Gabriela Vázquez Silva
Expediente 783/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gabriela Vázquez Silva
Actuaciones
- Principal
En la misma fecha la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a doce de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de veintiuno de junio del año en curso, que desechó la demanda de garantías promovida por Gabriela Vázquez Silva; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Olivia
- Principal
En veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, da cuenta a la Juez con un escrito de demanda registrado con el número 11603, con sus copias que se acompañan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de amparo que promueve Gabriela Vázquez Silva, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; por considerar que transgreden en su perjuicio las garantías consagradas en el artículo 17 constitucional; en esas condiciones, fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 783/2016, y en atención a su contenido, la titular de este Juzgado, emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: La omisión de acordar y calificar las pruebas ofrecidas por la aquí quejosa dentro del juicio laboral 572/2013. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. Ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se tramita el juicio laboral 572/2013, en el que la aquí quejosa reclama la acción de reinstalación, así como el pago de diversas prestaciones, el que inició con la demanda laboral presentada el veinte de noviembre de dos mil trece, contra el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 2. El tres de mayo de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en la cual las partes ofrecieron las pruebas correspondientes, reservándose el tribunal laboral el derecho para emitir el acuerdo que se pronunciaría sobre la admisión y la calificación de las pruebas, sin que a la fecha haya hecho pronunciamiento al respecto. En atención a lo anterior, la suscrita resolutora, considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." En el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de garantías, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la referida ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Hay diversos actos realizados en juicio que tienen ejecución irreparable, porque la afectación que producen no se destruye con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en dicho juicio; en cambio, existen otros que sólo producen efectos de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, de manera que cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos efectos o quedan borrados, sin que subsista una afectación en los derechos fundamentales o en la esfera jurídica del gobernado. El concepto de irreparabilidad a que se refiere la ley tiene una connotación más profunda, no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento, son reclamables, en juicio de amparo indirecto, lo que, desde luego, desvirtuaría la naturaleza jurídica del juicio de amparo reservada como medio extraordinario de defensa tutelar del orden constitucional. Sin embargo, esta clara distinción entre actos intraprocesales y actos afectatorios de derechos fundamentales como directriz a seguir para denotar la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no es absoluto, puesto que existen otras violaciones adjetivas o intraprocesales que también pueden ser consideradas como actos de imposible reparación, porque pueden ser tan trascendentes como una violación material; en ambos casos, eventualmente, se pueden transgredir los derechos fundamentales de modo irreparable. En este orden de ideas y sobre las bases expuestas, debe efectuarse un análisis jurídico para dilucidar y determinar si el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar y calificar las pruebas ofrecidas por la aquí quejosa dentro del juicio laboral 572/2013 ocasiona a ésta perjuicios de imposible reparación, en la medida en que pueden verse afectados los derechos humanos del individuo y que, por ello, resulte procedente el amparo indirecto. En el caso específico, el acto que se atribuye al tribunal laboral responsable, no es de aquéllos que tengan una ejecución de imposible reparación, pues como puede apreciarse de lo expuesto, no se trata de una omisión autónoma al procedimiento laboral del expediente 572/2013, sino que se presenta justamente dentro de éste, en el que la quejosa es parte, como la falta de acuerdo al ofrecimiento de pruebas, concretamente, respecto a la admisión de aquéllas que en su caso se califiquen de procedentes, por lo cual, no obstante que alega violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede considerarse como de ejecución irreparable, por no actualizarse el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; máxime que la suscrita juez de amparo no advierte que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, ya que como se indicó en los antecedentes del acto reclamado, el tres de mayo del año en curso se reservó la responsable emitir el acuerdo sobre admisión y calificación de pruebas, lo que significa que de esa fecha a la de la presentación de la demanda, no existe una dilación considerable para la emisión del aludido acuerdo, y menos todavía paralización total del procedimiento, además de que al ser parte la aquí quejosa en el juicio laboral de que se trata, está en posibilidad de solicitar se emita el aludido acuerdo; razón por la cual resulta notoriamente improcedente el juicio de amparo que ahora se interpone. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2a./J. 48/2016 (10a.), resultado de la contradicción de tesis número 325/2015, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.- De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado no es de aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos, procede DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por GABRIELA VÁZQUEZ SILVA. Se tienen como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, a los licenciados Iván Navarro Solís y Gustavo Castillo Vera, con cédulas profesionales números 4404717 y 733695, mismas que se encuentran registradas ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, requisito no indispensable en el caso toda vez que el presente asunto se trata de uno en materia laboral; teniendo asimismo como domicilio para ese fin el ubicado en callejón de Guadalajarita número 109, centro, de esta ciudad. Por otra parte, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE. Olivia
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, da cuenta a la Juez con un escrito de demanda registrado con el número 11603, con sus copias que se acompañan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de amparo que promueve Gabriela Vázquez Silva, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; por considerar que transgreden en su perjuicio las garantías consagradas en el artículo 17 constitucional; en esas condiciones, fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 783/2016, y en atención a su contenido, la titular de este Juzgado, emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: La omisión de acordar y calificar las pruebas ofrecidas por la aquí quejosa dentro del juicio laboral 572/2013. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. Ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se tramita el juicio laboral 572/2013, en el que la aquí quejosa reclama la acción de reinstalación, así como el pago de diversas prestaciones, el que inició con la demanda laboral presentada el veinte de noviembre de dos mil trece, contra el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 2. El tres de mayo de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en la cual las partes ofrecieron las pruebas correspondientes, reservándose el tribunal laboral el derecho para emitir el acuerdo que se pronunciaría sobre la admisión y la calificación de las pruebas, sin que a la fecha haya hecho pronunciamiento al respecto. En atención a lo anterior, la suscrita resolutora, considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." En el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de garantías, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la referida ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Hay diversos actos realizados en juicio que tienen ejecución irreparable, porque la afectación que producen no se destruye con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en dicho juicio; en cambio, existen otros que sólo producen efectos de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, de manera que cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos efectos o quedan borrados, sin que subsista una afectación en los derechos fundamentales o en la esfera jurídica del gobernado. El concepto de irreparabilidad a que se refiere la ley tiene una connotación más profunda, no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento, son reclamables, en juicio de amparo indirecto, lo que, desde luego, desvirtuaría la naturaleza jurídica del juicio de amparo reservada como medio extraordinario de defensa tutelar del orden constitucional. Sin embargo, esta clara distinción entre actos intraprocesales y actos afectatorios de derechos fundamentales como directriz a seguir para denotar la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no es absoluto, puesto que existen otras violaciones adjetivas o intraprocesales que también pueden ser consideradas como actos de imposible reparación, porque pueden ser tan trascendentes como una violación material; en ambos casos, eventualmente, se pueden transgredir los derechos fundamentales de modo irreparable. En este orden de ideas y sobre las bases expuestas, debe efectuarse un análisis jurídico para dilucidar y determinar si el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar y calificar las pruebas ofrecidas por la aquí quejosa dentro del juicio laboral 572/2013 ocasiona a ésta perjuicios de imposible reparación, en la medida en que pueden verse afectados los derechos humanos del individuo y que, por ello, resulte procedente el amparo indirecto. En el caso específico, el acto que se atribuye al tribunal laboral responsable, no es de aquéllos que tengan una ejecución de imposible reparación, pues como puede apreciarse de lo expuesto, no se trata de una omisión autónoma al procedimiento laboral del expediente 572/2013, sino que se presenta justamente dentro de éste, en el que la quejosa es parte, como la falta de acuerdo al ofrecimiento de pruebas, concretamente, respecto a la admisión de aquéllas que en su caso se califiquen de procedentes, por lo cual, no obstante que alega violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede considerarse como de ejecución irreparable, por no actualizarse el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; máxime que la suscrita juez de amparo no advierte que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, ya que como se indicó en los antecedentes del acto reclamado, el tres de mayo del año en curso se reservó la responsable emitir el acuerdo sobre admisión y calificación de pruebas, lo que significa que de esa fecha a la de la presentación de la demanda, no existe una dilación considerable para la emisión del aludido acuerdo, y menos todavía paralización total del procedimiento, además de que al ser parte la aquí quejosa en el juicio laboral de que se trata, está en posibilidad de solicitar se emita el aludido acuerdo; razón por la cual resulta notoriamente improcedente el juicio de amparo que ahora se interpone. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2a./J. 48/2016 (10a.), resultado de la contradicción de tesis número 325/2015, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.- De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado no es de aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos, procede DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por GABRIELA VÁZQUEZ SILVA. Se tienen como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, a los licenciados Iván Navarro Solís y Gustavo Castillo Vera, con cédulas profesionales números 4404717 y 733695, mismas que se encuentran registradas ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, requisito no indispensable en el caso toda vez que el presente asunto se trata de uno en materia laboral; teniendo asimismo como domicilio para ese fin el ubicado en callejón de Guadalajarita número 109, centro, de esta ciudad. Por otra parte, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE. Olivia"
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