Gabriela Verónica Reyes Amador

Expediente 708/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
708/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Verónica Reyes Amador

Actuaciones

  1. Principal

    Director General de Amparos y Contencioso en representación de la Coordinación de Administración de Finanzas y de la Dirección General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional, con sede en Ciudad de México, cual solicita, en relación con lo decretado en auto de quince de marzo del año en curso, se amplíe la demanda de amparo para estar en aptitud de conocer los actos que se reclaman y poder rendir los informes correspondientes. Antes de emitir el pronunciamiento respectivo, del estado de autos se advierte que en audiencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós se resolvió el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión promovido por la autorizada en términos amplios del quejoso ****. Así, en proveído de quince de marzo pasado, al que hace alusión la autoridad responsable, se asentó que se encontraba transcurriendo el término de tres días para que las autoridades responsables rindieran su informe respectivo, dentro de la incidencia señalada en el párrafo que antecede. Por lo tanto, del libelo de cuenta se advierte que la autoridad pretende que se le remita copia del escrito en el que se promovió el citado incidente para estar en condiciones de rendir su informe respectivo, y no así que se amplíe la demanda de amparo por la autoridad Coordinación de Administración de Finanzas y de la Dirección General de Recursos Humanos, como lo solicita expresamente. En tales condiciones, no obstante que el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión ya fue resuelto, mediante atento oficio con transcripción del presente acuerdo, remítase a la autoridad oficiante copia del escrito en el que se promovió la incidencia y su resolución, para su conocimiento.

  2. Principal

    Agréguese oficio de la Administradora Local de Recaudación de Torreón, con residencia en esta ciudad, informa que la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, resolvió devolver a la parte quejosa la cantidad que erogó por concepto de derechos por servicios del Registro Público, agregando que el cheque correspondiente se está elaborando; por lo que, solicita se le otorgue un término prudente para cumplir cabalmente la ejecutoria de amparo., se concede a la autoridad oficiante por única ocasión el plazo de diez días, contado a partir de que quede debidamente notificada del presente auto, a fin de que cumpla en todos sus términos la ejecutoria de amparo

  3. Principal

    Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo al rubro citado, así como los testimonios de las resoluciones de nueve de diciembre de dos mil veintiuno y cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictadas respectivamente dentro del amparo en revisión administrativo 441/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, contra la sentencia dictada por este Juzgado Federal, y la aclaración de sentencia derivada de dicho amparo en revisión. En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que al substanciarse dichos medios de impugnación, la Superioridad resolvió lo siguiente: (...) De igual forma, hágase del conocimiento de las partes que en la aclaración de sentencia derivada del amparo en revisión administrativo 441/2021, la Superioridad determinó lo ulterior: (...) Así pues, del considerando tercero de dicha resolución recaída a la aclaración de sentencia en comento, se advierte que existe un error en el resolutivo tercero anteriormente transcrito, pues lo correcto es establecer que el nombre del quejoso es Salvador Castro Valdez; por consiguiente, el tercer punto resolutivo será del tenor siguiente: (...) En consecuencia, acúsese recibo de estilo a la Superioridad, glósense las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este juzgado. Ahora bien, resulta inconducente requerir a las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, dado el sentido de la ejecutoria de amparo y atendiendo al principio de relatividad de las sentencias contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es claro y contundente en señalar los efectos de las resoluciones que se dicten en los juicios de garantías, las que sólo comprenden a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto la ley que motivó el juicio de garantías. En tales condiciones, respecto a las autoridades que participaron en la creación y/o promulgación de la ley resulta innecesario pretender exigir el cumplimiento del fallo protector, ya que el efecto de la concesión únicamente se constriñe a que no se aplique a la parte agraviada el precepto tildado de inconstitucional. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Octubre de 1997, página 414 que es de rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA NO PUEDE INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERAN FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS." En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de Torreón, con residencia en esta ciudad, a fin que dentro del plazo de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído cumpla la ejecutoria de amparo, que se traduce en lo siguiente: (...) Bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior sin causa justificada en el plazo estrictamente concedido para tal efecto, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado en el diario oficial de la federación al día siguiente. Además, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de incumplir con la ejecutoria de amparo se continuará con el trámite que establece el artículo 193 de la Ley de Amparo, que de acuerdo con su segundo párrafo se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Igualmente, con apoyo en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere al Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable, a fin que dentro del plazo de tres días ordene a ésta cumplir la sentencia de amparo, apercibido que en caso de no demostrar que dio la orden, también se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización; además, incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que acorde a lo dispuesto por el numeral 267 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de prisión de cinco a diez años, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Finalmente, visto el oficio SEADS/1111/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se comunicó que en sesión ordinaria celebrada el día veinte del mismo mes y año, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acordó la primera adscripción como nuevo titular de este Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna al licenciado Pedro Esteban Guevara Toscano, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado por analogía y supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el auto veintiocho de febrero de dos mil veintidós, ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, al encontrarse totalmente concluido el presente asunto, se ordena su archivo definitivo. Debido a que el presente juicio se encuentra concluido, es necesario analizar lo relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por lo tanto, en cumplimiento a los artículos 15 y 18, del referido acuerdo, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental y en cambio es susceptible de depuración, en términos de la fracción I, inciso b) del artículo 18 de dicho ordenamiento.

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