Gabriela Rodríguez Obando

Expediente 2369/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2369/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Rodríguez Obando

Actuaciones

  1. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el 06 de julio de 2022, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reclamados de las siguientes autoridades: A.- Autoridades ordenadoras. Juez de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, residente en Ciudad Victoria. Juez de Primera Instancia Penal de lo Penal del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Reynosa, Tamaulipas. B.- Autoridad ejecutora. Alcaide del Centro de Ejecución de Sanciones, residente en Reynosa, Tamaulipas. SEGUNDO. La demanda fue recibida por la Secretaria de guardia adscrita a este Juzgado. Y mediante proveído de 06 de julio de 2022 se otorgó a la parte quejosa la suspensión de plano. Posteriormente el directo quejoso ratificó la demanda de amparo, como se advierte de la diligencia actuarial de 06 de julio de 2022. Razón por la cual fue admitida a trámite por auto de 12 de julio siguiente. Proveído en el que también se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde; reservándose el emplazamiento a la parte tercero interesada, hasta que rindiera su informe la autoridad responsable y tener certeza tanto del acto reclamado como de a quién le reviste dicho carácter; posteriormente se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. El 06 de septiembre de 2022 se tuvo como terceras interesadas a Esperanza Guadalupe Pedraza Medrano y Brenda Elizett Amaro Silguero, quienes respectivamente representan a quienes en vida llevaran los nombres de Ramón Jaramillo Villanueva y Daniel Servando Santillán Domínguez. Sin embargo, por auto de 05 de julio de 2023 se les tuvo por desvinculadas de este juicio de amparo. Esto debido a que en la causa penal de origen no fueron llamadas como victimas indirectas, pues no cuentan con asesor victimal ni señalado domicilio alguno. Además de que no fue posible emplazarlas en este juicio de amparo, pues en la diligencia de emplazamiento respectiva desahogada vía exhorto se hizo constar que vecinos del lugar manifestaron que desde hace años no viven en el sitio señalado como su domicilio y desconocen su paradero. Diferida la audiencia constitucional en varias ocasiones y por distintos motivos, fue desahogada finalmente el 06 de julio de este año, conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y XII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión de los actos reclamados, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Con base en lo acotado, al analizar en su integridad la demanda de amparo se aprecia que los actos reclamados se hacen consistir, en: La privación ilegal de la libertad, incomunicación, malos tratos físicos. TERCERO. Las autoridades responsables Juez de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, residente en Ciudad Victoria y Director del Centro de Ejecución de Sanciones, residentes en Reynosa, Tamaulipas, al rendir sus informes justificados y los relativos a la suspensión de plano, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúen la negativa de las citadas autoridades. Por otra parte, el Juez de Primera Instancia Penal de lo Penal del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Reynosa, Tamaulipas fue omiso en rendir su informe justificado. En principio esto generaría la presunción de la certeza de los actos que se le reclaman. Sin embargo, tal presunción está desvirtuada en autos. En efecto, con la existencia de su informe previo relacionado con la suspensión de plano, donde niega haber ordenado la privación ilegal de la libertad, la incomunicación y los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, en contra del directo quejoso. Y explica que su intervención en el caso se limitó a cumplir con un exhorto remitido por el Juez penal de ciudad Victoria, derivado del proceso penal 02/2022 instruido al directo quejoso por el delito de homicidio calificado. Exhorto donde se le facultó para, entre otras cosas, recabar la declaración preparatoria del aquí impetrante, resolver su situación jurídica y, en su caso, admitir la apelación que pudiera interponer. Aseveraciones que están corroboradas con las constancias que esa propia autoridad remitió adjuntas a su informe previo, de las que se observa el exhorto a que hace alusión. Así como con las copias certificadas remitidas por el Juez de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, residente en Ciudad Victoria, en las que se observa el auto de 03 de agosto de 2022 dictado en la causa penal 02/2022 instruida al aquí quejoso por el delito de homicidio calificado, en donde se ordena notificar a las víctimas indirectas el auto de formal prisión de 12 de julio de 2022. Todo lo anterior además se constata con lo expuesto por el propio directo quejoso quien al ratificar la demanda manifestó estar bien y no haber sido golpeado ni torturado. En definitiva, está acreditado que el directo quejoso estuvo a disposición del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, residente en Ciudad Victoria, en virtud de que se le cumplimentó una orden de aprehensión girada en su contra por ésta última autoridad, siendo evidente que existe un procedimiento judicial instaurado al impetrante. Por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia número 1089, consultable en la página 755, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que al efecto establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1299/2022, promovido por Martha Elida Briz Morales, en nombre y representación del directo quejoso Octavio Leal Moncada, respecto de los actos indicados en el considerando segundo, reclamado a las autoridades precisadas en el considerando tercero, por los motivos legales ahí expuestos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, con el secretario de juzgado José Concepción Juárez Fajardo, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, haya sido recurrida por la parte quejosa, que es a quien le pudo irrogar agravios; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes.****************************************En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido.****************************************En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído.****************************************Asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 34, párrafo segundo, del mismo Acuerdo.****************************************Por otra parte, el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo es conservable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción III, inciso b), del citado acuerdo general, dado que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados.****************************************Por tanto, el original del cuaderno incidental deberá conservarse por un término de tres años, concluido ese plazo posteriores al archivo, este órgano jurisdiccional deberá transferir el expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.****************************************Con fundamento en el artículo 20, primer párrafo, del Acuerdo en comento, el expediente en que se actúa debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido el mencionado plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.****************************************Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general.****************************************Háganse las anotaciones pertinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, incluyendo la transferencia y la destrucción respectiva, conforme a los artículos 22 y 28 del Acuerdo General de trato.****************************************Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, dos tomos de pruebas que se formaron con las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, al resultar innecesaria su retención.****************************************Notifíquese personalmente.****************************************Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido del Secretario de Juzgado Julio César Cruz García, que autoriza y da fe.amsg

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, quince de noviembre de dos mil veintitrés.****************************************Vista la demanda de amparo promovida por Gabriela Rodríguez Obando, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Quinto Judicial, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; en tal virtud, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos numerales 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda, la cual queda registrada en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 2369/2023-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde; tramítese por separado el incidente de suspensión, por así solicitarlo.****************************************Se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio.****************************************SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO****************************************Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116, primer párrafo y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, mismo que deberán rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en la inteligencia que de ser ciertos los actos reclamados, deberán acompañar copias certificadas de las constancias necesarias que justifiquen la constitucionalidad de los mismos, las cuales tendrán que ser completas, legibles, firmadas, selladas, rubricadas, foliadas y ordenadas en forma secuencial.****************************************Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo legal concedido, se presumirán ciertos los actos reclamados y se les impondrá de manera individual una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 117, párrafo cuarto y 260, fracción II, de la Ley de Amparo.****************************************De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se les notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificárseles lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se les notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista.****************************************De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.".****************************************REQUERIMIENTO A LAS PARTES****************************************Requiérase a las partes para que si durante la tramitación de este juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo hagan saber a este juzgado y de ser posible deberán remitir las constancias legibles que acrediten tal situación, en términos del diverso numeral 64 de la misma ley.****************************************De igual forma, se apercibe a las partes que de no hacer del conocimiento la causal en comento, se les impondrá una multa en forma individual de treinta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 251 de la Ley de Amparo.****************************************USO DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN****************************************En otro orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, las partes podrán rendir alegatos por escrito o remitirlos mediante el portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con utilización de firma electrónica.****************************************En el supuesto de que alguna de las partes desee asistir personalmente a la audiencia a fin de alegar verbalmente, deberán estarse a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el sentido de que, ello sólo se permite cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare.****************************************En ese supuesto, se les previene para que generen la cita correspondiente y lo hagan del conocimiento de este juzgado con una anticipación de cinco días a su celebración, a efecto de ponderar su desahogo y disponer lo necesario, del uso de videoconferencias, de conformidad por el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En caso de no hacer la manifestación al respecto, la audiencia se celebrará sin asistencia personal de las partes.****************************************Por otro lado, con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; ello, tomando en consideración la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, lo que hace necesaria e idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. ****************************************SOLICITUD A LA AUTORIDAD RESPONSABLE****************************************Se solicita a las autoridades responsables que de contar con algún correo electrónico, lo proporcionen al rendir su informe justificado, con la finalidad de que este juzgado pueda utilizarlo para realizar alguna notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente. ****************************************TERCERO INTERESADO****************************************De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a quien se ordena emplazar a juicio, mediante oficio, con transcripción de este auto, en términos de la fracción II, inciso b) del artículo 26 de la invocada ley.****************************************VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN****************************************Como lo dispone el numeral 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; en la inteligencia de que en términos del artículo 110 de la ley de la materia, deberá entregársele copia simple de la demanda de amparo, por conducto del Actuario de la adscripción, o en su caso, podría ser recogida en la secretaría correspondiente, en uno u otro caso, deberá dejarse constancia legal de su recibo.****************************************Por otra parte, instrúyase a la oficial judicial "A" para que realice las gestiones administrativas relativas para que la representante Social de la Federación, tenga acceso total a la consulta del presente expediente electrónico, a través de la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, con el usuario conocido por este Juzgado de Distrito.****************************************Asimismo, se comisiona al Actuario de la adscripción a que habilite los campos correspondientes en el sistema respectivo, a fin de que dicha consulta electrónica pueda efectuarse desde el inicio de este asunto.****************************************En la inteligencia de que la autorización antes otorgada es en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. ****************************************DOMICILIO Y AUTORIZADOS****************************************Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; y se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ramiro de los Santos de Hoyos, por no haber acreditado tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se toma nota del correo electrónico que proporciona.****************************************Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal.****************************************TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA****************************************Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, salvo la reservada y la confidencial, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado; sin embargo las partes pueden manifestar expresamente su conformidad con la publicación de sus datos personales, si así lo estiman conveniente.****************************************Notifíquese.****************************************Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Liliana Margarita Villarreal Medrano, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Reynosa, Tamaulipas, quince de noviembre de dos mil veintitrés.****************************************Visto lo de cuenta y como está ordenado con esta fecha en el expediente principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, con una copia simple de la demanda de amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 2369/2023-IV, promovido por ********************, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Quinto Judicial, con sede en esta ciudad, y otra autoridad.****************************************En consecuencia, remítase copia de la demanda de amparo a las autoridades señaladas como responsables, y con apoyo en lo establecido por el artículo 138, fracción III, del citado ordenamiento legal, pídaseles el informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento en que reciba el oficio de notificación relativo, en el cual señalen las circunstancias que contribuyan a que este juzgado federal provea sobre la suspensión definitiva del acto reclamado.****************************************Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental.****************************************Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir su informe previo en el plazo de cuarenta y ocho horas, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de presumir cierto el acto reclamado, para los efectos del presente incidente.****************************************De conformidad con el artículo 140, de la ley de la materia, el informe previo se deberá concretar a expresar si son o no ciertos los actos que se les atribuyen, y en su caso, la cuantía del asunto que lo haya motivado; pudiendo agregarse las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión.****************************************Por otro lado, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en:****************************************El emplazamiento, así como todo lo actuado dentro del juicio hipotecario ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Quinto Judicial, con sede en esta ciudad.****************************************Y, la suspensión fue solicitada para los siguientes efectos: ****************************************". solicito se me tenga bien a otorgar, a petición de parte, la suspensión del acto reclamado, para el efecto que la responsable no ejecute el acto reclamado, cesen los actos de molestia, embargo, ejecución durante el presente juicio de amparo, porque de demostrar el acto reclamado y su inconstitucionalidad y de no concederse se pueden causar diversos daños de manera irreparable."****************************************En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, y toda vez que se reúnen los requisitos que se señalan en el numeral citado, pues como lo solicita la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y de ejecutarse los actos reclamados se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por la parte quejosa, para el efecto de que, sin suspender el procedimiento del juicio hipotecario ********************, que se radica ante el juzgado responsable, y éste se abstenga de desalojar a la quejosa del bien inmueble ubicado en ******************** hasta en tanto reciban la notificación de lo que se determine en la resolución interlocutoria que resuelva el presente incidente de suspensión.****************************************Ahora, en el supuesto de que los actos reclamados emanen de un expediente en el procedimiento de remate, la suspensión permitirá el curso del procedimiento hasta antes de que se ordene la escrituración y la entrega del bien inmueble al adjudicatario, como lo dispone el artículo 151 de la Ley de Amparo.****************************************Lo anterior, pues se reitera, se satisfacen los requisitos a que se contrae el primero de los preceptos legales invocados, a saber: pues existe petición de la parte agraviada y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni a disposiciones del orden público, toda vez que el acto que se reclama, en su caso, sólo se afecta derechos personales de la parte quejosa; además, no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable, y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia.****************************************Además, de negarse y ejecutarse el acto reclamado, se causarían a la parte quejosa, perjuicios de difícil reparación, toda vez que al ejecutarse los actos reclamados, provocaría violaciones en su esfera jurídica personal, que posteriormente, de concedérsele el amparo, dificultaría volver las cosas al estado que tenían con antelación al surgimiento de la violación reclamada.****************************************Lo anterior, sin perjuicio de que al momento de resolver la suspensión definitiva se cuente con mayores datos y en su caso, se pueda determinar en un sentido distinto.****************************************Siendo importante destacar que el sentido de la presente determinación tiene sustento en las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad ha efectuado la parte quejosa en su demanda de amparo, por ser los únicos medios probatorios a los que se tiene acceso en este momento procesal y sin que esto comprometa el criterio jurídico de este Juzgador, en cuanto a la suspensión definitiva, que se determinará contando con mayores datos de prueba.****************************************Se hace del conocimiento tanto de la parte quejosa como de las autoridades responsables, que la presente suspensión no surtirá ningún efecto si los actos ya fueron consumados o son diferentes al que por esta vía se reclama.****************************************Como se dijo, la presente medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no exhibe a disposición de este juzgado de Distrito, dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, garantía por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), por los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir a quien en el caso le surgiera el carácter de tercero interesado, en caso de que la parte quejosa no obtenga sentencia favorable en el juicio principal, lo que deberá exhibir en cualquiera de las formas establecidas en la ley, cantidad que se fija de forma discrecional de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, toda vez que de la demanda de amparo no se advierte cantidad alguna que sirva como base.****************************************Es aplicable al tema precedente, la tesis III.3o.C.J/3, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dice:********************"SUSPENSIÓN PROVISIONAL, FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que con la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la ley citada que disponga lo contrario a lo que se afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario, el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es ilógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera."****************************************Así como la diversa tesis II.2o.C.J/19, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que es del tenor siguiente:********************"SUSPENSIÓN. LA DISCRECIONALIDAD PARA FIJAR EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBE SUSTENTARSE EN LOS ASPECTOS OBJETIVOS QUE CONSTEN EN AUTOS. De una debida interpretación de lo que establece el artículo 125 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, se sigue que cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Ahora bien, en uso de esa facultad discrecional que se otorga al juzgador, deben tomarse en cuenta todos aquellos elementos que obren en el sumario a efecto de que el monto de dicha garantía asegure, en lo posible, los daños y perjuicios que podría resentir el tercero perjudicado con motivo de la suspensión decretada, en caso de negarse el amparo, por lo que si se trata de un inmueble, existe la posibilidad de considerar su ubicación y superficie, si está destinado a casa habitación o comercio, o cualquier otro dato objetivo que influya al respecto."****************************************Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal.****************************************Notifíquese personalmente.****************************************Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Liliana Margarita Villarreal Medrano, Secretaria que autoriza y da fe.

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