Galdino Aguilar González
Expediente 1272/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1272/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Galdino Aguilar González
Actuaciones
- Principal
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, remite copia certificada de la resolución dictada en el impedimento... de la que se advierte que el citado Tribunal declaró fundado el impedimento planteado por el titular de este órgano jurisdiccional, por lo que remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, el juicio de amparo del cual deriva el presente cuadernillo, para su turno a un diverso Juzgado de Distrito... archívese este asunto como concluido....
- Principal
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, informa que admitió el impedimento planteado por el titular de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, estese en espera que el Tribunal Colegiado mencionado remita copia certificada de la resolución que dicte en el impedimento 25/2017 de su índice. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obra la constancia de notificación electrónica del auto de veintiséis de octubre del presente año a la parte quejosa; por lo tanto, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que realice la notificación electrónica del auto destacado. EN DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN II, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Galdino Aguilar González promueve demanda de amparo contra actos del Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1272/2017. HIPÓTESIS NORMATIVA Del análisis de la demanda de amparo, se advierte la posible actualización de las causas de impedimento previstas en el artículo 51, fracción VII, en relación con el diverso 55 de la Ley de Amparo, para continuar con el conocimiento de este asunto, como se explica a continuación. Los artículos invocados disponen: Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: . VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. Artículo 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado de circuito que corresponda. HECHOS De la demanda de amparo que se provee se observa que en este asunto asiste el carácter de quejoso a Galdino Aguilar González. Al respecto, debe decirse que el quejoso Galdino Aguilar González es padre de Óscar Eduardo Aguilar Vera, con quien tengo una amistad estrecha debido a que laboró en el juzgado de mi adscripción durante mucho tiempo e incluso, derivado de esa amistad en algunas ocasiones fui invitado a la casa de sus papás con motivo de eventos familiares, por lo que esa situación podría afectar mi ánimo en el dictado de la sentencia. CONCLUSIÓN De lo expuesto, este juzgador se considera impedido para seguir conociendo de este asunto, pues podría actualizarse la hipótesis establecida en el citado artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo, porque existe una relación de amistad con el quejoso Galdino Aguilar González con motivo de la amistad que surgió con su hijo Óscar Eduardo Aguilar Vera, quien laboró en este juzgado de Distrito; es decir, con ello podría afectarse el sano desarrollo del juicio de amparo en que se actúa, en términos del artículo 17 Constitucional, debido a la amistad que tengo con el quejoso con motivo de la convivencia y estima con su hijo Óscar Eduardo Aguilar Vera, quien laboró en este órgano jurisdiccional. Por lo tanto, en términos de los artículos 51, fracción VII, y 55, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a fin de privilegiar la neutralidad que debe caracterizar a los titulares de los órganos jurisdiccionales, este Juzgador SE DECLARA IMPEDIDO LEGALMENTE para seguir conociendo del presente juicio de amparo, por lo que, previa integración que se haga del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de inicio de la nueva denominación y competencia de los Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito, con residencias en Boca del Río y Xalapa, Veracruz; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados Tribunales Colegiados. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 171167 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: XI.2o.41 K Página: 3180 IMPEDIMENTO. SI EL JUZGADOR RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SU IMPARCIALIDAD ESTARÍA AFECTADA AL RESOLVER EL ASUNTO, ELLO BASTA PARA EXAMINARLO. La formulación del impedimento tiene como finalidad primordial asegurar la garantía de neutralidad en el proceso exigida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es inconcuso que cuando el juzgador reconoce expresamente que su imparcialidad estaría afectada al resolver el asunto, tal aspecto basta para examinarlo, porque el resolutor acepta que no tiene certeza en su fuero interno para analizarlo ecuánimemente, ni para adoptar una decisión judicial imparcial. Época: Décima Época Registro: 2011198 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: I.11o.C.24 K (10a.) Página: 1711 IMPEDIMENTO EN EL AMPARO. LA SITUACIÓN DE RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD, DEBE SER REAL Y ACTUAL (ALCANCES DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA). Las fracciones de la I a la VII del artículo en mención, prevén la existencia de elementos objetivos que afectan de forma directa e inmediata la imparcialidad en que debe conducirse el juzgador, cuando tiene el carácter de cónyuge o pariente de alguna de las partes o de sus abogados; si tiene interés personal en el asunto o lo tiene su cónyuge o parientes; si ha intervenido en el asunto en diverso carácter o intervino como asesor; si forma parte de diverso juicio de amparo semejante al de su conocimiento; y si tiene una amistad o enemistad con alguna de las partes o sus representantes. Por otro lado, en la fracción VIII, el legislador estableció que pueden presentarse situaciones diversas a las especificadas, que impliquen, desde luego, elementos que pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador. A diferencia de las fracciones I a VII, que señalan específicamente las circunstancias que afectan directamente la imparcialidad del juzgador, la fracción VIII no exige que el elemento objetivo la afecte directamente, pues establece como mínimo que exista un riesgo, término que significa una contingencia o proximidad de un daño que está expuesto a perderse o a no verificarse. Así, el elemento objetivo que exige la fracción VIII debe tener la característica de que el juzgador no se encuentre en una situación de riesgo que comprometa su imparcialidad o, que a los ojos de la sociedad o de un observador razonable pueda advertir que existe motivo para pensarlo así; esto es, que existan situaciones que puedan llevar a considerar que se advierten conflictos de intereses y, por ello, se pierda la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro de los que goza el juzgador, así como el órgano jurisdiccional del que forma parte; decoro judicial que funciona como una herramienta de unidad y equilibrio para la exteriorización de las conductas judiciales, atendiendo con razonabilidad a determinado escenario de conducta exigido como desarrollo de un mejor escenario de justicia, lo que fortalece la respetabilidad y confianza en los justiciables, la probidad, buena opinión e imagen. Así, para que se actualice la hipótesis prevista en la invocada fracción VIII debe presentarse lo siguiente: que el juzgador se encuentre en una situación diversa a las previstas en las fracciones I a VII; que esa situación constituya un elemento real y actual; y, que éste ponga en riesgo la pérdida de imparcialidad, como puede ser la afectación al decoro judicial. Época: Novena Época Registro: 181726 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: I.6.C. J/44 Página: 1344 IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una itis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable. AUTORIZADO Se faculta como autorizado del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Antonio Dorantes Montoya, debido a que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual manera, la parte quejosa solicita el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa; por tal motivo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, los cuales sientan los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza el ingreso a dicho sistema electrónico a Antonio Dorantes Montoya con nombre de usuario montoyaantonio, únicamente para efectos de consulta en el juicio de amparo en que se actúa, así como para recibir notificaciones y estar en posibilidad de realizar promociones pertinentes vía electrónica; lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas, sin perjuicio de que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta. Se solicita a la Oficial Administrativo encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.) que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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