejosa quien tenía la obligación legal de probar haber realizado el trámite de cuya omisión se duele. Lo anterior en atención a que la carga de probar el interés jurídico y la inconstitucionalidad del acto reclamado, no surge de la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe con justificación, pues así no lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, sino que le corresponde al quejoso desde el momento mismo de presentación de la demanda de amparo y, en todo caso, la autoridad al rendir su informe podría relevarlo de la misma, si de dicho informe o de las constancias acompañadas, quedara demostrado el interés jurídico de la parte quejosa o la inconstitucionalidad del acto reclamado. Sin embargo, al no suceder así, ante la omisión de la autoridad responsable correspondía a la quejosa demostrar ese interés jurídico y la afectación al mismo, pues únicamente puede presumirse la existencia del acto atribuido a la autoridad responsable, pero no los demás hechos señalados. Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa haya ofrecido como pruebas de su parte copias simples de: a) acuse de recibo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, de la subsanación de la solicitud de trámite..., por la que solicitó se anexara a su solicitud la inscripción de sentencia ; b) del oficio..., de once de febrero de dos mil dieciséis; y, c) del oficio..., de tres de febrero de dos mil dieciséis. Lo anterior, ya que las mismas carecen de valor probatorio pleno, por tratarse de copias fotostáticas simples, las que resultan insuficiente para desvirtuar la negativa vertida por las autoridades responsables, ya que si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador; también lo es que, en ejercicio de dicho arbitrio, cabe considerar que las copias de esa naturaleza presentadas en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, sin que resulten suficientes cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios, para justificar la omisión que se pretende demostrar. Por tanto, la falta de prueba que corrobore el dicho de la quejosa de haber realizado la tramitación 109816 para la expedición del certificado parcelario de la parcela 499, de cuya omisión de duele, conlleva a determinar que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al no demostrar la parte quejosa su interés jurídico. Resulta aplicable de forma ilustrativa la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./.J. 23/2014 (10a), publicada en la página 206, Libro 5, Abril de 2014 (10a), de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. En tales condiciones, al no haber acreditado la quejosa su interés jurídico se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por..., contra el acto y autoridad precisado, en términos del considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

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