Gala Ríos Morán y Otros.
Expediente 186/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gala Ríos Morán
- Gala Ríos Morán y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por la adolescente ************* y su representante especial a ************, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control. Orden de archivo del expediente. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; Valoración del expediente. A efecto de realizar la valoración del expediente en que se actúa, se precisa que las resoluciones que se dictaron fueron las siguientes. En el juicio principal, se sobreseyó fuera de audiencia. En el incidente, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado. En consecuencia, como el asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el diverso artículo 20, fracción II, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser destruido. Por lo que hace al incidente único de suspensión, será conservable una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado acuerdo, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser transferido, debiéndose agregar a este cuadernillo incidental una impresión del presente acuerdo a fin de tener un manejo adecuado al momento de que se realice el proceso de transferencia. Por otra parte, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, por ser innecesaria su retención, devuélvanse al Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, los dos tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA: Visto el estado de autos, en particular las constancias que a solicitud de este órgano jurisdiccional y en apoyo a su informe justificado remitió el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXII- de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es importante precisar que la adolescente quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: El auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, dentro del expediente ************ de su índice, con el que se le conmina a que comparezca a las entrevistas psicológicas solicitadas por la perito del tercero interesado ****************. En tal virtud, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las constancias que allegó el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, siendo los siguientes: El treinta de enero de dos mil veinte, fue radicada bajo el número **************, la demanda promovida por ***************, por sí y en representación de su hija de identidad reservada bajo las iniciales G.R.M., en contra de *****************, de quien reclamó la perdida de la patria potestad de la infante, así como el cambio de la guarda y custodia, y la modificación del régimen de convivencias. Una vez llevado a cabo el emplazamiento de ************** -parte demandada en el juicio de origen y tercero interesado en este juicio de amparo-, dio contestación a la misma, ofreciendo entre otras, la prueba pericial en materia de psicología para la infante de iniciales G.R.M. Que afecto de desahogar la pericial en psicología de la infante de iniciales G.R.M., la perito *****************, señaló diversas fechas para las entrevistas correspondientes; sin embargo, ante la inasistencia de la menor a ellas y su falta de participación en la que sí se logró llevar a cabo, el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, ordenó como nuevas fechas para su desahogo los días veinticinco y veintiséis de febrero, así como el tres y siete de marzo de la presente anualidad -acto reclamado en el presente juicio de amparo-. Mediante escrito de diez de marzo de la presente anualidad, la perito ************, le informó al juez responsable que tenía los elementos suficientes para poder elaborar su dictamen pericial, por lo que, ya no era necesario que la infante asistiera a más entrevistas psicológicas; motivo por el que, la perito rindió su dictamen el cual fue recepcionado por el juez de origen mediante auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés. Bajo las consideraciones anteriores, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza dicha causal de improcedencia, pues a pesar de que subsiste el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el que se señalaron diversas fechas para las entrevistas de la infante con la psicóloga ******************; lo cierto es que, ya no puede surtir efecto legal alguno, puesto que la citada perito rindió el peritaje correspondiente, sin necesidad de que la infante acudiera a más entrevistas psicológicas, por lo que, el objeto o materia del mismo dejó de existir. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa acudió a este juicio constitucional doliéndose del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el que el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, la conminaba a que comparezca a las entrevistas psicológicas solicitadas por la perito Sarahí Gabriela Cruz Ramírez, a efecto de rendir su dictamen pericial; sin embargo, al haber rendido la perito su dictamen sin necesidad de mayores entrevistas de la infante, es óbice que, aunque subsiste el acto reclamado, el mismo ya no tiene ningún efecto legal, pues dejó de existir el objeto o la materia del mismo, el cual consistía en recabar las entrevistas de la infante para que la perito contara con los elementos suficientes que le ayudaran a emitir su dictamen pericial. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Visto el estado de autos, en particular las constancias que a solicitud de este órgano jurisdiccional y en apoyo a su informe justificado remitió el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXII- de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es importante precisar que la adolescente quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: El auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, dentro del expediente ************ de su índice, con el que se le conmina a que comparezca a las entrevistas psicológicas solicitadas por la perito del tercero interesado ****************. En tal virtud, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las constancias que allegó el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, siendo los siguientes: El treinta de enero de dos mil veinte, fue radicada bajo el número **************, la demanda promovida por ***************, por sí y en representación de su hija de identidad reservada bajo las iniciales G.R.M., en contra de *****************, de quien reclamó la perdida de la patria potestad de la infante, así como el cambio de la guarda y custodia, y la modificación del régimen de convivencias. Una vez llevado a cabo el emplazamiento de ************** -parte demandada en el juicio de origen y tercero interesado en este juicio de amparo-, dio contestación a la misma, ofreciendo entre otras, la prueba pericial en materia de psicología para la infante de iniciales G.R.M. Que afecto de desahogar la pericial en psicología de la infante de iniciales G.R.M., la perito *****************, señaló diversas fechas para las entrevistas correspondientes; sin embargo, ante la inasistencia de la menor a ellas y su falta de participación en la que sí se logró llevar a cabo, el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, ordenó como nuevas fechas para su desahogo los días veinticinco y veintiséis de febrero, así como el tres y siete de marzo de la presente anualidad -acto reclamado en el presente juicio de amparo-. Mediante escrito de diez de marzo de la presente anualidad, la perito ************, le informó al juez responsable que tenía los elementos suficientes para poder elaborar su dictamen pericial, por lo que, ya no era necesario que la infante asistiera a más entrevistas psicológicas; motivo por el que, la perito rindió su dictamen el cual fue recepcionado por el juez de origen mediante auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés. Bajo las consideraciones anteriores, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza dicha causal de improcedencia, pues a pesar de que subsiste el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el que se señalaron diversas fechas para las entrevistas de la infante con la psicóloga ******************; lo cierto es que, ya no puede surtir efecto legal alguno, puesto que la citada perito rindió el peritaje correspondiente, sin necesidad de que la infante acudiera a más entrevistas psicológicas, por lo que, el objeto o materia del mismo dejó de existir. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa acudió a este juicio constitucional doliéndose del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el que el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, la conminaba a que comparezca a las entrevistas psicológicas solicitadas por la perito Sarahí Gabriela Cruz Ramírez, a efecto de rendir su dictamen pericial; sin embargo, al haber rendido la perito su dictamen sin necesidad de mayores entrevistas de la infante, es óbice que, aunque subsiste el acto reclamado, el mismo ya no tiene ningún efecto legal, pues dejó de existir el objeto o la materia del mismo, el cual consistía en recabar las entrevistas de la infante para que la perito contara con los elementos suficientes que le ayudaran a emitir su dictamen pericial. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo la vista otorgada a las partes para que se impongan del contenido de las constancias remitidas por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad; por tanto, se difiere la misma y se señalan las once horas con veinte minutos del quince de junio de dos mil veintitrés, para su celebración. Por otro lado, agréguese en autos el escrito signado por *****************, con el carácter que tiene reconocido en autos; mediante el cual, ofrece como prueba de su intención la documental que anexa, la cual de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Ahora bien, respecto a su petición de requerir a la autoridad responsable copia certificada del peritaje rendido por el psicólogo ******************, que anexa, dígasele que dado el diferimiento de la audiencia constitucional se encuentra en aptitud de presentarlas de manera certificada si así lo desea.
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