Gabriela Pérez Suarez

Expediente 571/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
571/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Pérez Suarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, por lo que con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado de plano la demanda que le dio origen...M-VIII

  2. Principal

    ...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSO, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintidos, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de agosto de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito signado por Carlos Arturo Ortega Villanueva, representante y administrador único Ingeniería y Señalización Vial del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio del cual da cumplimiento total a la prevención ordenada en autos, en virtud de que exhibe nuevamente su escrito de demanda pero esta vez firmado por el representante legal antes mencionado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, analizado en su integridad el escrito que se provee, se advierte que, en el caso que nos ocupa, el juicio de amparo promovido por Carlos Arturo Ortega Villanueva, representante y administrador único Ingeniería y Señalización Vial del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable es improcedente y, por lo tanto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del cuerpo de leyes en cita, impone la obligación al juzgado de amparo de analizar oficiosamente las causales de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 193379, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Precisado lo anterior, conviene señalar que, la causal de improcedencia que en la especie se actualiza es la prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente que dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.). 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez Del precepto transcrito se advierte la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; con la condición de que causen un agravio irreparable a través de algún medio de defensa legal. Interpretada en sentido contrario esta primera parte del referido precepto, se puede inferir válidamente que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto administrativo cause un agravio reparable mediante algún medio de defensa legal; lo cual lleva implícito el principio de definitividad que lo rige, consistente en agotar los recursos ordinarios de defensa previo a la promoción de la instancia constitucional. Esto es, el amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades administrativas revisables de oficio, atento a las normas rectoras, o proceda contra ellos algún recurso, incidente o juicio por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a tales ordenamientos se suspendan sus efectos a través de la interposición del medio de defensa legal hecho valer por el agraviado, con iguales alcances a los previstos en la norma reglamentaria y sin exigir más requisitos que los que en ella consigna para conceder la medida cautelar definitiva ni plazo mayor al establecido para el otorgamiento de la provisional, con independencia de si la actuación u omisión sea susceptible de ser interrumpida de acuerdo con dicha ley. Ahora bien, los numerales 1 y 3, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de los diversos 2, 3 y 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen: 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. Formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General correspondiente y en el presente ordenamiento. Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se ejercerá con autonomía y conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad y transparencia. Su administración será eficiente para lograr la eficacia de la justicia administrativa bajo el principio de rendición de cuentas. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, racionalidad y bajo estos principios estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes. Conforme a los principios a que se refiere el párrafo anterior, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Tribunal se sujetará a las siguientes reglas: I. Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; II. Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la Cámara de Diputados; 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez III. Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y IV. Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia tesorería. Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado; (.). Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Artículo 3. Son partes en el juicio contencioso administrativo: I. El demandante. II. Los demandados. Tendrán ese carácter: a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia del Tribunal. Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación. III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante". Artículo 13. El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea. Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía tradicional. La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican: I. De treinta días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general. b) Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea auto aplicativa. II. De treinta días siguientes a aquél en el que surta efectos la notificación de la resolución de la Sala o Sección que habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello, deberá prevenirse al promovente para que, dentro de dicho plazo, presente demanda en contra de la resolución administrativa que tenga carácter definitivo. III. De cinco años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, los que se contarán a partir del día siguiente a la fecha en que éste se haya emitido, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda. Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto, deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala. Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se suspenderá hasta un año, si antes no se ha aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para interponer la demanda si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación, incluyendo en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento, inclusive en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, el plazo para interponer el juicio contencioso administrativo federal se suspenderá hasta por un año. La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. En ese contexto, de los numerales señalados se advierte que procede el juicio de nulidad contra las resoluciones administrativas definitivas establecidas en la legislación orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que establece que dicho órgano conocerá de los juicios promovidos contra resoluciones que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado; por tanto, se estima que las resoluciones en las que se requiera el pago de garantías en favor de la federación quedan comprendidas entre otras, el oficio en las que la Tesorería de la Federación requiera un pago. Pues las referidas disposiciones, al prever la procedencia del juicio de nulidad contra resoluciones que requieran el pago en favor de la federación, se refiere a todas aquellas que versen sobre ese tema. En el caso particular, se estima que la parte quejosa previo a instar el juicio de derechos debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debido a que la impetrante combate el oficio 0P02222, mediante el cual la Tesorería de la Federación requiere el pago de las fianzas 3660-02936-5 y 3660-02937-4 por la cantidad de $2,095,855.89 (dos millones noventa y cinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 89/100 moneda nacional) y $1,734,748.82 (un millón setecientos treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho pesos 82/100 moneda nacional) respectivamente, mismas que fueron expedidas por la Aseguradora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, en favor de la moral quejosa. En tal sentido, es evidente que en el oficio reclamado está vinculado el tema de requerimiento de pago en favor de la federación, ya que la Tesorería de la Federación es una unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de la gestión financiera de los recursos y valores del Gobierno Federal, por lo que se estima que el juicio de nulidad resulta idóneo para que se combata el acto reclamado. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 28/2022 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, Libro 14, Junio 2022, Tomo VI, página 4880, con número de registro digital 2024892 que dice: REQUERIMIENTO DE PAGO DE FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AL PREVER LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD EN SU CONTRA, RECONOCE EL DERECHO DE DEFENSA. Hechos: Una persona moral interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo indirecto en la cual reclamó, entre otros actos, la inconstitucionalidad de la fracción III del artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, al estimar que tal precepto no prevé un medio de defensa en contra de la orden de remate de bienes a que se refiere el párrafo segundo de la misma fracción. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la fracción III del artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas reconoce el derecho de defensa. Justificación: En el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se prevé el procedimiento para el cobro de fianzas otorgadas en favor de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, el cual se integra por un primer requerimiento de pago a partir del cual se otorga el plazo de treinta días para comprobar ante la autoridad ejecutora que se realizó el pago requerido, o bien, demandar la nulidad de dicho requerimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cuyo caso se suspenderá el procedimiento de ejecución. De no haberse acreditado el pago o cuando se reconoce la validez del requerimiento impugnado, la autoridad ejecutora tiene el plazo de veinticinco días hábiles para solicitar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la emisión de la orden de remate de valores de la afianzadora. Ahora bien, de la lectura de las fracciones III y IV del artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se desprende claramente que el legislador reconoció el derecho de defensa de las afianzadoras, quienes podrán acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a efecto de demandar la invalidez del requerimiento de pago de la respectiva fianza, siendo que en tal medio de impugnación podrán oponer todas las excepciones a su alcance, a condición de que las mismas sean inherentes a la obligación principal; estén encaminadas a la extinción total 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez o parcial de la obligación; se trate de excepciones perentorias o de fondo y sean novedosas, es decir, que no hayan sido formuladas en algún otro momento o medio de defensa. Así, al determinar la procedencia del juicio de nulidad en contra de ese requerimiento, el creador de la norma cumplió con los deberes de dar seguridad jurídica y prever un medio de defensa ordinario, pues estableció en la norma precisada el supuesto de mayor probabilidad de ocurrencia, de ahí que no resulte exigible contemplar normativamente supuestos de poca o rara incidencia, ya que ello se traduciría en el deber de identificar exhaustiva y pormenorizadamente todos y cada uno de los supuestos fácticos o materiales que pueden presentarse, haciendo sumamente complicada la función legislativa y restando abstracción a los hipotéticos legales para, a cambio, exigir una precisión y concretización que no son propias del acto legislativo. Asimismo, sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, página 1470, con número de registro digital 2004254que dice: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad. Igualmente, sirve de apoyo lo anterior, la tesis aislada I.16o.A.30 A (10a.) del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2377, con número de registro digital 2018065 que dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. CONTRA EL REQUERIMIENTO DE PAGO DE LAS PÓLIZAS RELATIVAS PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN IX, DE LA 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ABROGADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014). La exigibilidad de las fianzas otorgadas en favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, se realiza mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, el cual, previo a su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, en vigor a partir del 1 de enero siguiente, establecía la posibilidad de que las instituciones de fianzas interpusieran medios de defensa contra el requerimiento de pago efectuado por la Federación mediante la autoridad ejecutora; sin embargo, el legislador eliminó del precepto mencionado la posibilidad de esa impugnación, al suprimir la parte relativa. Luego, si del artículo 14, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada se advierte, en lo que aquí interesa, que los actos administrativos en los que se requiera el pago de garantías a favor de la Federación, como es el requerimiento de pago de pólizas de fianzas, pueden controvertirse en la vía ordinaria contenciosa, entonces, conforme al principio pro homine reconocido por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien la intención del proceso legislativo al reformar el artículo 143 citado fue constreñir a las afianzadoras para que realizaran el pago requerido por la autoridad exactora, lo cierto es que esa intencionalidad es insuficiente para considerar que contra el requerimiento de pago de pólizas de fianzas es improcedente el juicio contencioso administrativo, pues la modificación legal señalada no fue al artículo 14, fracción IX, aludido, por lo cual, no se restringió su instauración contra dicho acto; de ahí que para negar un derecho, en este caso una instancia e, implícitamente, de audiencia, debía haberse derogado esta última porción normativa, lo que no ocurrió. Por tanto, procede el juicio de nulidad contra el requerimiento de pago de las pólizas señaladas, aunado al principio general del derecho relativo a que lo que no está prohibido está permitido. Además, en el caso de ninguna manera se actualizan los diversos supuestos de excepción al principio de definitividad relativos a cuando sólo se alegan violaciones directas a la constitución y el acto carezca de fundamentación, pues se advierte que el reclamo del peticionario deriva de una cuestión 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez de legalidad susceptible de ser estudiada por la autoridad ordinaria; esto es, la inconformidad de la parte quejosa está encaminada a revelar la transgresión en el requerimiento de pago en favor de la Tesorería de la Federación; por ende, es un acto susceptible de reclamarse en juicio de nulidad. De igual forma, en ningún modo alguno se trata del supuesto de omisión de agotar los recursos o medios de defensa si éstos están previstos en un reglamento sin que la legislación aplicable contemple su existencia; pues como se indicó, el juicio de nulidad está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y no en un reglamento. En los términos anotados, previo al amparo, la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo, pues de lo contrario se priva de definitividad al acto reclamado, con lo cual se impide que la afectada pueda ser oída con la amplitud perseguida por el derecho fundamental de audiencia, la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes; por tanto, contra el acto reclamado procede el juicio de nulidad, en términos del artículo 3, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por todo lo anterior, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada por Carlos Arturo Ortega Villanueva, representante y administrador único Ingeniería y Señalización Vial del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable. SOLICITA QUE SE LE TENGA USUARIO ÚNICAMENTE PARA CONSULTA ELECTRÓNICA. Por lo que hace a la manifestación de la parte quejosa, respecto a que únicamente se tenga el usuario juridicogv, para consulta electrónica del expediente, hágase de su conocimiento que mediante auto de quince de agosto de este año, se tuvo únicamente para consulta del expediente por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al usuario referido, teniéndose como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Mariano Matamoros número 407, primer piso, colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, tal y como lo solicito en su escrito inicial de demanda....M-VIII

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de agosto de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito signado por Carlos Arturo Ortega Villanueva, representante y administrador único Ingeniería y Señalización Vial del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio del cual da cumplimiento total a la prevención ordenada en autos, en virtud de que exhibe nuevamente su escrito de demanda pero esta vez firmado por el representante legal antes mencionado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, analizado en su integridad el escrito que se provee, se advierte que, en el caso que nos ocupa, el juicio de amparo promovido por Carlos Arturo Ortega Villanueva, representante y administrador único Ingeniería y Señalización Vial del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable es improcedente y, por lo tanto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del cuerpo de leyes en cita, impone la obligación al juzgado de amparo de analizar oficiosamente las causales de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 193379, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Precisado lo anterior, conviene señalar que, la causal de improcedencia que en la especie se actualiza es la prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente que dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.). 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez Del precepto transcrito se advierte la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; con la condición de que causen un agravio irreparable a través de algún medio de defensa legal. Interpretada en sentido contrario esta primera parte del referido precepto, se puede inferir válidamente que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto administrativo cause un agravio reparable mediante algún medio de defensa legal; lo cual lleva implícito el principio de definitividad que lo rige, consistente en agotar los recursos ordinarios de defensa previo a la promoción de la instancia constitucional. Esto es, el amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades administrativas revisables de oficio, atento a las normas rectoras, o proceda contra ellos algún recurso, incidente o juicio por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a tales ordenamientos se suspendan sus efectos a través de la interposición del medio de defensa legal hecho valer por el agraviado, con iguales alcances a los previstos en la norma reglamentaria y sin exigir más requisitos que los que en ella consigna para conceder la medida cautelar definitiva ni plazo mayor al establecido para el otorgamiento de la provisional, con independencia de si la actuación u omisión sea susceptible de ser interrumpida de acuerdo con dicha ley. Ahora bien, los numerales 1 y 3, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de los diversos 2, 3 y 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen: 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. Formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General correspondiente y en el presente ordenamiento. Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se ejercerá con autonomía y conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad y transparencia. Su administración será eficiente para lograr la eficacia de la justicia administrativa bajo el principio de rendición de cuentas. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, racionalidad y bajo estos principios estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes. Conforme a los principios a que se refiere el párrafo anterior, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Tribunal se sujetará a las siguientes reglas: I. Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; II. Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la Cámara de Diputados; 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez III. Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y IV. Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia tesorería. Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado; (.). Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Artículo 3. Son partes en el juicio contencioso administrativo: I. El demandante. II. Los demandados. Tendrán ese carácter: a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia del Tribunal. Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación. III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante". Artículo 13. El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea. Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía tradicional. La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican: I. De treinta días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general. b) Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea auto aplicativa. II. De treinta días siguientes a aquél en el que surta efectos la notificación de la resolución de la Sala o Sección que habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello, deberá prevenirse al promovente para que, dentro de dicho plazo, presente demanda en contra de la resolución administrativa que tenga carácter definitivo. III. De cinco años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, los que se contarán a partir del día siguiente a la fecha en que éste se haya emitido, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda. Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto, deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala. Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se suspenderá hasta un año, si antes no se ha aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para interponer la demanda si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación, incluyendo en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento, inclusive en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, el plazo para interponer el juicio contencioso administrativo federal se suspenderá hasta por un año. La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. En ese contexto, de los numerales señalados se advierte que procede el juicio de nulidad contra las resoluciones administrativas definitivas establecidas en la legislación orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que establece que dicho órgano conocerá de los juicios promovidos contra resoluciones que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado; por tanto, se estima que las resoluciones en las que se requiera el pago de garantías en favor de la federación quedan comprendidas entre otras, el oficio en las que la Tesorería de la Federación requiera un pago. Pues las referidas disposiciones, al prever la procedencia del juicio de nulidad contra resoluciones que requieran el pago en favor de la federación, se refiere a todas aquellas que versen sobre ese tema. En el caso particular, se estima que la parte quejosa previo a instar el juicio de derechos debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debido a que la impetrante combate el oficio 0P02222, mediante el cual la Tesorería de la Federación requiere el pago de las fianzas 3660-02936-5 y 3660-02937-4 por la cantidad de $2,095,855.89 (dos millones noventa y cinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 89/100 moneda nacional) y $1,734,748.82 (un millón setecientos treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho pesos 82/100 moneda nacional) respectivamente, mismas que fueron expedidas por la Aseguradora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, en favor de la moral quejosa. En tal sentido, es evidente que en el oficio reclamado está vinculado el tema de requerimiento de pago en favor de la federación, ya que la Tesorería de la Federación es una unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de la gestión financiera de los recursos y valores del Gobierno Federal, por lo que se estima que el juicio de nulidad resulta idóneo para que se combata el acto reclamado. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 28/2022 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, Libro 14, Junio 2022, Tomo VI, página 4880, con número de registro digital 2024892 que dice: REQUERIMIENTO DE PAGO DE FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AL PREVER LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD EN SU CONTRA, RECONOCE EL DERECHO DE DEFENSA. Hechos: Una persona moral interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo indirecto en la cual reclamó, entre otros actos, la inconstitucionalidad de la fracción III del artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, al estimar que tal precepto no prevé un medio de defensa en contra de la orden de remate de bienes a que se refiere el párrafo segundo de la misma fracción. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la fracción III del artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas reconoce el derecho de defensa. Justificación: En el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se prevé el procedimiento para el cobro de fianzas otorgadas en favor de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, el cual se integra por un primer requerimiento de pago a partir del cual se otorga el plazo de treinta días para comprobar ante la autoridad ejecutora que se realizó el pago requerido, o bien, demandar la nulidad de dicho requerimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cuyo caso se suspenderá el procedimiento de ejecución. De no haberse acreditado el pago o cuando se reconoce la validez del requerimiento impugnado, la autoridad ejecutora tiene el plazo de veinticinco días hábiles para solicitar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la emisión de la orden de remate de valores de la afianzadora. Ahora bien, de la lectura de las fracciones III y IV del artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se desprende claramente que el legislador reconoció el derecho de defensa de las afianzadoras, quienes podrán acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a efecto de demandar la invalidez del requerimiento de pago de la respectiva fianza, siendo que en tal medio de impugnación podrán oponer todas las excepciones a su alcance, a condición de que las mismas sean inherentes a la obligación principal; estén encaminadas a la extinción total 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez o parcial de la obligación; se trate de excepciones perentorias o de fondo y sean novedosas, es decir, que no hayan sido formuladas en algún otro momento o medio de defensa. Así, al determinar la procedencia del juicio de nulidad en contra de ese requerimiento, el creador de la norma cumplió con los deberes de dar seguridad jurídica y prever un medio de defensa ordinario, pues estableció en la norma precisada el supuesto de mayor probabilidad de ocurrencia, de ahí que no resulte exigible contemplar normativamente supuestos de poca o rara incidencia, ya que ello se traduciría en el deber de identificar exhaustiva y pormenorizadamente todos y cada uno de los supuestos fácticos o materiales que pueden presentarse, haciendo sumamente complicada la función legislativa y restando abstracción a los hipotéticos legales para, a cambio, exigir una precisión y concretización que no son propias del acto legislativo. Asimismo, sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, página 1470, con número de registro digital 2004254que dice: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad. Igualmente, sirve de apoyo lo anterior, la tesis aislada I.16o.A.30 A (10a.) del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2377, con número de registro digital 2018065 que dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. CONTRA EL REQUERIMIENTO DE PAGO DE LAS PÓLIZAS RELATIVAS PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN IX, DE LA 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ABROGADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014). La exigibilidad de las fianzas otorgadas en favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, se realiza mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, el cual, previo a su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, en vigor a partir del 1 de enero siguiente, establecía la posibilidad de que las instituciones de fianzas interpusieran medios de defensa contra el requerimiento de pago efectuado por la Federación mediante la autoridad ejecutora; sin embargo, el legislador eliminó del precepto mencionado la posibilidad de esa impugnación, al suprimir la parte relativa. Luego, si del artículo 14, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada se advierte, en lo que aquí interesa, que los actos administrativos en los que se requiera el pago de garantías a favor de la Federación, como es el requerimiento de pago de pólizas de fianzas, pueden controvertirse en la vía ordinaria contenciosa, entonces, conforme al principio pro homine reconocido por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien la intención del proceso legislativo al reformar el artículo 143 citado fue constreñir a las afianzadoras para que realizaran el pago requerido por la autoridad exactora, lo cierto es que esa intencionalidad es insuficiente para considerar que contra el requerimiento de pago de pólizas de fianzas es improcedente el juicio contencioso administrativo, pues la modificación legal señalada no fue al artículo 14, fracción IX, aludido, por lo cual, no se restringió su instauración contra dicho acto; de ahí que para negar un derecho, en este caso una instancia e, implícitamente, de audiencia, debía haberse derogado esta última porción normativa, lo que no ocurrió. Por tanto, procede el juicio de nulidad contra el requerimiento de pago de las pólizas señaladas, aunado al principio general del derecho relativo a que lo que no está prohibido está permitido. Además, en el caso de ninguna manera se actualizan los diversos supuestos de excepción al principio de definitividad relativos a cuando sólo se alegan violaciones directas a la constitución y el acto carezca de fundamentación, pues se advierte que el reclamo del peticionario deriva de una cuestión 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez de legalidad susceptible de ser estudiada por la autoridad ordinaria; esto es, la inconformidad de la parte quejosa está encaminada a revelar la transgresión en el requerimiento de pago en favor de la Tesorería de la Federación; por ende, es un acto susceptible de reclamarse en juicio de nulidad. De igual forma, en ningún modo alguno se trata del supuesto de omisión de agotar los recursos o medios de defensa si éstos están previstos en un reglamento sin que la legislación aplicable contemple su existencia; pues como se indicó, el juicio de nulidad está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y no en un reglamento. En los términos anotados, previo al amparo, la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo, pues de lo contrario se priva de definitividad al acto reclamado, con lo cual se impide que la afectada pueda ser oída con la amplitud perseguida por el derecho fundamental de audiencia, la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes; por tanto, contra el acto reclamado procede el juicio de nulidad, en términos del artículo 3, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por todo lo anterior, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada por Carlos Arturo Ortega Villanueva, representante y administrador único Ingeniería y Señalización Vial del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable. SOLICITA QUE SE LE TENGA USUARIO ÚNICAMENTE PARA CONSULTA ELECTRÓNICA. Por lo que hace a la manifestación de la parte quejosa, respecto a que únicamente se tenga el usuario juridicogv, para consulta electrónica del expediente, hágase de su conocimiento que mediante auto de quince de agosto de este año, se tuvo únicamente para consulta del expediente por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al usuario referido, teniéndose como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Mariano Matamoros número 407, primer piso, colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, tal y como lo solicito en su escrito inicial de demanda....M-VIII

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de agosto de dos mil veintidós. REGULARIZA EL PROCEDIMIENTO. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que por auto de diez de agosto de este año, se tuvo a Fortino Bautista Márquez, quien se ostenta como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa Gabriela Pérez Suárez, tratando de cumplir la prevención ordenada en auto de tres de agosto de este año, sin embargo no se tuvo por cumplida la misma en virtud de que al mencionado primeramente no le asiste el carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, sino que únicamente está autorizado para recibir notificaciones, auto que no se notificó de manera personal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo establecido por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se ordena notificar de manera personal a la parte quejosa el proveído de diez de agosto de este año, así como el presente. Asimismo, hágase del conocimiento del promovente que, con la presentación del ocurso de cinco de agosto de este año, se interrumpió el término concedido en el ya referido auto de tres de agosto del año en curso; por tanto, como a la fecha de su presentación aún no daba inicio el término, se encuentran vigentes los cinco días concedidos inicialmente para cumplir con los requerimientos realizados por esta autoridad, subsistiendo el apercibimiento realizado en dicho proveído y que el cómputo para el desahogo de la prevención se hará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 Se invoca por ser aplicable, la tesis III.2o.A.38 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1323, que es del tenor siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA. En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial."...M-VIII

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