Gabriela Ramírez Pastrana
Expediente 1421/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1421/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/09/2023
Partes del expediente
- Gabriela Ramírez Pastrana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de uno de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Toda vez que este expediente se tramitó con INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, acuérdese lo relativo a su destino en los cuadernos incidentales. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Incidental
Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo a su destino. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Atento a lo anterior, se precisa que en el presente asunto se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva; por tanto: Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General. Además, a juicio del suscrito carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 del citado Acuerdo.. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro electrónico.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Petición. La autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, realiza lo siguiente: a.- Rinde su informe justificado; b.- Designa delegados; y, b.- Ofrece prueba. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Trámite. Se tiene por rendido el informe justificado. Delegados. Se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas mencionadas en el informe de cuenta. Pruebas. Se admite la prueba documental ofrecida. Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable, manifiesta y acredita que el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, emitió auto de ejecución de laudo, y acordó las gestiones conducentes a fin de que la parte demandada dé cumplimiento al mismo, lo que implicó señalar nueva fecha y hora para efectuar el requerimiento de pago; igualmente hizo efectivo el apercibimiento a la parte demandada y le impuso la multa correspondiente; lo cual notificó a la parte demandada el veintiocho del presente mes y año y, a la parte actora el veintinueve de agosto del año en curso, lo anterior tomando en cuenta el resultado de la dirigencia efectuada el veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el(los) acto(s) reclamado(s) cesó (aron) en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la(s) autoridad(es) responsable(s) han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse gestionado lo correspondiente para que se ejecute el laudo en el juicio laboral D-65/2023. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las doce horas con cincuenta minutos del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B O C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023: San Andrés Cholula, Puebla, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Petición. La autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, realiza lo siguiente: a.- Rinde su informe justificado; b.- Designa delegados; y, b.- Ofrece prueba. Se tiene por rendido el informe justificado. Delegados. Se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas mencionadas en el informe de cuenta. Pruebas. Se admite la prueba documental ofrecida. Litis constitucional. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable, manifiesta y acredita que el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, emitió auto de ejecución de laudo, y acordó las gestiones conducentes a fin de que la parte demandada dé cumplimiento al mismo, lo que implicó señalar nueva fecha y hora para efectuar el requerimiento de pago; igualmente hizo efectivo el apercibimiento a la parte demandada y le impuso la multa correspondiente; lo cual notificó a la parte demandada el veintiocho del presente mes y año y, a la parte actora el veintinueve de agosto del año en curso, lo anterior tomando en cuenta el resultado de la dirigencia efectuada el veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el(los) acto(s) reclamado(s) cesó (aron) en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la(s) autoridad(es) responsable(s) han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse gestionado lo correspondiente para que se ejecute el laudo en el juicio laboral D-65/2023. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las doce horas con cincuenta minutos del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,863 expedientes
- Gabriela Peña Pérez889/2020
- Gabriela Ponce Miranda1297/2023
- Gabriela Ponce Miranda991/2019
- Gabriela Ramírez Pastrana1001/2019
- Gabriela Ramírez Pastrana572/2022
- Gabriela Ramírez Pastrana390/2018
- Gabriela Ramírez Pastrana1795/2021
- Gabriela Sánchez De la Mota2004/2021
- Gabriela Sánchez de la Mota1027/2023
- Gabriela Thomé Moreno853/2021
- Gabriela Tlamani Flores1766/2022
- Gabriela Victoria Zambrano Huerta92/2022