Gabriela Roxana Berges Delgado
Expediente 918/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gabriela Roxana Berges Delgado
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que el proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que ha transcurrido el término concedido a la promovente Gabriela Roxana Berges Delgado con el carácter de progenitora del menor de iniciales L. E. C. B., en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, sin que haya dado cumplimiento a lo solicitado; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada en dicho auto, por lo que con fundamento en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Gabriela Roxana Berges Delgado con el carácter de progenitora del menor de iniciales L. E. C. B. (de quien se omite su nombre y apellidos completos en atención al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades; con registro de este Juzgado 918/2021. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno Del contenido de la demanda de amparo se advierte, la parte quejosa refiere como actos reclamados: a). La omisión de aplicar de manera congruente el mandato presidencial de acudir a clases presenciales a partir del 30 de agosto de este año, pese a cualquier circunstancia, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 17 años, se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer a mi menor hijo con las dos dosis respectivas, ante la eminente entrada al ciclo escolar 2021-2022, que inicia el 30 de Agosto de 2021, a fin de garantizar, tutelar y proteger los derechos a la salud y educación, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud, e incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a todo el país, o cualquiera otra, toda vez que la salud es un derecho humano que no admite excepción discriminatoria. b). La omisión de citar a mi menor hijo, los días previos, el lugar y horario en que se le aplicará la dosis de la vacuna autorizada por la Organización Mundial de la Salud, antes del inicio de clases presenciales, es decir, treinta de agosto de este año. c). La discriminación sin sustento alguno al derecho a la vida y a la salud, con violación al interés superior del menor d). Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que mi hijo no ha recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19, y por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su vida y su salud; ya que es hecho notorio que cada día existen mayores riesgos, además que como ciudadanos de la República tiene derecho a la preservación de su vida y su salud, sin discriminación por motivo de no pertenecer al grupo de edad al que le ha sido aplicado". Atento a lo anterior, con apoyo en el numeral 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: 1. Precise en concreto el acto que reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables, toda vez que únicamente los atribuye de manera general, siendo que la fracción IV del numeral 108 citado, es clara al determinar: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame". 2. Manifieste cuál es la fecha del mandato presidencial a que hace referencia en el capítulo de acto reclamado, y en su caso, cuándo tuvo conocimiento del mismo. Apercibida que de no cumplir con el requerimiento relativo, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Ahora bien, la parte quejosa solicita le sea concedida la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que "ante un posible contagio con la variante Delta, se ordene a las responsables a la brevedad posible la inoculación inmediata a la misma, señalando día, lugar y hora, en la que deberá llevarse a cabo, con la vacuna Pfizer". Al respecto, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión se concederá de oficio y de plano sólo cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o bien, cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Conforme a lo expuesto, se advierte que el menor no se encuentra dentro de la hipótesis prevista por el aludido precepto, en virtud de que los actos que reclama, no importan, por sí mismos, peligro de privación de la vida, pues, el hecho de que al menor no se le aplique a la brevedad, la vacuna Pfizer, contra el virus SARS-CoV-2, antes de la entrada del ciclo escolar 2021-2022, no necesariamente implica que aquél se contagiará, ni menos que, de hacerlo, perderá la vida, por lo que no es posible considerar que su situación actualiza la hipótesis de concesión de plano de la medida cautelar, consistente en que los actos que reclama importan peligro de privación a la vida por pertenecer a un grupo vulnerable. Además, hasta este momento procesal no se desprende de las constancias de autos que padezca alguna enfermedad inmunodepresiva, crónica, cardiaca, pulmonar, renal, hepática, sanguínea o metabólica que podrían ponerlo en un mayor riesgo en caso de no aplicársele la vacuna. Máxime que el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Salud, ha implementado medidas de protección para evitar contagios. En efecto, conforme al documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", publicado en la página de internet www.coronavirus.gob.mx, se aprecia que la distribución de la vacuna contra la COVID-19 se encuentra regulada por una estrategia basada en cinco etapas: "ETAPA 1: DICIEMBRE 2020-FEBRERO-2021, PERSONAL DE SALUD DE PRIMERA LÍNEA DE CONTROL DE LA COVID- 19. ETAPA 2: FEBRERO-MAYO 2021, PERSONAL DE SALUD RESTANTE Y PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS. ETAPA 3: MAYO-JUNIO 2021 PERSONAS DE 50 A 59 AÑOS Y EMBARAZADAS DE 18 AÑOS Y MÁS. ETAPA 4: JUNIO-JULIO 2021, PERSONAS DE 40 A 49 AÑOS. 5 JULIO 2021 - MARZO 2022 RESTO DE LA POBLACIÓN. Por tanto, considerando que el menor quejoso, conforme al acta de nacimiento que se anexó a la demanda de amparo, con pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se encuentra por razón de edad (quince años), en la quinta etapa del plan de vacunación, el cual comprende de julio del año en curso a marzo de dos mil veintidós, por lo que no se advierte transgresión a su derecho a la salud, esto es debido a que, el mes de agosto es contiguo al inicio de la quinta etapa de vacunación; lo que conlleva a concluir la negativa de la medida cautelar solicitada. Además, en relación con los demás supuestos previstos por el artículo 126 de la Ley de Amparo, tampoco se actualizan en el presente asunto, dado que no existe constancia de que, con motivo de los actos que controvierte, se encuentran en peligro de privación su libertad personal, ni se encuentre incomunicado, ni se trata de un asunto en el que se reclame la deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, ni menos se alegan violaciones a derechos agrarios como lo dispone el aludido artículo 126, por lo que, en ese sentido, se debe negar la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa en su demanda, dado que la situación en la que se encuentra, no actualiza hipótesis alguna que autorice la concesión de plano de la medida cautelar en el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis XVI.1o.A.35 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, registro digital: 2019894, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL AMPARO. SU OTORGAMIENTO ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE LA MATERIA. La suspensión en el amparo es una medida cautelar de naturaleza provisional que tiende a preservar la materia del juicio. Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo, puede concederse de oficio o a petición de parte. Procede de oficio y de plano, en aquellos casos en que los actos reclamados recaigan en alguno de los supuestos previstos por los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o 126 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa facultad de los juzgadores no es irrestricta, porque en su ejercicio no pueden desconocer los requisitos previstos en el numeral 128 de la propia ley, como que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior, porque a raíz de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011 y de la expedición de la Ley de Amparo vigente, en cuanto a la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto, se generó un sistema equilibrado, orientado a darle mayor eficacia a la preservación de la materia del juicio, pero a la vez dotado de mayores elementos de control para evitar el abuso de la medida y que su otorgamiento lesione el interés social, entendido éste como el conjunto de principios o bienes jurídicos relevantes, objeto de tutela, cuya preservación es prioritaria para el orden público, en función de los cuales, se acotan las decisiones sobre la suspensión del acto reclamado y que, además, es irreductible ante las pretensiones e intereses individuales. Es decir, el hecho de que la suspensión proceda de oficio no justifica que conlleve efectos adversos para la colectividad, o que sirva de salvoconducto para que las autoridades dejen de observar la normativa que rija el desempeño de sus actividades, o bien, se autorice la ejecución de medidas que pongan en riesgo de afectación a otras prerrogativas de los propios quejosos o de diversas personas que puedan verse directa o indirectamente afectadas, pues ello desnaturalizaría el propósito de la suspensión y convalidaría conductas irregulares o perjudiciales para la sociedad". Por otra parte, respecto a la autorización que solicita al acceso y consulta del expediente electrónico y la realización de las notificaciones por la vía electrónica, toda vez que la parte quejosa proporciona el nombre de usuario tristan29; por consiguiente, con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, se le faculta para presentar promociones y recursos por ese medio; con fundamento en los artículos 26 fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, 55 a 67 y 96 a 105 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza que las notificaciones relativas a este expediente se le practiquen únicamente por vía electrónica, con el nombre del usuario proporcionado, por así solicitarlo expresamente; en el entendido que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano de control constitucional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al Actuario para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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