Galación Vidal Soto

Expediente 32/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
32/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Galación Vidal Soto
  • Condominio Nogal, Asociación Civil
  • Condominio Nogal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de junio de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el denunciante no interpuso recurso de inconformidad contra la resolución de dos de mayo de dos mil veintitrés, por el que declaró infundada la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Destino archivístico. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 20 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    23. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E : 24. ÚNICO. Se declara infundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, promovida por ..., por su propio derecho, contra el Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Notifíquese; personalmente al denunciante, y, por oficio a la autoridad denunciada.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    (CITATORIO) DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, AL HABER SIDO OMISA EN COMPARECER A ESTE JUZGADO FEDERAL PARA NOTIFICARSE DE LA DETERMINACIÓN DE DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, NO OBSTANTE EL CITATORIO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO INDICADO PARA TAL EFECTO. EN CONSECUENCIA, NOTIFICO LA DETERMINACIÓN REFERIDA A LA PARTE DENUNCIANTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, el dos de mayo de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con el estado procesal de autos; de igual modo, se CERTIFICA: Ya feneció el término de tres días otorgado a las partes para desahogar el requerimiento formulado en auto de once de abril de dos mil veintitrés, en que se dio vista con la denuncia planteada en el presente asunto, a fin de que manifestaron lo que a su interés legal conviniera, así como para que, en su caso, ofrecieran los medios de prueba de su intención, en razón a que, para la última de las partes notificada (Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios), catorce de abril pasado, por lo que el término les transcurrió del diecisiete al veintiuno de abril pasado, la cual realizó diversas manifestaciones en proveído de diecinueve de abril del año en curso. Doy fe. A lo se acuerda. Vista la certificación de cuenta, al encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, con fundamento en el artículo 210 de la Ley de Amparo, procédase a emitir la resolución correspondiente; lo que se verifica en los términos siguientes: V I S T O S para resolver, la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 32/2023, presentada por ************************, por propio derecho, contra el Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por considerar que incumplió la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, R E S U L T A N D O : 1. PRIMERO. Presentación. Por escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de juicio Federales en el Estado de Querétaro, el cuatro de abril de dos mil veintitrés, Galacion Vidal Soto denunció el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por el siguiente acto: "De conformidad por lo dispuesto en los artículos 210, fracción I, 211 de la Ley de Amparo, así como en los artículos 1, 4, 8, 14 y 26 de la Constitución General de la República, comparezco para denunciar el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de julio de 2021, misma que entró en vigor al día siguiente, incumplimiento que efectuó la "Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, psicotrópicos y sustancias Químicas", de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ******************, con domicilio para ser emplazada de la presente el ubicado en calle *****************************, en la Ciudad de México". 2. SEGUNDO. Sustanciación. Por razón de turno, correspondió conocer de la denuncia a este órgano jurisdiccional el que, mediante auto de once de abril de dos mil veintitrés, la radicó bajo el número de expediente 32/2023 y la admitió a trámite; se dio la vista correspondiente a la autoridad denunciada, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y, en su caso, ofrecieran medios de convicción; y, transcurrido tal plazo, se procede a dictar la resolución que en derecho procede: C O N S I D E R A N D O : 3. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es competente para conocer de la presente denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 72, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 210 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las Oficinas de Correspondencia Común que les prestarán servicio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto de dos mil veintidós. 4. SEGUNDO. Procedencia de la denuncia. De conformidad con el artículo 210 de la Ley de Amparo,1 si con posterioridad a la entrada en vigor de una declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica el artículo ahí invalidado en perjuicio de alguna persona, ésta puede denunciar los actos frente a un Juez de Distrito y éste, a su vez, de ser el caso, requerirá a las autoridades denunciadas para que dejen sin efectos los actos quecontengan dicha aplicación. 5. Sobre el particular, es necesario destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo número 6/2019, en lo que interesa, estableció: "[.] 44. En este sentido, conviene apuntar que al resolver el recurso de inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo 1/20172, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de conformidad con el sistema previsto en el artículo 210 de dicho ordenamiento, la denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad tiene como presupuesto indispensable que exista una aplicación de la norma general que se haya declarado inconstitucional, pues la resolución que recaiga a dicha denuncia versará precisamente sobre si en efecto se llevó a cabo esa aplicación o no. 45. Incluso, esta idea se refuerza con la revisión del procedimiento legislativo de expedición de la Ley de Amparo vigente, en el que las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, en su dictamen como Cámara de Origen, expresaron que la reforma: ". Actualiza las figuras en la Ley de Amparo que dan un medio de defensa contra la aplicación de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia y la declaratoria general de inconstitucionalidad, para que también sea un medio de defensa cuando se apliquen normas declaradas inconstitucionales en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad." Énfasis añadido. 46. Como se puede apreciar, el Congreso de la Unión ha desarrollado un sistema de defensa compuesto por la denuncia y el recurso de inconformidad, que permite a la ciudadanía protegerse de la autoridad que aplique en su perjuicio una norma que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 47. De ahí que si en el caso el acto que dio lugar a la denuncia fue la decisión del Poder Reformador de la Constitución del Estado de Jalisco de suprimir del texto constitucional la porción normativa en la que se establecía el derecho de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia a recibir un haber de retiro, resulta claro que se trata de un reclamo que no deriva de la aplicación de la norma general declarada inválida por esta Suprema Corte en la controversia constitucional 25/2008 y, por tanto, resulta improcedente el procedimiento previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo. [.]." 6. En ese sentido, la denuncia prevista en el citado artículo 210, tiene por objeto analizar si una autoridad aplicó algún precepto normativo declarado inválido en contra de cualquier persona, lo que, a su vez, conlleva verificar el cumplimiento de los requisitos siguientes: i) Que exista una declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ii) Que haya surtido sus efectos dicha declaratoria. iii) Que con posterioridad a ello se le hayan aplicado dichos preceptos al denunciante. 7. Por otra parte, al resolver la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, derivada de la jurisprudencia fijada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos amparos indirectos en revisión, en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Pleno del Alto Tribunal declaró inválidos los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud que prohibían absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. 8. Al respecto, el Alto Tribunal determinó que, a efecto de superar eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las porciones normativas estudiadas, debía, por un lado, expulsarlas del sistema jurídico mexicano y, por otro, remover el obstáculo jurídico que tenía la Secretaría de Salud para emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. 9. Atento a ello, ordenó notificar tal fallo a dicha dependencia, así como a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que, entretanto el Congreso de la Unión legisla al respecto, emitan tales autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias de amparo que formaron la jurisprudencia comentada, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. 10. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el resolutivo segundo de dicha sentencia, que la declaratoria de inconstitucionalidad surtiría efectos a partir de su notificación al Congreso de la Unión, lo cual, según se advierte de la página electrónica de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ocurrió desde el veintinueve de junio de dos mil veintiuno; lo que se tiene como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.3 11. De modo que, a partir de esa fecha (veintinueve de junio de dos mil veintiuno), la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 entró en vigor e impuso a todas las autoridades del país la obligación de abstenerse de aplicar los preceptos normativos invalidados, así como otorgó a las personas afectadas por su aplicación la facultad de reclamarla, mediante la denuncia correspondiente. 12. En el caso, según se advierte del ocurso mediante el que se planteó la presente denuncia, se reclama la violación a la citada declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, con motivo de la negativa a la solicitud de autorización para el consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos de cannabis (Sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas, así como del psicotrópico THC (tetrahidrocannabidol, los isómeros ?6a (10ª), ?6a, (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente marihuana o cannabis), consignada en el oficio *****************, de siete de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); lo que hace procedente el presente trámite. 13. TERCERO. Estudio de fondo. La denuncia planteada es infundada. 14. Como ya se precisó, la dicha denuncia se realiza respecto de la negativa a la autorización para el uso lúdico o recreativo de la sustancia conocida como cannabis sativa (marihuana, su resina, preparados y semillas, así como del psicotrópico THC (tetrahidrocannabidol, los isómeros ?6a (10ª), ?6a, (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), consignada en el oficio 233301EL350809, de siete de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 15. Del análisis del oficio indicado se advierte que, tal negativa se sustentó en las razones siguientes: "[.] Si bien el 15 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, donde se remueven los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente del estupefaciente cannabis (savita, índica y americana, su resina, preparados y semillas y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabidol, los isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en su conjunto conocidos como "marihuana"; al día de hoy esta Unidad Administrativa no cuenta con los elementos normativos para brindar la atención a este tipo de peticiones. Cabe señalar que mediante proveído de 28 de junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó al Congreso de la Unión a legislar respecto al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceros, así como generar las condiciones necesarias para que este derecho pueda ser ejercido responsablemente. Derivado de lo anterior, se colige que esta Comisión Federal sólo se encuentra investida por una facultad de ejecución, es decir, se limita a acatar lo relativo a control, vigilancia y fomento sanitarios en materia de los productos señalados párrafos arriba, y que en el caso concreto se refiere a estupefacciones y substancias psicotrópicas, pero no se pronuncia respecto a la creación del marco que las regula, toda vez que la Autoridad Ordenadora es el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 Constitucional, es el poder facultado para crear y promulgar leyes. En virtud de lo expuesto, esta autoridad se encuentra imposibilitada para evaluar su petición para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en su conjunto conocido como marihuana. [.]." (Énfasis añadido). 16. Del fragmento reproducido se advierte que, la negativa a la solicitud del ahora denunciante, se sustentó en que existe imposibilidad para evaluar la procedencia de aquélla, derivado de la ausencia de un marco normativo que establezca los lineamientos conforme a los que debe permitirse el uso de las sustancias "cannabis" y "THC"; lo que no constituye una violación a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, de conformidad con las razones siguientes: 17. De conformidad con el artículo 210 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo número 6/2019, la denuncia por incumplimiento a la declaración general de inconstitucionalidad tiene por objeto analizar si con posterioridad a la emisión de tal declaratoria, se aplicó en perjuicio del denunciante los preceptos normativos declarados inválidos. 18. Esto es, el "afectado" debe, en primer término, acreditar la existencia de un acto positivo, en que se aplicara en su perjuicio las disposiciones normativas declaradas inconstitucionales. 19. Condición que no se satisface en el caso a estudio, pues si bien en el oficio 233301EL350809, de siete de marzo de dos mil veintitrés, se negó al denunciante la autorización para el consumo lúdico o recreativo de las sustancias "cannabis" y "THC", lo cierto es que tal negativa se sustentó en la imposibilidad de analizar la procedencia de la solicitud, dada la inexistencia de un marco normativa que regule tal cuestión, por lo que no es dable concluir que se inobservara en perjuicio del promovente lo previsto en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en sentido estricto, en la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y"; y, 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, para los alcances establecidos en esa ejecutoria, en la que se enfatizó que dichos alcances se limitaban a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". 20. Así pues, es infundado que la autoridad denunciada aplicara en perjuicio del promovente -de forma expresa o implícita- las normas declaradas invalidas en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, pues el hecho de que argumentara que existe imposibilidad para evaluar la solicitud de autorización para el consumo de las sustancias indicadas, no se traduce en un acto positivo fundado en la norma declara inconstitucional. 21. Sin que lo anterior implique algún tipo de calificación sobre la legalidad de la negativa consignada en el citado oficio *****************, de siete de marzo de dos mil veintitrés, en tanto la materia de la denuncia se constriñe, estrictamente, a analizar si se aplicó en perjuicio del promovente los preceptos normativos objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, lo cual, como ya se dijo, no ocurrió en el presente caso. 22. En ese sentido, al no estar demostrado que se aplicaran al promovente las porciones normativas previstas en los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud (declaradas invalida en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018), procede declarar infundada la presente denuncia por incumplimiento a declaratoria general de inconstitucionalidad. 23. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E : 24. ÚNICO. Se declara infundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, promovida por *******************************, por su propio derecho, contra el Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Notifíquese; personalmente al denunciante, y, por oficio a la autoridad denunciada. Así lo resolvió y firma electrónicamente Vicente de Jesús Peña Covarrubias, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, quien actúa en unión de Juan Daniel Mayorga Cabral, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. I. Se recibe oficio. Agréguese a los autos, el oficio presentado electrónicamente por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrito a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (en lo sucesivo la COFEPRIS), en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), mediante el cual desahoga la vista otorgada en once de abril de dos mil veintitrés y formula diversas manifestaciones en relación la denuncia presentada por ********************. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones de la autoridad denunciada, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

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