Galaad Angie Viillegas Blanco
Expediente 1400/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1400/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Galaad Angie Viillegas Blanco
- Jorge Antonio Carreto Tirado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. REMITE AUTOS Se agrega a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite los autos del amparo 1400/202 así mismo informa que se encuentra disponible para su descarga el testimonio de la ejecutoria dictada en el incidente de inejecución de sentencia número IIS-12/2023 de dicho tribunal, por lo que se ordena su descarga, impresión y glose a los autos del presente sumario; así mismo, del contenido de dicha ejecutoria se advierte que los magistrados que integran dicho tribunal resolvieron lo siguiente: "ÚNICO. Se declara fundado el presente incidente de inejecución de sentencia, pues existe imposibilidad legal para cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de derechos fundamentales 1400/2022, promovido por ********." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada así como de los autos que remite y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. De igual forma, se glosa a los presentes autos el expedientillo que se formó con motivo del incidente de mérito, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original, a fin de que hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa. Sin que haya lugar emitir pronunciamiento con relación a incidente de suspensión, ello en razón de que la parte quejosa no solicitó su apertura durante la tramitación del presente juicio. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 14, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes 1. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que: Es conservable de conformidad con el diverso 17, fracción III, inciso a), porque se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados. Por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción II. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo en razón de que no los exhibió. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. Notifíquese y mediante oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y a las autoridades responsables.
- Principal
Puebla, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. REMITE EJECUTORIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS Se agrega a los autos el oficio de cuenta signado en forma electrónica por la secretaria del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, mismo que se recibió vía interconexión, a través del panel de promociones del expediente electrónico del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), con la correspondiente firma electrónica (FIREL), lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica. Por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce. Visto su contenido, remite testimonio de la ejecutoria de trece de septiembre de dos mil veintitrés en la contradicción de criterios 35/2023 de dicho tribunal de cuyo contenido se advierte en sus resolutivos primero y segundo de su decisión lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el incidente de inejecución de sentencias 6/2021, 7/2022 y 1/2023, en sesiones de dos de diciembre de dos mil veintiuno, veintidós de septiembre de dos mil veintidós y veinte de abril de dos mil veintitrés, respectivamente; contra los emitidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al fallar el incidente de inejecución de sentencia 5/2022, en sesión celebrada por videoconferencia de siete de julio de dos mil veintidós y, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al fallar el incidente de inejecución de sentencia 3/2021, en sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno." "SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, conforme las razones que justifican la decisión". Así, de la lectura de la ejecutoria de cuenta se desprende, en su punto 242 el criterio que debe prevalecer, esto es: "Por lo expuesto en las consideraciones anteriores, prevalecerá con el carácter de jurisprudencia el sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Judicial Centro-Sur, consistente en que sí existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo, en el proceso penal acusatorio, cuando se concedió la protección constitucional para el efecto de dejar insubsistente la medida cautelar impuesta en el Sistema Penal Acusatorio y el proceso esté suspendido por una suspensión condicional del proceso, pues si bien subsiste el acto reclamado, lo cierto es que éste no produce efecto legal o material alguno sobre el quejoso por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo". De lo que este juzgado de distrito toma conocimiento, acúsese el recibo correspondiente. Visto el estado de autos, del que se desprende que el diecisiete de julio de dos mil veintitrés se decretó la imposibilidad de cumplir la sentencia de amparo por las siguientes razones: ".se advierte que jurídicamente es imposible cumplir con la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional como a continuación se explica: En efecto, el ocho de mayo de dos mil veintitrés se dictó sentencia en la que en el considerando quinto se fijaron los lineamientos del fallo protector, mismos que se transcriben: "QUINTO. EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Una vez que causa ejecutoria esta sentencia, la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós dictada en la carpeta judicial administrativa 1027/2022/PUEBLA, relativa a la revisión de medida cautelar, en la cual impuso a los quejosos prisión preventiva justificada. (sic). 2. En su lugar, emita otra en la que declarare subsistente la solicitud ministerial de prisión preventiva justificada, así como el debate respectivo y al resolver, ciñéndose a lo establecido en esta sentencia, determinará que no se justificó la solicitud ministerial." Sin embargo, mediante oficio 19950/2023/JC, la jueza responsable informó que en audiencia de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión condicional del proceso a los quejosos Galaad Angie Villegas Blanco y Jorge Antonio Carreto Tirado, en el proceso 1027/2022/PUEBLA; así mismo de la revisión de los oficios de cuenta se advierte que éstos obtuvieron su libertad en esa misma fecha. Conforme a lo anterior, evidencia la imposibilidad para dar cumplimiento al lineamiento precisado en la ejecutoria de amparo. Lo anterior porque como se indicó, los efectos del fallo protector fueron para que la jueza responsable dejara insubsistente la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós dictada en la carpeta judicial administrativa 1027/2022/PUEBLA, relativa a la revisión de medida cautelar, en la cual impuso a los aquí quejosos prisión preventiva justificada y en su lugar, emitiera una diversa en la que declarar subsistente la solicitud ministerial de prisión preventiva justificada, así como el debate respectivo y al resolver, ciñéndose a lo establecido en esta sentencia, determinará que no se justificó la solicitud ministerial. Empero, como se indicó, en audiencia de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión condicional del proceso a los aquí quejosos y se ordenó su inmediata libertad. Además, conforme a las constancias que remite la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, estos la obtuvieron en esa misma fecha." Empero se soslayó remitir los autos al tribunal colegiado en turno, por lo que se ordena remitir el original del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Penal del Sexto Circuito, en turno, en conformidad con el artículo 196, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la siguiente jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2014210 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 44/2017 (10a.) Página: 490 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Notifíquese, en forma electrónica a los autorizados de la parte quejosa, personalmente a los terceros interesados, por oficio a la autoridad responsable, así como a la autoridad tercero interesada y electrónicamente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
Puebla, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. REMITE EJECUTORIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS Se agrega a los autos el oficio de cuenta signado en forma electrónica por la secretaria del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, mismo que se recibió vía interconexión, a través del panel de promociones del expediente electrónico del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), con la correspondiente firma electrónica (FIREL), lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica. Por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce. Visto su contenido, remite testimonio de la ejecutoria de trece de septiembre de dos mil veintitrés en la contradicción de criterios 35/2023 de dicho tribunal de cuyo contenido se advierte en sus resolutivos primero y segundo de su decisión lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el incidente de inejecución de sentencias 6/2021, 7/2022 y 1/2023, en sesiones de dos de diciembre de dos mil veintiuno, veintidós de septiembre de dos mil veintidós y veinte de abril de dos mil veintitrés, respectivamente; contra los emitidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al fallar el incidente de inejecución de sentencia 5/2022, en sesión celebrada por videoconferencia de siete de julio de dos mil veintidós y, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al fallar el incidente de inejecución de sentencia 3/2021, en sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno." "SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, conforme las razones que justifican la decisión". Así, de la lectura de la ejecutoria de cuenta se desprende, en su punto 242 el criterio que debe prevalecer, esto es: "Por lo expuesto en las consideraciones anteriores, prevalecerá con el carácter de jurisprudencia el sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Judicial Centro-Sur, consistente en que sí existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo, en el proceso penal acusatorio, cuando se concedió la protección constitucional para el efecto de dejar insubsistente la medida cautelar impuesta en el Sistema Penal Acusatorio y el proceso esté suspendido por una suspensión condicional del proceso, pues si bien subsiste el acto reclamado, lo cierto es que éste no produce efecto legal o material alguno sobre el quejoso por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo". De lo que este juzgado de distrito toma conocimiento, acúsese el recibo correspondiente. Visto el estado de autos, del que se desprende que el diecisiete de julio de dos mil veintitrés se decretó la imposibilidad de cumplir la sentencia de amparo por las siguientes razones: ".se advierte que jurídicamente es imposible cumplir con la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional como a continuación se explica: En efecto, el ocho de mayo de dos mil veintitrés se dictó sentencia en la que en el considerando quinto se fijaron los lineamientos del fallo protector, mismos que se transcriben: "QUINTO. EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Una vez que causa ejecutoria esta sentencia, la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós dictada en la carpeta judicial administrativa 1027/2022/PUEBLA, relativa a la revisión de medida cautelar, en la cual impuso a los quejosos prisión preventiva justificada. (sic). 2. En su lugar, emita otra en la que declarare subsistente la solicitud ministerial de prisión preventiva justificada, así como el debate respectivo y al resolver, ciñéndose a lo establecido en esta sentencia, determinará que no se justificó la solicitud ministerial." Sin embargo, mediante oficio 19950/2023/JC, la jueza responsable informó que en audiencia de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión condicional del proceso a los quejosos Galaad Angie Villegas Blanco y Jorge Antonio Carreto Tirado, en el proceso 1027/2022/PUEBLA; así mismo de la revisión de los oficios de cuenta se advierte que éstos obtuvieron su libertad en esa misma fecha. Conforme a lo anterior, evidencia la imposibilidad para dar cumplimiento al lineamiento precisado en la ejecutoria de amparo. Lo anterior porque como se indicó, los efectos del fallo protector fueron para que la jueza responsable dejara insubsistente la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós dictada en la carpeta judicial administrativa 1027/2022/PUEBLA, relativa a la revisión de medida cautelar, en la cual impuso a los aquí quejosos prisión preventiva justificada y en su lugar, emitiera una diversa en la que declarar subsistente la solicitud ministerial de prisión preventiva justificada, así como el debate respectivo y al resolver, ciñéndose a lo establecido en esta sentencia, determinará que no se justificó la solicitud ministerial. Empero, como se indicó, en audiencia de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión condicional del proceso a los aquí quejosos y se ordenó su inmediata libertad. Además, conforme a las constancias que remite la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, estos la obtuvieron en esa misma fecha." Empero se soslayó remitir los autos al tribunal colegiado en turno, por lo que se ordena remitir el original del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Penal del Sexto Circuito, en turno, en conformidad con el artículo 196, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la siguiente jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2014210 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 44/2017 (10a.) Página: 490 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Notifíquese, en forma electrónica a los autorizados de la parte quejosa, personalmente a los terceros interesados, por oficio a la autoridad responsable, así como a la autoridad tercero interesada y electrónicamente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
Puebla, Puebla, diez de agosto de dos mil veintitrés. SOLICITA SE ACLARE INFORMACIÓN Se agrega a los autos el oficio signado por el actuario adscrito al Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, el cual se presentó por medio digital a través del panel de promociones del expediente electrónico del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), con la correspondiente firma electrónica (FIREL), lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica. Por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General ********************/20********************3 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y dispositivo ********************, 2, 3, 7, 58 y ********************07 del Acuerdo General ********************/20********************5 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce. Visto su contenido, solicita a este juzgado federal se aclare el número de incidente de inejecución de sentencia el número del incidente de inejecución de sentencia que derivó del juicio de amparo indirecto ********************/2022. Al respecto, dígasele comedidamente a dicho tribunal que el incidente de inejecución de sentencia que este juzgado federal tiene registrado deducido del citado Juicio de Amparo es el incidente de inejecución ********************/2023 de los del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Con independencia de lo anterior, remítase copia del oficio III-********************246/2023 deducido del incidente de inejecución ********************/2023 de los del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito para corroborar el dicho de este juzgado, ello con independencia de hacerle del conocimiento que se habilitó para consulta el juicio de amparo ********************/2022 con el diverso ********************/2023 deducido de la contradicción de criterios de dicho órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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