Gabriela Rodríguez Ledezma
Expediente 1156/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1156/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gabriela Rodríguez Ledezma
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término de que dispuso la parte quejosa para interponer recurso de queja en contra de la determinación en la que se desechó la demanda que motivó el presente cuaderno, sin que se haya hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara firme. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido.
- Principal
Visto el escrito signado por la quejosa ************, con el que aduce dar cumplimiento al requerimiento formulado en fecha dieciséis de diciembre pasado; agréguese sin mayor proveído, pues en esa fecha no se emitió requerimiento alguno en el sentido que refiere.
- Principal
Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que anexó: Copia certificada de los oficios 778/2022 y 785/2022 suscritos por el Juez Menor Mixto, con sede en Moroleón, Guanajuato, mediante los cuales rinde informe justificado. Original de la demanda de amparo promovida por **********; y Constancias de emplazamiento. Competencia de este juzgado para conocer del asunto y acuse de recibo correspondiente. En otro aspecto, se advierte que el tribunal oficiante remitió la demanda de amparo presentada por **********; al estimar que carece de competencia legal para atender de la misma. Lo anterior, puesto que la parte quejosa acude a solicitar la protección federal y reclama el ilegal emplazamiento al Juicio Ejecutivo Mercantil M-224/2020 del índice del Juzgado Menor Mixto, con sede en Moroleón, Guanajuato. Lo que evidencia que el acto que se reclama, no constituye sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin a la controversia de origen, por lo que no se surte competencia legal a su favor, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, acorde con lo mandado por la superioridad, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo presentada por Gabriela Rodríguez Ledesma, contra actos del magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. Registro de demanda. Fórmese el expediente físico y digital bajo el número 1156/2022-III. En principio es necesario establecer que la parte quejosa acude a ésta instancia constitucional y pretende combatir preliminarmente el acto que hace consistir en: Autoridades responsables: Actos reclamados: Juez Menor Mixto del Distrito de Moroleón. Juez Menor Mixto de Puruandiro, Michoacán. Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de Purundiro, Michoacán. El ilegal emplazamiento al Juicio Ejecutivo Mercantil M-224/2020 del índice del Juzgado Menor Mixto, con sede en Moroleón, Guanajuato. Integración de expediente. Conforme al sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre pasado, se instruye a todo el personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de esos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que sean debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación. Desechamiento de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Sentado lo anterior, se traen a cuenta los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta se hicieron, de los que se obtiene: La quejosa se ostenta tercera extraña al procedimiento mercantil M-224/2020 del índice del Juzgado Menor Mixto de Moroleón, Guanajuato. Señala que en dicho procedimiento ya existe sentencia y se pretendió ejecutar, en la ciudad de Puruándiro, Michoacán, por conducto del Juzgado Menor de ese lugar. Expone que "jamás me ha llegado notificación por parte del Poder Judicial alguna a mi domicilio para hacerme saber que me encontraba demandado". Que "en fecha 08 de abril del año en curso, me marcó mi menor hija para comentarme que está personal del Juzgado de Puruándiro, Michoacán; queriéndose meter a la casa de mis padres, ya que realizarían una ejecución de sentencia y embargarían bienes, que venían de un exhorto de la ciudad de Moroleón, Guanajuato del Juzgado Menor Mixto de número de expediente M224/2020 que fue como me enteré de que ya había sido entablado un juicio en contra de la suscrito, por lo que me encuentro en un total estado de indefensión." Que hasta el "día 26 veintiséis de octubre del año en curso fui al Juzgado Menor Mixto de Moroleón, Guanajuato, a ver qué había pasado, solicito el expediente y me cercioro que está una demanda en mi contra, pero que dejan el citatorio con mi hija Michelle Gabriela Aguilar Rodríguez." Ahora bien, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV , en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que la quejosa tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuviera conocimiento del acto que reclama, permite obtener el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda. Luego, esos quince días comenzaron a correr a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado; esto es, si de los antecedentes de los actos reclamados trascritos con antelación -narrados bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa- se desprende que tuvo conocimiento desde el ocho de abril de dos mil veintidós; por tanto, los quince días empezaron a contar el once siguiente y culminaron el cuatro de mayo del mismo año (sin contar diez días por ser inhábiles). De ahí que si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintiocho siguiente, según se desprende de la certificación de la secretaria de acuerdos del Juzgado Menor de Moroleón, Guanajuato, fue presentada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós; esto es, entre mayo y octubre de dos mil veintidós, implica asumir que se presentó de forma notoriamente extemporánea, por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso estemos ante alguna de las excepciones que contempla dicho numeral; por lo que, resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Es importante destacar que la quejosa señala una diversa fecha en que acudió a consultar el expediente, concretamente, el veintiséis de octubre del presente año; sin embargo, de su narración se desprende que fue desde el mes de abril que conoció a cabalidad que era parte demandada en un procedimiento del que, inclusive, conoció el número y su estado procesal (ejecución de sentencia). De tal guisa que hasta octubre acudió a "cerciorarse"; es decir, únicamente corroboró lo que ya conocía desde antes. Estimar lo contrario, implicaría dejar la temporalidad al arbitrio de quien solicita la protección constitucional, en detrimento de la seguridad jurídica. Es decir, si es la propia promovente quien expresa claramente que tuvo conocimiento cabal de que fue demandada en un procedimiento mercantil identificado por Juzgado y número de control; además de que se pretendía ejecutar la sentencia ahí dictada en su contra, es evidente que esa data debe ser el punto de partida para computar el plazo de ley. Es orientadora la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo III, junio de 1996, página 57 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.". También orienta por los principios ahí contenidos, la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en el Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época que es del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia.". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia mencionada, conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Brillante número 819-201, colonia San Juanico de esta ciudad. Autorizado Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que la persona que autoriza, tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12, de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se le tiene como autorizado únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que anexó: Copia certificada de los oficios 778/2022 y 785/2022 suscritos por el Juez Menor Mixto, con sede en Moroleón, Guanajuato, mediante los cuales rinde informe justificado. Original de la demanda de amparo promovida por **********; y Constancias de emplazamiento. Competencia de este juzgado para conocer del asunto y acuse de recibo correspondiente. En otro aspecto, se advierte que el tribunal oficiante remitió la demanda de amparo presentada por Gabriela Rodríguez Ledesma; al estimar que carece de competencia legal para atender de la misma. Lo anterior, puesto que la parte quejosa acude a solicitar la protección federal y reclama el ilegal emplazamiento al Juicio Ejecutivo Mercantil M-224/2020 del índice del Juzgado Menor Mixto, con sede en Moroleón, Guanajuato. Lo que evidencia que el acto que se reclama, no constituye sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin a la controversia de origen, por lo que no se surte competencia legal a su favor, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, acorde con lo mandado por la superioridad, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo presentada por Gabriela Rodríguez Ledesma, contra actos del magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. Registro de demanda. Fórmese el expediente físico y digital bajo el número 1156/2022-III. En principio es necesario establecer que la parte quejosa acude a ésta instancia constitucional y pretende combatir preliminarmente el acto que hace consistir en: Autoridades responsables: Actos reclamados: Juez Menor Mixto del Distrito de Moroleón. Juez Menor Mixto de Puruandiro, Michoacán. Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de Purundiro, Michoacán. El ilegal emplazamiento al Juicio Ejecutivo Mercantil M-224/2020 del índice del Juzgado Menor Mixto, con sede en Moroleón, Guanajuato. Integración de expediente. Conforme al sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre pasado, se instruye a todo el personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de esos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que sean debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación. Desechamiento de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Sentado lo anterior, se traen a cuenta los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta se hicieron, de los que se obtiene: La quejosa se ostenta tercera extraña al procedimiento mercantil M-224/2020 del índice del Juzgado Menor Mixto de Moroleón, Guanajuato. Señala que en dicho procedimiento ya existe sentencia y se pretendió ejecutar, en la ciudad de Puruándiro, Michoacán, por conducto del Juzgado Menor de ese lugar. Expone que "jamás me ha llegado notificación por parte del Poder Judicial alguna a mi domicilio para hacerme saber que me encontraba demandado". Que "en fecha 08 de abril del año en curso, me marcó mi menor hija para comentarme que está personal del Juzgado de Puruándiro, Michoacán; queriéndose meter a la casa de mis padres, ya que realizarían una ejecución de sentencia y embargarían bienes, que venían de un exhorto de la ciudad de Moroleón, Guanajuato del Juzgado Menor Mixto de número de expediente M224/2020 que fue como me enteré de que ya había sido entablado un juicio en contra de la suscrito, por lo que me encuentro en un total estado de indefensión." Que hasta el "día 26 veintiséis de octubre del año en curso fui al Juzgado Menor Mixto de Moroleón, Guanajuato, a ver qué había pasado, solicito el expediente y me cercioro que está una demanda en mi contra, pero que dejan el citatorio con mi hija **********." Ahora bien, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV , en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que la quejosa tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuviera conocimiento del acto que reclama, permite obtener el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda. Luego, esos quince días comenzaron a correr a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado; esto es, si de los antecedentes de los actos reclamados trascritos con antelación -narrados bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa- se desprende que tuvo conocimiento desde el ocho de abril de dos mil veintidós; por tanto, los quince días empezaron a contar el once siguiente y culminaron el cuatro de mayo del mismo año (sin contar diez días por ser inhábiles). De ahí que si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintiocho siguiente, según se desprende de la certificación de la secretaria de acuerdos del Juzgado Menor de Moroleón, Guanajuato, fue presentada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós; esto es, entre mayo y octubre de dos mil veintidós, implica asumir que se presentó de forma notoriamente extemporánea, por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso estemos ante alguna de las excepciones que contempla dicho numeral; por lo que, resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Es importante destacar que la quejosa señala una diversa fecha en que acudió a consultar el expediente, concretamente, el veintiséis de octubre del presente año; sin embargo, de su narración se desprende que fue desde el mes de abril que conoció a cabalidad que era parte demandada en un procedimiento del que, inclusive, conoció el número y su estado procesal (ejecución de sentencia). De tal guisa que hasta octubre acudió a "cerciorarse"; es decir, únicamente corroboró lo que ya conocía desde antes. Estimar lo contrario, implicaría dejar la temporalidad al arbitrio de quien solicita la protección constitucional, en detrimento de la seguridad jurídica. Es decir, si es la propia promovente quien expresa claramente que tuvo conocimiento cabal de que fue demandada en un procedimiento mercantil identificado por Juzgado y número de control; además de que se pretendía ejecutar la sentencia ahí dictada en su contra, es evidente que esa data debe ser el punto de partida para computar el plazo de ley. Es orientadora la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo III, junio de 1996, página 57 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.". También orienta por los principios ahí contenidos, la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en el Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época que es del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia.". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia mencionada, conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Brillante número 819-201, colonia San Juanico de esta ciudad. Autorizado Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que la persona que autoriza, tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12, de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se le tiene como autorizado únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, cuya síntesis es: "Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que anexó: Copia certificada de los oficios 778/2022 y 785/2022 suscritos por el Juez Menor Mixto, con sede en Moroleón, Guanajuato, mediante los cuales rinde informe justificado. Original de la demanda de amparo promovida por **********; y Constancias de emplazamiento. Competencia de este juzgado para conocer del asunto y acuse de recibo correspondiente. En otro aspecto, se advierte que el tribunal oficiante remitió la demanda de amparo presentada por **********; al estimar que carece de competencia legal para atender de la misma. Lo anterior, puesto que la parte quejosa acude a solicitar la protección federal y reclama el ilegal emplazamiento al Juicio Ejecutivo Mercantil M-224/2020 del índice del Juzgado Menor Mixto, con sede en Moroleón, Guanajuato. Lo que evidencia que el acto que se reclama, no constituye sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin a la controversia de origen, por lo que no se surte competencia legal a su favor, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, acorde con lo mandado por la superioridad, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo presentada por **********, contra actos del magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. Registro de demanda. Fórmese el expediente físico y digital bajo el número 1156/2022-III. En principio es necesario establecer que la parte quejosa acude a ésta instancia constitucional y pretende combatir preliminarmente el acto que hace consistir en: Autoridades responsables: Actos reclamados: Juez Menor Mixto del Distrito de Moroleón. Juez Menor Mixto de Puruandiro, Michoacán. Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de Purundiro, Michoacán. El ilegal emplazamiento al Juicio Ejecutivo Mercantil M-224/2020 del índice del Juzgado Menor Mixto, con sede en Moroleón, Guanajuato. Integración de expediente. Conforme al sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre pasado, se instruye a todo el personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de esos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que sean debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación. Desechamiento de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Sentado lo anterior, se traen a cuenta los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta se hicieron, de los que se obtiene: La quejosa se ostenta tercera extraña al procedimiento mercantil M-224/2020 del índice del Juzgado Menor Mixto de Moroleón, Guanajuato. Señala que en dicho procedimiento ya existe sentencia y se pretendió ejecutar, en la ciudad de Puruándiro, Michoacán, por conducto del Juzgado Menor de ese lugar. Expone que "jamás me ha llegado notificación por parte del Poder Judicial alguna a mi domicilio para hacerme saber que me encontraba demandado". Que "en fecha 08 de abril del año en curso, me marcó mi menor hija para comentarme que está personal del Juzgado de Puruándiro, Michoacán; queriéndose meter a la casa de mis padres, ya que realizarían una ejecución de sentencia y embargarían bienes, que venían de un exhorto de la ciudad de Moroleón, Guanajuato del Juzgado Menor Mixto de número de expediente M224/2020 que fue como me enteré de que ya había sido entablado un juicio en contra de la suscrito, por lo que me encuentro en un total estado de indefensión." Que hasta el "día 26 veintiséis de octubre del año en curso fui al Juzgado Menor Mixto de Moroleón, Guanajuato, a ver qué había pasado, solicito el expediente y me cercioro que está una demanda en mi contra, pero que dejan el citatorio con mi hija Michelle Gabriela Aguilar Rodríguez." Ahora bien, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV , en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que la quejosa tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuviera conocimiento del acto que reclama, permite obtener el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda. Luego, esos quince días comenzaron a correr a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado; esto es, si de los antecedentes de los actos reclamados trascritos con antelación -narrados bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa- se desprende que tuvo conocimiento desde el ocho de abril de dos mil veintidós; por tanto, los quince días empezaron a contar el once siguiente y culminaron el cuatro de mayo del mismo año (sin contar diez días por ser inhábiles). De ahí que si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintiocho siguiente, según se desprende de la certificación de la secretaria de acuerdos del Juzgado Menor de Moroleón, Guanajuato, fue presentada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós; esto es, entre mayo y octubre de dos mil veintidós, implica asumir que se presentó de forma notoriamente extemporánea, por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso estemos ante alguna de las excepciones que contempla dicho numeral; por lo que, resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Es importante destacar que la quejosa señala una diversa fecha en que acudió a consultar el expediente, concretamente, el veintiséis de octubre del presente año; sin embargo, de su narración se desprende que fue desde el mes de abril que conoció a cabalidad que era parte demandada en un procedimiento del que, inclusive, conoció el número y su estado procesal (ejecución de sentencia). De tal guisa que hasta octubre acudió a "cerciorarse"; es decir, únicamente corroboró lo que ya conocía desde antes. Estimar lo contrario, implicaría dejar la temporalidad al arbitrio de quien solicita la protección constitucional, en detrimento de la seguridad jurídica. Es decir, si es la propia promovente quien expresa claramente que tuvo conocimiento cabal de que fue demandada en un procedimiento mercantil identificado por Juzgado y número de control; además de que se pretendía ejecutar la sentencia ahí dictada en su contra, es evidente que esa data debe ser el punto de partida para computar el plazo de ley. Es orientadora la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo III, junio de 1996, página 57 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.". También orienta por los principios ahí contenidos, la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en el Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época que es del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia.". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia mencionada, conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Brillante número 819-201, colonia San Juanico de esta ciudad. Autorizado Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que la persona que autoriza, tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12, de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se le tiene como autorizado únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que anexó: Copia certificada de los oficios 778/2022 y 785/2022 suscritos por el Juez Menor Mixto, con sede en Moroleón, Guanajuato, mediante los cuales rinde informe justificado. Original de la demanda de amparo promovida por **********; y Constancias de emplazamiento. Competencia de este juzgado para conocer del asunto y acuse de recibo correspondiente. En otro aspecto, se advierte que el tribunal oficiante remitió la demanda de amparo presentada por Gabriela Rodríguez Ledesma; al estimar que carece de competencia legal para atender de la misma. Lo anterior, puesto que la parte quejosa acude a solicitar la protección federal y reclama el ilegal emplazamiento al Juicio Ejecutivo Mercantil M-224/2020 del índice del Juzgado Menor Mixto, con sede en Moroleón, Guanajuato. Lo que evidencia que el acto que se reclama, no constituye sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin a la controversia de origen, por lo que no se surte competencia legal a su favor, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, acorde con lo mandado por la superioridad, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo presentada por Gabriela Rodríguez Ledesma, contra actos del magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. Registro de demanda. Fórmese el expediente físico y digital bajo el número 1156/2022-III. En principio es necesario establecer que la parte quejosa acude a ésta instancia constitucional y pretende combatir preliminarmente el acto que hace consistir en: Autoridades responsables: Actos reclamados: Juez Menor Mixto del Distrito de Moroleón. Juez Menor Mixto de Puruandiro, Michoacán. Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de Purundiro, Michoacán. El ilegal emplazamiento al Juicio Ejecutivo Mercantil M-224/2020 del índice del Juzgado Menor Mixto, con sede en Moroleón, Guanajuato. Integración de expediente. Conforme al sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre pasado, se instruye a todo el personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de esos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que sean debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación. Desechamiento de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Sentado lo anterior, se traen a cuenta los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta se hicieron, de los que se obtiene: La quejosa se ostenta tercera extraña al procedimiento mercantil M-224/2020 del índice del Juzgado Menor Mixto de Moroleón, Guanajuato. Señala que en dicho procedimiento ya existe sentencia y se pretendió ejecutar, en la ciudad de Puruándiro, Michoacán, por conducto del Juzgado Menor de ese lugar. Expone que "jamás me ha llegado notificación por parte del Poder Judicial alguna a mi domicilio para hacerme saber que me encontraba demandado". Que "en fecha 08 de abril del año en curso, me marcó mi menor hija para comentarme que está personal del Juzgado de Puruándiro, Michoacán; queriéndose meter a la casa de mis padres, ya que realizarían una ejecución de sentencia y embargarían bienes, que venían de un exhorto de la ciudad de Moroleón, Guanajuato del Juzgado Menor Mixto de número de expediente M224/2020 que fue como me enteré de que ya había sido entablado un juicio en contra de la suscrito, por lo que me encuentro en un total estado de indefensión." Que hasta el "día 26 veintiséis de octubre del año en curso fui al Juzgado Menor Mixto de Moroleón, Guanajuato, a ver qué había pasado, solicito el expediente y me cercioro que está una demanda en mi contra, pero que dejan el citatorio con mi hija **********." Ahora bien, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV , en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que la quejosa tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuviera conocimiento del acto que reclama, permite obtener el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda. Luego, esos quince días comenzaron a correr a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado; esto es, si de los antecedentes de los actos reclamados trascritos con antelación -narrados bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa- se desprende que tuvo conocimiento desde el ocho de abril de dos mil veintidós; por tanto, los quince días empezaron a contar el once siguiente y culminaron el cuatro de mayo del mismo año (sin contar diez días por ser inhábiles). De ahí que si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintiocho siguiente, según se desprende de la certificación de la secretaria de acuerdos del Juzgado Menor de Moroleón, Guanajuato, fue presentada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós; esto es, entre mayo y octubre de dos mil veintidós, implica asumir que se presentó de forma notoriamente extemporánea, por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso estemos ante alguna de las excepciones que contempla dicho numeral; por lo que, resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Es importante destacar que la quejosa señala una diversa fecha en que acudió a consultar el expediente, concretamente, el veintiséis de octubre del presente año; sin embargo, de su narración se desprende que fue desde el mes de abril que conoció a cabalidad que era parte demandada en un procedimiento del que, inclusive, conoció el número y su estado procesal (ejecución de sentencia). De tal guisa que hasta octubre acudió a "cerciorarse"; es decir, únicamente corroboró lo que ya conocía desde antes. Estimar lo contrario, implicaría dejar la temporalidad al arbitrio de quien solicita la protección constitucional, en detrimento de la seguridad jurídica. Es decir, si es la propia promovente quien expresa claramente que tuvo conocimiento cabal de que fue demandada en un procedimiento mercantil identificado por Juzgado y número de control; además de que se pretendía ejecutar la sentencia ahí dictada en su contra, es evidente que esa data debe ser el punto de partida para computar el plazo de ley. Es orientadora la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo III, junio de 1996, página 57 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.". También orienta por los principios ahí contenidos, la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en el Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época que es del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia.". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia mencionada, conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Brillante número 819-201, colonia San Juanico de esta ciudad. Autorizado Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que la persona que autoriza, tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12, de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se le tiene como autorizado únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones.". Asimismo, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia autorizada del mismo.
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