Gabriela Rubi Figueroa Sánchez

Expediente 400/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
400/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Gabriela Rubi Figueroa Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto, el escrito signado por la quejosa ****, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en el presente juicio para acreditar su personalidad. Al efecto se acuerda: Devuélvasele el documento que solicita, autorizándose a las personas que cita para que a su nombre y representación lo reciban, previa toma de razón y de recibo que se deje en autos.

  2. Principal

    Visto; el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, dictado en la recusación número 9/2019, de su índice, con el cual informa que quedó firme el auto dictado el treinta de abril de dos mil diecinueve, por el cual se desechó el medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa; por ello, ordenó la devolución de los autos de este juicio de amparo. Al efecto se acuerda: Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta. Acúsese recibo. Se ordena glosar las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes al juicio de amparo respectivo. Por lo anterior, se reanuda el procedimiento en el presente sumario, toda vez que mediante escrito de nueve de abril de dos mil diecinueve, recibido al diez siguiente en la Oficialía de Partes de este Juzgado, la parte quejosa, Gabriela Rubí Figueroa Sánchez, cumplió la prevención formulada en proveído dictado el uno de abril de este año. Se ordena realizar las anotaciones condignas en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a este juzgador, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la tesis de texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para desechar de plano una demanda de amparo, es necesario encontrar un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que tal motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto. Así, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a continuación se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado; por lo cual, de la lectura integral a la demanda de amparo y de sus anexos, se desprende que la parte quejosa reclama: El auto de once de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente RS/09/1993, en el cual se otorgó la toma de nota a+++, en su calidad de Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, publicado el día siguiente en los estrados de la autoridad responsable. Lo anterior, de conformidad con la tesis: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, como se evidenciará a continuación. El primer dispositivo legal establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, al dejar prácticamente sin materia al juicio de amparo, por haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad emisora deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo cual implica la detención definitiva del acto de autoridad y la desaparición total de sus efectos, pues el motivo que justifica la improcedencia no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada mediante la protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la parte quejosa reclama del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, el acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente RS/09/1993, en el cual se otorgó la toma de nota a +++, en su carácter de Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas. En esas condiciones, conforme con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza con la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable actuar en el sentido de respetar ese derecho y a cumplir, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Para que opere dicha causal de improcedencia, en el caso concreto, destacan las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, que constituyen hecho notorio, en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, siendo válido invocar de oficio las determinaciones publicadas en ese medio de difusión para resolver un asunto, sin haber sido ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista físicamente el testimonio autorizado de tales decisiones. Al respecto, se cita la jurisprudencia: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones. Precisado lo expuesto, debe indicarse que en el juicio de amparo número 1380/2017, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de su Secretaria General, +++, en sentencia dictada el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección a la aludida parte quejosa, a efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: 1) Deje insubsistente el acuerdo de diez de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual dejó de proveer respecto a la solicitud de toma de nota de la elección del nuevo Comité Central Ejecutivo del Sindicato, emitido en el expediente número RS/09/1993. 2) Dicte uno nuevo en el que, de manera congruente, efectúe una verificación formal, haciendo un cotejo entre las etapas o pasos básicos del procedimiento de elección y la mera confirmación de su realización en el acta relativa, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado. En el entendido que, en esa verificación formal, el Tribunal debe analizar lo siguiente: a) Si se aportó copia autorizada de los estatutos; b) Si se convocó a la asamblea ordinaria con la anticipación requerida y por persona facultada para hacerlo, precisándose fecha, hora y lugar en que se efectuaría; c) Si en el día, lugar y hora programados, se reunió el quorum para efectuar la asamblea ordinaria, de no ser así, si se convocó a la asamblea general extraordinaria en términos de las disposiciones estatutarias; d) Si se expusieron los asuntos a tratar conforme al orden del día y si éstos se pusieron a consideración, discusión y, en su caso, a votación de los asistentes; y, e) Si la votación fue suficiente para soportar la decisión conforme a esos estatutos. 3) Hecho lo anterior, si los requisitos están satisfechos, debe conceder la toma de nota solicitada, en su defecto resolver lo conducente." Así, el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en cumplimiento al fallo protector emitido en el juicio de amparo 1380/2017, el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, dictó un acuerdo dentro del expediente RS/09/1993, en el cual dejó insubsistente el auto reclamado en aquél sumario; y pronunció uno nuevo, con el cual negó la toma de nota planteada por +++, como Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas, acto del cual se duele la quejosa +++ en el presente asunto. Por ello, en auto dictado en el juicio de amparo 1380/2017, el nueve de mayo de dos mil diecinueve, este juzgado ponderó el cumplimiento informado por el Tribunal responsable, en base a las constancias que remitió, advirtiendo que los lineamientos de la ejecutoria de amparo habían sido atendidos; por lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196, de la Ley de Amparo, la declaró cumplida, sin excesos ni defectos. En las relatadas condiciones, el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo, ha cesado en sus efectos, pues la toma de nota de la cual se duele +++, reclamada dentro del juicio de amparo en que se actúa, ya fue subsanada, en razón a que a través del juicio de amparo número 1380/2017, del índice de este propio Juzgado Federal, su afectación concluyó con el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, dictado en el expediente RS/09/1993, en el que se negó a +++, como Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas, lo planteado, afectación que hizo cesar los efectos del acto, impugnado en esta vía. Así, el acto reclamado en este sumario por la quejosa cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica origen del presente juicio, dejó de producirlos, restituyéndose a dicha inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se le hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción I, de la Ley de Amparo, atento a lo dispuesto en su artículo 113, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por +++.

  3. Principal

    Visto, el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 4886/2019, del índice de este juzgado e informa que registró la recusación hecha valer por +++, con el número 9/2019. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, glósese a los autos para que obre como corresponda.

  4. Principal

    Visto, el escrito de cuenta signado por la promovente +++, por propio derecho y ostentándose con la calidad de Representante Sindical del +++, mediante el cual: 1.- Aduce dar cumplimiento a la prevención realizada en proveído de uno de abril del presente año. 2.- Plantea, con fundamento en el artículo 52, de la Ley de Amparo, como motivo de recusación, las causas de impedimento establecidas en el artículo 51, fracciones VII y VIII, de la misma ley. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta. Ahora bien, toda vez que la promovente asevera que el titular de este órgano jurisdiccional, está impedido para conocer del presente juicio, porque a su parecer se actualizan las hipótesis establecidas en el artículo 51, fracciones VII y VIII, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración que el impetrante de derechos fundamentales plantea una recusación, con fundamento en los artículos 54, fracción III, inciso c) y 60, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: RECUSACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. FORMA EN QUE SE TRAMITA EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO A TRAVÉS DE ESA VÍA, SE PLANTEA EL IMPEDIMENTO DE UN TITULAR DE UN ÓRGANO DE AMPARO. Los artículos 59 y 60 de la Ley de Amparo establecen las bases en las que se instrumentaliza el procedimiento de recusación, es decir, cuando alguna de las partes intervinientes en el juicio de amparo asevera que el titular del órgano judicial que conoce y resolverá la litis, está impedido para hacerlo, al aducir que se actualiza alguna de las hipótesis de impedimento que la ley de la materia dispone al respecto. En ese tenor, de los preceptos mencionados se advierte que el trámite del procedimiento de la recusación se desarrolla de la siguiente manera: 1. Una vez que el interesado presenta ante el funcionario judicial el escrito por el que lo recusa, éste tiene que remitirlo al órgano que deba calificarla (esto, acorde con las reglas de los artículos 54 y 57 de la ley de la materia). 2. Recibido el escrito por el órgano calificador, previa admisión de la recusación, tendrá que verificar que en el ocurso respectivo: a) Se manifiesten bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamenten; y, b) Se exhiba el billete de depósito o garantía por la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiere imponerse en caso de declararse infundada la recusación, o bien, en el supuesto de que se alegue insolvencia, el órgano jurisdiccional la calificará y podrá exigir garantía por el importe del mínimo de la multa o exentar de su exhibición. 3. Del punto anterior, puede acontecer alguno de estos dos supuestos: 3.1. Que no se cumpla con ninguno o alguno de los requisitos, en cuyo caso, deberá desecharse de plano la recusación. 3.2. Que sí se cumplan todos los requisitos, hipótesis en la cual se admite la recusación planteada (ir a punto 4). 4. Admitida la recusación, el órgano calificador solicitará un informe al funcionario judicial recusado, el cual deberá rendirlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación. 5. A partir de lo que éste manifieste en su informe, dependerá el trámite que desde este punto se dé al procedimiento de recusación: 5.1. Si se acepta la causa de recusación o en caso de no rendirse el informe, se concibe como un allanamiento del funcionario judicial a la pretensión del promovente, por lo que se declarará fundada la recusación (en este caso, no hay señalamiento para la celebración de la audiencia, y también se devolverá al promovente el billete o la garantía exhibidos). 5.2. Si se negare la causa de recusación, se señalará día y hora para que dentro de los tres días siguientes se celebre la audiencia en la que se ofrecerán, admitirán y desahogarán las pruebas de las partes y se dictará la resolución, la cual se emitirá de conformidad con los lineamientos que al efecto establezcan las disposiciones legales y normativas que regulan la actividad del órgano jurisdiccional que le corresponda calificar la recusación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora, como la pretensión de la quejosa es que el signante cese en sus funciones en este asunto, suspéndase el procedimiento, por ende, resérvese proveer lo conducente respecto a la promoción que el quejoso exhibió para dar cumplimiento a la prevención de uno de abril del presente año, hasta que la Superioridad califique la recusación de mérito.

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