Galdino Reyes Hernandez
Expediente 818/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 818/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 04/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Galdino Reyes Hernandez
- GALDINO REYES HERNANDEZ y Otros.
- Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de ****, representante común de la parte quejosa, mediante el cual, esencialmente solicita que se declare ejecutoriada la sentencia dictada en este asunto y se le devuelvan todos los documentos originales y en copia certificada que exhibió. En consecuencia, dígasele que el fallo emitido en el presente juicio de amparo, quedó firme por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual también se ordenó su archivo. Respecto a los documentos originales y copias certificadas que indica, con apoyo en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dígasele que en virtud de que solo se tiene registro de que al escrito inicial de demanda le acompañó diversas copias certificadas (debido a que el recurso que interpuso obra en autos en copia), se ordena devolverle tales documentos, por conducto de la persona que autoriza para tal efecto, previa foja de sustitución y siempre que atienda lo siguiente: Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no solo para el personal de este juzgado, sino también para los promoventes que requieran realizar trámites en el interior de las instalaciones del edificio sede de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, la parte quejosa deberá generar una cita para la consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acuda al presente órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los documentos que pidió. En el entendido de que deberá ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional, asimismo, que se negó la suspensión definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que en una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo el auto donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 818/2020, promovido por . . . , contra actos de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal en el Estado de Oaxaca. ANTECEDENTES En su demanda de amparo, los quejosos aducen habitar en un terreno de su propiedad y posesión en el municipio de San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca, denominado "Paraje El Trompito" Sostienen los disidentes que tienen la propiedad del inmueble desde el veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, así como que tienen la "posesión" desde niños por haber habitado ahí. Aducen que su terreno tiene el carácter de pequeña propiedad dentro de la comunidad de que se trata y que ellos "trabajan esa tierra" como campesino, pero que combinan dicha actividad con la construcción, el comercio, uno de ellos es empleado de gobierno y otro hermano emigró a los Estados Unidos de Norteamérica. Sostienen que conforme a los usos y costumbres, su padre Manuel Reyes Jiménez, dispuso que esa tierra fuera para ellos, así que al quedar viuda su madre Micaela Hernández Santiago, formalizó la documentación a su nombre, y precisamente conforme a esos "usos y costumbres" el veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, se inscribió la compraventa, la cual a su vez quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Los peticionarios refieren que el cuatro de diciembre de dos mil veinte, se enteraron que "sin tomarlos en cuenta", la Comisión Nacional Forestal había ordenado el aprovechamiento forestal en el paraje de su propiedad y en lo que resta de ese mes y año, entregaría recursos a la ejecutora del proyecto. En ese orden, los quejosos sostienen que ese proceder violenta sus derechos humanos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO . . ., promovieron juicio de amparo mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veinte, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. Los promoventes denunciaron la violación de los artículos 1, 2, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 818/2020 y parcialmente desechada por lo que hace a los órganos de representación agraria. En ese orden, la instancia constitucional se admitió a trámite mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, se requirió informe justificado a la autoridad responsable y, se dio la intervención de ley al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Una vez agotados los trámites correspondientes, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque los actos que reclama la parte quejosa podrían tener efectos dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD Los quejosos manifiestan en su demanda de amparo que tuvieron conocimiento de los actos reclamados el cuatro de diciembre de dos mil veinte. Dicha afirmación se tiene por cierta, toda vez que no obra dato alguno que la desvirtúe ni la autoridad responsable hizo manifestación u objeción alguna al respecto. En atención a lo anterior, el juicio de amparo fue promovido en tiempo, pues el plazo se computa a partir del día hábil siguiente al en que los interesados tengan conocimiento del acto reclamado, es decir, el siete diciembre de dos mil veinte, acorde al contenido del artículo 18 de la Ley de Amparo. Así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió del siete al dieciocho de diciembre de dos mil veinte y del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en virtud de la suspensión de labores jurisdiccionales decretada mediante la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, del dieciocho de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, como la demanda de amparo fue presentada el pasado ocho de diciembre de dos mil veinte, resulta evidente que su presentación fue oportuna. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal en el Estado de Oaxaca, lo siguiente: La orden de desposesión del terreno denominado "Paraje El Trompito" ubicado en el municipio de San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca. La autorización de aprovechamiento de los recursos forestales maderables que produce el terreno denominado "Paraje El Trompito", ubicado en el municipio de San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca. El Convenio de Concertación para el Otorgamiento de Apoyos del Programa Nacional Forestal, suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca y la representación de la Comisión Nacional Forestal el dieciocho de abril de dos mil dieciséis. INEXISTENCIA DE CIERTOS ACTOS RECLAMADOS La autoridad responsable negó la existencia de los actos reclamados, además, precisó que los quejosos no son beneficiarios de ningún programa forestal manejado por ese organismo descentralizado. En ese orden, basta la negativa categórica de dicha autoridad responsable, para tener por inexistente la orden de desposesión del terreno denominado "Paraje El Trompito" -aunque no realice mayor abundamiento al respecto-, así como sobre la diversa autorización de aprovechamiento de los recursos forestales maderables que produce el terreno considerando que el que afirma está obligado a probar, mientras que el que niega solo está obligado a probar cuando tal negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, como lo disponen los artículos 81 y 82 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo. Por tanto, si la parte quejosa no acreditó ni aun indiciariamente que se hubiera ejecutado o se pretendiera ejecutar una desposesión en su contra, ni que hubiera existido un aprovechamiento forestal en el terreno de que se trata, al negar la responsable su existencia, la carga de la prueba recayó en los promoventes. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.. . Lo anterior aunado a que, al rendir su informe justificado, la citada autoridad manifiesta los límites de su competencia previstos en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dentro de la cual no se encuentra emitir ninguna orden que implique la desposesión de predios, terrenos o inmuebles, ni la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables, facultad esta última, que corresponde a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con el artículo 33, fracción I del Reglamento Interior de esa dependencia, el cual constituye un hecho notorio para este órgano constitucional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de una norma administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ello, sin perjuicio de que tal facultad sea delegada a alguna unidad administrativa dependiente de la referida Dirección o alguna otra de la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales -como lo son las delegaciones estatales-, para efectos de economía procesal y accesibilidad al público en general. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2ª./J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". En ese orden, ante la inexistencia de los actos previamente descritos en este apartado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento, en los términos y por las razones precisados. VII. EXISTENCIA DE UN RECLAMADO Ahora bien, al rendir su informe justificado, el suplente legal de la Gerencia Estatal Oaxaca de la Comisión Nacional Forestal, negó los actos que se le atribuyen, pero manifestó que ese organismo público había suscrito un Convenio de Concertación para el Otorgamiento de Apoyos del Programa Nacional Forestal, el dieciocho de abril de dos mil dieciséis. Abundó que al respecto, se entregaría a la comunidad -refiriéndose al Comisariado de Bienes Comunales- de San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca, un apoyo económico por al cantidad de . . .que serían cubiertos en cinco pagos anuales de . . . desde dos mil dieciséis hasta el año dos mil veinte y, que al momento en que se resuelve, se acredita que únicamente se encuentra pendiente por cubrir la anualidad de dos mil veinte. Lo anterior se conoce del análisis de los autos, las documentales públicas que allegó la autoridad responsable, probanzas que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Cobra aplicación en tal supuesto, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORÍO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por tanto, del análisis integral de sus manifestaciones y de las constancias exhibidas por la referida autoridad responsable, dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado consistente en el Convenio de Concertación para el Otorgamiento de Apoyos del Programa Nacional Forestal, suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca y la representación de la Comisión Nacional Forestal, a través del cual dicha comunidad recibiría un cierto apoyo económico. Una vez destacados los actos reclamados existentes, deben analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de inejercicio. CAUSA DE IMPROCEDENCIA En la especie, el suplente legal de la Gerencia Estatal Oaxaca de la Comisión Nacional Forestal, aduce que debe sobreseerse el juicio de amparo porque, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia derivada de que los quejosos no tienen interés jurídico, al no acreditarse que el acto que se le atribuye les causa un perjuicio en su esfera jurídica -manifestación que se refiere implícitamente a la aplicación de la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII, de La Ley de Amparo-. Es fundada dicha afirmación, tal como se corrobora a continuación. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]. Con relación al precepto invocado conviene señalar, también, lo que disponen los artículos 5°, fracción I, de la Ley de Amparo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del mismo ordenamiento legal: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]. Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Del análisis de los preceptos transcritos tenemos que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva con el fin de restituirlo en el pleno goce de los mismos. Es necesario mencionar que el presupuesto jurídico que contiene el primero de los preceptos invocados -interés jurídico-, representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio, toda vez que, si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que tengan diverso carácter, entonces no tendrá legitimación para instaurarlo. En consecuencia, cuando se acude al juicio de amparo, debe acreditarse en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que, si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Así, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio constitucional a combatir un acto de autoridad, en la medida que aquél sea titular de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público; actuación que podría ocurrir de dos formas, a saber: I. Si se afecta en abstracto la esfera jurídica del demandante, porque se le imponga una obligación que antes no se tenía, o II. Si se afecta un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. La causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica de la parte promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no queda demostrada de manera fehaciente tal afectación, ya que hay actos de autoridad de carácter general, abstracto e impersonal que crean hipótesis o supuestos jurídicos en los que puede o no adecuarse una conducta específica o determinada situación ya sea de hecho o de derecho. Resulta aplicable la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Luego, para que se pueda determinar que el acto o la ley reclamados causan un perjuicio o afectación en la esfera de derechos de los gobernados, deben afectar real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. Por otra parte, un acto de autoridad causa perjuicio a una persona física o moral cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, ya sea en su persona o patrimonio y es sólo hasta ese momento, que nace la facultad de reclamar la violación a sus derechos fundamentales en el juicio de amparo, en la inteligencia que tal menoscabo debe probarse fehacientemente. De ese modo, el presupuesto que permite a las personas combatir actos u omisiones provenientes de autoridades administrativas, que estimen lesivos a los derechos humanos, será el que sean titulares de un derecho subjetivo y que, además, se afecte de manera personal y directa. Por tanto, es posible estimar que el interés jurídico es el derecho subjetivo derivado de alguna norma en particular o sustentado en alguna figura jurídica, que concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sobre el particular es aplicable, por las razones que la informan, la tesis IV.3o.A.6 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, del tenor literal siguiente: INTERÉS JURÍDICO. SOBRE LA BASE CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, SE TIENE PARA EXIGIR EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE TODO DERECHO HUMANO FRENTE A UN ACTO DE AUTORIDAD. El concepto de interés jurídico ha sido desarrollado a través de la jurisprudencia; ha sido estático, no dinámico, aunque con ciertas precisiones, pero en lo esencial, sigue la línea de identificación con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derivado de la norma objetiva que se concreta en forma individual y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sin embargo, es necesario reconstruir dicho concepto para que, en la medida de lo permisible, pueda ser útil y eficaz para salvaguardar los derechos humanos y garantizar la vigencia de una Constitución Normativa que instituye a éstos como pilares en el Estado constitucional democrático de derecho; por ello, no puede afirmarse que un derecho esté tutelado o protegido sin establecer prerrogativa a favor de un sujeto o medio para garantizarlo de manera efectiva. De este modo, desde la perspectiva constitucional, si el interés jurídico tiene su origen en la norma jurídica que otorga al particular la facultad de exigencia y las normas constitucionales e internacionales que reconocen derechos humanos son eminentemente jurídicas, entonces, sobre la base constitucional e internacional (tratados sobre derechos humanos), se tiene un interés jurídico o facultad para exigir el respeto y cumplimiento de todo derecho humano frente a un acto de autoridad. En otras palabras, se está frente a la invocación de un derecho humano que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas. Ahora bien, los quejosos acuden a través de esta acción constitucional, para defender su derecho aprovechar los recursos forestales que se producen en el terreno denominado "Paraje El Trompito" que defienden como de su propiedad y que, según su dicho, se encuentra dentro de los terrenos comunales de San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca. Así, destaca que los disidentes pretenden acreditar los derechos que aducen tener sobre aquella porción de tierra, precisamente con base en una escritura privada de compraventa de veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, protocolizada ante el Notario Público número quince del Estado de Oaxaca, el veintiséis de enero de mil novecientos noventa. Sin embargo, al rendir su informe justificado, el encargado de la gerencia de la Comisión Nacional Forestal, ofreció como prueba de su parte todo lo actuado en el diverso expediente 510/2015 del índice de este propio órgano constitucional; documental que tiene valor probatorio pleno en su carácter de instrumental de actuaciones, según lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al caso concreto y que, además, constituye un hecho notorio para este juzgado en términos del numeral 88 del propio ordenamiento adjetivo en cita. Así, al traer a la vista dicho expediente, se tiene que no es dable otorgar valor probatorio pleno, al instrumento que consta en el acta doce mil novecientos treinta y siete, volumen ciento setenta y uno, levantado ante la fe del Notario Público número quince, relativa a la protocolización de una escritura privada de compraventa, porque si bien Nicolás Reyes Hernández, acudió a solicitar dicha formalización del acto jurídico, lo cierto es que, este órgano jurisdiccional tomó conocimiento en dicha instancia, que el enajenante . . ., originario de San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca, falleció desde el siete de abril de mil novecientos setenta y ocho. Según consta en el acta de defunción expedida por la Oficialía del Registro Civil del Estado de Oaxaca, con sede en Zaachila, exhibida en los autos de dicho expediente 510/2015 y cuya imagen se inserta en este fallo para mejor ilustración: En ese tenor, como se precisó, resulta cuestionable que si conforme al acta de defunción Manuel Reyes Jiménez falleció el siete de abril de mil novecientos setenta y ocho; es material y jurídicamente imposible que haya celebrado un contrato de compraventa nueve años después de su fallecimiento. Bajo esa premisa, se estima que al existir datos sobre la muerte del enajenante del bien inmueble cuya propiedad defienden los quejosos, derivada de una compraventa supuestamente realizada el veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, es claro que en el caso concreto, no se puede tener la certeza de que efectivamente, esta persona hubiese celebrado ese acto jurídico, pues resulta incongruente cronológicamente el orden de los hechos. Máxime que, como se destacó en la sentencia que dirimió el referido asunto 510/2015, de la propia protocolización se advierte que la celebración de la compra venta no fue ratificada por sus suscribientes, sino que únicamente fue presentada por . . . ante Notario Público, pero sin la presencia de las partes para su ratificación, por lo que como se señaló, al existir el acta de defunción de . . . genera incertidumbre de la fecha en que se suscribió el contrato de compraventa fechado el veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, lo que afecta dicho instrumento notarial. Siendo entonces que la documental que los quejosos presentan como base para acreditar su carácter de legítimos propietarios, no puede valorarse como documental pública que acredite plenamente el derecho que ostentan, resulta insuficiente para considerar que ostentan ese derecho subjetivo. Ahora bien, este Juzgado de Distrito resalta que los disidentes también exhibieron copias certificadas ante notario público, de diversas constancias, entre las cuales se encuentran algunas documentales públicas. Sin embargo, tales probanzas no resultan idóneas ni suficientes para acreditar que la suscripción de un convenio para acceder a un apoyo por parte de la Comisión Nacional Forestal, suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Cuatro Venados, cause afectación alguna a los peticionarios de amparo, por lo que debe estimarse que no acreditan su interés jurídico en esta instancia constitucional. Es así, porque las documentales acreditan, en todo caso, que en mil novecientos noventa y dos, el Coordinador de la Unidad del Registro Agrario Nacional, expidió a . .. una copia del oficio que remitió al Subdelegado de Organización de Desarrollo Agrario en el Estado de Oaxaca, la viabilidad de emitir una constancia de no afectación agraria para fines de explotación forestal del "Paraje de Trompito" -no propiamente la expedición de dicha constancia-. De la que destaca que esa pequeña propiedad, no forma parte de los terrenos comunales del poblado de San Pablo cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca. Así, también, se acredita que el siete de julio de mil novecientos noventa y dos, el Subdelegado de Organización y Desarrollo Agrario, expidió a favor de Lucio Reyes Hernández, una constancia en la que se declaró que el "Paraje de Trompito", ubicado en el poblado de referencia, se encontraba libre de afectación agraria. Lo mismo ocurre con el diverso oficio 20-SMARNP-SRN-0762/98 que fue exhibido incompleto (le falta la hoja donde conste la autoridad que la emite), en la que al parecer, la Subdelegación de Recursos Naturales de la Delegación Federal en el Estado de Oaxaca de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, le otorga a . . una autorización relativa al Programa de Manejo Forestal para el aprovechamiento maderable y apertura de un camino secundario del predio particular denominado "El Trompito", ubicado en el Municipio de San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca. La misma suerte corren las documentales a través de las cuales, se acredita al menos indiciariamente que . . . , vendió madera en rollo el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, o que apoyó con cien dólares americanos, para la elaboración de bancas para el servicio católico de esa población en el año de dos mil cuatro, o que donó dos árboles para la realización de vigas, que ocuparían en la construcción de cabañas en el paraje "La Providencia" en el año dos mil ocho; toda vez que no guardan relación alguna con la litis constitucional. Ahora bien, pese a la falta de interés jurídico antes señalada, del análisis de la demanda de amparo y demás constancias de autos, se advierte que aun cuando los quejosos ocurrieran al juicio de amparo bajo la suposición de detentar un interés legítimo por ostentarse como habitantes del municipio de San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca, lo cierto es que no se trata de ejidatarios ni comuneros, sino indiciariamente pequeños propietarios o poseedores de un terreno denominado "Paraje El Trompito" que no forma parte de los bienes comunales. Por ende este Juzgado estima que tampoco ha lugar a reconocerles el carácter de sujetos agrarios y en consecuencia, no les asiste la suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, es cierto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido claramente a través de la jurisprudencia P.J. 50/2014, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. En ese orden, procede analizar si los quejosos resultan afectados de alguna forma, con motivo de la ejecución del acto reclamado. De la documentación exhibida por la autoridad responsable, relativa al Convenio de Concertación para el otorgamiento de apoyos del Programa Nacional Forestal dos mil dieciséis, que suscribió con los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca, se advierte que las actividades a las cuales se obligó dicha representación agraria, a fin de obtener los recursos financieros federales, en el rubro de pago por servicios ambientales, según lo establecido en el Anexo 1 de dicho convenio, las actividades apoyadas serían: Evitar cambio de uso de suelo Conservar el ecosistema forestal y mantener la cobertura forestal. Colocar y mantener al menos dos anuncios alusivos al programa durante los cinco años que persista el apoyo. Para el caso de ejidos y comunidades, el técnico deberá organizar al menos un taller por año para el fortalecimiento de capacidades de la persona beneficiaria Para el caso de ejidos y comunidades, integrar y equipar al menos una brigada para prevención y combate de incendios, así como para realizar el monitoreo de plagas y enfermedades conforme a criterios técnicos de CONAFOR. Elegir actividades en la GMPM [Guía de Mejores Prácticas de Manejo] e iniciar su ejecución a partir del segundo año. Inversión mínima en actividades de la GMPM [Guía de Mejores Prácticas de Manejo] del 50% en área 1,2, 3ª y 4ª, 40% en área 3b, 4b 5 y del 30% en área 6. Ante tales circunstancias, las documentales anteriores, si bien adquieren valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del código adjetivo aplicable, no son idóneas para acreditar ante este órgano jurisdiccional que existe una afectación real y actual en la esfera jurídica de los promoventes, a causa del acto reclamado. Tampoco, que las actividades a que se obligó el Comisariado de Bienes Comunales de la población multicitada, se ejecutaron (debe recordarse que iniciaron en el año dos mil dieciséis y terminaron en dos mil veinte), en el terreno que los quejosos defienden como de su propiedad y posesión, menos aún se demuestra, ni siquiera en un estándar mínimo, que sean afectados con motivo del acto reclamado, el cual, como quedó evidenciado, tiende a la conservación de los recursos naturales forestales que generan servicios ambientales. De todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el acto reclamado no le depara ningún perjuicio a la parte quejosa porque no acredita que su interés legítimo y por ende no está en posibilidad de impugnar su violación. Es así pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para que se actualice el interés legítimo se requiere que el interés esté garantizado por un derecho objetivo; que el acto reclamado produzca una afectación en la esfera jurídica entendida en sentido amplio, ya sea directa o indirecta por la situación especial del reclamante frente al ordenamiento; la existencia de un vínculo entre una persona y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto; que la afectación sea apreciada bajo un parámetro de razonabilidad; y, que dicho interés resulte armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo. Circunstancias que no ocurren en el caso. DECISIÓN De las constancias que integran el asunto, así como del análisis que precede, se concluye, por un lado, que ciertos actos no existen, por lo que debe sobreseerse en el juicio, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Por otro lado, los quejosos no demostraron con algún medio de prueba apto e idóneo su interés jurídico ni legítimo, razón por la que el acto relativo al convenio a través del cual, el Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca, recibió un apoyo económico por parte de la Comisión Nacional Forestal no le ocasiona perjuicio. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y, consecuentemente, procede sobreseer en el juicio, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por . . . contra actos de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal en el Estado de Oaxaca, por los motivos y fundamentos expuestos a lo largo de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE--SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE ACUERDO EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INTALACIONES DE ESTE JUZGADO NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJO
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Galdino Huerta Escudero1355/2016
- Galdino Huerta Escudero1774/2014
- Galdino Huerta Escudero711/2015
- Galdino Huerta Escudero y Otros.282/2017
- Galdino Marín Ortega1308/2015
- Galdino Piñón Infante666/2020
- Gaspar Aquino Pérez1772/2016
- Gaspar Aquino Pérez1796/2016
- Gaspar Betanzos Fuentes477/2017
- Gaspar Calderon Castro545/2020
- Gaspar Quiroz Reyes315/2016
- Gaudencia Magdalena Patiño Calderón538/2022