Gabriela Sierra Lapitz

Expediente 596/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
596/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Sierra Lapitz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto lo de cuenta se declara consentida la determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese a la autoridad responsable. Toda vez que en este expediente no falta notificación alguna, no contiene relevancia documental y tampoco documentos originales, se ordena su archivo como concluido, previas anotaciones de ley.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Intégrese al expediente el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Semanero del Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, mediante el cual acusa recibo de la misiva 754 de este índice, con la que se remitió testimonio de la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria aquí dictada. Atendiendo al estado de autos, toda vez que se encuentra transcurriendo el término establecido por el artículo 202 de la Ley de Amparo, en el momento procesal oportuno dese nueva cuenta para proveer lo conducente..

  3. Juicio de Amparo Directo

    SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LOS PROVEÍDOS DE SIETE DE SEPTIEMBRE Y SEIS DE OCTUBRE, AMBOS DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA, POR MEDIO DE LISTA, MISMA QUE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, LA CUAL FUE DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 596/2022, QUE A CONTINUACIÓN SE INSERTA: Toluca, Estado de México; once de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; requiera a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia de amparo decretada por este órgano jurisdiccional se dictó el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en la cual se concedió el amparo a ++++++++++; contra la sentencia de cuatro de agosto de dos mil veintidós; por auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, se indicó que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de dicha sentencia, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio ++++++++++de diez de marzo de dos mil veintitrés, recibido en este tribunal el trece siguiente, el Magistrado Semanero de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México remitió copia certificada del auto en el que dejó insubsistente la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós; asimismo, solicitó una prórroga de treinta días a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, prórroga que se le concedió únicamente por veinte días, mediante proveído de catorce de marzo posterior. Posteriormente, a través de oficio ++++++++++, recibido en este tribunal el dieciocho de abril del año en curso, remitió copia certificada de la sentencia de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca ++++++++++, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, mediante proveído de veinte de abril de los cursantes, se dio vista a las partes para que dentro del término de diez días estuvieran en aptitud de alegar sobre el exceso o defecto en el cumplimiento dado por la responsable; vista que no fue desahogada. A continuación se procede a corroborar si se dio exacto cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para una mejor comprensión y análisis del fallo emitido por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano constitucional, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORIA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO 1.- Deje insubsistente la sentencia reclamada. 1.- La autoridad responsable mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la sentencia de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación ++++++++++. 2.- Considere que la prueba pericial no merece valor y que la testimonial sí tiene valor probatorio pleno para acreditar la violencia psicológica que la quejosa atribuyó al demandado. 2.- La autoridad responsable dictó una nueva sentencia en la cual consideró que la prueba pericial no merece valor y que la testimonial sí tiene valor probatorio pleno para acreditar la violencia psicológica que la quejosa atribuyó al demandado, para lo cual expuso: "(.) Ahora en cuanto a la parte fundada de los disensos; tenemos que la apelante sostiene que le causa perjuicio que a la prueba pericial en materia de Psicología, se le concedió de forma indebida eficacia probatoria plena, dado que el juzgador no consideró las demás pruebas desahogadas y basó su determinación en el referido contradictorio dictamen pericial de psicología, sin atender la tesis que señala los elementos que se deben acreditar de violencia familiar, mismos que, indica la doliente, quedaron demostrados con las conductas realizadas en contra de sus hijos y de ella por parte de su contrario. Es así, dado que es cierto que el dictamen psicológico, es considerando como la prueba pericial idónea para demostrar el estado emocional y psicológico de las personas, además constituye una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud del encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se proporcionan argumentos y razones al juzgador, para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de las personas y requieren esa capacidad particular para su adecuada apreciación y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación, lo cual no ocurrió en la especie. Por tanto, dicha prueba debe cumplir con una doble función, que es por una parte verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la noción común del juzgador y de las personas, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción sobre tales hechos y para ilustrar al juzgador con el fin de que los entienda mejor y pueda observarlos correctamente. El valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para el caso particular de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta en la materia que forma parte el hecho sobre el cual dictamina, que además ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada, fundada y conveniente. Por lo tanto, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente fundado y motivado, pues la claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactas y la autoridad jurisdiccional pueda adoptar como convincente la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Así, en el caso se verificó el desahogo de la prueba pericial en Psicología, la que en casos de orden familiar -violencia familiar- es una actividad del Psicólogo, quien funge como experto ante un Juez y que actúa por consiguiente por un mandato Jurídico, en la experiencia, en los casos de Violencia Familiar y la intervención en asuntos familiares, da como resultado una metodología en la cual se integran elementos científicos respecto a los factores involucrados, que incluyen en la Evaluación Pericial uso de técnicas específicas, entrevistas y pruebas que permitan obtener información que apoye al Juzgador en las decisiones que involucran derechos del grupo familiar y personas adultas mayores. En el informe psicológico, aunque no hay un formato específico o universal es importante tener en cuenta: la ética, la técnica, la integridad, la metodología y la investigación científica. En la prueba pericial psicológica se debe trasmitir claro y amplio el argumento de la impresión diagnostica para el informe pericial. Basado en investigación, entrevistas, observación, teorías desde varios puntos de vista, argumentando científicamente y con baterías de pruebas actualizadas. En el caso concreto, el dictamen psicológico emitido, a juicio de quienes resuelven es ineficaz por no dilucidar si las partes son generador y víctima de violencia, de ahí que no merece valor probatorio en términos del artículo 1.359 de la ley procesal civil aplicable. En efecto, del dictamen psicológico se advierte que el contexto valorado no fue coherente, claro, ni explicativo, porque no atendió al panorama general planteado desde los hechos básicos de la acción, sino solo aquellos relacionados con la problemática presente, es decir aquella que prevalecía en el momento que se verificó la valoración; de ahí que no logra exponer de que, modo trascienden o no las emociones, las reacciones cognitivas y comportamientos de los valorados desde que inició la litis. En tal sentido, en relación al análisis del caso la experta señaló que la dinámica de poder es una de las características comunes de las diversas formas de violencia familiar, situación en la que una persona con más poder, abusa de otra con menos poder. Que el término violencia familiar "alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia, y en ese caso, considerando la relación de abuso como la forma de interacción que, enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes que, por acción u omisión, generan daño físico o psicológico a otro miembro de la relación. Que, para poder definir alguna situación familiar como un caso de violencia familiar, de acuerdo con la teoría, la relación de abuso debe caracterizarse por ser crónica (larga duración o habitual), permanente (que permanece o dura) o periódica (que ocurre o tiene lugar cada cierto periodo de tiempo), motivo por lo cual no están incluidas en la definición las situaciones de maltrato aisladas, que constituyen la excepción y no la regla dentro de las relaciones familiares. Además de acuerdo a la literatura en psicología las características de una persona maltratada que interesan en este asunto y que están referidas en el dictamen son: 1. Las personas sometidas a situaciones crónicas de violencia dentro del hogar presentan una debilitación gradual de sus defensas físicas y psicológicas, lo cual se traduce en un incremento de los problemas de salud (enfermedades psicosomáticas, depresión, entre otras), lo que en el caso no acontece porque nada se argumentó al respecto en los hechos que fundan la causa de pedir y apartado 6. Un alto porcentaje de los asesinatos y lesiones graves ocurridos entre miembros de una familia son el desenlace de situaciones crónicas de violencia doméstica. Respecto de las restantes características, resultan irrelevantes en el caso a estudio por referirse a menores. De ello se sigue que en el caso, al experta se fundó "en la teoría" para sostener que los señores ++++++++++y ++++++++++ reconocieron que durante su vida matrimonial experimentaron constantes conflictos, resueltos mediante la puesta en juego de conocimientos, aptitudes y habilidades comunicativas, pero otros resueltos mediante el ejercicio de poder y de la autoridad; no obstante, de acuerdo a los resultados de las pruebas psicológica, información obtenida de las entrevistas y observación clínica no consideró que existiera violencia familiar. Lo cual sostuvo así la experta, porque al momento de la valoración la señora ++++++++++dijo no presentaba características acordes a una persona maltratada, ya que aun cuando refirió lo siguiente: ".durante el tiempo que vivimos juntos él no me permitió trabajar aunque no teníamos dinero, él decía que sus hijos no irían a la guardería...cuando pasaba algo yo tenía la culpa y si llegamos a agredirnos físicamente los dos, pero no levantamos ninguno de los dos actas ante el ministerio público...." (sic.), en su dinámica de personalidad proyecta necesidad de poder y dificultad en el manejo de los impulsos. Y es justo con base en tal afirmación, que no se justifica la conclusión, dado que no debió soslayar que la violencia que reclama la actora aconteció cuando las partes hacían vida en común, y no en el momento de la valoración cuando ya tenía aproximadamente dos años separados. Además agregó la experta que según "la literatura", en psicología se establece que la víctima de violencia no tiene carrera ni prospectos para desarrollarla, en su mayoría es la principal responsable de la crianza de uno o más hijos, no cuenta con recursos económicos o emocionales, se siente aislada, en todo sentido, de la ayuda e interés de los demás, y se considera cautiva de una situación de maltrato que, para ella, es única y no tiene solución posible, en el caso no se inadvierte que la actora si tiene preparación académica profesional, pero ello no es motivo para asegurar que no es víctima de violencia. Aunado a ello, la experta también dijo que era posible establecer "que al momento de la valoración" el señor ++++++++++, no presenta rasgos de personalidad significativos que estén relacionados con un comportamiento que lo predisponga a reaccionar de forma impulsiva, sólo en los resultados de la metodología aplicada refleja cierto egocentrismo y también proyecta dificultades para el manejo de los impulsos; además ambos valorados reconocen que desde hace 2 años (aproximadamente) es nula su comunicación e interacción, lo anterior conlleva a pensar que no se comunican desde julio de dos mil diecinueve. En efecto, en el momento que se realizó la valoración psicológica, es probable que el demandado, ya no presentara alteraciones en su estado emocional, o psicológico, sin embargo, se reitera que la valoración debió acontecer al tenor de los hechos que fundan la pretensión, de modo que, al no acontecer así, el referido dictamen carece de eficacia probatoria en el concreto. Por lo cual, es evidente que en las conclusiones; la perito dictaminara superficialmente; o al menos sólo basada en la teoría y en las condiciones que en ese momento presentaron los valorados; que de acuerdo a la revisión del expediente judicial, entrevistas realizadas, resultados de las técnicas psicológicas aplicadas y observación clínica en la dinámica de personalidad de la señora ++++++++++al momento de su valoración no refleja correlación con las características psicológicas de víctima de violencia. Asimismo, que tampoco el señor ++++++++++acorde con la dinámica de su personalidad no presentaba una correlación significativa con el perfil generador de violencia, de ahí que la referida pericial nada relevante aporta al proceso. Ahora bien, no obstante que la pericial psicológica no fue objetiva, sin embargo; se estima acertado que ante la problemática y considerando el perfil psicológico de ambos valorados, así como la forma en la que están afrontando su situación familiar, los constriñera (de manera individual) a terapia psicológica a fin de que puedan evolucionar satisfactoriamente del presente juicio. Y que además como medida alterna asistan a Justicia Restaurativa, a fin de que logren de forma pacífica dar solución al presente juicio. Con base en la exposición anterior, resulta relevante que el dictamen psicológico, no es orientador en cuanto a que no se acredita la existencia de violencia familiar en contra de la actora, pues se insiste se emitió con base en la valoración desafortunada del caso, al no considerarse los hechos que fundan la causa de pedir, de ahí que no le asiste razón al resolutor, pues contrario a lo resuelto, la violencia sí se acredita y no con base en la citada pericial psicológica, la cual no merece eficacia probatoria por las razones vertidas, sino con base en la prueba testimonial que la actora aportó a cargo de sus hijos, de conformidad con el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles vigente y 4.397 del Código Sustantivo referido. Ahora bien, en relación con los agravios relacionados con el hecho de que la valoración se verificó en dos ocasiones, que el primer dictamen impreso, no fue expuesto en audiencia pública por la perito ++++++++++; que incluso en tal dictamen se estableció que el demandado tenía una conducta violenta, resulta inoperante tal queja, pues ya se ha dicho que el emitido por la segunda diestra nombrada, no merece relevancia probatoria, por ende, al contrario de lo dictaminado, sí se acredita la violencia psicológica que le generó su contrario con base en prueba diversa, de modo que tales inconformidades no le generan agravio. Por último, en este mismo punto, sobre el hecho de que el dictamen referido, no fue objeto de un verdadero análisis respecto a su contenido, porque dicho dictamen, aparte de que se contradice, fue elaborado por un perito carente de experiencia, pues dicho dictamen es el resultado de una sola entrevista, lo que no permitió conocer, a ciencia cierta, la conducta de los entrevistados, aunado a que dichas entrevistas fueron realizadas a más de un año de que su contraparte se salió del domicilio donde cohabitaban en conjunto con sus hijos, es fundado. Considerando que si bien es cierto el dictamen se emitió sólo con base en aseveraciones y consideraciones teóricas, sin valorar los hechos básicos de la demanda; no menos cierto es que ello, tampoco es evidencia contundente de que la experta carezca de experiencia, ello porque el dictamen fue emitido, hecho diverso es que en el concreto no merece relevancia probatoria, por las deficiencias que presenta, las cuales pueden acontecer con base en diversidad de factores, pero no necesariamente por negligencia o falta de conocimiento, en suma, basta con reiterar que no le causa perjuicio tal probanza porque ahora en lo que interesa no se le concede valor probatorio alguno de conformidad con el artículo 1.359 de la ley procesal civil en cita. Sirve de apoyo el siguiente criterio: "PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA EN ASUNTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. SU OBJETO DIRECTO ES CONOCER EL ESTADO PSICOLÓGICO DE LAS PARTES Y NO DEMOSTRAR LOS HECHOS EN QUE SE SUSTENTA." (la transcribe). En otro motivo de disenso, la apelante se refiere a que la sentencia que combate, vulnera el artículo 1.195 del Código Procesal multicitado, alego que resulta infundado, porque la sentencia sí atendió a dicho deber, hecho diverso es que la apreciación vertida por el resolutor no fue la correcta. Así es, de la lectura de la sentencia que se merita; se desprende que es clara, precisa y congruente con las prestaciones de la demanda inicial, con las contestaciones y las demás pretensiones deducidas por las partes; se ocupó exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio; es decir de lo planteado por ++++++++++, en contra de ++++++++++y decidió todos los puntos litigiosos, sin soslayar que en este proceso de violencia, la finalidad es el restablecimiento de la paz y la armonía del grupo familiar y no cuestiones relacionadas con los bienes, como lo observó el operador judicial primario. Sin embargo, a pesar de que se cumplió con el principio de exhaustividad, se fundó y motivó la decisión, el resultado fue equivocado, porque el dictamen psicológico fue deficiente para evidenciar que ++++++++++, no es generador de violencia y ++++++++++no es víctima de violencia psicológica, de modo que absolver al demandado con base en tal prueba no resulta legal; pero por otra parte, no debe inadvertirse que sí analizó la prueba testimonial, no obstante fue desacertado desestimarla, porque es justo con esta prueba que la apelante demostró que el demandado si es generador de violencia psicológica en su contra. Al realizar la lectura de lo resuelto en la determinación impugnada, en confrontación con el desahogo de la diligencia, se advierte que se valoró de manera integral el dicho de sus dos testigos, se consideró que son sus hijos ++++++++++y ++++++++++ambos de apellidos ++++++++++; y en efecto ambos son coincidentes en la narración de la problemática que incluso dicen presenciaron, lo cual resulta creíble pues conocen la dinámica familiar al ser parte del grupo. Por ello; sus testimonios, sí resultan suficientes ya que, no solo relataron actos de conflicto entre sus padres, sino entre ellos con su papá; no se inadvierte que en realidad ellos, los testigos, no son parte de esta litis pero si integran un grupo familiar, por ello su dicho es creíble y, además coincidieron en afirmar que su progenitor fue agresivo, grosero, intolerante, que bebía y consumía marihuana, de ahí que tal probanza solo se corrobora como una prueba que genera convicción suficiente para tener por demostrado que el demandado si es generador de violencia psicológica. De ahí que no escape a la óptica de este Tribunal, que dicho testimonio resulta favorable a la actora, considerando que sus testigos habitan en el que fue el domicilio conyugal y presenciaron los hechos narrados desde que eran niños; de ahí que tal testimonio genera mayor convicción que la pericial psicológica, al advertir, la violencia psicológica en contra de la apelante de conformidad con el artículo 1.359 de la ley procesal civil en cita. En ese panorama, le asiste la verdad a la apelante, cuando afirma que la sentencia combatida transgrede sus derechos, al carecer de los principios fundamentales establecidos en los criterios emitidos por el máximo tribunal del país, respecto aquellos juicios que tengan que resolver sobre la violencia de género, como el caso de la violencia familiar contra una mujer. En abundamiento a lo anterior, debe decirse que el derecho humano a recibir justicia bajo un método con perspectiva de género deriva de los artículos 1o. y 4o. párrafo primero, de la Constitución General. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 16, que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil , tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Asimismo, que sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio y que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En ese sentido, hablar de perspectiva de género, es hablar del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, lo cual deriva en que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para ello, es necesario atender a un método determinado; cuando estamos en controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten. Lo anterior, tiene relación con la inconformidad de la apelante, porque asegura que la resolución de marras carece totalmente de perspectiva de género y la coloca en estado de indefensión ante el hecho de ser mujer y haber sido víctima de violencia familiar por parte de ++++++++++. Lo antes dicho ya quedó demostrado; que el referido demandado si es generador de violencia psicológica, lo cual queda patente y claro con base en que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 5º, fracción VI define la perspectiva de género como: "la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género." Por otra parte, el precepto 4.397 pluricitado en este fallo, define a la Violencia familiar, Como toda acción, omisión o abuso, que afecte la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar aun cuando se configure un delito. En otro tenor, la Violencia de género es definida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como "los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Que, si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. En ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTQI+, al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad/feminidad o a las normas de género. Asimismo, la referida organización define a la Violencia sexual, como cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra la voluntad de otra persona, ya sea que esta no haya otorgado su consentimiento o que no lo pueda otorgar por ser menor de edad, sufrir una discapacidad mental o encontrarse gravemente intoxicada o inconsciente por efecto del alcohol o las drogas. Ante tal escenario, podemos afirmar que la perspectiva de género, la violencia de género, la violencia familiar y la violencia sexual son tópicos diversos; en el caso concreto; por una parte, nos ocupa la violencia familiar, por ello, este Tribunal ha revisado las actuaciones judiciales con perspectiva de género; como es debido y resulta que se identifican actos de desigualdad, si se considera que la decisión se emitió con base en un dictamen psicológico ineficaz que permitiera identificar la violencia de la que si fue víctima la actora por parte de su ex cónyuge, lo cual hace patente la desigualdad en que fue colocada, por virtud de circunstancias ajenas a ella apreciadas de modo equivocado por los encargados de resolver la contienda; y sin considerar que en el proceso se contó con la testimonial de sus descendientes, la cual es demostrativa de los hechos narrados por la actora, en relación a la violencia psicológica que le reclama a su contrario. Hechos, que tienen su origen en situaciones de desequilibrio y asimetría de poder, pues se basaron en una dinámica de violencia proveniente de la relación de abuso crónico por parte del demandado, permanente, porque fue durante el matrimonio que ocurrió, ya que la actora dijo que fue desde que se casaron que se comportó como una persona de carácter fuerte y agresivo, que cuando ella descubrió que le era infiel, se agudizaron los ataques, agresiones físicas y psicológicas, pues la injuriaba gritándole casi a diario, "eres una hija de la chingada ojalá te mueras perra", que incluso ocurre en la actualidad ya divorciados. Incluso esa asimetría y abuso de poder se hace mayormente patente, porque la actora narró que le decía y le dice en la actualidad: "ya deberías de irte para dejarme hacer mi vida pinche vieja pendeja, ya lárgate de mi casa", y ello se corrobora con el dicho de los testigos, que cuando le pide apoyo para su hijo que aun estudia la licenciatura le dice "ya te dije que no les voy a dar nada pendeja, porque no te vas al infierno"; motivos los antes narrados, por los cuales no puede estimarse que en el caso estemos ante situaciones de maltrato aislado, sino ante un caso de violencia psicológica contra la actora. Reiterando, que consta en autos prueba suficiente que demerita el resultado de la citada pericial en psicología, de conformidad con el artículo 1.359 de la Ley Procesal civil vigente. De ahí que se insiste en el caso; se actualiza la desigualdad en que se colocó a la apelante, la cual, sí tiene fundamento en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, además en el rol de género, vinculado a la permanencia de la mujer en el hogar al cuidado de los hijos, quien al ver el final del matrimonio, se encuentra en desventaja, en el caso; generada por violencia psicológica, porque además sostuvo que derivado de permanecer en el hogar al cuidado de la familia, no tuvo empelo, sin embargo, al acontecer el divorcio, y ante la falta de recursos que dejó de proveer el demandado, y ante la necesidad de ayudar a su hijo que si bien es mayor de edad, aún está estudiando, busco empleo, pero solo estuvo un tiempo y la despidieron motivos por los cuales el demandado incluso se mofa de ella. En tales términos, es obligación del operador judicial juzgar con perspectiva de género, la que puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en que se encontraba la apelante. Orienta la anterior consideración el siguiente criterio: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. (la transcribe) (.)" 3.- Reitere las terapias psicológicas ordenadas en la sentencia de primera instancia y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. 3. "(.) Por otra parte, es preciso indicar que se reitera la determinación atinente a CONDENAR a los señores ++++++++++, a tomar psicoterapia individual, a efecto de procurar en el grupo familiar la adaptación e interacción con el medio actual en el que se desenvuelven, que les permita adquirir herramientas para saber manejar su separación y puedan establecer lazos emocionales sanos entre ellos y con sus hijos, lo que les permitirá tener una vida plena y feliz, para tal efecto, se les previene a los referidos para acudan a las valoraciones tantas y cuantas veces sean requeridos para ello, con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrán las medidas de apremio más eficaces que estatuye la legislación adjetiva civil, en términos del numeral 1.124 del Código de Procedimientos Civiles, por tanto, en su oportunidad gírese oficio al SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, a efecto de que designe a los especialistas en psicología que deban proporcionar las aludidas terapias, debiendo rendir a este tribunal un informe mensual sobre el avance, progreso y todas las circunstancias trascendentes que se deriven de las terapias, con el apercibimiento que de no hacerlo, se harán acreedores a las medidas de apremio más eficaces que establece la ley adjetiva civil, sin perjuicio de la responsabilidad que les pudiera surgir por desacato a un mandato judicial. Al efecto se deberá tomar en cuenta el perfil psicológico de ambos valorados, así como la forma en la que están afrontando su situación familiar, por ello, se considera como favorable que se inserten (de manera individual) a terapia psicológica a fin de que puedan evolucionar satisfactoriamente en el presente juicio. Y que, además, como medida alterna asistan a Justicia Restaurativa, a fin de que logren de forma pacífica dar solución al presente juicio. Sin soslayar que este proceso de violencia familiar según el artículo 2.359 del Código Procesal Civil, en la sentencia que se dicte, se determinará la forma de restablecer la paz y el orden familiar, mediante la adopción de las medidas señaladas en este capítulo o las que el juez estime necesarias para la integración del grupo familiar, por el tiempo que se considere indispensable. De lo cual se desprende que, si en el controvertido se ha demostrado que el demandado generó violencia psicológica a la actora, entonces se actualiza el derecho que en su favor consigna el artículo 2.360 bis del código procesal civil. Por último, en cuanto al disenso consistente en que el demandado no dio contestación a la incoada en su contra y se le tuvo por confeso de las posiciones formuladas durante el desahogo de la prueba confesional, y tal hecho el A quo no lo consideró al momento de realizar la sentencia que se combate y por lo tanto es injustificada e incoherente. Alego inoperante. Es así, porque ya se dijo que con la sola prueba testimonial se justifica la violencia psicológica que reclamó del demandado, no obstante, basta mencionar que consta en autos a foja ciento sesenta y seis (166), auto que tuvo por contestada la demanda al tenor del escrito registrado con la promoción ++++++++++de fecha uno de abril de dos mil diecinueve, asimismo a foja doscientos treinta y tres (233) consta acta de audiencia principal, así como disco DVD que contiene la videograbación de la citada audiencia en fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, que demuestran la asistencia del señor ++++++++++, y el desahogo de la confesional a su cargo. De manera, que no se constituyó en rebeldía ni fue declarado confeso; no obstante, se reitera que el resultado de tal prueba es intrascendente, porque se demostró la violencia psicológica reclamada, aunado a que se tomaron las medidas pertinentes para proteger la integridad de las partes y su derecho a vivir en un entorno libre de violencia. Por tanto, se ha reparado el agravio causado, consistente en que el juzgador desestimó todas y cada una de sus probanzas que fueron debidamente admitidas y desahogadas, porque ya se ha rectificado el sentido del fallo con base en la valoración legal de las pruebas. En cuanto a la Confesional y Declaración del demandado, fueron desestimadas, es cierto, pero es legal; porque el resolutor mencionó que las mismas, consideraban posiciones y preguntas relativas a los hijos, quienes no son parte de la litis, por ende, no acreditaban suficientemente la violencia en contra de la apelante, lo cual se reitera. Por lo expuesto, se llega a la conclusión de que asiste razón a la recurrente, en cuanto a los motivos de inconformidad así calificados, reiterándose que son por un lado infundados y, por otro, fundados, lo que da lugar a MODIFICAR la sentencia apelada, como sigue. Se confirma el resolutivo PRIMERO y se MODIFICAN los resolutivos SEGUNDO, TERCERO y CUARTO: SEGUNDO.- La parte actora ++++++++++justificó parcialmente los hechos constitutivos de su denuncia. TERCERO.- Se DECRETA que ++++++++++, es generador de violencia psicológica en contra de ++++++++++, asimismo se le ABSUELVE de la violencia sexual y patrimonial que se le reclamó en esta instancia. CUARTO. Se CONDENA a los señores ++++++++++y ++++++++++, a tomar psicoterapias individuales y justicia restaurativa, conforme lo señalado en el considerando V, de este veredicto. (.)" Del anterior cuadro comparativo se advierte el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este tribunal. En esas condiciones, la autoridad responsable cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo a dictar la sentencia de cumplimiento; sin que este órgano de control de constitucionalidad advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Por tanto, como la autoridad responsable cumplió cabalmente con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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