Galdino Angelino Alonso
Expediente 1088/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Galdino Angelino Alonso
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1088/2022-L. El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso concreto, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia, en virtud de que debió agotar el principio de definitividad. La aludida porción normativa establece que conforme al principio de definitividad, para que el juicio de amparo sea procedente, el acto reclamado debe ser atacado previamente por todos los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto. Dicho principio supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Lo anterior, responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y protección de los derechos fundamentales de los gobernados, por lo que antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Así pues, su reconocimiento constitucional responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación solo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. En el particular, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 849 establece que contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. De modo que este recurso ordinario -en los casos que resulte procedente- debe agotarse antes de acudir a la instancia constitucional. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa reclama el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual, se declara cumplido el laudo de veinte de mayo de dos mil veintiuno dictado dentro del expediente laboral ***del registro de la autoridad responsable, y se ordena el archivo de dicho expediente como totalmente concluido. Esta determinación, al ser dictada por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitrjae en el Estado de Tlaxcala en la etapa de ejecución; esto es, con posterioridad al dictado y firmeza del laudo, constituye una actuación susceptible de impugnarse a través del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo; pues como lo razonó la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, si bien esta actuación no tiene por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento del laudo, el recurso de revisión procede contra aquéllas determinaciones que se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, en las cuales se haya cometido una irregularidad que deba ser corregida. Sobre todo, que se trata de una actuación del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, quien es el encargado de llevar a cabo la ejecución del laudo y, por tal motivo, sus determinaciones pueden ser revisadas por el Pleno de la propia junta a través del mencionado medio de impugnación. En esas condiciones, toda vez que la resolución que ordena el archivo definitivo del expediente laboral de origen, puede ser revocada o nulificada a través del recurso de revisión de actos del Presidente ejecutor, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo; es dable estimar que en la especie no se cumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, de modo que la acción de tutela constitucional resulta improcedente en la medida que la parte afectada -actora en el juicio de origen- esta constreñida a agotar las instancias ordinarias para remediar la actuación que ahora controvierte. Por lo que al no haberlo hecho, actualizó el motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que no se actualiza alguna de las excepciones que prevé esa misma porción normativa; a saber: - La resolución reclamada no trata sobre actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. - El acto reclamado tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezcan providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. - La parte quejosa no es extraña al juicio de origen. - No se reclama un auto de vinculación a proceso. - La procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Sobre este último punto, conviene abundar que el hecho de que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, contra la resolución del Presidente que declara prescrita la acción para ejecutar un laudo, esté clarificada por la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no significa que se actualice el último supuesto de excepción a que se hizo referencia -interpretación adicional-; sino que, por el contrario, con motivo del criterio jurisprudencial aludido -de carácter obligatorio tanto para la autoridad responsable, como para este juzgado de Distrito, se otorga certeza al gobernado sobre la procedencia del referido medio de impugnación. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es desechar la demanda de derechos fundamentales. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado; lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Por otra parte, téngase por autorizados en términos restringidos a las personas que menciona para tal efecto. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.
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