Gabriela Villareal Montaudon
Expediente 1391/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1391/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2018
Partes del expediente
- Gabriela Villareal Montaudon
Actuaciones
- Principal
...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...
- Principal
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- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO CUMPLIO CON EL REQUERIMIENTO REALZIADO EN EL AVISO DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL CUAL SE LE CONMINÓ AHÍ, Y POR ELLO SE LE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO QUE MENCIONA: Querétaro, Querétaro, a doce de noviembre de dos mil dieciocho Vista la demanda de garantías promovida por Mario Sánchez Villagrán, apoderado legal de la directa agraviada Gabriela Villareal Montaudon, personalidad que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la carta poder de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, signada por la quejosa, misma que se acompaña a la demanda que nos ocupa; contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro y otra autoridad; fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1391/2018, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías y anexos se advierte que el acto reclamado esencialmente consiste en: La omisión de la autoridad responsable Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, de proveer sobre las promociones (tres escritos) de quince de octubre de dos mil dieciocho, presentados ante dicha Junta en esa data, en los autos del juicio laboral número 4220/2016/3/1, promovido por Gabriela Villarreal Montaudon (quejosa), contra Bárbara Paredes González y Jorge Derat. En tal virtud, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto o indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, respecto del citado acto reclamado; este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV y de manera analógica la fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que es Estado Mexicano sea parte; ." De la interpretación sistemática de los anteriores enunciados normativos se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de juicio, siempre que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo estos aquellos actos que afectan en forma material y presente un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando a un lado a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; en la inteligencia de que tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, aplicará la regla de que el juicio de amparo procederá cuando el acto afecte un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, la diversa Jurisprudencia número 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por regla general el juicio de amparo indirecto interpuesto por alguna de las partes en el juicio natural es improcedente contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir con el juicio, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Luego, en relación al citado acto reclamado en este juicio de amparo, no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Sirve de apoyo a lo anterior, la diversa Jurisprudencia número VI 2º T J/4 (10ª), sustentada por los tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1905, Tomo IV, Diciembre de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO LABORAL (ABIERTA DILACIÓN O SU PARALIZACIÓN TOTAL). PARÁMETROS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN CADA CASO PARA DETERMINAR SU CONFIGURACIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, la autoridad que conozca del asunto debe sujetarse a los plazos y términos que los rigen, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones y que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente cuando se interponga contra actos de esta naturaleza, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, a menos de que del contenido de la propia demanda de amparo se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en tal caso, la demanda es procedente. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 445, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Séptima Sección - Acceso a la Justicia, página 1497, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.", fijó el alcance del derecho fundamental garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la obligación de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe atender a la naturaleza y carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, que implica un tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales, sin que los plazos y términos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Así, partiendo de las anteriores premisas, para establecer cuándo se está en presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, debe atenderse a las peculiaridades de cada caso concreto, como podrían ser: a) el plazo que prevé la ley respectiva para la emisión de la resolución de que se trate; b) la naturaleza de ésta; c) la complejidad del asunto; y, d) los antecedentes del caso, entre otros; sin que sea factible establecer un término fijo y genérico que aplique en todos los asuntos. Ello es así, dado que la parte quejosa reclama esencialmente que la responsable ha omitido proveer sobre las promociones (tres escritos) de quince de octubre de dos mil dieciocho, presentados ante dicha Junta en esa data, en los autos del juicio laboral número 4220/2016/3/1, promovido por Gabriela Villarreal Montaudon (quejosa), contra Bárbara Paredes González y Jorge Derat.; siendo patente para esta autoridad, que el juicio natural se encuentra en etapa de ejecución de laudo, tal y como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta. En ese sentido, este atraso reclamado, de ninguna forma se puede considerar como de imposible reparación, ya que no es abierto o reiterado; pues al día de hoy han transcurrido únicamente diecisiete días hábiles a partir de que presentó tal escrito, por lo que no existe una abierta dilación o una paralización total del procedimiento de ejecución del laudo, que infrinja un derecho sustantivo. Luego, si el acto reclamado se trata de una afectación cometida dentro del procedimiento de ejecución de laudo acontecido en un juicio laboral, tal y como se hizo patente en la certificación secretarial de cuenta, y precisado que ahora la parte quejosa se duele de la omisión de la responsable a proveer sobre las promociones (tres escritos) de quince de octubre de dos mil dieciocho, presentados ante dicha Junta en esa data, en los autos del juicio laboral número 4220/2016/3/1, promovido por Gabriela Villarreal Montaudon (quejosa), contra Bárbara Paredes González y Jorge Derat; y si bien alega violaciones a los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 de la Ley Suprema, también lo es que dicho acto no puede considerarse por el momento como de ejecución irreparable, dado que con tal omisión no existe una abierta dilación o paralización del procedimiento de ejecución, pues se insiste a la fecha de presentación de la demanda sólo han transcurrido diecisiete días hábiles siguientes a la presentación de los ocursos de quince de octubre de dos mil dieciocho, lo cual no se estima una dilación abierta al procedimiento de ejecución del laudo o su paralización total. Luego entonces, al no tratarse el acto reclamado de una "omisión" autónoma al procedimiento de ejecución en el que se encuentra el particular [sino que se da justamente dentro del mismo falta de respuesta a tres peticiones vertidas en los autos del juicio natural número 4220/2016/3/1, promovido por Gabriela Villarreal Montaudon (quejosa), contra Bárbara Paredes González y Jorge Derat, el cual se encuentra en etapa de ejecución de laudo], ni tampoco se actualiza la regla de excepción antes citada, se estima la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Efectivamente, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento de ejecución en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta, como lo es que exista dilación abierta en el procedimiento de ejecución de laudo o una paralización total de dicho procedimiento. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la jurisprudencia 48/2016(10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de privada de trece de abril de dos mil dieciséis, del título y subtítulo siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTARIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados de "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de un afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones 8º., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º. Constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." De ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV y de manera analógica la fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicadas en contrario sensu, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por GABRIELA VILLARREAL MONTAUDON, por conducto de su apoderado legal MARIO SÁNCHEZ VILLAGRAN. Por otro lado, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa, el que indica en el proemio del escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona; por ser los efectos de su autorización. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto.
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