Gala Magnolia Sánchez Quevedo

Expediente 353/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
353/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Gala Magnolia Sánchez Quevedo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio ****, procedente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, mediante el cual transcribe el proveído de catorce de abril del año en curso, del que se advierte que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, que este juzgado declinó por razón de competencia, la cual radicó bajo el juicio de amparo ********************, de su índice. Ahora bien, como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por tanto, archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no tiene relevancia documental, ni valor jurídico, por tanto, el cuaderno principal es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de Servicios de Salud de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 353/2023, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase como autorizados a ******************** y ******************** en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener acreditado estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y a ******************** y ********************, con las limitantes que refiere el citado numeral, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Como se solicita, se autoriza al usuario "********************, para que tenga acceso a la consulta del expediente vía electrónica del presente juicio; lo anterior, una vez que el secretario actuante lleve a cabo los trámites para acceder al portal de SISE dentro de la intranet del Consejo de la Judicatura Federal, para agregar el usuario que registró en el sistema respectivo, previa verificación y cotejo de coincidencia del solicitante y usuario de mérito. Como lo peticiona la parte quejosa, practíquense las notificaciones vía electrónica, de conformidad con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia. Se destaca que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, por tanto, es de estudio previo al pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. Ahora bien, sobre el tema de la competencia territorial para conocer de los juicios de amparo, el artículo 37 de la Ley de la materia dispone: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del precepto transcrito derivan tres reglas básicas para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: a) La primera, se caracteriza porque con independencia de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el criterio para fijarla consiste en que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de los que requieren ejecución por autoridad diversa de la ordenadora. b) La segunda regla, deriva de la primera, pues sobre el mismo criterio de ejecución del acto reclamado, establece que cuando éste haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente para conocer del amparo el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) La tercera regla se refiere al supuesto de que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en el cual es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el primer párrafo del numeral 48 del invocado cuerpo de leyes establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado.". En el mismo contexto, el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el punto Cuarto, fracción XII, establece: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: "XII. DECIMO SEGUNDO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Culiacán y Navolato. Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa. Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Concordia, Cosalá, Elota, Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio." Destacado lo anterior, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad que señaló como responsable: - La orden y ejecución del descuento o embargo a su salario como trabajadora activa adscrita al ********************, que aparece en su recibo de nómina bajo la deducción ********************, clave ********************concurso mercantil ********************En ese contexto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado. Lo anterior es así, pues la ejecución del acto reclamado que consistente en la retención o descuento de su sueldo como trabajadora activa que aparece en su recibo de nómina, se realiza en Mazatlán, Sinaloa, toda vez que de los antecedentes que narra la quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que tiene su fuente de trabajo así como su domicilio particular en esa ciudad. Efectivamente, la ejecución del acto reclamado debe determinarse fundamentalmente por el lugar donde labora la quejosa, y en el caso es en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, al margen de quién sea la institución bancaria ante la cual se le deposite su sueldo, el domicilio particular de la trabajadora y el domicilio de la responsable, pues el descuento que ésta ordena genera un impacto en la esfera de derechos de la quejosa, lo cual ocurre por virtud de la entrega del beneficio económico correspondiente. Por ende, es irrelevante en qué lugar se cuantifican tales descuentos, puesto que podría ocurrir que se trate de una función encomendada a un área central, pero que, se reitera, no se ve materialmente reflejada, sino hasta que la quejosa recibe el pago que le corresponde, lo cual, ocurre en el lugar de la residencia del local donde presta el servicio personal subordinado. Ello, porque el artículo 37 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, expresamente determina: "ARTÍCULO 37. El pago de salarios se hará en el lugar en que los trabajadores presten sus servicios, por medio de cheques nominativos o en moneda de curso legal, en días laborales y dentro de la jornada de trabajo". Así, por disposición imperativa, el pago de los salarios que materializan el acto del descuento, se ejecuta en los lugares que los trabajadores, como la ahora quejosa, prestan sus servicios personales subordinados y, en el caso, como se dijo, ocurre en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Por tanto, se considera que el Juez de Distrito competente para conocer la demanda de amparo que originó el juicio que ahora nos ocupa, es un Juez de Distrito del Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en turno. Encuentra apoyo a lo anterior la resolución emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en el conflicto competencial 29/2021, la que se invoca como hecho notorio, habida cuenta que se consultó en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), de conformidad con la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)", en cuya ejecutoria, en lo que interesa, se determinó: ". Entonces, partiendo de que lo que se controvierte es el descuento salarial que realizan las autoridades responsables Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y la Dirección de Recursos Humanos, ambas con sede en Culiacán, tienen su ejecución en esta ciudad de Mazatlán, pues el descuento que éstas ordenan genera un impacto en la esfera de derechos de la quejosa, lo cual ocurre por virtud de la entrega del beneficio económico correspondiente, siendo irrelevante en qué lugar se encuentra quien ordena tal descuento; porque además, como se advierte del propio criterio transcrito, es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese orden de ideas, si el lugar en que labora la solicitante del amparo se ubica en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, como se advierte de su talón de pago y ahí se le paga su salario, es inconcuso que es en este donde el acto reclamado tendrá ejecución y donde le está causando una afectación, atendiendo a los razonamientos expuestos por la Segunda Sala en la ejecutoria de que se habla. En consecuencia, al ser aplicable por identidad jurídica sustancial el criterio de referencia, y en virtud de que se estima que existen elementos aptos para determinar el lugar de ejecución del acto reclamado, para efectos de fijar la competencia territorial, es dable jurídicamente concluir que el conocimiento del asunto corresponde al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad." Por lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, determina que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda y sus copias al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, en turno, con residencia en Mazatlán, a quien se considera competente en términos del artículo 37, párrafo primero, de la invocada ley, lo anterior por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados; además, tal envió se lleva a cabo para los efectos a que se refiere el artículo 48 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, se sirva comunicar si acepta o no la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo en cuestión. Sin que haya lugar a proveer en relación con la sustanciación del incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, toda vez que en la demanda de amparo no se reclaman actos de los mencionados en el artículo 15 de la ley reglamentaria del juicio constitucional y, por ende, el presente asunto no se ubica en los casos de excepción a que se refiere el artículo 48 del mismo ordenamiento. Fórmese cuaderno de antecedentes. Se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes.

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