Gabriela Sanabria Gonzalez

Expediente 1803/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1803/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/01/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Sanabria Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo y las partes no recurrieron la sentencia constitucional que se dictó en el presente juicio. En consecuencia ... se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio, contra el acto que reclamó de las autoridades responsables, causa ejecutoria; en consecuencia, queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y oportunamente archívese este asunto como totalmente concluido; ...

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo, promovido por ***** contra los actos reclamados a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución.

  3. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de ampliación de demanda de amparo presentado por el quejoso Luis Daniel Pacheco García, mediante el cual amplía su demanda de amparo y señala como autoridad responsable al Director de la Clínica Número 37 en Mexicali, Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, 2º, 33, 35, 37, 111, 115, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada la demanda de amparo que presenta Luis Daniel Pacheco García, por el acto reclamado y las autoridades que indica en su escrito de ampliación. Suspensión de oficio y de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede decretar de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, es decir, debe cesar de forma inmediata la omisión de atención médica adecuada a la parte quejosa; toda vez que ese acto encuadra dentro de los supuestos que prevé el artículo 15 de la ley de la materia y 22 Constitucional, respecto de los cuales procede la suspensión de plano, por las consideraciones siguientes: En esencia, Luis Daniel Pacheco García reclama la omisión de vigilar el debido cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios en la prestación de los servicios médicos y de seguridad social, al igual que la omisión de atención medica diligente, adecuada e inmediata incluyendo la subrogación de todos los servicios médicos que se necesiten para el tratamiento del aquí quejoso; dicho acto por sí mismo es un acto que pone en riesgo la vida del quejoso, ya que el derecho a los servicios médicos es indispensable para disfrutar el derecho previsto en el artículo 4° Constitucional

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que firman de manera conjunta el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y Actuario Adscrito a dicha Junta, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por este Órgano Jurisdiccional en proveído de trece de octubre del presente año, remite copia certificada de: 1) oficio SSB/ BCA-08.2800/2022 de cuatro de octubre de dos mil veintidós firmado por la Responsable del Departamento de Asuntos Jurídicos División Comercial Baja California, de la CFE Suministrador de Servicios Básicos, mismo que se encuentra dirigido a la Junta Local Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali Baja California; 2) oficio 1239/2022 firmado por la Apoderada de Teléfonos del Noroeste, mismo que se encuentra dirigido a la Junta Local Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali Baja California; 3) oficio UJ-3750-22 de cinco de octubre de dos mil veintidós, firmado por el Encargado de Despacho de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, mismo que se encuentra dirigido a la Junta Local Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali Baja California; 4) acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintidós dictado dentro del juicio laboral 4138/2020-1B, de su índice, en el da vista a la parte actora por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación a los oficios recibidos por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y Teléfonos del Noroeste; 5) oficio 1379/2022 de cuatro de noviembre de dos mil veintidós firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, mismo que se encuentra dirigido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Baja California; 6) oficio 1378/2022 de cuatro de noviembre de dos mil veintidós firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, mismo que se encuentra dirigido a Catastro Municipal; y, 7) cédula de notificación de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, realizada por el Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, a Pedro Francisco Victorio Medina; en virtud de lo anterior, se tiene a la autoridad en cita en vías de cumplimiento. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos se advierte que la autoridad responsable Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, no ha emplazado a la parte demandada dentro del juicio laboral 4138/2020-1B, de su índice; en consecuencia, atendiendo a la complejidad del presente asunto, con fundamento en el artículo 192, requiérase a la autoridad responsable en cita a fin de que dentro del término improrrogable de diez días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, informe el cumplimiento dado a la resolución que se dictó en el presente juicio de amparo. En el entendido que la sentencia que se dictó en el presente Juicio de Amparo, se concedió para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos de la sentencia que concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal. En tales condiciones, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal. La autoridad responsable Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, emplace a la parte demandada, dentro de los términos y plazos legales, en términos del numeral 750 de la Ley Federal del Trabajo y conforme al auto de radicación". Con independencia de lo anterior, requiérase al Presidente la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, como superior jerárquico del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, conmine a su inferior a que dé cumplimiento al fallo protector. Apoya lo anterior la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 19, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Con el apercibimiento que de no cumplir en el plazo antedicho, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización a que se refiere el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diez de enero de dos mil veintidós, misma que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior, al multiplicarse la Unidad de Medida y Actualización de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) por cien veces la unidad de medida y actualización.... Notifíquese....

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