Gad Javier Valencia Aguirre
Expediente 1298/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1298/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gad Javier Valencia Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación precedente, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto, donde se negó la protección constitucional, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que esa resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por recibido el oficio del Juez responsable, mediante el cual acusa recibo del comunicado en el que se le hizo saber la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1298/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: a) demanda de amparo; y, b) informe justificado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que las partes no las ofrecieron, por lo que al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre el de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo 1298/2022, promovido por ****, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Noveno de lo Civil del Proceso Oral de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El quejoso demando´ el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la citada autoridad, que considero´ violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado admitió´ la demanda, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió el informe justificado; y, fijo´ hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se advierte que la autoridad responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; y, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la ley de la materia, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra un acto derivado de un procedimiento de naturaleza mercantil, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia. Los actos reclamados son los autos de veintisiete de octubre y tres de noviembre de dos mil veintidós, dictados en el juicio ejecutivo mercantil oral ..., del índice del Juzgado Décimo Noveno de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México. En dichos proveídos, la responsable determinó no proveer favorable la solicitud del actor ?aquí quejoso? relativa a que le fueran devueltos los documentos base de la acción que exhibió anexos a su demanda; lo anterior, por ser necesarios para la resolución de la carpeta de investigación ***, llevada a cabo por la Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad dos sin detenido en COY-5, además, señaló que se encontraban a disposición de dicha fiscal. TERCERO. Existencia de los actos. La autoridad responsable Juzgado Décimo Noveno de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; lo cual se corrobora con las constancias que remitió, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. I. El trece de marzo de dos mil veinte,*** ?aquí quejoso? por conducto de sus endosatarios en procuración, en la vía ejecutiva mercantil oral, demandó el pago de $2,575,200.00 (dos millones quinientos setenta y cinco mil doscientos pesos 00/m.n.), acompañando a su escrito de demanda dos pagarés de trece de abril de dos mil dieciocho, que amparan la cantidad demandada. II. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Juzgado Décimo Noveno de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México admitió la demanda y la registró con el número de expediente ..., tuvo por recibidas las pruebas y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. III. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintiuno, el actor se desistió de la instancia y solicitó la devolución de los documentos exhibidos como base de la acción; por lo que, en auto emitido el trece de abril siguiente, la responsable lo tuvo por desistido de la instancia intentada y ordenó la devolución de los mismos. IV. El seis de mayo de dos mil veintiuno, la Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad dos sin detenido en COY-5, solicitó al juez de origen que señalara fecha y hora para que peritos en grafología y grafoscopía comparecieran al órgano jurisdiccional de su adscripción y se pusieran a la vista los pagarés exhibidos en el juicio ejecutivo mercantil oral 165/2020, en razón de la tramitación de la carpeta de investigación ****, seguida por ... contra el quejoso. V. El veinte de junio de dos mil veintidós, el actor solicitó se autorizaran a diversas personas para recoger los documentos aludidos; sin embargo, la autoridad responsable, previamente a emitir el pronunciamiento respectivo, ordenó remitir oficio a la fiscal referida a fin de que informara si eran necesarios dichos documentos en virtud de la investigación mencionada. VI. Una vez recibida la respuesta de la fiscal, la responsable determinó no proveer favorable la solicitud del actor ?aquí quejoso? relativa a que le fueran devueltos los documentos base de la acción que exhibió anexos a su demanda; lo anterior, por ser necesarios para la resolución de la carpeta de investigación ***. VII. Asimismo, mediante proveído emitido el tres de noviembre de dos mil veintidós, informó a la Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad dos sin detenido en COY-5, que se encontraban a disposición de dicha fiscal los documentos multicitados. Los autos precisados en los puntos VI y VII constituyen los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. En síntesis, la parte quejosa aduce que se vulneran en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el juez responsable trastocó en su perjuicio el principio de legalidad, porque el acto reclamado no está debidamente fundado y motivado. Lo anterior, pues considera que incorrectamente se le niega la devolución de los documentos base de la acción que exhibió anexos a su demanda en el juicio de origen, debido a que existe un error en la fecha del primer auto reclamado, así como que la agente del ministerio público responsable de la carpeta de investigación seguida en su contra no contestó en tiempo la solicitud planteada por el juez responsable. Los conceptos de violación son infundados El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En el caso, no se advierte que se materialice una violación formal en los autos combatidos en esta instancia constitucional, debido a que, de la lectura de las constancias del juicio de origen se advierte que, efectivamente, se sigue la investigación **** contra el aquí quejoso en la que, precisamente, los pagarés exhibidos en el juicio de origen son objeto de investigación. Al respecto, es necesario precisar que el acto aquí reclamado, se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que se advierte de las constancias de autos, de las que se observa que la investigación inició en dos mil veintiuno, atendiendo al año de su registro; por tanto, al considerar que el sistema de justicia penal acusatorio, entró en aplicación en la Ciudad de México, desde el dieciséis de enero de dos mil quince, y en materia federal a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, es claro con ello, que el acto impugnado que emana de la carpeta de investigación señalada, se rige por dicho paradigma constitucional en materia penal. En ese orden de ideas, es pertinente abordar el marco jurídico que rige las obligaciones de las autoridades jurisdiccionales en contexto de la investigación de los delitos. Al respecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos numerales 215 y 222, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen que: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función (.)." CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES "Artículo 215. Obligación de suministrar información Toda persona o servidor público esta´ obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá´ en responsabilidad y será´ sancionado de conformidad con las leyes aplicables." "Artículo 222. Deber de denunciar Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía. Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes." De los numerales transcritos, se advierte que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a proporcionar oportunamente la información que requiera el Ministerio Público, a quien, por disposición constitucional, corresponde la investigación de los hechos que la ley considere como delito. Asimismo, la legislación adjetiva penal en cita estipula la obligación legal para todas las personas que tengan conocimiento de la comisión de un hecho ilícito, el deber de denunciarlo y, particularmente, en el caso de quienes ejercen funciones públicas, dicho dispositivo legal, además, establece el deber de poner a su disposición todos los datos que tuviere. En el caso, la autoridad responsable mediante proveídos emitidos el veintisiete de octubre y tres de noviembre de dos mil veintidós, respectivamente, dictados en el juicio ejecutivo mercantil oral ..., del índice del Juzgado Décimo Noveno de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente: No acordar favorable la devolución de los documentos base de la acción exhibidos por el actor anexos a su demanda en el juicio de origen; ello, en razón de que se sigue la investigación ****. Tuvo a la Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad dos sin detenido en COY-5, informando que continuaba la investigación penal relativa a la carpeta de investigación referida, por lo que, hizo de su conocimiento que se encontraban a disposición los documentos aludidos. Aunado a lo anterior, es necesario precisar que, de las constancias de autos se advierte que previamente a la emisión de las determinaciones referidas, la autoridad responsable requirió a la agente del Ministerio Público que informara si le resultaban necesarios los documentos base de la acción para la integración de la carpeta de investigación que sigue contra el aquí quejoso, otorgándole para tal efecto un plazo de cinco días, respecto de lo cual obtuvo la respuesta afirmativa que se proveyó en uno de los autos reclamados y de la que se duele la parte quejosa, particularmente, al considerar que no fue correcta la decisión de la responsable de no entregarle y poner a disposición de la fiscal los documentos aludidos, debido a que la agente del ministerio público referida no dio contestación al requerimiento descrito dentro del término señalado por la responsable. Sin embargo, en contexto de las premisas normativas citadas, se puede advertir que la determinación de la responsable, en un primer momento, de requerir a la agente del ministerio público que informara si la investigación seguía su curso, obedece a la obligación que tienen todas las autoridades, por una parte, de proporcionar la información que requiera el Ministerio Público y, por otra, de poner a su disposición todos los documentos relativos a los hechos que puedan ser considerados ilícitos por la ley relativa, máxime, tomando en consideración que, de no hacerlo, puede hacerse acreedora a las sanciones relativas, lo que en efecto, limita su marco de actuación a lo ordenado por la fiscal en el ejercicio de sus facultades de investigación. En otras palabras, si el Ministerio Público requiere a determinada autoridad del Estado, para que le remita o ponga a su disposición cierto material probatorio para la debida integración de la carpeta de investigación, es obligación de quien ejerce la función pública acatar dicha determinación, ya que de lo contrario, será acreedor de la sanción relativa. En ese entendido, la autoridad civil únicamente se limita a ejecutar el mandamiento del Ministerio Público, quien por disposición constitucional debe investigar los delitos, es decir, la determinación de la autoridad responsable se encuentra condicionada al mandato imperativo del ente investigador, como resultado de la prevalencia de la facultad constitucional de orden público que le ha sido otorgada a efecto de esclarecer los hechos que puedan ser considerados ilícitos por las leyes penales. En ese orden de ideas, se estima que los autos reclamados son constitucionales, ya que las determinaciones de la autoridad obedecen a la obligación establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales relativa a la puesta a disposición de la información respecto de aquellos hechos de los que tenga conocimiento por ser probablemente constitutivos de un delito. No es obstáculo a lo anterior, la manifestación del quejoso en el sentido de que en el proveído emitido el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la responsable cite el acuerdo de tres de noviembre de ese mismo año; ello es así, debido a que la imprecisión en la fecha es un error subsanable que no trastoca los derechos sustantivos del quejoso, es decir, no afecta de forma material, actual, real y directa derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues, aun cuando se precisara el dato relativo, lo cierto es que el auto reclamado prevalece en cuanto a su contenido sustancial, esto es, la negativa a devolver los documentos base de la acción, en razón de la obligación de ponerlos a disposición de la agente del ministerio público para la debida integración de la carpeta de investigación relativa. De ahí que deban estimarse infundados los conceptos de violación que propone el accionante y, por ende, negarse el amparo porque la actuación de la responsable se encuentra debidamente fundada y motivada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ****, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Noveno de lo Civil del Proceso Oral de la Ciudad de México, por los motivos expresados en el considerando último. Notifíquese como corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., secretaria que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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