Gabriela Valadez Pedroza

Expediente 2368/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2368/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
11/02/2016

Partes del expediente

  • Gabriela Valadez Pedroza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2368/2015-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente, así como el cuadernillo incidental por el cual se negó la suspensión definitiva, si son susceptibles de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de enero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por José Fernando Aguilar Palma y María Concepción Cárdenas Fuan en su carácter de Presidente Municipal y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, personalidad que acredita con copia de la constancia de mayoría expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del diez de junio de dos mil quince y copia certificada del nombramiento de uno de enero de dos mil dieciséis, por el cual, señalan domicilio para oír y recibir notificaciones, y designan Delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, asimismo, hace del conocimiento los nombres de los Integrantes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, solicitando una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por las razones que expone; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda Atento a lo anterior, se tiene como domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones el ubicado en Plaza diez de abril sin número, colonia Centro de Emiliano Zapata, Morelos, y por Delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas propuestas para ello. Ahora bien, toda vez que por sentencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección a TIENDAS CHEDRAUI SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", por conducto de su apoderado legal Horacio Llampallas González, para los efectos siguientes: "En las condiciones anotadas debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que se deje sin efectos el cobro de la cantidad de $19,561.00 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N), $36,718.68 (TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 68/100 M.N) y $22,316.00 (VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N), por concepto de Derecho de Alumbrado Público calculado sobre el siete y diez por ciento del monto de consumo de energía eléctrica, en términos de los artículos 144, 145 y 146 la de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 14 y 20 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Emiliano Zapata, Morelos. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, como lo prevé en el artículo 77 de la Ley de Amparo, deberá de devolverse en el caso que lo haya pagado la cantidad de $19,561.00 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N), $36,718.68 (TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 68/100 M.N) y $22,316.00 (VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N) del número de servicio 344 120 305 752, 343 070 602 045 y 295 111 234 167 del periodo del treinta de junio al treinta y uno de julio del dos mil catorce, o en caso de que lo haya enterado, deberá devolverse el importe pagado, todos por concepto de Derecho de Alumbrado Público y calculado sobre el monto de consumo de energía eléctrica de ese periodo." (lo subrayado es propio del juzgador) El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, mediante oficio recibido el cuatro de junio de dos mil quince, devolvió los autos del juicio de amparo 2147/2014-II promovido por Tiendas Chedrahui, S.A. de C.V., asimismo el testimonio de la ejecutoria dictada veintiocho de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 45/2015, a través de la cual, el Tribunal de Alzada resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO.- Se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por Superintendente de Zona Cuernavaca División de Distribución Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida." Mediante acuerdo de cinco de junio de dos mil quince, se recibieron los autos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, y se procedió a requerir a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, por su naturaleza, la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relativa a la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal, siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, ya que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Atento a lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 29/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, Marzo de 2007, página 80, que dice: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO. La materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo y de la contumacia de las autoridades responsables para ello, a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal. Ahora bien, por su naturaleza, las referidas sanciones siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, toda vez que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Además, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda pronunciarse respecto de la procedencia de su aplicación, previamente deberá agotarse el procedimiento establecido en el Capítulo XII de la Ley de Amparo, el cual salvaguarda la garantía de audiencia, tanto de las autoridades responsables como de sus superiores jerárquicos, pues merced a los requerimientos que se les hagan estarán informadas de la ejecutoria que están obligadas a cumplir, lo cual les permitirá acatarla y evitar que se les apliquen las sanciones correspondientes. En congruencia con lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. En esas condiciones se estima necesario establecer a María Concepción Cárdenas Fuan quien funge como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, que en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, se determinó conceder el amparo para el efecto de que devuelva la cantidad por el total de $22,316.00 (VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N) del número de servicio 295 111 234 167 del periodo del treinta de junio al treinta y uno de julio del dos mil catorce, por concepto de Derecho de Alumbrado Público y calculado sobre el monto de consumo de energía eléctrica de ese periodo. Consecuentemente, es procedente requerir ahora a María Concepción Cárdenas Fuan quien funge actualmente como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y su superior jerárquico José Fernando Aguilar Palma quien funge actualmente como Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos precisando lo siguiente: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. II.REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (MARÍA CONCEPCIÓN CÁRDENAS FUAN), para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, reintegre a la parte quejosa la cantidad de $22,316.00 (VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N) del número de servicio 295 111 234 167 del periodo del treinta de junio al treinta y uno de julio del dos mil catorce, por concepto de Derecho de Alumbrado Público y calculado sobre el monto de consumo de energía eléctrica de ese periodo, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (JOSÉ FERNANDO AGUILAR PALMA), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito presentado el dieciocho de diciembre de este año, ante la Oficialía de Partes Común del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, compareció GABRIELA VALADEZ PEDROZA, por su propio derecho, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable Fiscal General de Justicia en el Estado de Morelos y otras autoridades, de quienes reclama la orden de aprehensión, detención o presentación girada en su contra. II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 2368/2015-V, se desprende que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. III.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Las autoridades responsables Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos: Alejandra Trejo Reséndiz por sí, y en sustitución de su homólogo Adolfo González López. María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena por sí, y en sustitución de su homóloga Nanccy Aguilar Tovar. David Ricardo Ponce González por sí, y en sustitución de su homóloga María Guadalupe Flores Servín, al rendir su informe previo niegan el acto reclamado, por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa con medio probatorio alguno por la parte quejosa, se niega la suspensión definitiva. Lo anterior tiene apoyo en la tesis aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos noventa y ocho, página 356, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por GABRIELA VALADEZ PEDROZA, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto tercero de la presente resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Se tienen por recibidos y se ordena agregar a los autos para que obren como legalmente correspondan y surtan los efectos legales a que haya lugar, los informes previos que rinden los Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos: Alejandra Trejo Reséndiz por sí, y en sustitución de su homólogo Adolfo González López. María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena por sí, y en sustitución de su homóloga Nanccy Aguilar Tovar. David Ricardo Ponce González por sí, y en sustitución de su homóloga María Guadalupe Flores Servín. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6655/2015 de veintitrés de noviembre de dos mil quince, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

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