Gabriela Rodríguez Rodríguez

Expediente 556/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
556/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/07/2019

Partes del expediente

  • Gabriela Rodríguez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el auto de ocho de julio de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no presentada la demanda, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse tenido por no presentada la demanda origen de los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, ocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que se le otorgó a la promovente de amparo mediante acuerdo de veinte de junio de dos mil diecinueve, para que cumpliera con la prevención ordenada en el mismo, sin que lo hubiere hecho. Consecuentemente, llevando adelante el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda con que se formó este expediente, promovida por Gabriela Rodríguez Rodríguez. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Visto el oficio 40887/2019, firmado por la Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que acompaña cinco copias del escrito demanda y el juicio de amparo 825/2019, de su índice, constante de un tomo, promovido por Gabriela Rodríguez Rodríguez, quien se ostenta con el carácter de titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, contra actos reclamados a la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 556/2019/IV-B. Al respecto, se acuerda: ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia de mérito. Acúsese el recibo de estilo. PREVENCIÓN Ahora, este órgano federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 108, fracción I, en relación con el artículo 10 y 11, este último en contrario sensu, que en lo referente establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. [.] Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido." Como se advierte de los dispositivos transcritos, es obligación del promovente del amparo acreditar su representación cuando lo promueva en nombre de un tercero y cuando no lo haga el juzgador deberá prevenirlo a fin de que exhiba documento idóneo con el que acredite su personalidad. Ahora bien, del proemio de la demanda de amparo que aquí se provee, se desprende que la promovente Gabriela Rodríguez Rodríguez, se ostenta con carácter de titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I, 10 y 11, éste último en contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la referida promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que le sea notificado el presente proveído, exhiba un escrito de aclaración al que deberá acompañar cinco copias del mismo, que son necesarias para integrar el presente asunto, en el entendido de que dos son para aperturar el incidente de suspensión solicitado, una es para correr traslado a la autoridad señalada como responsable, una para emplazar a la parte tercera interesada, y una más para dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para los efectos de su representación social. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J.36/2001, publicada en la página setenta y nueve, del Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/2000, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Por lo que, a fin de acordar conforme a derecho la demanda que se intenta, requiérase a la promovente Gabriela Rodríguez Rodríguez quien por escrito y con las copias simples de ley detalladas en párrafos que anteceden, deberá cumplir lo siguiente: ÚNICO. Exhiba ante este órgano jurisdiccional documento idóneo y vigente con el cual acredite la personalidad con la que se ostenta en este juicio de amparo, con cinco copias de ese documento, para correr traslado a cada una de las partes, pues estas se anexarán en cada una de las copias de la demanda para traslado. En apoyo de lo anterior es de invocar la jurisprudencia 23/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 11 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato". En apoyo de lo anterior es de invocar la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1449, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." APERCIBIMIENTO Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Consérvense en la Secretaría de este juzgado, las cinco copias de la demanda, para mejor manejo del expediente. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Marisol Guadalupe Rodríguez López, Oscar Guillermo Sánchez López, Víctor Alejandro Roja Aguilar, Fernando García Calderón, Nelly Zulema Sánchez Cruz, José Antonio Cruz Martínez, Lorena Medina Ibáñez, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con los registros número 88939, 79053, 2545, 118787, 121398, 122076, 4123, respectivamente, y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a María Elena Camacho Flores, Jesús Eduardo Fuentes Seseña, José Guillermo Frausto Hernández, Liz Carmina González Sánchez, Ramsés Trujillo Domínguez, Guillermina Rodríguez Viggers, Enrique Galindez Lulo, Edson Miguel Enciso López, Cecilia Gómez Herrera, Diego Francisco Canueva Rivero, Alejandra Márquez Espinosa, María Teresa Sánchez Leal, Gerardo Emanuel Palma Santamaría, Itzen Meneses Quintero, María Luisa Benítez Rodríguez, Judith Reynoso González, Idelfonso Salvador Gómez Herrera, Lorena Barrios Ángeles, Juan Vicente Carmona Cerezo, José Manuel Mora Solís, Fabiola Pérez González y Cristóbal Gilberto Lara Campos, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, ni tampoco la parte quejosa acreditó que éstos cuenten con dicho documento. De igual forma, se tiene por autorizados con la restricción que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a María Isabel Maya Alcázar, Ssana López Torres, Alejandra López Meza, Blanca Brenda Córdoba y Leticia Rodríguez Buenrostro, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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