Galdina Meza Gatica
Expediente 731/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Galdina Meza Gatica
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cinco de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el oficio que signa el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto, en el juicio de amparo 731/2022, el que se radicó como amparo en revisión administrativa 610/2022; glósese a los autos para que obre como corresponda.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos del juicio de amparo, de los que aprecia que el presente juicio de amparo, se encuentra debidamente integrado física y electrónicamente, por tanto, dese cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintisiete de octubre del presente año, en relación con el recurso de revisión interpuesto por la quejosa ********************, por conducto de su autorizado ********************, en contra de la sentencia de veinte de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Turno, en Materias Penal y Administrativo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, el original del presente juicio, así como original del escrito de agravios relativo a la interposición del recurso de revisión en comento.
- Principal
Visto el escrito que signa ..... autorizado de la quejosa ......mediante el cual señala domicilio y autorizados, atento a su contenido, dígasele que no ha lugar a tenerle como domicilio el ubicado en avenida Pueblo Nuevo, callejón 1 de mayo, sin número de la colonia Santa Cecilia de la ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, ya que dicha residencia se encuentra fuera del territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción; lo cual contraviene el contenido del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone: "ARTICULO 305.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial." Por otra parte, dígasele al promovente, que no ha lugar a tener como autorizados a las personas que señala para oír notificaciones e imponerse de los autos, en virtud de que no puede delegar funciones en un tercero en términos de la última parte del primer párrafo del precitado numeral 12 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En otro orden, con fundamento en los artículos 81, 84, 86, 87 y 89 de la Ley de Amparo, téngase interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio. Con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes y una vez hechas las notificaciones correspondientes, remítase el original de dicho escrito, así como los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 731/2022, promovido por Galdina Meza Gatica, por su propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito de demanda presentado el ocho de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, promovido por Galdina Meza Gatica, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Residente en Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "1.- LA OMISION DE DICTAR DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA LA RESOLUCION Y/O ACUERDO QUE CORRESPONDA RESPECTO DE MI PETICION 29 DE ABRIL DEL 2022, EN LA CUAL SOLICITO SE ME CUBRA LA CANTIDAD DE $43,514.90. PESOS (CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 90/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADEUDO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2020 Y ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2021, CON SUS INCREMENTOS Y AGUINALDOS CORRESPONDIENTES DEL 2020 Y 2021, DERIVADO DE LA TRANSFERENCIA DE LA PENSION DE MI DIFUNTO ESPOSO JOSAFAT CRESPO CERVANTES, EN MI CARARCTER DE VIUDA, CONFORME LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 2.- LA ABSTENCION DE CUBRIRME LA CANTIDAD DE $43,514.90. PESOS (CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 901100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADEUDO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2020 Y ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2021, CON SUS INCREMENTOS Y AGUINALDOS CORRESPONDIENTES DEL 2020 Y 2021, DERIVADO DE LA TRANSFERENCIA DE LA PENSION DE MI DIFUNTO ESPOSO JOSAFAT CRESPO CERVANTES, EN MI CARARCTER DE VIUDA, CONFORME LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. SEGUNDO. En el escrito de demanda señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 8, 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de trece de julio de dos mil veintidós, se registró la demanda como juicio de amparo indirecto 731/2022, y se previno a la parte quejosa a efecto de que compareciera ante juzgado federal debidamente identificada con credencial de validez oficial con fotografía a manifestar si ratificaba el contenido del escrito de demanda y si reconocía como suya la huella que aparece estampada en el mismo, o bien acompañara escrito con firma a su ruego. Cumplido que fue lo anterior, en auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a autoridades que tienen su domicilio dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo y a las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La omisión de acordar la promoción de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, ante la responsable, en la que solicitó que se le cubra la cantidad de $43,514.90 (cuarenta y tres mil quinientos catorce pesos 90/100 moneda nacional). TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y solo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de estas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". Sobre esa tesitura, se tiene que es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en la omisión de acordar la promoción de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, ante la responsable, en la que solicitó que se le cubra la cantidad de $43,514.90 (cuarenta y tres mil quinientos catorce pesos 90/100 moneda nacional), pues así lo admitió al rendir su informe justificado la Directora General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; certeza que se corrobora con el escrito antes referido exhibido por la parte quejosa mismo que cuenta con el sello de acuse de recibo original, a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. CUARTO. Al no haberse hecho valer ninguna causa de improcedencia del juicio ni advertirse de oficio, por parte de esta juzgador, se procede a analizar el fondo del asunto. Como conceptos de violación, la parte quejosa expresó los contenidos en su escrito inicial de demanda, cuya transcripción se omite en obvio de innecesarias repeticiones, y además, porque en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo, de conformidad con la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ese sentido, se tiene que de manera medular esgrime el impetrante, que la autoridad responsable, viola en su perjuicio el derecho de petición establecido en el artículo 8 de la Constitución Federal, porque no ha dado respuesta a su escrito de petición. Ahora bien, primero se considera necesario precisar qué es lo que establece el artículo 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral que es de la literalidad siguiente: "Artículo 8.- los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve termino al peticionario." En ese sentido se tiene que el derecho humano consagrado en el artículo antes transcrito, relativo al derecho de petición, se involucra en la existencia de lo siguiente: a) Que exista una petición por escrito. b) Que la autoridad ante la cual se haya elevado la solicitud, acuerde en derecho como corresponda; y c) Que se haga saber al gobernado en breve término el contenido de su resolución, siendo necesaria la notificación en el domicilio del peticionario. Tocante al punto señalado con el inciso a), se tiene que la quejoso demostró haber realizado una petición a la autoridad responsable, lo cual se patentizó con la constancia a que se ha hecho referencia con antelación, misma que ya fue valorada. Ahora, en el caso queda patente que la autoridad responsable viola en perjuicio de la parte quejosa de mérito, el derecho humano de petición contenida en el precepto 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aquella permite a todo gobernado ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole, tal y como aconteció en el caso que se analiza, ya que así fue demostrado por la inconforme, al exhibir en autos el escrito de petición que presentó ante la autoridad responsable, mismo que cuenta con el sello de acuse de recibo original, lo que es concatenado con el informe justificado mediante el cual la autoridad responsable señaló que no le ha dado respuesta a la quejosa a su escrito de petición; es decir, con ello se acredita que la impetrante hizo uso del derecho de petición, existiendo pues, la relación jurídica consignada en el artículo 8o. constitucional, al haber ingresado una solicitud por escrito y la obligación constitucional que tiene la responsable aludida de emitir el acuerdo respectivo que sea congruente con aquella y que dicha determinación, se haga del conocimiento en breve término al peticionario, en el domicilio que para tal efecto haya señalado, lo cual hasta la fecha, en autos no se encuentra demostrado que haya acontecido. Al respecto, es aplicable por identidad de razón jurídica la Jurisprudencia I.1o.A. J/17 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, Materia Constitucional, página 1280, registro digital 2016220, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. SU EJERCICIO NO ESTÁ RESTRINGIDO PARA EL CASO DE QUE EL GOBERNADO MANTENGA UNA RELACIÓN DE TRABAJO CON EL ENTE DEL ESTADO ANTE EL QUE SE FORMULA LA SOLICITUD RESPECTIVA. Acorde con lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al gobernado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 42/2001, de rubro: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.", definió que la naturaleza jurídica de la relación entre quien formula la petición y el servidor público al que ésta se dirige debe ser de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de los derechos constitucionales. Lo expuesto es suficiente para concluir que no existe alguna restricción al ejercicio de ese derecho para el caso de que el gobernado mantenga una relación de trabajo con el ente del Estado ante el que se formula la solicitud respectiva, sino que basta que ésta se presente ante un servidor público en su carácter de autoridad para que el gobernado pueda acudir al juicio de amparo a combatir la transgresión de ese derecho cuando no se cumpla la obligación de darle respuesta." Por tanto, al haber sido omisa la autoridad responsable, en acordar, dar respuesta por escrito y notificar al quejoso, tocante al escrito de petición que fue ingresado ante ella, es claro que se vulnera el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que hace procedente conceder la protección de la justicia federal. QUINTO. Ante lo fundado del motivo de disenso, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Galdina Meza Gatica, para el efecto que la autoridad responsable, Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero: a) De Inmediato de contestación en forma escrita a la petición realizada mediante escrito de veintinueve de abril de dos mil veintidós. b) De inmediato, notifique a la quejosa referida, la respuesta que haya recaído a su escrito de petición, debiendo elaborar la constancia correspondiente por parte de la persona autorizada para realizar las notificaciones, a efecto de que exista la certeza de que esta fue realizada y se cumpla con los extremos estipulados en el artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEXTO. Atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, se hizo de su conocimiento, lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, el nueve del mes y año antes referido, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Galdina Meza Gatica, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable señalada en el resultando primero de este fallo, en términos de lo razonado en el considerando cuarto y para los efectos señalados en el quinto punto considerativo de esta resolución. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando sexto de esta sentencia.
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