GABRIELA PARDO LARA y Otros.

Expediente 264/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
264/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/04/2018

Partes del expediente

  • GABRIELA PARDO LARA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de catorce de marzo de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de catorce de marzo de dos mil dieciocho, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente documento alguno susceptible de devolución exhibido por las partes. Atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueven Gabriela Pardo Lara y Carmen Angelina Martínez Torres, contra actos del Congreso del Estado de San Luis Potosí y otra autoridad; por violación en su perjuicio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 264/2018-VI, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, examinada la demanda de amparo, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse la misma. El artículo 113 de Ley de la materia, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con el anterior precepto legal, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, cabe destacar que las quejosas reclaman del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de San Luis Potosí, el decreto por el que se expide el Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, particularmente la inconstitucionalidad de los artículos 15, 105 y 133, de dicho cuerpo normativo, con motivo de la "discriminación sistemática y legalizada presente en el estado de San Luis Potosí, por la omisión de las autoridades responsables de establecer medidas cautelares que lleven a proteger los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación de las parejas del mismo sexo". En los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se vierten bajo protesta de decir verdad, señalan que el dieciséis de febrero del año en curso, acudieron a las instalaciones de una organización civil, en donde se les facilitó la información que guarda el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo. De igual manera, que en dicha organización, una persona les mencionó la imposibilidad de efectuar la ceremonia en las oficinas registrales en el Estado, debido a que el Código Familiar no contempla la unión civil de las parejas homosexuales. Asimismo, se les informó que con base en lo dispuesto por el artículo 1° y 4° de la Carta Magna, y las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que declara que no existe motivo para negar ese derecho civil, podían solicitar la protección de la justicia federal con motivo de su interés legítimo. Señalan que, con base en lo anterior y a que las razones por las cuales el Código Familiar impide la celebración de los matrimonios entre parejas del mismo sexo resultan infundadas y por ende inconstitucionales, constituyen el motivo por el cual promueven la presente demanda de amparo. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]." De las disposiciones anteriormente transcritas, se desprende que el juicio de amparo es improcedente, a contrario sensu, contra normas generales cuando no se controvierten con motivo de su sola entrada en vigor, o bien, con motivo del primer acto de aplicación. Resulta relevante destacar que no se define en este momento si la norma cuya constitucionalidad se impugna es autoaplicativa o heteroaplicativa, ni tampoco si a las quejosas les asiste interés jurídico o legítimo para instar la acción constitucional (eso no sería propio del auto de radicación), sino lo que aquí se establece es que resulta claro, manifiesto e indudable que las quejosas promueven el presente juicio de amparo indirecto, al margen de cualquiera de los supuestos de procedencia del amparo contra leyes en la vía indirecta, previsto en el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo [ni por su sola entrada en vigor, ni por un acto concreto de aplicación]. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CLXXXIII/2015 (10a.), estableció que de la interpretación sistemática de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se desprende que una persona puede acudir al juicio de amparo cuando su oposición a la ley adquiera una concreción real, jurídicamente relevante y cualificada en el tiempo, es decir, cuando acudan a alegar afectaciones contemporáneas y definitivas. Lo anterior, tiene como base la preocupación constitucional de delimitar el poder de revisión judicial, para que sólo sea activable cuando esta función sea necesaria para resolver una controversia real. La tesis en comento se localiza en la página 444, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE ACREDITA, DEBE RESPONDERSE A LAS PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿QUIÉN? Y ¿CUÁNDO? Una persona que válidamente plantee la impugnación constitucional de una ley en sede judicial debe hacerse tres preguntas para determinar si cuenta con interés legítimo para hacerlo: ¿Qué puede servir de parámetro de control constitucional? ¿Quién puede acudir a combatirla en sede de control judicial? y ¿Cuándo puede hacerlo? Las tres respuestas están en la Constitución. En primer lugar, el artículo 133 establece que la integridad de la Constitución es norma jurídica, la que se constituye en criterio de validez de todo acto de producción normativa, por lo que, por regla general, cualquier fragmento constitucional puede servir de parámetro de control. En segundo lugar, el artículo 103, fracción I, establece que puede acudir al juicio quien, al menos, acredite interés legítimo. Finalmente, de la interpretación sistemática de los artículos 103 y 107, se desprende que una persona puede acudir al juicio de amparo cuando su oposición a la ley adquiera una concreción real, jurídicamente relevante y cualificada en el tiempo, lo que sucede cuando resienta una afectación que no sea hipotética o conjetural, es decir, cuando acudan a alegar afectaciones contemporáneas y definitivas. Las respuestas a cada una de las preguntas identificadas -el qué, el quién y el cuándo- tienen como común denominador la preocupación constitucional de delimitar el poder de revisión judicial de las leyes conforme al principio de división de poderes, para que sólo sea activable cuando esta función sea necesaria para resolver una controversia real, que involucre la suerte de un interés con relevancia jurídica de una persona, de acuerdo a un parámetro jurídico, ya que aquellos actos o afectaciones hipotéticas o condicionadas a un acto contingente pueden ser resueltos por los poderes políticos con legitimidad democrática. Luego, la determinación de no reconocer interés legítimo a la parte quejosa para impugnar una norma legal que no le afecta en el momento actual no constituye una restricción indebida al poder de control constitucional de las leyes, sino el cumplimiento al principio de división de poderes que ordena al poder judicial." Ahora bien, como se señaló con antelación, en el caso, las quejosas controvierten la constitucionalidad de los artículos 15, 105 y 133, del Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, con base en el conocimiento que tuvieron por parte de una asociación civil, relativo a la imposibilidad de efectuar el matrimonio en las oficinas registrales en el Estado, debido a que el aludido cuerpo normativo "no contempla la unión civil de las parejas homosexuales". De lo expuesto, resulta evidente que las inconformes no acuden a la presente instancia constitucional con motivo de la entrada en vigor de la norma impugnada, pues en principio, en su escrito inicial, no refieren promover el juicio de amparo con base en este supuesto y, en segundo lugar, deviene inconcuso que a la fecha, el término de treinta días para instar el juicio de garantías con motivo de la entrada en vigor del precepto impugnado a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la Materia, ya transcurrió. Lo anterior, tomando en consideración que de los artículos transitorios del decreto por el que se expide el Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, se desprende que el mismo entró en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, de ahí que si esto último aconteció el dieciocho de diciembre de dos mil ocho, resulta evidente que a la fecha ya les transcurrió en exceso a las quejosas, el término de treinta días previsto por el artículo 17 de la Ley de la Materia, para impugnarlo con motivo de su entrada en vigor. En la misma tesitura, de los términos en que se encuentra planteada la demanda de amparo, deviene inconcuso que las quejosas tampoco impugnan los artículos 15, 105 y 133, del Código Familiar para el Estado, con motivo de un acto concreto de aplicación en su perjuicio, pues como se señaló con antelación, controvierten su constitucionalidad con base en la simple mención que les hizo una persona que forma parte de una asociación civil, sobre la imposibilidad de efectuar el matrimonio en las oficinas registrales en el Estado, debido a que el Código Familiar "no contempla la unión civil de las parejas homosexuales". En ese tenor, como lo señaló la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 209, cuando la demanda de amparo se ha interpuesto extemporáneamente en relación con el plazo de treinta días siguientes a su vigencia, y por otro lado tampoco la parte quejosa se ha colocado en la hipótesis que dicha ley prevé, ni tampoco que las autoridades responsables hayan aplicado en su contra el ordenamiento reclamado, debe concluirse que el amparo es improcedente, porque se dejó pasar la primera oportunidad para impugnar la ley, y aún no se presenta la segunda, por falta de actos de aplicación. El criterio jurisprudencial en cita se localiza en la página 201, Tomo I, Parte SCJN, Octava Época del Apéndice de 1995, cuya voz y texto son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORANEAMENTE EN RELACION CON EL TERMINO DE 30 DIAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACION. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 21, 22, fracción I, y 73, fracción XII, segundo párrafo, de la ley de la materia, el amparo contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera dentro de los treinta días contados desde que entra en vigor, la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tiene lugar el primer acto de aplicación de la propia ley, en perjuicio de la parte quejosa; mas cuando la demanda de amparo se ha interpuesto extemporáneamente en relación con el plazo de treinta días siguientes a su vigencia, y por otro lado no comprueba la quejosa haberse colocado ella misma en la hipótesis que dicha ley prevé, ni tampoco que las autoridades responsables hayan aplicado en su contra el ordenamiento reclamado, debe concluirse que el amparo es improcedente, porque se dejó pasar la primera oportunidad para impugnar la ley, y aún no se presenta la segunda, por falta de actos de aplicación." Cabe destacar que este Juzgador no soslaya la existencia de la tesis aislada 1a. CCLXXXIV/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en especial, la parte final de su texto), consultable en la página 144, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "ESTIGMATIZACIÓN LEGAL. REQUISITOS PARA TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO INDIRECTO PARA COMBATIR LA PARTE VALORATIVA DE UNA LEY Y EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN." Lo anterior, pues la misma constituye un criterio aislado que no obliga al suscrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, ni eventualmente al Tribunal Colegiado que en un momento dado pudiera conocer del recurso que, de ser el caso, se haga valer, lo anterior dado el carácter orientador de que goza dicho criterio, motivo por el cual la Superioridad podrá adoptar la postura de la mayoría o minoría al resolver sobre dicho tema. Debiendo señalarse que suscrito comparte el criterio plasmado por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en su voto particular, el cual se estima aplicable al caso en concreto. Además, conforme al texto actual de la Ley de Amparo, en especial su artículo 107, fracción I, una norma general sólo puede impugnarse: ya sea con su sola entrada en vigor (para lo cual se tiene treinta días por disposición expresa del numeral 17, ibídem) o ya sea con motivo de un acto concreto de aplicación que cause perjuicio a la parte quejosa y en el caso es claro que la primer hipótesis normativa está superada, entonces ello solo podría acontecer hasta el momento en que como pareja acudieran ante el Oficial del Registro Civil correspondiente a fin de contraer matrimonio y éste se negara a celebrar dicho acto jurídico, lo que incluso podría no acontecer si el Oficial del Registro Civil accediera a celebrar el matrimonio solicitado. Sin que lo anterior, implique que se impida a las quejosas acudir a la instancia constitucional, a efecto de defender sus derechos fundamentales, sino que para ello lo único que se requiere es que primero se les aplique la norma de la que se duelen, pues tanto el referido precepto 107, fracción I, de la Ley de Amparo, como la tesis y jurisprudencia (obligatoria) transcritas en primer y segundo lugar parten de la base de que los quejosos, ya sea por un interés jurídico o legítimo, habrán de impugnar las normas que estimen inconstitucionales cuando se actualice el acto concreto de aplicación por parte de autoridad, al no estar ya en el supuesto de temporalidad para impugnarlas con motivo de su sola entrada en vigor. Lo cual tiene razón de ser en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que si la cuestión a dilucidar sería el trato discriminatorio que los artículos 15, 105 y 133, del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí genera, primero hay que ver si la autoridad encargada de su aplicación, lo remedia o no. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la ejecutoria que dio origen a la tesis 1a. CCLXXXIV/2014, no se ocupó del análisis del precepto 107, fracción I, de la Ley de Amparo, del cual actualmente deriva la improcedencia que se advierte, pues el juicio de amparo sujeto a revisión que dio origen al criterio que en ella se contiene, se tramitó bajo la vigencia de la Ley de Amparo en vigor hasta el dos de abril de dos mil trece. De modo que incluso bien puede establecerse que aquél ésta superado por las disposiciones claras y expresas que regulan la procedencia del juicio de amparo contra leyes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que las quejosas también hagan depender la inconstitucionalidad de los preceptos que reclaman de la omisión atribuida a las autoridades responsables de "establecer medidas cautelares que lleven a proteger los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación de las parejas del mismo sexo", pues al tratarse de autoridades con facultades legislativas y reglamentarias, por disposición de los artículos 57, fracciones I y IX, y 80, fracciones II y III, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, se traducen en omisiones legislativas, respecto de las cuales el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han establecido que el juicio de amparo es improcedente con fundamento en los artículos 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 de la ley de la materia citada. Ilustra lo anterior la tesis P. CLXVIII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 180, del tenor siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL. Respecto de la omisión del legislador ordinario de dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir determinada ley o de reformar la existente en armonía con las disposiciones fundamentales, es improcedente el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la citada legislación ordinaria, en virtud de que, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley que es una regla de carácter general, abstracta y permanente, la que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que es inconcuso resultaría apartado del principio de relatividad enunciado". Así como la diversa 2a. VIII/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, página 1164, de rubro y texto siguiente: "OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto constitucional citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. En congruencia con lo anterior, en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este Alto Tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto; máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco es obstáculo que el artículo 103, fracción I, constitucional, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales". En consecuencia, al resultar indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, éste último en sentido contrario respecto a los preceptos 15, 105 y 133 del Código Familiar de San Luis Potosí; y, respecto a la omisión legislativa reclamada el motivo de improcedencia establecido en los diversos 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 de la ley de la materia citada; con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a las promoventes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan, por haberlo solicitado expresamente las promoventes. De conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente a las promoventes.

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