Gadiel Arturo Caamal Caballero
Expediente 243/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gadiel Arturo Caamal Caballero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se negó la suspensión provisional y se concedió la definitiva del acto reclamado a la responsable; en tal virtud, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 157/2023, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, en el segundo punto petitorio, solicita sobreseer en el presente juicio de amparo, y en el tercero, que se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento toda vez que en proveído de siete de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Finalmente, respecto a la solicitud de copias certificadas, únicamente se accede respecto a las constancias que obren en el expediente físico, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Sin perjuicio de ello, se hace notar que, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 las partes se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera, mismas que tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y un anexo que adjuntó, consistente en la constancia de veinticuatro de febrero pasado, de la que se advierte que ese día se entregó la liberación del vehículo marca ********************, tipo ********************, color ********************, modelo ********************, número de serie ********************. ********************En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la retención del vehículo de la marca ********************, tipo ********************, color ********************, modelo ********************, número de serie ********************.********************Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************.XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."********************Es conveniente señalar que para la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.********************Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: ****************************************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." ****************************************De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber:********************a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y,********************b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.********************En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la retención del vehículo marca ********************, tipo ********************, color ********************, modelo ********************, número de serie ********************.********************Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que el veinticuatro de febrero del año en curso, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, le fue devuelto a la parte quejosa, en definitiva, el vehículo del que se ostentó propietario, así como los objetos reseñados en el inventario correspondiente; siendo que, incluso, en la constancia de esa propia data, en la que se precisó dicha entrega, el quejoso indicó que no tenía cosa ni cantidad alguna que reclamar, en el presente o en el futuro, a la Secretaría responsable.********************Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y, por ende, no vulnera la esfera jurídica de la aquí peticionaria de amparo y, por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la autoridad responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. ********************Lo anterior, en virtud de que el automotor cuya retención y desposesión reclamó la parte quejosa, ya le fue entregado a ésta, siendo que, incluso, dicha quejosa indicó que no tenía cosa ni cantidad alguna que reclamar, en el presente o en el futuro, a la Secretaría responsable.********************Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: ****************************************"ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad."****************************************En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal.********************Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la causa de improcedencia que se actualizó.********************En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden.********************Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: ********************"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." ********************Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Incidental
En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con treinta y siete minutos del veintidós de febrero de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda, da lectura de las constancias existentes en autos y da cuenta con el informe previo rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado, el cual obra agregado en autos. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido en tiempo y forma el informe de mérito, para que sea tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, toda vez que es un hecho notorio para esta Juzgadora, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, que en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente, por escrito recibido el quince de los corrientes, la parte quejosa exhibió copia certificada de la carta factura del vehículo de la marca Mazda, tipo 3, color rojo, modelo 2023, con número de serie 3MZBPCBLXPM355047 y con placas de circulación ZCC-952-E del Estado de Yucatán, pasada ante la fe del Notario Público Número Veinte del Estado de Yucatán, así como copias de dicho documento; en tal virtud, realícese la compulsa correspondiente, e intégrese copia certificada, al presente incidente de suspensión; y con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo téngase por desahogada por su propia naturaleza. Abierto el periodo de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se declara cerrada dicha etapa; en tal virtud, no habiendo promociones pendientes de proveer, a continuación, la Jueza procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 243/2023-VIII, promovido por el quejoso ********************, contra los actos que reclama del Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otra autoridad; y, ANTECEDENTES ÚNICO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por auto de trece de febrero del año en curso, dictado en autos del Juicio de amparo 243/2023-VIII, se dio trámite por cuerda separada al presente incidente de suspensión; se pidió a las autoridades responsables su informe previo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, y la misma tuvo verificativo en este día en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Resolutora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto que el quejoso reclamó de las autoridades señaladas como responsables, y por el cual solicitó la suspensión definitiva. El acto reclamado consiste en la negativa a devolver y la consecuente retención del vehículo Mazda, tipo tres, color rojo, modelo 2023, número de serie 3MZBPCBLXPM355047. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura del informe previo rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado, se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado; manifestando que el mismo se encuentra en resguardo de dicha corporación con motivo de una sanción administrativa impuesta a Francisco Alejandro Acosta Cazares, con fecha cinco de febrero del presente año, por conducir en estado de ebriedad. CUARTO. ANALISIS DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora, toda vez que la materia de la suspensión del acto reclamado atiende esencialmente a sus consecuencias, se estima que en el caso no resulta necesario realizar pronunciamiento alguno respecto al acto de la desposesión en sí, pues ya aconteció, y ningún efecto relevante produciría su análisis; por lo que, este Juzgado procede a analizar directamente si es susceptible de conceder la medida cautelar solicitada respecto de las consecuencias de la detención del vehículo que se traduce en su retención, a fin de que en su caso se le restituya a la parte quejosa la posesión del citado automotor. Dicho lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, se establece los siguientes requisitos: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga en perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Antes de analizar los dos requisitos anteriores, es necesario verificar que las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de ser suspendidas, dado que ningún efecto práctico tendría realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece la ley para conceder la medida cautelar, si el acto reclamado, por su propia naturaleza o sus consecuencias, no es susceptible de ser paralizado a través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos, consumados y declarativo, entre otros. Precisado lo anterior, lo que procede es determinar si la retención del vehículo Mazda, tipo tres, color rojo, modelo 2023, número de serie 3MZBPCBLXPM355047, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y el Director de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría, con motivo de una falta administrativa impuesta a una diversa persona al quejoso, previamente a la promoción del juicio de amparo, es un acto consumado para los efectos de la suspensión, y si la concesión de la medida implica dar efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo. Al respecto, a juicio de la suscrita, el acto no es consumado para los efectos de la suspensión y, por ende, sí es susceptible de ser suspendido. Así, en el caso, se desprende que la detención, desposesión o retención del vehículo Mazda, tipo tres, color rojo, modelo 2023, número de serie 3MZBPCBLXPM355047, la cual, si bien es un acto que se ha ejecutado, no puede considerarse como consumado irreparablemente para los efectos de la suspensión, ya que subsiste mientras el vehículo no sea devuelto a la parte quejosa. Además, si bien el vehículo de referencia fue detenido con motivo de una sanción administrativa porque se informó por la autoridad que una persona de nombre Francisco Alejandro Acosta Cazares, estaba conduciendo en estado de ebriedad, del propio informe previo se aprecia que no es el quejoso el que incurrió en dicha sanción, sino una diversa persona; así como, tal y lo menciona el quejoso, el automotor descrito no se advierte sea objeto, producto o instrumento de un delito, pues la autoridad no le reveló así, por lo cual se estima que la referida situación expuesta por la autoridad, no genera una razón justificada que evite la devolución del vehículo a quien acredite ser el legítimo propietario. En esas condiciones, si bien la referida detención del vehículo se realizó en un solo momento, dicho acto no queda definitivamente consumado, toda vez que sus efectos se prolongan por todo el tiempo que exista la retención, lo que permite suspender esos efectos a fin de evitar perjuicio a la parte agraviada durante la tramitación del juicio de amparo. Además, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa solicitó la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, para el efecto de que le fuera devuelto el citado automotor, pues se desprende que la suspensión se solicitó respecto de los efectos y consecuencias derivado de la detención del vehículo; de ahí que, si estos siguen ejecutándose, no podría considerarse la desposesión como un acto indefectiblemente consumado para los efectos de la medida cautelar. Ahora bien, dada la naturaleza del acto reclamado, es menester señalar que en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) el Máximo Tribunal del País, consideró entre otras cuestiones, que la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, por lo que la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. Concluyo que la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, por lo que lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Bajo las consideraciones de la jurisprudencia citada, lo primero que debe determinarse son las consecuencias que en cada caso pueden producir los actos reclamados, a fin de determinar si el efecto que podría darse a la suspensión es alguno de los dos escenarios posibles, esto es, mantener las cosas en el estado que se encuentran o restituir provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En el caso, el acto reclamado consiste en la negativa a devolver y la consecuente retención del vehículo Mazda, tipo tres, color rojo, modelo 2023, número de serie 3MZBPCBLXPM355047 y como se dijo sus consecuencias no se agotan en un solo momento pues sus efectos se prolongan por todo el tiempo que exista la retención En ese sentido, el acto reclamado al tener consecuencias de tracto sucesivo, sí sería factible de suspender, pues la negativa reclamada conlleva consecuencias que de seguir ejecutándose continuarían afectando la esfera de derechos de la parte quejosa, por lo que en su caso, el efecto que podría darse es el segundo escenario posible, esto es, dictar medidas de tutela anticipada a fin de evitar que el quejoso sufra una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. Aunado a lo anterior, es menester tomar en cuenta lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente, cuyo texto dispone: "Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y..." Para lo cual es indispensable determinar que por apariencia de buen derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que es un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Motivo por el cual, actualmente se exige al juzgador constitucional que al momento de examinar la procedencia de la medida cuatelar solicitada, conforme a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 138 en comento, que se analice si de concederse la medida suspensional con base en esa apariencia, no se cause una afectación al interés social, pues de lo contrario, no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia de buen derecho, dado que se pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que sólo en esa medida se puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados; y siempre y cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho los requisitos establecidos también en el diverso numeral 128, consistentes en que la solicite el agraviado (fracción I), y no se siga perjuicio al interés social ni contravengan disposiciones de orden público (fracción II). Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que el artículo 147 de la Ley de Amparo, dispone que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Dispone también que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Así, del precepto anterior, se aprecia que la suspensión del acto reclamado, puede tener un EFECTO RESTAURATIVO, PROVISIONAL Y ANTICIPADO, pues de acuerdo en lo establecido en dicho precepto, en los casos en que la suspensión sea procedente, atento a la naturaleza del acto reclamado, el órgano jurisdiccional ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el amparo. En esas condiciones, al realizar el análisis de todos los elementos descritos, se advierte que se cumple con la condición prevista en la fracción I del artículo 128 referido, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa quien adjunta como documento para acreditar de manera indiciaria la propiedad del vehículo en cuestión, en específico con lo siguiente: -Copia simple de la carta factura número 000015741, de fecha siete de febrero de dos mil veintitrés, del vehículo Mazda, tipo tres, color rojo, modelo 2023, número de serie 3MZBPCBLXPM355047, a nombre de ********************, pasada ante la fe del Notario Público Número Veinte del Estado de Yucatán. -Copia certificada de la carta factura sin número de fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés, del vehículo Mazda, tipo tres, color rojo, modelo 2023, número de serie 3MZBPCBLXPM355047, a nombre de ********************, pasada ante la fe del Notario Público Número Veinte del Estado de Yucatán. Ahora bien, al concatenar dichos documentos, con fundamento en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se les otorga valor probatorio indiciario, y genera convicción a la suscrita juzgadora, únicamente para efectos de esta suspensión respecto a la titularidad de la parte quejosa como propietario del vehículo retenido, pues de su contenido se advierte que la descripción coincide con los del vehículo retenido, y ambas cartas facturas se expidieron a nombre del quejoso. Lo anterior, sin soslayar que la segunda de las cartas facturas es posterior al siete de febrero del año en curso, que es la data del acto reclamado, pues el quejoso afirma que ese día acudió ante la responsable y le negaron la devolución del vehículo; sin embargo, tal hecho no desvirtúa el valor probatorio para efectos de esta suspensión, pues se aprecia que la primera de las exhibidas, esto es, la copia simple carta factura número 000015741, tiene una vigencia de catorce días, por lo cual, en atención a la naturaleza de dicho documento cuya temporalidad es limitada, se estima que la siguiente carta factura expedida con fecha más reciente, esto es, el catorce de febrero del año en curso, y contener esencialmente los mismos datos del vehículo y propietario, sí es dable tomarla en cuenta y adminicularla con la previamente exhibida, pues se complementan y ambas de manera concatenada acreditan indiciamente el interés suspensional de la parte quejosa Por otra parte, en cuanto al segundo de los requisitos contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también se satisface, pues no se aprecia que se cause una afectación al interés social y orden público, pues el acto no se encuentra en los supuestos del numeral 129 de la Ley de Amparo y al realizar el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, ya se vio que no se aprecia motivo alguno que justifique la retención del vehículo, ya que no es producto o instrumento del delito, por lo cual de concederse la suspensión no se infringen disposiciones de orden público. Cuenta habida que el quejoso acreditó el interés suspensional que le asiste, en relación con el automotor que por esta vía defiende. Así, en el caso, como se vio, se reúnen los requisitos a que se refiere el numeral 128 citado para conceder la medida que se solicita. Además, ya se vio que el artículo 147 de la Ley de Amparo, establece que la medida suspensional se concederá, de ser jurídica y materialmente posible, restableciendo provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Luego, considerando que la suspensión del acto reclamado en análisis constituye un acto de tracto sucesivo, que se acreditaron los requisitos previstos en el artículo 128 para el otorgamiento de la suspensión, y que en el caso, la naturaleza del acto otorga la posibilidad de que materialmente se restablezca provisionalmente a la parte quejosa en el derecho violado, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez cumplidos los trámites administrativos respectivos y acreditada ante ella la propiedad del vehículo, devuelva a la parte quejosa el vehículo Mazda, tipo tres, color rojo, modelo 2023, número de serie 3MZBPCBLXPM355047. Determinación que permanecerá vigente hasta que se dicte sentencia firme en el juicio de amparo principal del cual deriva ese incidente. Importa señalar que la presente suspensión no surtirá efecto alguno, en el caso de que, esté pendiente el pago de alguna diversa multa, derivada del acto que dio origen a la detención, esto es, con motivo de una falta administrativa, o cualquier otra sanción por violación al reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, o cualquier otra disposición de carácter Federal o Estatal; así como que el vehículo sea retenido por ser objeto, producto o instrumento del delito o bien, por cualquier otro acto diverso a lo narrado por la quejosa. Sin que dicha medida constituya autorización para que la parte quejosa contravenga disposiciones de carácter administrativo, quedando expeditas las facultades de las autoridades para aplicar dichas normas y complementarias que prevean las sanciones correspondientes para el caso de infracciones. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 140 y 143 de la Ley de Amparo y el diverso 146 de la Ley de Amparo, se establecen los siguientes puntos resolutivos y esta resolutora, RESUELVE ÚNICO SE CONCEDE a ********************, la suspensión definitiva respecto del acto reclamado a la Secretaría de Seguridad Pública y otra autoridad, por los motivos expuestos en el considerando CUARTO de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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