Gabriela Sterlin Herrera

Expediente 712/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
712/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Sterlin Herrera
  • Gabriela Sterlin Herrera y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 37220/2022, signado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, con el cual informa que la secretaria encargada del despacho, no aceptó la competencia por materia planteada por este órgano jurisdiccional respecto del juicio de amparo 712/2022 de este índice. Lo anterior, al estimar esencialmente que en el presente juicio de amparo, por el momento, no se advierte que los actos reclamados son netamente administrativos, ya que no existe claridad en la pretensión de la parte quejosa. En esas condiciones, acúsese recibo y hágase de su conocimiento, que este órgano jurisdiccional no estima procedente insistir en declinar competencia por materia. DESECHAMIENTO: Del contenido íntegro de la demanda de amparo y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia este juzgador estima debe desecharse, en atención a lo siguiente: En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5° y 6° de esa legislación, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las consideraciones siguientes: De acuerdo a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5 y 6 de la Ley de Amparo , el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que únicamente la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo en los preceptos referidos, regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo cual, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio de amparo, constituyendo esto un requisito esencial, por ser la expresión de la voluntad del accionante. En el caso, los promoventes presentaron su demanda de forma electrónica, sin que fuera firmada del mismo modo utilizando la firma electrónica (FIREL), siendo ésta un instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar medios de impugnación (en el caso demanda), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias. Cierto, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Luego, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a "instancia de parte agraviada", pues la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada. Por tanto, tomando en consideración que en el escrito de demanda no obra la firma electrónica (FIREL) de los quejosos; se constata que no expresaron su voluntad para dar trámite a la presente demanda, ya que no es el caso prevenir en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse, pues no fue firmada electrónicamente por quien dice ser los promoventes, por tanto, no se aprecia su voluntad, es decir, no hay instancia de parte. Es aplicable, el criterio que se encuentra en la Décima Época. Registro: 2019715. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: jurisprudencial. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, abril de 2019, Tomo I. Materia(s): Común. Página: 79, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Aunado a que los actos reclamados no se encuentran en alguno de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, tomando en consideración que en el escrito de demanda no obra la firma electrónica (FIREL) de los quejoso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 5°, 6º, 61, fracción XXIII, 62, y 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese; y, por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    NOTIFICAIONES POR LISTA / Se notifica por medio de lista al quejoso el proveído de nueve de agosto del año en curso que dice: "Visto el escrito de demanda y copias, presentado por ... y otros, contra actos de la Alcaldía Miguel Hidalgo y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el número 712/2022-II. INCOMPETENCIA De un análisis a la demanda de amparo de cuenta, se advierte que la parte quejosa se duele medularmente de que el inmueble que habita sufrió daño estructural y que han solicitado apoyo para que se realice un dictamen estructural, sin haber obtenido respuesta, lo que estima afecta su patrimonio, ya que existe un alto riesgo de derrumbe, conflicto de interés y tráfico de influencias entre las autoridades que señala como responsables. En ese sentido, primeramente es necesario establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, razón por la que previo a decidir, en su caso, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados se debe resolver sobre esa situación en particular, pues de lo contrario se violarían las reglas que regulan al juicio de derechos fundamentales, lo que incluso podría llevar a la reposición del procedimiento, razón por la que antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, se debe fincar competencia para conocer del mismo. Así, conviene destacar que para el juicio de control constitucional, las reglas de competencia se sitúan en tres hipótesis, a saber: 1. La instancia o vía intentada por la parte quejosa que en el caso lo es el amparo indirecto, que de conformidad a lo que establece el artículo 107, de la Ley de Amparo, el órgano competente es un juzgado de distrito. 2. La materia: civil, penal, laboral y administrativa y que en el amparo indirecto, en materia penal está regulada en los artículos 51 a 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 3. El territorio. Regulado por el artículo 37 de la ley reglamentaria de los artículos 105 y 107 de la carta magna. Ahora bien, el artículo 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente" Del análisis del precepto transcrito se desprende que cuando ante un juez de distrito se promueva una demanda de amparo de la que otro deba conocer, se declarará incompetente de plano y comunicará su resolución al juez que en su concepto deba hacerlo, a fin de que decida si acepta o no la competencia declinada. Así, los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen respectivamente, los supuestos en que se surte la competencia especializada de los jueces de distrito de amparo en materia penal y los jueces de distrito en materia administrativa, para conocer de un determinado asunto, cuando señalan: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De los preceptos indicados, se obtiene que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán de los juicios de derechos fundamentales promovidos contra actos del orden penal, de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; cuando sea procedente, contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, así como de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. Mientras que los jueces de distrito en materia administrativa conocerán, entre otros asuntos, de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa; actos de autoridad distinta de la judicial; contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa. Ahora, como se ha puesto de manifiesto, la parte impetrante se duele medularmente de que el inmueble que habita sufrió daño estructural y que han solicitado apoyo para que se realice un dictamen estructural, sin haber obtenido respuesta, lo que estima afecta su patrimonio, ya que existe un alto riesgo de derrumbe, conflicto de interés y tráfico de influencias entre las autoridades que señala como responsables. Bajo ese contexto, es evidente que el acto reclamado en el presente sumario constitucional no es un acto de naturaleza penal, sino administrativa, pues emana de un trámite seguido ante autoridades del mismo orden, por lo que se considera, respetuosamente, que quien debe conocer del asunto es un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos de los artículos 48 de la Ley de Amparo y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No pasa inadvertido que la parte quejosa aduzca que se cuentan con varias carpetas de investigación, ya que no especifica número ni hechos que las originen, tampoco se advierte que tales actos tengan su génesis en alguna. Por tal motivo, remítase vía interconexión tanto la demanda de amparo de cuenta, como este proveído al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que dentro del término de ley se pronuncie en torno a la competencia declinada, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia de envío que en automático genere el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SUSPENSIÓN DE PLANO Sin que haya lugar a conceder de oficio o de plano la suspensión, toda vez que los actos que se reclaman, no están comprendidos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 126, ambos de la Ley de Amparo. DE LA PARTE QUEJOSA: Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), se tiene como medio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, las listas que se fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que no se señaló domicilio. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Se exhorta a las partes que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberá solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se le requiere para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la ley de la materia, en relación con el diverso 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito, para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al trámite del citado cuerpo de leyes, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización de las constancias de este expediente; se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de las actuaciones procesales, no obstante lo anterior, se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; lo anterior con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, de las cuales, únicamente podrá tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Finalmente, con base en lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el artículo 6 último párrafo del ordenamiento citado." Notifíquese; y, personalmente por medio de lista a la parte quejosa.

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