Gabriela Velázquez Rodríguez

Expediente 1355/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 29 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1355/2016
Año
2016
Actuaciones
29
Última actuación
11/02/2019

Partes del expediente

  • Gabriela Velázquez Rodríguez
  • Titular de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Ciudad del Carmen, Campeche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, sin que oportunamente desahogara la vista; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que el uno de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, y en fecha de veintiocho de septiembre del mismo año, se dictó sentencia respectiva (fojas 260 a 273), en cuyo resolutivo segundo, se concedió a la parte quejosa la Protección de la Justicia Federal, en los siguientes términos: "SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ***************, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Contralor Interno Municipal, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, y Notificador adscrito al órgano de control interno del Ayuntamiento de Ciudad del Carmen, Campeche, por las razones y para los efectos expuestos en el último considerando de este fallo." En síntesis, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que la autoridad responsable: "- Deje insubsistente la cédula de notificación de doce de enero de dos mil dieciséis, así como todas las actuaciones posteriores a la misma; Y a fin de restituir a la parte quejosa en el goce y disfrute de sus derechos transgredido, ordene se emplace nuevamente a la quejosa conforme proceda a derecho, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la autoridad responsable Notificador adscrito al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Ciudad del Carmen, Campeche. En auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables, Contralor Interno Municipal y Notificador adscrito al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, ambos en Ciudad del Carmen, Campeche, para que dieran cumplimiento con la sentencia concesora de amparo (fojas 283 a 284). Atento a lo anterior, la Titular del Órgano Interno del Municipio de Carmen, Campeche y el Notificador del Órgano Interno de Control del Municipio del Carmen, Campeche, ambos con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante oficios registrados con los números de control interno 29553 y 328, de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho y tres de enero de dos mil diecinueve, informaron respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto copia de sus respectivas actuaciones (fojas 287 a 292 y 299 a 303), documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Del estudio de las documentales remitidas por las autoridades responsables, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se desprende lo siguiente: Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente PAD-49/2015 (foja 288), la Titular del Órgano Interno de Control acordó: Se dejó sin efecto y declaró nulo el emplazamiento de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, hecho a Gabriela Velázquez Rodríguez, por medio de su notificador adscrito. Declaró nulas todas las actuaciones realizadas posteriores al emplazamiento, incluyendo la resolución administrativa de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el contador público José María Pérez Vega, en su carácter de Contralor Interno Municipal. Ordenó dejar sin efecto la cédula para Inscripción de servidores públicos sancionados, en contra de Gabriela Velázquez Rodríguez, solicitada a través de oficio CIM-161-2017, de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por el entonces Contralor Interno Municipal. Por último, ordenó llevar a cabo nueva diligencia de emplazamiento a la citada Gabriela Velázquez Rodríguez, para los mismos efectos a que se refiere, el auto de fecha de noviembre de do mil quince, dentro del expediente PAD-49/2015, y para ello, pasar los autos del expediente al Notificador para su diligenciación. Por último, mediante Oficio Número OIC-559/2018, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el emplazamiento a Gabriela Velázquez Rodríguez, quejosa en el presente juicio, mismo que se le hiciere por conducto de Correo Certificado, acompañando el acuse que acredita lo mismo (fojas 299 a 303). Por tanto, este órgano de control constitucional considera que con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se demostró el cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de garantías, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce sus garantías, con lo que se concluye que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se advirtiera exceso o defecto en el cumplimiento de la misma. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, Materia Común, Décima Época, con registro 2010987, del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Incidental

    SE ORDENA ARCHIVO DE ESTE EXPEDIENTE Y SE DETERMINA QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, sin que oportunamente desahogara la vista; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que el uno de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, y en fecha de veintiocho de septiembre del mismo año, se dictó sentencia respectiva (fojas 260 a 273), en cuyo resolutivo segundo, se concedió a la parte quejosa la Protección de la Justicia Federal, en los siguientes términos: "SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ****************, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Contralor Interno Municipal, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, y Notificador adscrito al órgano de control interno del Ayuntamiento de Ciudad del Carmen, Campeche, por las razones y para los efectos expuestos en el último considerando de este fallo." En síntesis, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que la autoridad responsable: "- Deje insubsistente la cédula de notificación de doce de enero de dos mil dieciséis, así como todas las actuaciones posteriores a la misma; - Y a fin de restituir a la parte quejosa en el goce y disfrute de sus derechos transgredido, ordene se emplace nuevamente a la quejosa conforme proceda a derecho, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la autoridad responsable Notificador adscrito al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Ciudad del Carmen, Campeche.". En auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables, Contralor Interno Municipal y Notificador adscrito al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, ambos en Ciudad del Carmen, Campeche, para que dieran cumplimiento con la sentencia concesora de amparo (fojas 283 a 284). Atento a lo anterior, la Titular del Órgano Interno del Municipio de Carmen, Campeche y el Notificador del Órgano Interno de Control del Municipio del Carmen, Campeche, ambos con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante oficios registrados con los números de control interno 29553 y 328, de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho y tres de enero de dos mil diecinueve, informaron respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto copia de sus respectivas actuaciones (fojas 287 a 292 y 299 a 303), documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Del estudio de las documentales remitidas por las autoridades responsables, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se desprende lo siguiente: 1. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente PAD-49/2015 (foja 288), la Titular del Órgano Interno de Control acordó:  Se dejó sin efecto y declaró nulo el emplazamiento de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, hecho a ******************, por medio de su notificador adscrito.  Declaró nulas todas las actuaciones realizadas posteriores al emplazamiento, incluyendo la resolución administrativa de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el contador público **************, en su carácter de Contralor Interno Municipal.  Ordenó dejar sin efecto la cédula para Inscripción de servidores públicos sancionados, en contra de ************, solicitada a través de oficio CIM-161-2017, de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por el entonces Contralor Interno Municipal.  Por último, ordenó llevar a cabo nueva diligencia de emplazamiento a la citada Gabriela Velázquez Rodríguez, para los mismos efectos a que se refiere, el auto de fecha de noviembre de do mil quince, dentro del expediente PAD-49/2015, y para ello, pasar los autos del expediente al Notificador para su diligenciación. 2. Por último, mediante Oficio Número OIC-559/2018, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el emplazamiento a Gabriela Velázquez Rodríguez, quejosa en el presente juicio, mismo que se le hiciere por conducto de Correo Certificado, acompañando el acuse que acredita lo mismo (fojas 299 a 303). Por tanto, este órgano de control constitucional considera que con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se demostró el cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de garantías, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce sus garantías, con lo que se concluye que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se advirtiera exceso o defecto en el cumplimiento de la misma. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, Materia Común, Décima Época, con registro 2010987, del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Notificador del Órgano Interno de Control del Municipio de Carmen, Campeche; por medio del cual informa respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, con el informe rendido por la autoridad responsable, así como también con el oficio y anexo registrado con el número 29553, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, y una vez transcurrido dicho término este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

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