Gabriela Yunit Ballesteros Hernandez

Expediente 1300/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1300/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
04/12/2017

Partes del expediente

  • Gabriela Yunit Ballesteros Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    V. Toluca, Estado de México; cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de ocho de noviembre del año en curso (fojas 96 a 102), en la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1.- El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009) 2.- Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. 3.- El original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptibles de depuración, pues por un parte se negó, y por otra se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). 3.- El duplicado del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptibles de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Ahora, toda vez que en el presente sumario existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa devuélvanse, previa copia que exhiba de éstos para que obren en autos para constancia legal y toma de razón por su entrega. En la inteligencia que tiene un plazo de noventa días legalmente computables para recogerlos, apercibida que de no hacerlo, serán depurados y enviados junto con el expediente en que se actúa al Archivo de Concentración Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado de México, con sede en Toluca, Estado de México para su resguardo. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  2. Incidental

    V. Toluca, Estado de México; cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la cuenta precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que en el juicio principal del cual deriva este incidente se dictó el proveído siguiente: "Toluca, Estado de México; cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de ocho de noviembre del año en curso (fojas 96 a 102), en la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1.- El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009) 2.- Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. 3.- El original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptibles de depuración, pues por un parte se negó, y por otra se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). 3.- El duplicado del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptibles de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Ahora, toda vez que en el presente sumario existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa devuélvanse, previa copia que exhiba de éstos para que obren en autos para constancia legal y toma de razón por su entrega. En la inteligencia que tiene un plazo de noventa días legalmente computables para recogerlos, apercibida que de no hacerlo, serán depurados y enviados junto con el expediente en que se actúa al Archivo de Concentración Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado de México, con sede en Toluca, Estado de México para su resguardo. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe." Dos rúbricas ilegibles". Cúmplase. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    V. Toluca, Estado de México; diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la autorizada de la parte quejosa María Liliana García Monares, solicita la devolución de los documentos que ha anexado al presente juicio de amparo, sin embargo; no ha lugar a acordar favorable tal petición, toda vez que de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Amparo, alguna de las partes, durante la secuela procesal, podrían objetar el mismo, por lo tanto dicha devolución será válida hasta en tanto el juicio de amparo en que se actúa cause ejecutoria. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    V. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1300/2017-V, promovido por Gabriela Yunit Ballesteros Hernandez, por derecho propio derecho, contra actos del Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Gabriela Yunit Ballesteros Hernandez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: Autoridades responsables. III. Se señala como autoridad responsable ordenadora, al C. Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, así como al Licenciado Jose Antonio Rodríguez González, Ejecutor Adscrito a la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, en su carácter de autoridad responsable ejecutora." Actos reclamados. .De la autoridad señalada como responsable ordenadora, reclamo los autos de fechas nueve y veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, dictados en el juico ejecutivo mercantil marcado con el número 425/2017, cuyas partes son, como actora Sergio Sánchez Romero y, como demandada, Igor Fermín Saldaña y Alejandra Díaz Hernández; de la autoridad señalada como responsable ejecutora se reclama la práctica de la diligencia realizada en fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, a través del cual da cumplimiento a los autos emitidos por la responsable ordenadora, en virtud de que, a pesar de que soy tercera extraña a dicho juicio, a través de la citada diligencia me pretenden despojar de un bien que es de mi propiedad, consistente en un automóvil marca Chrysler submarca Spirit "rt", tipo sedan, modelo 1993, número de serie 3C3B146P7PT560598, número de motor hecho en México, clave vehicular 0-01-03-01, placas de circulación HBX8610 del Estado de Guerrero, Tarjeta de circulación D 026346 número de puertas 4 (cuatro), color uva." SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VIOLADOS. El quejoso señaló como derechos violados, los protegidos por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DEL AMPARO. Recibida la demanda en este juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 1300/2017-V; por auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se admitió; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, se ordenó el emplazamiento a los terceros interesados; y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107 de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 54, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado se atribuyó a autoridades con residencia dentro del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así, el acto reclamado consiste en los autos de nueve y veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, dictados en el juico ejecutivo mercantil número 425/2017, y su ejecución, consistente en el embargo de un automóvil, respecto del cual dice ser propietaria la hoy quejosa -aduce ser tercera extraña-. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado manifestaron que es cierto el acto que se les reclama (fojas 20 y 29) Es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las constancias que la juez responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, consistentes copias certificadas del expediente 425/2017, constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, al constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente en este asunto, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". Es aplicable la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice 1917-1995, Octava Época, con número de registro 394770, que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I de artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (.)" Lo anterior es así, porque de las constancias que obran en el presente juicio se advierte que el quejoso, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los autos de nueve y veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, dictados en el juico ejecutivo mercantil número 425/2017, y su ejecución, consistente en el embargo de un automóvil, respecto del cual dice ser propietaria la hoy quejosa; juicio donde la quejosa no es parte. Además, el quejoso afirma que se transgrede en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 14 constitucional, pues no se le otorgó garantía de audiencia, a efecto de ser oído y vencido en el juicio ejecutivo mercantil 425/2017, en que se embargó el vehículo que defiende la parte quejosa y que aduce es de su propiedad. Así el peticionario del amparo sostiene que se le pretende desposeer del vehículo que defiende en esta instancia, a pesar de referir que es propietario del mismo, por virtud del contrato que celebró con relación a ese bien, y para acreditar su interés jurídico exhibió: Contrato de compraventa celebrado entre Pedro Rosas Carrillo y la aquí quejosa, en relación con un automóvil marca Chrysler, submarca Spirit "Rt", tipo sedan, modelo 1993, número de serie 3C3B146P7PT560598, número de motor hecho en México, clave vehicular 0-01-03-01, placas de circulación HBX8610 del Estado de Guerrero, Tarjeta de circulación D 026346 número de puertas 4 (cuatro), color uva, correspondiente a la factura AA3014861. Copia certificada de la factura AA 3014861 expedida por Chrysler de México, S.A. a nombre de Ma. Luisa Rodriguez González. Tarjeta de circulación -referente al vehículo descrito- a nombre de Pedro Rosas Carrillo. Diversos recibos de pago de la Secretaría de Finanzas y Administración, relativos al pago de tenencia, refrendo, canje de placas y recargos de años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, a nombre de Pedro Rosas Carrillo. Copias certificadas de lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 425/2017, así como la diligencia de embargo. Presunciones en su doble aspecto legal y humana. Ahora bien, por cuanto a las documentales consistentes en diversos recibos de pago por concepto de pago de impuestos relativos a tenencia refrendo refrendo, canje de placas y recargos de años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, a nombre de Pedro Rosas Carrillo; sólo acreditan que se realizaron diversos pagos pero no son idóneos para acreditar la titularidad del vehículo que defiende la quejosa, de igual forma, sucede con la copia certificada de la factura exhibida, así como la tarjeta de circulación, pues dicho documento están a nombre de diversa persona a la promovente, es decir, de Pedro Rosas Carrillo, por ende insuficientes para acreditar la propiedad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 63, Mayo de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguiente: POSESIÓN. RECIBOS DE SERVICIOS QUE NO LA PRUEBAN. Los recibos de consumo de energía eléctrica, servicio de agua potable, y el contrato con la comisión municipal de agua potable y alcantarillado, únicamente justifican haber pagado tales servicios en los meses a que tales documentos se refieren; pero de ellos no se infiere que quien los presenta a juicio haya poseído el inmueble a que aquellos se refieren." Por lo que hace al contrato de compraventa exhibido por la parte quejosa, este resulta insuficiente para demostrar su interés jurídico, pues para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, situación que no acontece. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 46/99, publicada en la página 78, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, Novena Época, con registro 192662, cuyo rubro y texto son: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." En cuanto a las pruebas documentales que ofrece relativas al expediente de origen, son insuficientes pues con ellas no acredita afectación a su esfera jurídica, ya que dicho medio de prueba, al tener valor de una instrumental de actuaciones, sólo son susceptibles de demostrar la aceptación o no del acto reclamado, pero de ninguna forma constatan jurídicamente el detrimento señalado, porque su texto no pone de relieve que la hoy quejosa sufra algún perjuicio derivado de los actos impugnados en la presente vía de control extraordinario. Asimismo, por lo hace a la presuncional en su doble aspecto legal y humana, resulta insuficiente, pues para acreditar su interés jurídico debe demostrarse fehacientemente y no acreditarse de manera presuntiva En el caso, al haberse restado eficacia demostrativa a las probanzas ofrecidas por la quejosa, debe estimarse que éste carece de causa o título jurídico alguno para determinar que tuviera un derecho protegible para los efectos del amparo. Bajo ese contexto, se reitera que el interés jurídico solo es susceptible de demostrarse mediante elementos de convicción directos y conducentes; en virtud de que para la procedencia del juicio de amparo se requiere acreditar, ese interés en forma indubitable, por lo que no puede ser inferido a base de presunciones, siendo insuficiente la protesta de decir verdad, como la presunción de certeza que se pueda configurar en el juicio, tal como se advierte de la jurisprudencia patrocinada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, página 17, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, Octava Época, que reza: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, cobra vigencia la hipótesis de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente litigio constitucional, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la normativa en cita. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto a la ejecución del acto reclamado al no haberse combatido por vicios propios, acorde a lo dispuesto por la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, página 50, Materia Común, Séptima Época, a saber: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además los artículos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gabriela Yunit Ballesteros Hernández, por propio derecho, contra el acto y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que da fe. Doy fe.

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