Gabriela Paloma Vargas Castro
Expediente 47/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriela Paloma Vargas Castro
Actuaciones
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 47/2022-II del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ******************** contra actos de la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra el auto de diez de mayo de dos mil veintidós que no admitió recurso de revocación interpuesto contra la negativa de la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de desahogar las pruebas admitidas en el Procedimiento Especial de Divorcio Incausado ********************. En la demanda de amparo, la quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 1295/2022-VI y se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió el informe con justificación; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, y a ********************, tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, quien se apersonó a juicio mediante escrito de presentado en la oficialía de partes el veinte de octubre del año pasado. Asimismo, se rindió el informe con justificación y; el trece de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional. A través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos putos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Por auto de veintisiete de diciembre del presente año, se recibió el juicio amparo 1295/2022-VI del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se formó expediente 47/2022, del índice del Juzgado Sexto de Distrito, lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir del dieciséis del mencionado mes, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo, por lo que este Juzgado se avocó al conocimiento del asunto. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, primer párrafo, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 53/2013 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Mérida, Yucatán. Auto de diez de mayo de dos mil veintidós referente a la no admisión del recurso de revocación interpuesto contra la negativa de desahogo de la prueba pericial en trabajo social admitida en el procedimiento especial de divorcio incausado ********************. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado La titular del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida, aceptó la existencia del acto reclamado. La certeza del acto reclamado se corrobora con los autos del juicio natural, documental que conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno, pues fue elaborado por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado Para entender la problemática planteada en el presente asunto, es necesario conocer el origen del acto reclamado, el cual se obtiene de las constancias remitidas por la responsable al rendir su informe con justificación. En el Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se tramita el procedimiento especial de divorcio sin causales ********************, promovido por ******************** en contra de ********************. Seguidos los trámites legales, el catorce de febrero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia preliminar en sus términos quedando como puntos controvertidos la custodia del menor de edad inmerso ese procedimiento, la pensión alimenticia a su favor y el régimen de convivencia. En esa audiencia, en la etapa probatoria, se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte actora, y respecto de la parte demandada, entre otras, se admitió la pericial de trabajo social y pericial en psicología que ofreció, se concedió a dicha parte oferente un término de tres días a fin de que nombre a su correspondiente perito y se le apercibió que de no hacerlo dentro del término concedido se declarará desierta la prueba, y a su vez se le concedió el término a la parte contraria, a fin de que nombre a su perito y se le apercibió que en caso de que el oferente nombre al suyo y la parte contraria no lo realice se tendrá como dictamen el peritaje que rinda el perito de la parte oferente. En auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, ante el incumplimiento de la parte demandada a la prevención efectuada en audiencia preliminar celebrada el catorce de febrero del año pasado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se declararon desiertas las pruebas periciales de trabajo social y en psicología ofrecidos por el aludido demandado y admitidas durante la referida audiencia preliminar. El veinticinco de abril de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental en la cual se recibieron los medios de prueba ofrecidos por las partes, y debido a que las pruebas periciales ofrecidas por la parte demandada se declararon desiertas, se ordenó el retiro de la perito en trabajo social ofrecida de la parte actora; es decir, se negó el desahogo de dichas periciales respecto de la aquí quejosa. Inconforme con la anterior determinación, por escrito de veinticinco de abril del año inmediato anterior, la parte actora, aquí quejosa, interpuso recurso de revocación. El diez de mayo de dos mil veintidós, la Jueza Familiar desechó el recurso de revocación interpuesto al ser frívolo e improcedente, ya que el auto en donde se declararon desiertas las pruebas periciales de trabajo social y en psicología ofrecidas por el demandado, fue el de fecha veintidós de marzo pasado y contra ese auto se debió interponer el aludido medio de impugnación. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Respecto al acto reclamado relativo al auto de diez de mayo de dos mil veintidós dictado en el procedimiento especial de divorcio incausado ******************** por la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, este Órgano de Control Constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario, pues el auto reclamado es de los considerados como de naturaleza intraprocesal, de carácter adjetivo, que no ocasiona una afectación a derechos sustantivos de la quejosa. El artículo 107 constitucional establece como regla general que, tratándose de amparo directo, éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio o después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto o biinstancial. Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquéllos por virtud de los cuales se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesariamente debe producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esas consideraciones, el acto que reclama la quejosa, esencialmente, consiste en el auto dictado el diez de mayo de dos mil veintidós en el cual la autoridad responsable no admitió el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de desahogo de la prueba pericial en trabajo social admitido en el procedimiento especial de divorcio incausado ********************, por lo que se trata de un acto de naturaleza intraprocesal, de carácter adjetivo, que no ocasiona una afectación a derechos sustantivos de la quejosa, ya que dicho acto fue emitido en la etapa del periodo probatorio sobre los puntos controvertidos del procedimiento natural relativos a la custodia del menor de edad, pensión alimenticia su favor y el régimen de convivencia. Por lo que es inconcuso que el acto combatido no afecta derechos sustantivos sino intraprocesales, y será en la resolución definitiva que se emita, donde podrá determinarse si se causa perjuicio a sus intereses, o en su caso, si sus consecuencias son susceptibles de extinguirse con la resolución que llegue a pronunciarse en el expediente natural, y en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, a través del recurso que en su caso sea procedente, o en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia que se emita, en el caso de que le sea desfavorable; por lo tanto, el acto reclamado es improcedente mediante el juicio de amparo indirecto. Ilustra a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J.6/94, registro 205484, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 39/90, consultable en la página 13, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." No pasa inadvertido, que en el presente asunto estén involucrados los derechos de un menor de edad, ya que el sobreseimiento en el presente asunto no es contrario al principio de "interés superior de la niñez" de observancia obligatoria como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que originaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Orienta este criterio la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Ante ese panorama, el auto reclamado no trasciende materialmente algún derecho sustantivo de la quejosa, por tanto, se se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario, en consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, respecto del acto reclamado a la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expresadas en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, hoy, cuatro de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado, que autoriza y da fe. Dos Firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
II. Se notifica por lista de estrados a la parte tercero interesado ****, la sentencia de cuatro de enero de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, misma que refiere: En Mérida, Yucatán, a cuatro de enero de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 47/2022-II del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ***** contra actos de la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por *****, contra el auto de diez de mayo de dos mil veintidós que no admitió recurso de revocación interpuesto contra la negativa de la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de desahogar las pruebas admitidas en el Procedimiento Especial de Divorcio Incausado *****. En la demanda de amparo, la quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 1295/2022-VI y se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió el informe con justificación; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, y a ****, tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, quien se apersonó a juicio mediante escrito de presentado en la oficialía de partes el veinte de octubre del año pasado. Asimismo, se rindió el informe con justificación y; el trece de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional. A través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos putos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Por auto de veintisiete de diciembre del presente año, se recibió el juicio amparo 1295/2022-VI del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se formó expediente 47/2022, del índice del Juzgado Sexto de Distrito, lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir del dieciséis del mencionado mes, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo, por lo que este Juzgado se avocó al conocimiento del asunto. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, primer párrafo, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 53/2013 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Mérida, Yucatán. Auto de diez de mayo de dos mil veintidós referente a la no admisión del recurso de revocación interpuesto contra la negativa de desahogo de la prueba pericial en trabajo social admitida en el procedimiento especial de divorcio incausado ********************. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado La titular del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida, aceptó la existencia del acto reclamado. La certeza del acto reclamado se corrobora con los autos del juicio natural, documental que conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno, pues fue elaborado por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado Para entender la problemática planteada en el presente asunto, es necesario conocer el origen del acto reclamado, el cual se obtiene de las constancias remitidas por la responsable al rendir su informe con justificación. En el Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se tramita el procedimiento especial de divorcio sin causales ****, promovido por *** en contra de ******. Seguidos los trámites legales, el catorce de febrero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia preliminar en sus términos quedando como puntos controvertidos la custodia del menor de edad inmerso ese procedimiento, la pensión alimenticia a su favor y el régimen de convivencia. En esa audiencia, en la etapa probatoria, se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte actora, y respecto de la parte demandada, entre otras, se admitió la pericial de trabajo social y pericial en psicología que ofreció, se concedió a dicha parte oferente un término de tres días a fin de que nombre a su correspondiente perito y se le apercibió que de no hacerlo dentro del término concedido se declarará desierta la prueba, y a su vez se le concedió el término a la parte contraria, a fin de que nombre a su perito y se le apercibió que en caso de que el oferente nombre al suyo y la parte contraria no lo realice se tendrá como dictamen el peritaje que rinda el perito de la parte oferente. En auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, ante el incumplimiento de la parte demandada a la prevención efectuada en audiencia preliminar celebrada el catorce de febrero del año pasado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se declararon desiertas las pruebas periciales de trabajo social y en psicología ofrecidos por el aludido demandado y admitidas durante la referida audiencia preliminar. El veinticinco de abril de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental en la cual se recibieron los medios de prueba ofrecidos por las partes, y debido a que las pruebas periciales ofrecidas por la parte demandada se declararon desiertas, se ordenó el retiro de la perito en trabajo social ofrecida de la parte actora; es decir, se negó el desahogo de dichas periciales respecto de la aquí quejosa. Inconforme con la anterior determinación, por escrito de veinticinco de abril del año inmediato anterior, la parte actora, aquí quejosa, interpuso recurso de revocación. El diez de mayo de dos mil veintidós, la Jueza Familiar desechó el recurso de revocación interpuesto al ser frívolo e improcedente, ya que el auto en donde se declararon desiertas las pruebas periciales de trabajo social y en psicología ofrecidas por el demandado, fue el de fecha veintidós de marzo pasado y contra ese auto se debió interponer el aludido medio de impugnación. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Respecto al acto reclamado relativo al auto de diez de mayo de dos mil veintidós dictado en el procedimiento especial de divorcio incausado **** por la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, este Órgano de Control Constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario, pues el auto reclamado es de los considerados como de naturaleza intraprocesal, de carácter adjetivo, que no ocasiona una afectación a derechos sustantivos de la quejosa. El artículo 107 constitucional establece como regla general que, tratándose de amparo directo, éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio o después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto o biinstancial. Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquéllos por virtud de los cuales se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesariamente debe producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esas consideraciones, el acto que reclama la quejosa, esencialmente, consiste en el auto dictado el diez de mayo de dos mil veintidós en el cual la autoridad responsable no admitió el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de desahogo de la prueba pericial en trabajo social admitido en el procedimiento especial de divorcio incausado ********************, por lo que se trata de un acto de naturaleza intraprocesal, de carácter adjetivo, que no ocasiona una afectación a derechos sustantivos de la quejosa, ya que dicho acto fue emitido en la etapa del periodo probatorio sobre los puntos controvertidos del procedimiento natural relativos a la custodia del menor de edad, pensión alimenticia su favor y el régimen de convivencia. Por lo que es inconcuso que el acto combatido no afecta derechos sustantivos sino intraprocesales, y será en la resolución definitiva que se emita, donde podrá determinarse si se causa perjuicio a sus intereses, o en su caso, si sus consecuencias son susceptibles de extinguirse con la resolución que llegue a pronunciarse en el expediente natural, y en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, a través del recurso que en su caso sea procedente, o en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia que se emita, en el caso de que le sea desfavorable; por lo tanto, el acto reclamado es improcedente mediante el juicio de amparo indirecto. Ilustra a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J.6/94, registro 205484, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 39/90, consultable en la página 13, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." No pasa inadvertido, que en el presente asunto estén involucrados los derechos de un menor de edad, ya que el sobreseimiento en el presente asunto no es contrario al principio de "interés superior de la niñez" de observancia obligatoria como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que originaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Orienta este criterio la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Ante ese panorama, el auto reclamado no trasciende materialmente algún derecho sustantivo de la quejosa, por tanto, se se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario, en consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ****, respecto del acto reclamado a la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expresadas en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, hoy, cuatro de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado, que autoriza y da fe. Dos Firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
II. Mérida, Yucatán, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de amparo 1295/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 47/2022-II, acúsese recibo. [...] Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos putos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Consecuentemente, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Turno para el dictado de la sentencia. De la revisión del expediente, se obtiene que el trece de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional; por lo tanto, túrnese el expediente para el dictado de la sentencia una vez que lo permitan las labores del juzgado. Anexos. Igualmente, se tiene por recibido el disco en formato DVD con el cual se ordena formar el legajos l. Incidente de suspensión. Fórmese el incidente de suspensión relativo, para continuar con su tramitación, en el entendido que el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se resolvió la audiencia incidental en la cual se negó la suspensión definitiva del acto reclamado. [...] NOTIFÍQUESE [...]
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