Galdina Santiago Hernández

Expediente 732/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
732/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Galdina Santiago Hernández
  • Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de garantías; de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por la quejosa Galdina Santiago Hernández, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la actual Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir, en esencia, en la omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, de calificar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente administrativo laboral número 737/E06/2019. Ahora bien, de la copia certificada anexada al informe justificado que obra en autos, se advierte que dentro del expediente administrativo antes indicado, promovido por la aquí quejosa Galdina Santiago Hernández, el ocho de septiembre del año en curso, acordó las pruebas ofrecidas por las partes, de cuya omisión de pronunciarse se dolía la agraviada [documentales, inspección, confesional, testimonial y pericial caligráfica, grafoscópica gasométrica y dactiloscopía], fijando fecha y hora respecto de aquellas que requerían perfeccionamiento para su desahogo. Constancias a las que se confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documento público. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo anterior, se puede apreciar que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en acordar respecto a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente administrativo laboral número 737/E06/2019, ha quedado sin efectos, puesto que el día ocho de septiembre de este año, se acordaron las probanzas ofertadas [documentales, inspección, confesional, testimonial y pericial caligráfica, grafoscópica gasométrica y dactiloscopía], lo que se justifica con las constancias anexadas al informe justificado que obra en autos. En consecuencia, se advierte con claridad que ha dejado de tener efectos el acto reclamado pues la autoridad ha emitido el acuerdo correspondiente a las pruebas ofrecidas por las partes que integran el expediente laboral de origen, que era la causa de pedir en esta instancia constitucional, actualizando la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante lo cual, se sobresee en esta contienda constitucional, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por la razón que informa, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que consta en la foja 1343, del tomo XXX, octubre de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO DE PETICIÓN. SU REGULACIÓN EN LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. La garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional se refiere, de manera general, al derecho que tienen los gobernados de recibir una respuesta de cualquier autoridad, a una petición que formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 17 constitucional establece específicamente la garantía de acceso a la impartición de justicia, según la cual, los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, para de esa manera obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, que resuelva sobre las pretensiones planteadas. Lo anterior lleva a concluir que el derecho a recibir una respuesta de la autoridad judicial, tiene una regulación especial desde el punto de vista constitucional, que se distingue de la regulación general relacionada con el derecho a obtener una respuesta de cualquier autoridad. Por ello, cuando un particular promueve ante una instancia jurisdiccional alguna acción, procedimiento o medio de defensa y no encuentra respuesta, la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada, es la relacionada con el derecho de acceso a la justicia regulada, especialmente, en el artículo 17 constitucional y no la diversa garantía general consagrada en el diverso artículo 8o." No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de amparo sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tal razón, se deja sin efectos el desahogo de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cuarenta minutos de esta propia fecha; háganse las anotaciones estadísticas pertinentes. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer nueva mención del mismo en la audiencia constitucional respectiva. En relación con las documentales que se reciben con el informe rendido por la mencionada autoridad, téngasele cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral citado en el capítulo que antecede. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que ha precluido el plazo otorgado a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que rindiera su informe justificado; habida cuenta que quedó notificada del oficio 17793/2022, derivado del proveído de veinte de julio del año en curso, con el que se ordenó su emplazamiento a esta contienda constitucional y se le requirió su informativa correspondiente, tal y como se advierte del acuse de recibo visible a foja 7; en tales condiciones, se hace necesario recabar de oficio las pruebas que obren en poder de dicha autoridad, con el propósito de que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de practicar el análisis adecuado del acto reclamado y estar en aptitud de resolver el fondo del presente asunto. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad de referencia, para que en el improrrogable término de tres días, remita copias certificadas de las constancias que acrediten el acto reclamado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el indicado plazo o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100) moneda nacional. Por tener consideraciones inherentes al caso, se cita la tesis jurisprudencial V.1º. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 712, tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "PRUEBAS. LA OMISION DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE, OCASIONA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El Juez de amparo en cumplimiento al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, está obligado a requerir a la autoridad responsable para que remita las pruebas o constancias que sean necesarias a efecto de practicar el análisis adecuado del acto reclamado, de tal manera que la infracción a dicho precepto ocasiona la reposición del procedimiento del juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 91 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del doce de los corrientes, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con cuarenta minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós; audiencia a la cual las partes podrán hacer llegar sus alegatos por escrito en términos del párrafo segundo del numeral 124 de la Ley de Amparo; lo anterior, sin perjuicio de que alguna de ellas considere indispensable intervenir oralmente, pues en ese supuesto deberá hacerlo saber a este Juzgado de Distrito para que se proceda, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Esta foja corresponde a la culminación del acuerdo dictado el nueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo 732/2022-VIII. Conste. Secretaria Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

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