Gabriela Pineda Molina

Expediente 731/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
731/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Pineda Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintidós. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda promovida por Gabriela Pineda Molina, por propio derecho, se declara que dicho proveído, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 731/2022 Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de junio de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por Gabriela Pineda Molina, contra actos del Juez Séptimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y otra autoridad. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 731/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dice "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. De conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. De la lectura íntegra a la demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes. Para ello, es preciso señalar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS 1. De la autoridad responsable ordenadora señalada en el inciso I, del capítulo correspondiente, reclamo la ilegal y arbitraria orden girada a la Autoridad Ejecutora a fin de privarme de mi posesión legítima de mis bienes personales, que se encuentran en mi domicilio particular, de manera arbitraria y vulnerando mi derecho al debido proceso y demás garantías constitucionales consagradas en nuestra Carta Magna, aun y cuando la Quejosa no es parte del Juicio que refieren que se haya instaurado en el Juzgado a su cargo, dejándome en total e inminente estado de Indefensión, causándome un daño de naturaleza irreparable. 2. De la autoridad responsable ejecutora señalada en el inciso II, del capítulo correspondiente, reclamo la inminente ejecución material de los actos emanados de la Autoridad Ejecutora, a fin de privarme de mi posesión legitima de mis bienes personales, que se encuentran en mi domicilio particular, de manera arbitraria y vulnerando mi Derecho al debido Proceso y demás Garantías Constitucionales consagradas en nuestra Carta Magna, aun y cuando la Quejosa no es parte del Juicio que refieren que se haya instaurado en el Juzgado a su Cargo, dejándome en total e inminente estado de Indefensión, causándome un daño de naturaleza irreparable. 3. De las autoridades responsables a quienes se atribuyen los actos reclamados, reclamo todas las consecuencias de hecho y de derecho que se deriven o puedan derivarse con su legítimo proceder. (.) [Énfasis añadido] Es decir, acude a esta instancia a reclamar la orden de embargo girada en el juicio ejecutivo mercantil 935/2021, del índice del Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, respecto de los bienes que son de su propiedad y que se encuentran en el domicilio respecto del cual acredita ser titular, no obstante que no forma parte de dicho juicio. Asimismo, de los antecedentes que narra en el escrito de cuenta, señala que quien forma parte del juicio ejecutivo mercantil señalado, es Gustavo Robles Juárez, con quien contrajo matrimonio por bienes separados; de ahí, que independiente al vínculo que guarda con el demandado en aquel juicio de origen, le causa afectación la ejecución que se realiza sobre los bienes respecto de los cuales acredita ser propietaria. Para acreditar su pretensión, de las documentales que acompaña al escrito de cuenta, se encuentran las siguientes: a. Acuse de recepción del escrito presentado el trece de junio de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes del Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el juicio ejecutivo mercantil 935/2021, a través del cual realiza diversas manifestaciones con la personalidad acreditada en la tercería excluyente de dominio. b. Constancia digital del acta de matrimonio número 00241, fecha de registro veintiocho de noviembre de dos mil veinte. c. Testimonio de escritura número 112,051, respecto de la compraventa realizada por la promovente, del inmueble ubicado en el lote de terreno marcado con el número veinte de la manzana cien, del fraccionamiento de tipo residencial Campestre, denominado Condado de Sayavedra, segunda sección, municipio de Atizapán de Zaragoza, Distrito de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, se deduce que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; consecuentemente, interpretado en sentido contrario, cuando se promueve juicio biinstancial en contra del embargo de determinado bien, por aquella persona que con anterioridad hizo valer tercería excluyente de dominio en un juicio ejecutivo mercantil y que, incluso, agotó los medios ordinarios a su alcance, dicho juicio resulta improcedente ya que, desde el momento en que promovió la citada tercería, perdió su calidad de tercero extraño a juicio y se convirtió en tercero opositor; ello es así pues, la finalidad de dicha tercería es que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado; por tanto, desde el momento en que hace valer ese medio ordinario de defensa, pierde su calidad de tercero extraño y, por ende, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente y debe desecharse la demanda. Dicha circunstancia se corrobora con el acuse de recepción del escrito presentado el trece de junio de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes del Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el juicio ejecutivo mercantil 935/2021, de donde se aprecia lo siguiente: (.) ABELARDO SEBASTÍAN ROMERO RUÁNO VS GUSTAVO ROBLES JUÁREZ JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EXPEDIENTE: 935/2021 MANIFESTACIONES C. JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO: GABRIEL PINEDA MOLINA, por propio derecho y con la personalidad que tengo debidamente acreditada en la tercería excluyente de dominio, con el debido respeto y de manera urgente, comparezco a este expediente principal, a exponer. Que como su señoría sabe y tiene conocimiento, mediante proveído de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en este sumarios (del cual he sido informada por mis abogados) usted autorizó una ampliación de embargo, para lo cual ordenó al ejecutor de su adscripción, a efecto de que se constituyera en mi domicilio particular, a saber: calle Castillo de Pisa, número 42-2, fraccionamiento Condado de Sayavedra, código postal 52938, en Atizapán de Zaragoza, México, con la única finalidad de requerir de pago y embargarle bienes de su propiedad al señor GUSTAVO ROBLES JUÁREZ. (.) [Énfasis añadido] Es decir, si bien la parte promovente reclama el embargo de un bien que es de su propiedad, ordenado en un juicio del que no es parte; lo cierto es que no se le puede acreditar la calidad de tercero extraño a juicio, en virtud de que hizo valer la tercería excluyente de dominio en el juicio ejecutivo mercantil 935/2021 y, por tanto, adquirió la calidad de tercero opositor, de conformidad con el artículo 1362 del Código de Comercio; máxime porque la finalidad de dicha tercería es que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado. De ahí que, desde que hace valer ese medio ordinario de defensa, pierde su calidad de tercero extraño a juicio y por ello, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente y debe desecharse la demanda. Apoya a la anterior determinación, el razonamiento contenido en la tesis XXI.2o.C.T.12 C (10a.) con número de registro digital 2014466, consultable en la página dos mil ochocientos noventa y ocho del libro 43, tomo IV, de junio de dos mil diecisiete, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DEBE DESECHARSE POR IMPROCEDENTE, LA INSTADA POR EL TERCERO OPOSITOR QUE CON ANTERIORIDAD PROMOVIÓ TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y AGOTÓ LOS MEDIOS ORDINARIOS A SU ALCANCE. De acuerdo con el artículo 1362 del Código de Comercio, será tercero opositor aquel que comparezca a juicio a deducir una acción distinta a la debatida entre las partes; asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 7/98, de rubro: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE., determinó que el tercero extraño a juicio es aquel que no fue parte material en un procedimiento y que, sin embargo, sufre un perjuicio con la resolución o ejecución que en aquél se emita; también se ha equiparado a éste, a quien habiendo sido señalado como parte en el procedimiento, no fue emplazado o lo fue incorrectamente. Así, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; consecuentemente, interpretado en sentido contrario, cuando se promueve juicio biinstancial en contra del embargo de determinado bien, por aquella persona que con anterioridad hizo valer tercería excluyente de dominio en un juicio ejecutivo mercantil y que, incluso, agotó los medios ordinarios a su alcance, dicho juicio resulta improcedente ya que, desde el momento en que promovió la citada tercería, perdió su calidad de tercero extraño a juicio y se convirtió en tercero opositor; ello es así pues, la finalidad de dicha tercería, es que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado; por tanto, desde el momento en que hace valer ese medio ordinario de defensa, pierde su calidad de tercero extraño y, por ende, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente y debe desecharse la demanda. Así como lo previsto en la diversa tesis XXI.2o.C.T.11 C (10a.) con número de registro digital 2014489, consultable en la página tres mil veintiséis, del libro libro 43, tomo IV, de junio de dos mil diecisiete, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL TERCERO OPOSITOR, QUIEN CON ANTERIORIDAD PROMOVIÓ TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO DENTRO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y AGOTÓ LOS RECURSOS ORDINARIOS A SU ALCANCE. De acuerdo con el artículo 1362 del Código de Comercio, será tercero opositor aquel que comparezca a juicio a deducir una acción distinta a la debatida entre las partes; asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 7/98, de rubro: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE., determinó que el tercero extraño a juicio es aquel que no fue parte material en un procedimiento y que, sin embargo, sufre un perjuicio con la resolución o ejecución que en aquél se emita; también se ha equiparado a éste, a quien habiendo sido señalado como parte en el procedimiento, no fue emplazado o lo fue incorrectamente. Así, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. En ese sentido, para efectos del juicio de amparo indirecto, no tiene el carácter de tercero extraño a juicio el tercero opositor, quien con anterioridad promovió tercería excluyente de dominio dentro de un juicio ejecutivo mercantil y agotó los recursos ordinarios a su alcance; es así, pues la finalidad de dicha tercería es que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado; por tanto, desde que hace valer ese medio ordinario de defensa, pierde su calidad de tercero extraño a juicio. Se desecha demanda de amparo En tales condiciones, con apoyo en lo previsto por el artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo promovida por Gabriela Pineda Molina, por propio derecho. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Toda vez que no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les deban hacer, incluso las de carácter personal, se les realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto no señale domicilio dentro de la jurisdicción de este juzgado. Sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico que proporciona, ya que éste no es una forma prevista en la Ley de Amparo, ni en los Acuerdos General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizada a la persona que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acredite haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que, si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de juicio en línea, es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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