Galdino Borrayes Bravo

Expediente 1297/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1297/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Galdino Borrayes Bravo

Actuaciones

  1. Principal

    X... Vista la certificación que antecede se advierte que ha fenecido el término que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la ley invocada, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente asunto. ... este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.

  2. Principal

    X... Vista la demanda promovida por Galdino ..., contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1297/2022-X. En principio, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar a desecharla. DESECHAMIENTO Ahora, de la lectura de la demanda, se desprende que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio constitucional, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, bajo las siguientes consideraciones: Las autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, excepción hecha de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad, con los que se afecten los derechos de las personas y esas funciones esté determinada en la ley. Del citado criterio se advierte que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. A partir de lo anterior, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo debe concebirse en razón de la naturaleza jurídica de las relaciones de "supra a subordinación" surgidas entre las autoridades y los particulares, o sólo entre estos cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Las relaciones de "supra a subordinación" son las que se entablan entre gobernantes y los individuos, donde la voluntad del primero se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poder exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por el contrario, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares o entre el Gobierno y los particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, entre otras. Luego, el juicio de amparo, es improcedente contra actos de particulares, o incluso emitidos por una autoridad, que no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si el acto reclamado se realizó con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral cree, modifique o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio del quejoso y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación". Expuesto lo anterior, se estima que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en el corte de suministro de energía eléctrica por el ajuste de facturación, en el domicilio que cita, no puede ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, puesto que la autoridad señalada como responsable no se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1o. de la Ley de Amparo, y 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la relación entre la parte quejosa con dicha autoridad no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación *En el caso en específico, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, al resolver la contradicción de tesis 250/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente: "QUINTO.-Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación: La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.(7) Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014.(8) La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: "... "V. Las empresas de abastecimientos y suministros; "... "XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código." "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual.(9) Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." Esto es, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en criterio jurisprudencial el cual es de observancia obligatoria para este juzgador, que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los jueces y tribunales del orden común. Por las anteriores razones, se determinó que contra los actos de la Comisión Federal de Electricidad, derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Publico relativa, no procede el juicio de amparo en razón de que dicho organismo no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Luego, en sesión de siete de febrero de dos mil dieciocho, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal resolvió la contradicción de tesis número 198/2017, y en los puntos a dilucidar, se determinó: 1. Si Comisión Federal de Electricidad debe ser considerada autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, respecto de actos que emite derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, en el marco normativo en vigor producto de la reforma constitucional de dos mil trece en materia energética, y 2. Sobre la procedencia de la vía ordinaria mercantil respecto de los actos de Comisión Federal de Electricidad distintos a la devolución de cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica, conforme a la referida normatividad vigente. Al respecto, en la parte que interesa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo las siguientes consideraciones: 1) La legislación de la industria eléctrica no prevé la normatividad que debe regir para los contratos celebrados entre el suministrador de servicios básicos y el usuario final, sino que lo que establece son disposiciones generales, cuyas referencias a la comercialización precisan una estricta separación del suministro, suministro básico y diversas modalidades de comercialización, para la supervisión que compete al Centro Nacional de Control Eléctrico y en su caso la Comisión Reguladora de Energía. 2) Las disposiciones de Carácter General expedidas por la Comisión Reguladora de Energía, tampoco establecen el clausulado del contrato, sino una base para que cada suministrador elabore el propio, en tanto que la función de dicha comisión -así como de la Procuraduría Federal del Consumidor- es evaluar que dichos contratos denominados de adhesión, no contengan cláusulas leoninas, abusivas, lesivas o inequitativas para los intereses del usuario protegiendo la actividad comercial de la sociedad. 3) Al ejercer sus atribuciones respecto de tales empresas productivas del Estado, los órganos jurisdiccionales deben tomar en cuenta que operan bajo principios de derecho privado y no público; destacándose que conforme al artículo 5º de la Ley de la Industria Eléctrica, en lo ahí no previsto, debe ser considerado como mercantil, regido por el Código de Comercio y supletoriamente por la Legislación Civil, como es el caso de los contratos de suministro básico. 4) Lo anterior, debido a que el marco normativo no tiene el alcance de regir la organización interna de la empresa prestadora del servicio, ni su relación contractual con los usuarios; sino que está instituido para regular el mercado en beneficio de los usuarios, de tal suerte que la mera referencia al tema de los contratos no puede entenderse en el sentido de que dicha ley establezca la relación entre la empresa suministradora y los particulares. 5) En tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a partir de la reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a esa relación. 6) Esto, debido a que, en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo a virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, en tanto que, la participación regulatoria en ello impone otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por lo tanto, se trata de una relación de coordinación en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. 7) Los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. 8) Por lo tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a la Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. 9) Ello, en congruencia con la intención del Poder Reformador al transformar el régimen jurídico de Comisión Federal de Electricidad de una institución pública, a ser empresa productiva del Estado con un régimen especial, alejándola en lo máximo posible del sector público y acercándola al sector privado, aunado a la pretensión de que llegado el momento genere productos o ganancias al Estado; ello no por el suministro básico, sino por otros servicios que preste, dado que este servicio es de interés público por mandato de los artículos 27 y 28 constitucionales. 10) Con base en la normatividad vigente producto de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. 11) Lo comprendido en el contrato de suministro de energía eléctrica no actualiza los supuestos establecidos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad (determinados en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 423/2014), ya que no los ejerce en forma unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual. 12) Lo que se corrobora con el hecho de que no participa de las actividades reguladoras en materia energética, ni del control operativo del sistema eléctrico nacional, así como que la normatividad aplicable al suministrador de servicio básico se traduce en un control sobre ello para el cumplimiento de la prestación del servicio público, como cualquier otro suministrador, en su caso que celebre contrato con el Estado mexicano para la compra y posterior venta de energía eléctrica. 13) Motivo por el cual, no se ubica en los supuestos del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, donde se prevén los casos en que el distribuidor y transmisor, a petición de los suministradores o bien del Centro Nacional de Control Eléctrico cortarán o suspenderán el fluido de energía, aspectos desarrollados en las Disposiciones Generales que emitió la Comisión Reguladora de Energía, en tanto que ello se dirige a regular la actividad de las relaciones entre las citadas áreas de distribución y transmisión, que por su carácter estratégico conserva el Estado; y, la petición que realice el suministrador al efecto obedece a su legítimo derecho de retención del servicio por incumplimiento a lo pactado en el contrato, por constituir previsiones contractuales. Ahora bien, de las documentales que la parte quejosa acompañó a su libelo de garantías se advierte, formato de acta circunstanciada para el respaldo de expediente para ajuste, un aviso de revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica, formato de pruebas a equipos de medición de baja tensión, todos de seis de mayo de dos mil veintidós y un aviso de cobro por ajuste de facturación -con oficio 649/2022-, dirigidos al ahora quejoso, con los cuales se presume la existencia de un contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre esta y la Comisión Federal de Electricidad. En ese tenor, el aviso de revisión al sistema de medición, al estar vinculados y relacionados con el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, la Comisión Federal de Electricidad no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. Es así, porque los actos comprendidos en el contrato de suministro de energía eléctrica no actualizan los supuestos establecidos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad, ya que la Comisión citada no los ejerce en forma unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual de la que derivan. Y, por ende, no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en atención a que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por dicha Comisión a los particulares o al usuario final, constituyen actos de naturaleza comercial. En efecto, la relación contractual entablada entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios finales del servicio de energía eléctrica, cuyo carácter tiene la parte quejosa, es de coordinación, porque ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocas, esto es, no se trata de una relación de supra a subordinación donde el organismo suministrador tenga el carácter de autoridad. Por lo tanto, si el contrato respectivo se celebra bajo una relación de coordinación, no se puede considerar que el cobro por ajuste a la facturación respecto a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica es fijado a través de un acto de autoridad, de tal manera que, las controversias derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica son impugnables en la vía ordinaria mercantil ante los Tribunales de la Federación. Lo anterior se advierte a continuación: "Con base en lo anterior, esta Segunda Sala considera que el punto de contradicción del presente asunto consiste en determinar si la Comisión Federal de Electricidad tiene el carácter de autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo cuando aquella realiza un procedimiento de verificación en el domicilio del usuario y, con base en ello, el ajuste de facturación y/o corte de suministro de energía eléctrica, o bien, si dicho procedimiento de verificación no es un acto que se equipare al de una autoridad en tanto que surge con motivo de un contrato de suministro eléctrico, por lo que su reclamo procede en la vía mercantil. No obstante, esta contradicción de tesis debe declararse improcedente, debido a que con anterioridad a la denuncia respectiva (dieciséis de abril de dos mil veintiuno), la Segunda Sala estableció diversos criterios jurisprudenciales que resuelven el punto de contradicción precisado." Por su parte, con relación a la jurisprudencia siguiente con rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ES IMPROCEDENTE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE LE RECLAMEN ACTOS QUE DERIVAN EN EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CARENTES DE FUNDAMENTACIÓN, AL NO CONSTAR POR ESCRITO, PUES SE ACTUALIZA UN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." en razón que el criterio jurídico dilucidado (principio de definitividad), versa sobre uno diverso a la causa de improcedencia que en este asunto se actualiza, de ahí que no es aplicable al caso en concreto. En virtud de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque es evidente que la autoridad que se señala como responsable, es decir la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para el presente juicio de amparo, dado que el acto que se le reclama, deriva del contrato de suministro de energía eléctrica que la citada comisión proporciona a los particulares en un plano de igualdad, esto es, como un ente sujeto derechos y obligaciones; y no, con el carácter de autoridad, por lo que se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO QUEJOSO Ahora bien, toda vez que el domicilio que indica la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano de control constitucional, con apoyo en los ordinales 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, téngase como tal, las listas que se publican en los estrados de este juzgado federal, sin perjuicio que con posterioridad designe uno en esta ciudad. Por otro lado, de conformidad con el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica de las actuaciones del presente juicio de amparo, con el usuario "JBL109". Asimismo, se advierte que se señala cuenta de correo electrónico, para oír y recibir notificaciones; sin embargo, por sí solo, no está regulado en la Ley de Amparo como medio para ello; y conforme al artículo 3° de la citada legislación con relación a los diversos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo- la posibilidad de presentar demandas, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas a través de los sistemas tecnológicos, está sujeta a que la persona interesada cuente con firma electrónica (FIREL) generada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación e informe el usuario ante el órgano Federal que se trámite el asunto de su interés. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les tiene señalando dicho medio para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS Se autoriza a Patricia Mendoza Soto, en términos del artículo 12, primera parte, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que hace a las restantes personas, se les autoriza únicamente para oír notificaciones, conforme al párrafo segundo, última parte, del citado numeral con relación al diverso 24, párrafo segundo, de la referida normatividad, hasta en tanto realicen su registro correspondiente en el sistema citado en el párrafo precedente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales.

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