Gabriela Peralta Sánchez
Expediente 1441/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1441/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2021
Partes del expediente
- Gabriela Peralta Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta que antecede, y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno en el presente juicio de garantías. En consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho proveído que sobresee fuera de audiencia ha causado estado, para todos los fines legales correspondientes. Por lo anterior, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; y, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete en el Estado de Puebla, y las vinculadas Magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete en el Estado de Puebla, no han dado total cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. En principio, es pertinente precisar que por sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, la justicia de la unión amparo y protegió a la parte quejosa contra el acto de autoridad reclamado al Magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete en el Estado de Puebla, concediéndola para los siguientes efectos Conforme a lo anterior, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, debe concederse el amparo solicitado, para el efecto de que el Magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete en el Estado de Puebla, realice las gestiones necesarias, inclusive con apercibimiento e imponiendo medidas de apremio, hasta lograr el cumplimiento de la sentencia de cinco de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio de agrario 205/2014, y realice el pronunciamiento correspondiente, en el sentido de quedar cumplido dicho fallo. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla y Registrador Público en la Circunscripción Territorial de Tepeaca, Puebla, consistente en la omisión de expedir los títulos de propiedad a favor de cada uno de los actores, con motivo de la sentencia de cinco de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 205/2014, deducidos de la parcela 660 del ejido de San Salvador Huixcolotla, municipio de Huixcolotla, Puebla; y la omisión de realizar las anotaciones conforme a derecho respecto de la sentencia de aludida.". Y del estudio integral de las constancias remitidas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, únicamente se advierten los títulos de propiedad a favor de Enrique Manuel Salvador Pérez, Elpido Martínez Paredes y José Carlos Martínez Mellado. En igualdad de condiciones, se advierte que no obra en autos la sentencia de cinco de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio de agrario 205/2014, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete en el Estado de Puebla, lo anterior, a fin de que este juzgador este en aptitud de determinar sí fue cumplida en su totalidad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete en el Estado de Puebla, para que en el término de cinco días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita lo siguiente Sentencia de cinco de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio de agrario 205/2014, de su índice. Títulos de propiedad a favor de Victorina Robles Jiménez, Florinda Campos Flores, Teófila Pascuala Flores Jiménez, Laura Muñoz Ramírez, Antonio Monterrosas Jiménez, Arturo González Coto, Hermilo García Martínez, Antonio Vallejo Herrera, Rómulo Monterrosas Navarro, Federico Mirón Rodríguez, Miguel Machorro Machorro, Heriberto Andrade Andrade, Virginia Pérez Rocha, Martina Reynoso Rodríguez, María Modesta Rojas Barrales, Juan Andrade Silva, Joaquín Vallejo Rodríguez, María Isabel García Carrión, Hortensia Atempa Rojas, Hermenegildo Andrade Andrade, Rubén Rojas Galindo, Santiago Monter Arenas, Reyes González Robles, María Canelaria Aída González Robles, Mariana Rosas Hernández, Clotilde Ramos Ponce, Elia Ramos Ramos, Abraham Monterrosas Jiménez, Olga Pérez Macías, Bernardino Olayo Monterrosas, Sergio García Herrera, Bernabé García Martínez, Ángela Vivanco Sánchez, Horalia Funez Chávez, Margarito Rosas Sánchez, Alejandro Sánchez Flores, Feliciano Martínez Flores, María Juana Zárate Morales, Odilón Martínez Paredes, Leopoldo Paredes Parada, Elpidio Mendoza Sánchez, Alfredo Ramírez Báez, Alfonso Paredes Parada, Juan Carlos Limón Hernández, Eliseo Paredes Parada, Tomás Martínez Rosas, Justino Arcadio Ramos Fuentes, Ancelmo Contreras Romero, Margarita Huerta García, José Trinidad Arena Ramos, Javier Arenas Ramos, José Miguel Ascensión Naxi Cuamani, Juana Guadalupe González y Juana Navarro Téllez; respecto de los asentamientos humanos que se localizan dentro de la Central de Abastos denominada Unión de Productores y Comerciantes de la Central de Abastos Regional de Benito Juárez del Distrito de Tepeaca, A.C. en el Municipio de San Salvador Huixcolotla, municipio de Huixcolotla, Puebla. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrán a las personas físicas que actualmente ocupan el cargo de Magistrados del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete en el Estado de Puebla, una multa a cada uno de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con el diverso 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo, así como el artículo 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Y, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que informa la jurisprudencia número VI.2o.T. J/2 (10a.), visible en la página 2579 del Tomo IV, Noviembre de 2014 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto, siguientes: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO. El artículo 192 de la Ley de Amparo prevé el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria en la que se otorga la protección de la Justicia Federal. Inicialmente, establece que una vez que la sentencia protectora haya adquirido firmeza, la autoridad federal la notificará a la autoridad responsable y le requerirá que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibiéndola que, de no hacerlo sin causa justificada, le impondrá a su titular una multa de cien a mil días de salario, de acuerdo con el artículo 258 de la ley de la materia, y remitirá el expediente a la superioridad (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación) para seguir el trámite de inejecución. Conforme a esta disposición, cuando la autoridad responsable es un órgano integrado por más de un titular, el apercibimiento de multa no debe hacerse a dicho órgano en abstracto, sino a cada una de las personas físicas que lo integran, especificando el nombre y apellidos de cada una de ellas, en el entendido de que, en términos de la última parte del primer párrafo del artículo 193 de la citada ley, los titulares a quienes se les imponga la multa seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo y las personas físicas que los sustituyan tendrán responsabilidad, si durante el ejercicio de sus funciones debe darse cumplimiento a la ejecutoria.". Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Finalmente, visto el escrito de cuenta téngase a Orlando Cid Flores autorizado por los quejosos José Carlos Martínez Mallado y Enrique Manuel Salvador en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, solicitando copia certificada de la sentencia dictada en este juicio de amparo y de los informes justificados con sus respectivos anexos rendidos por las autoridades responsables. En atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia certificada de la sentencia dictada en este juicio de amparo y de los informes justificados con sus respectivos anexos rendidos por las autoridades responsables, teniéndose al ocursante para que las reciba, previa identificación a satisfacción de este juzgado y razón que por su entrega y recibo se asiente en autos. Para dar lugar a lo anterior, deberá acudir ante este órgano judicial, una vez que genere su cita en términos del artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, pues al no ser este juzgado federal quien requiere la presencia física del ocursante, deberá ser la parte solicitante quien proceda a generar la cita respectiva, a través del sistema OJ que se encuentra en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, generando el Código QR correspondiente, que permitirá que él y, en su caso, otra persona autorizada en el presente juicio, ingresen a las instalaciones que ocupa este órgano. Asimismo, se conmina al ocursante que deberá de considerar una segunda visita -dentro de los diez días siguientes al que gestione las copias- para recogerlas. Lo anterior, a fin de evitar concentración de personas y exceder el tiempo límite permitido -veinticinco minutos para permanecer dentro del juzgado. Además, de otorgar un tiempo prudente para que el personal del juzgado desempeñe sus labores de manera eficiente, entre las que se encontrarán la certificación de las constancias solicitadas. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa alegara el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue: "La omisión de girar los oficios respectivos respecto de la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte actora -aquí quejoso- dentro del juicio laboral D-3/973/2013". Por resolución dictada el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Juan Manuel Rojas Moreno, contra los actos la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: "Gire oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Puebla, a fin de que rindan la información respecto de la prueba de inspección ocular que ofreció la parte actora dentro del juicio laboral D-3/973/2013". En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Posteriormente, la presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficios recibidos en la oficialía de este Juzgado el trece de octubre del año que transcurre, remitió copia certificada de diversas constancias del juicio laboral D-3/973/2013, entre ellas, de los oficios girados al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Puebla, de las respuestas de éstas y del acuerdo de ocho del mes y año en curso, en el que los tuvo por recibidos y, en los cuales las diversas autoridades dieron contestación a lo peticionado; documentales con las que ordenó dar vista a las partes en el término de tres días hábiles para que manifestaran lo que a su interés conviniera; así como las respectivas constancias de notificación del proveído de ocho del mes y año en curso, dentro del mencionado procedimiento laboral. Por lo anterior, el catorce del referido mes y año, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó al quejoso el dieciocho de octubre del año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por la presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía del derecho fundamental de pronta y expedita administración de justicia, consagrado en el artículo 17 constitucional por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que en el juicio laboral D-3973/2013, se giraron oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Puebla, solicitándoles diversa información, las que dieron respuesta a ello; documentales con las que se dio vista a las partes en el término de tres días hábiles para que manifestaran lo que a su interés conviniera, lo cual fue notificado a las partes como se advierte de las respectivas constancias de notificación; por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]. Finalmente, comuníquese lo anterior al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, para los efectos legales a que haya lugar dentro del incidente de inejecución de sentencia T-17/2021 de su estadística. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Ireneo Urbano Santiago a través del cual informa que presentó una promoción en diverso juicio 340/2019 del índice de este juzgado federal, sin embargo, advierte que debió dirigirse al presente sumario y para lo cual anexa el acuse correspondiente. Ahora bien, del contenido del escrito que anexa, solicita que los edictos ordenados para el emplazamiento de la parte tercera interesada "Colectivos Unidos Ruta 10 (12 de diciembre)", Asociación Civil Rojos, a través de quien legalmente la represente, sea a costa del Consejo de la Judicatura Federal, ya que actualmente no cuenta con un trabajo estable. De lo relatado por el impetrante y con base en lo expresado en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, por lo que debe de presumirse cierto, se tiene que el juicio de origen es de naturaleza laboral, donde figuraba como actor, lo que concatenado con sus nuevas manifestaciones relativas a que se trata de una controversia suscitada por un despido injustificado se presume que se encuentra en un grupo de vulnerabilidad, máxime que es trabajador. A ello se suma el hecho notorio de la situación económica que se atraviesa el país derivada de la pandemia por el virus SARS-COVID-19, donde es de todos conocidos la pérdida y escasez de empleos. Por relatado, y en observancia al artículo 79 de la Ley de Amparo, este juzgador estima que su condición de vulnerabilidad es suficiente para probar la insolvencia económica que pretende acreditar el impetrante de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional determina que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar a la parte tercera interesada "Colectivos Unidos Ruta 10 (12 de diciembre)", Asociación Civil Rojos, a través de quien legalmente la represente. Para su tramitación, se ordena remitir a la Administradora Regional en Puebla del Consejo de la Judicatura Federal, dos copias de los originales del edicto correspondiente, así como el disco compacto (CD) que contiene el archivo a publicar; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis I.5o.C.10 C (10a), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo XVII, febrero de 2013, página 1357, de rubro: "EDICTOS. LA CALIDAD DE PENSIONADO CONSTITUYE UN INDICIO SUFICIENTE PARA ACREDITAR QUE EL QUEJOSO NO TIENE LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA SUFRAGAR EL COSTO DE SU PUBLICACIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO.", sostiene que para preservar el derecho fundamental de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, en el supuesto en el que el quejoso manifieste su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, es decir, cuando existan indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar el costo de los edictos, podrá ordenar su publicación a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, si para demostrar ese extremo, el quejoso demuestra que tiene la calidad de pensionado, ello constituye un indicio suficiente que hace presumir que carece de la capacidad económica para pagar la publicación de los edictos. Así como el diverso criterio número 2a./J. 108/2010, publicada en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Edictos que deberán publicarse por tres veces consecutivas, de siete en siete días, en el "Diario Oficial de la Federación" y en los periódicos de mayor circulación en la República, esto es, El Universal, El Excelsior o El Financiero; de conformidad con lo dispuesto en el inciso c), fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada. Queda a disposición de la parte tercera interesada, en la actuaría de este Juzgado Federal copia simple de la demanda de garantías y del presente auto, haciéndole saber que deberá presentarse ante este órgano jurisdiccional ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, séptimo piso, ala sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, Código Postal 72810, dentro del término de treinta días, contado a partir del siguiente al de la última publicación, bajo el apercibimiento que de no comparecer, las notificaciones que le correspondan le serán hechas mediante lista, que se publique en este juzgado, en términos de la fracción II, del numeral 27, de la Ley de Amparo. De igual forma, publíquese en los estrados de este juzgado, una vez que se acredite su publicación. Notifíquese por lista a las partes.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes
- Gabriela Muñoz Rugerio1159/2018
- Gabriela Ortiz Flores1399/2022
- Gabriela Ortiz Flores1400/2022
- Gabriela Padilla Espinosa749/2022
- Gabriela Patricia López López430/2021
- Gabriela Patricia López López514/2019
- Gabriela Peralta Sánchez1269/2022
- Gabriela Peralta Sánchez49/2019
- Gabriela Sánchez Esgua1977/2021
- Gabriela Serrano Vargas1211/2016
- Gabriela Soledad Morales Castillo381/2022
- Gabriela Solís Rodríguez1371/2018