Gabriela Pérez Cortés

Expediente 168/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
168/2017
Año
2017
Actuaciones
23
Última actuación
13/07/2017

Partes del expediente

  • Gabriela Pérez Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa y tercero interesado, hubiesen interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías el veinte de junio de dos mil diecisiete, por el que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para todos los efectos legales. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Ante tal circunstancia, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, el legajo de copias certificadas, deducidas del expediente Familiar 0456/2013, de su índice, que en su momento remitió como justificación a su informe. Se destaca que en este juicio se formaron cuadernos de suspensión, en donde por una parte, se negó la suspensión definitiva y por otra, se concedió la misma, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo en el presente juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace el conocimiento de las partes, que el presente juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Notifíquese y cúmplase. IB-A

  2. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio 1220/2017, signado por el Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por oficio 1366, remite copia certificada del convenio de doce de junio del año en curso, celebrado en el expediente 456/2013, relativo al juicio de alimentos que en la vía de controversias del orden familiar, promovido por la quejosa Gabriela Pérez Cortés, haciendo del conocimiento que las partes llegaron a un convenio para dar por terminada dicha controversia, mismo que se agrega a los autos para los efectos legales procedentes. Ahora bien, tomando en consideración que en dicha diligencia se tuvo por formulado el convenio pactado entre las partes, entre los que se determinó que la guarda y custodia definitiva del menor Francisco Javier Pinacho Ramos, es a favor de la quejosa Gabriela Pérez Cortés, elevando dicho convenio a la categoría de sentencia; por ello, dedúzcase copia certificada del oficio y anexos de cuenta, y con los mismos acuérdese lo que en derecho corresponda en el juicio principal de donde emana el presente incidente. Notifíquese. IB-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de junio de dos mil diecisiete. Vista la copia certificada del oficio 1220/2017, signado por el Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en el que adjuntó copia certificada de la audiencia de pruebas y alegatos de doce de junio del año en curso, celebrada en el expediente 456/2013, relativo al juicio de alimentos que en la vía de controversias del orden familiar, que promovió la quejosa Gabriela Pérez Cortés, haciendo del conocimiento que las partes llegaron a un convenio para dar por terminada dicha controversia; documento que tiene valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en su numeral 2º. Ahora, advirtiéndose del contenido del documento certificado que la autoridad judicial remitió como cumplimiento de la suspensión definitiva, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, se advierte que la quejosa Gabriela Pérez Cortés, reclamó del Juez Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad señalada como Responsable reclamo: I).- La determinación de fecha 28 de Febrero del año 2017, dictada por la responsable con motivo de la comparecencia del señor Francisco Javier Pinacho Ramos, en la que se decreta a su favor el resguardo provisional de mi menor hijo SANTIAGO GAEL PINACHO PÉREZ; comparecencia en la que se tomaron las siguientes determinaciones. a) Otorgar el resguardo provisional de mi hijo al señor Francisco Javier Pinacho Ramos. b) Señalar las quince horas con treinta minutos del día quince de abril del año 2017 para que tenga lugar una audiencia de carácter familiar en la que se escuche a las partes. (Día inhábil correspondiente a las vacaciones de semana santa). c) Suspender el pago de la pensión alimenticia decretada a favor de mi menor hijo, equivalente al veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el señor Francisco Javier Pinacho Ramos. Todas estas determinaciones violentan el interés superior de mi menor hijo, y en especial la marcada con el inciso a), pues con la misma, el Juez responsable consintió que mi menor hijo, fuera separado de manera drástica del entorno en el que ha vivido, poniéndolo en grave riesgo de sufrir un daño psicoemocional y atentar contra su libre desarrollo. Como consecuencia de la determinación reclamada, el hoy tercero interesado, desde el 7 de abril del presente año, ha impedido que la suscrita vea a mi menor hijo; lo que también violenta el interés superior del menor, pues a él también se le está privando del derecho a estar bajo el resguardo de su madre, como consecuencia del acto que se reclama en esta demanda. Dicha determinación fue dictada dentro del expediente número 456/2013 que se sigue ante la responsable, relativo al Juicio Especial de Alimentos que en la vía de controversias del orden familiar promueve la suscrita Gabriela Pérez Cortes en contra de Francisco Javier Pinacho Ramos, en el que reclamo el pago de una pensión alimenticia provisional y en su caso definitiva a favor de la actora y de nuestro menor hijo; así como la guarda y custodia a mi favor de nuestro menor hijo. Debo precisar que el Juicio del que emana el acto reclamado, se tramita conforme al Título Décimo Séptimo del Código Procesal Civil vigente en el Estado, relativo a las controversias del orden familiar, mismo que en el tercer párrafo del artículo 962 dispone que Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad; recurso que de acuerdo al mismo cuerpo de leyes, en su artículo 703 establece como requisito para su interposición que debe quedar definido por sentencia firme el acto que causa el agravio. En ese sentido, nos encontramos en el supuesto de la fracción V del Artículo 107 de la Ley de Amparo, y no se actualiza la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 61 del mismo ordenamiento." En esa tesitura, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Lo anterior, toda vez que la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en la diligencia de audiencia de pruebas y alegatos de doce de junio del año en curso, celebrada en el expediente 456/2013, relativo al juicio de alimentos que en la vía de controversias del orden familiar, que promovió la quejosa Gabriela Pérez Cortés, en el que se tuvo por formulado el convenio pactado entre las partes, entre los que se determinó, entre otras cosas, la guarda y custodia definitiva del menor Santiago Gael Pinacho Pérez, a favor de la quejosa Gabriela Pérez Cortés; así como la forma de convivencia del mismo con ambos padres; y, el pago de sus alimentos, elevando dicho convenio a la categoría de sentencia. Así las cosas, en lo particular aconteció un cambio en la situación jurídica de la impetrante de garantías, porque si bien señaló como acto reclamado la determinación de veintiocho de febrero del año en curso, emitido por el juez responsable, en la que se otorgó a Francisco Javier Pinacho Ramos, el resguardo provisional de su menor hijo Santiago Gael Pinacho Pérez; así como la audiencia de carácter familiar y la suspensión del pago de pensión alimenticia. De igual forma, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, Juez Primero Familiar, con residencia en esta ciudad, se aprecia que en audiencia de pruebas y alegatos de doce de junio del año en curso, se determinó la custodia definitiva del menor Santiago Gael Pinacho Pérez, a favor de la quejosa Gabriela Pérez Cortés; así como la forma de convivencia del mismo con ambos padres; y, el pago de sus alimentos, elevando dicho convenio a la categoría de sentencia, de ahí que haya cambiado su situación jurídica de la quejosa, y por ende se afectó el presente juicio, ya que no se puede decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Se cita en apoyo, la tesis 2ª. CXI/96 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos diecinueve, del Tomo IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Asimismo, cobra vigor lo expuesto, con lo sustentado en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ciento noventa y nueve, del Tomo VIII, Septiembre de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que interpreta: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguiente requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." Bajo esas condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del arábigo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en la diversa fracción V del numeral 63 del referido ordenamiento legal. Por tal razón, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, agréguese a los autos la copia del oficio 405/2017, signado por la Jefa de Administración de Correos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento que se le formuló por oficio I-1295, solicitó a su similar de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, remita el acuse o en su defecto copia del formato 78 o pieza devuelta, relativo al oficio I-1029, dirigido al Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, lo que se toma en consideración para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a las partes. IB-A

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de junio de dos mil diecisiete. Vista la copia certificada del oficio 1220/2017, signado por el Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en el que adjuntó copia certificada de la audiencia de pruebas y alegatos de doce de junio del año en curso, celebrada en el expediente 456/2013, relativo al juicio de alimentos que en la vía de controversias del orden familiar, que promovió la quejosa Gabriela Pérez Cortés, haciendo del conocimiento que las partes llegaron a un convenio para dar por terminada dicha controversia; documento que tiene valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en su numeral 2º. Ahora, advirtiéndose del contenido del documento certificado que la autoridad judicial remitió como cumplimiento de la suspensión definitiva, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, se advierte que la quejosa Gabriela Pérez Cortés, reclamó del Juez Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad señalada como Responsable reclamo: I).- La determinación de fecha 28 de Febrero del año 2017, dictada por la responsable con motivo de la comparecencia del señor Francisco Javier Pinacho Ramos, en la que se decreta a su favor el resguardo provisional de mi menor hijo SANTIAGO GAEL PINACHO PÉREZ; comparecencia en la que se tomaron las siguientes determinaciones. a) Otorgar el resguardo provisional de mi hijo al señor Francisco Javier Pinacho Ramos. b) Señalar las quince horas con treinta minutos del día quince de abril del año 2017 para que tenga lugar una audiencia de carácter familiar en la que se escuche a las partes. (Día inhábil correspondiente a las vacaciones de semana santa). c) Suspender el pago de la pensión alimenticia decretada a favor de mi menor hijo, equivalente al veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el señor Francisco Javier Pinacho Ramos. Todas estas determinaciones violentan el interés superior de mi menor hijo, y en especial la marcada con el inciso a), pues con la misma, el Juez responsable consintió que mi menor hijo, fuera separado de manera drástica del entorno en el que ha vivido, poniéndolo en grave riesgo de sufrir un daño psicoemocional y atentar contra su libre desarrollo. Como consecuencia de la determinación reclamada, el hoy tercero interesado, desde el 7 de abril del presente año, ha impedido que la suscrita vea a mi menor hijo; lo que también violenta el interés superior del menor, pues a él también se le está privando del derecho a estar bajo el resguardo de su madre, como consecuencia del acto que se reclama en esta demanda. Dicha determinación fue dictada dentro del expediente número 456/2013 que se sigue ante la responsable, relativo al Juicio Especial de Alimentos que en la vía de controversias del orden familiar promueve la suscrita Gabriela Pérez Cortes en contra de Francisco Javier Pinacho Ramos, en el que reclamo el pago de una pensión alimenticia provisional y en su caso definitiva a favor de la actora y de nuestro menor hijo; así como la guarda y custodia a mi favor de nuestro menor hijo. Debo precisar que el Juicio del que emana el acto reclamado, se tramita conforme al Título Décimo Séptimo del Código Procesal Civil vigente en el Estado, relativo a las controversias del orden familiar, mismo que en el tercer párrafo del artículo 962 dispone que Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad; recurso que de acuerdo al mismo cuerpo de leyes, en su artículo 703 establece como requisito para su interposición que debe quedar definido por sentencia firme el acto que causa el agravio. En ese sentido, nos encontramos en el supuesto de la fracción V del Artículo 107 de la Ley de Amparo, y no se actualiza la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 61 del mismo ordenamiento." En esa tesitura, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Lo anterior, toda vez que la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en la diligencia de audiencia de pruebas y alegatos de doce de junio del año en curso, celebrada en el expediente 456/2013, relativo al juicio de alimentos que en la vía de controversias del orden familiar, que promovió la quejosa Gabriela Pérez Cortés, en el que se tuvo por formulado el convenio pactado entre las partes, entre los que se determinó, entre otras cosas, la guarda y custodia definitiva del menor Santiago Gael Pinacho Pérez, a favor de la quejosa Gabriela Pérez Cortés; así como la forma de convivencia del mismo con ambos padres; y, el pago de sus alimentos, elevando dicho convenio a la categoría de sentencia. Así las cosas, en lo particular aconteció un cambio en la situación jurídica de la impetrante de garantías, porque si bien señaló como acto reclamado la determinación de veintiocho de febrero del año en curso, emitido por el juez responsable, en la que se otorgó a Francisco Javier Pinacho Ramos, el resguardo provisional de su menor hijo Santiago Gael Pinacho Pérez; así como la audiencia de carácter familiar y la suspensión del pago de pensión alimenticia. De igual forma, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, Juez Primero Familiar, con residencia en esta ciudad, se aprecia que en audiencia de pruebas y alegatos de doce de junio del año en curso, se determinó la custodia definitiva del menor Santiago Gael Pinacho Pérez, a favor de la quejosa Gabriela Pérez Cortés; así como la forma de convivencia del mismo con ambos padres; y, el pago de sus alimentos, elevando dicho convenio a la categoría de sentencia, de ahí que haya cambiado su situación jurídica de la quejosa, y por ende se afectó el presente juicio, ya que no se puede decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Se cita en apoyo, la tesis 2ª. CXI/96 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos diecinueve, del Tomo IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Asimismo, cobra vigor lo expuesto, con lo sustentado en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ciento noventa y nueve, del Tomo VIII, Septiembre de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que interpreta: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguiente requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." Bajo esas condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del arábigo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en la diversa fracción V del numeral 63 del referido ordenamiento legal. Por tal razón, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, agréguese a los autos la copia del oficio 405/2017, signado por la Jefa de Administración de Correos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento que se le formuló por oficio I-1295, solicitó a su similar de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, remita el acuse o en su defecto copia del formato 78 o pieza devuelta, relativo al oficio I-1029, dirigido al Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, lo que se toma en consideración para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a las partes. IB-A

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