Gabriela Román Ortegón

Expediente 21/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
21/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Delegación Estatal del ISSSTE en Guerrero
  • Gabriela Román Ortegón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término de quince días que concede la ley a las partes a fin de que se inconformaran respecto al proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y en su oportunidad envíese al archivo. De conformidad con lo dispuesto en los capítulos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente, en sus artículos 14, 15, 17, 18, 20 y 21, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso b) del mismo ordenamiento, al haberse CONCEDIDO la protección constitucional en la sentencia pronunciada en el presente juicio. Así también el cuaderno original relativo al incidente de suspensión, por haberse concedido la medida cautelar, tanto provisional como definitiva, conforme al artículo 18, inciso a), del mismo Acuerdo General, por lo que, ambos se consideran con valor jurídico, sin embargo, se estiman sin relevancia documental. En relación al duplicado del incidente, se establece que es procedente su destrucción al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes mencionado, así como en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte; por ende, se estima sin valor jurídico, y en consecuencia, sin relevancia documental, por lo que, insértese este acuerdo en el mismo. Finalmente, quedan a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibieron en el presente juicio de amparo, para que se le entreguen en un plazo de noventa días, con el apercibimiento que de no acudir a este Juzgado en el término indicado, dichas documentales podrán ser destruidas con el expediente en que se actúa, conforme a lo dispuesto en el artículo décimo primero, del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto en cita. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, para que se manifestara en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de las autoridades responsables; sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Lo anterior, con base en la jurisprudencia número 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia definitiva dictada por este Juzgado Federal el treinta de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".Consecuentemente, son fundados los conceptos de violación analizados, y con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a Gabriela Román Ortegón, el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto del acto reclamado, para el efecto de que el Titular de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a nombre de la referida Delegación y del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, con residencia en esta ciudad, dentro del término de tres días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada esta resolución. 1.- Deje insubsistente la orden de descuento de salario emitida por concepto del préstamo personal número: 20140087616, otorgado a la quejosa Gabriela Román Ortegón; y previamente observe lo que al efecto dispone el artículo 41 del Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2.- Lo que deberá de comunicar de forma inmediata a este Juzgado. La concesión se hace extensiva a los actos de ejecución a la autoridad señalada como ejecutora." En ese contexto, mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables, su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, por oficio número SEA/CAR/AR-ACA/001/2022, signado por la Administradora Regional en Acapulco, Guerrero, del Poder Judicial de la Federación, con sede en esta ciudad, manifestó que solamente se encarga de ejecutar la orden del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De igual manera, mediante disímil número oficio UJ- 142/2022, el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, comunicó que se dejó insubsistente la orden de descuentos de salarios emitida por concepto del préstamo personal número 20140087616, otorgado a la quejosa Gabriela Román Ortegón. Asimismo, por oficio sin número, la Delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, remitió el oficio signado por la Encargada del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de ese organismo, en donde informó que dejó sin efectos la orden de descuento del préstamo personal número 20140087616. A través de disímil sin número, la referida autoridad, envió reproducción del recibo de pago a nombre de la quejosa Gabriela Román Ortegón, en donde manifiesta que se aprecian las deducciones en las cuales no aparece descuento alguno por préstamo personal de ese organismo. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. De las constancias que remitieron las autoridades responsables, se advierte que siguieron los lineamientos dados en la sentencia de amparo. Ahora bien, en el presente asunto, no se advierte que las autoridades responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que, como ya se indicó, la protección constitucional solicitada, se concedió a la impetrante de garantías para el efecto de que se dejara insubsistente la orden de descuento de salario emitida por concepto del préstamo personal número: 20140087616 y previamente se observara lo que al efecto dispone el artículo 41 del Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que se hizo extensiva a los actos de ejecución. Por consiguiente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía legal violada, al dar cumplimiento al fallo protector las autoridades responsables ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, catorce de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio sin número, firmado por la Delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual remite copia del recibo de pago a nombre de la quejosa Gabriela Román Ortegón, donde manifiesta que se aprecian las deducciones en las cuales no aparece descuento alguno por préstamo personal de ese organismo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio que se provee, con el diverso signado por la Administradora Regional en Acapulco, Guerrero, del Poder Judicial de la Federación, con sede en esta ciudad; con el disímil UJ-142/2022, suscrito por el titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el oficio de la Delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acordado en auto de siete de marzo del año en curso, y sus respectivos anexos, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a su notificación, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 26, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, del Apéndice de dos mil, Novena Época, que a continuación se cita: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio sin número, firmado por la Delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo, mediante el cual exhibe el diverso signado por la Encargada y Subjefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de ese instituto, por el que dejó insubsistente la orden de descuento del préstamo personal número 20140087616, el cual manifiesta lo puede corroborar la quejosa en su último recibo de pago. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable Encargada del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este auto, realice lo siguiente: ? Remita copia certificada del recibo de pago a nombre de la quejosa Gabriela Román Ortegón, a fin de acreditar su aseveración. Apercibida...

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