Gabriela Palacios Ahuet
Expediente 47/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/03/2017
Partes del expediente
- Gabriela Palacios Ahuet
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede, agréguese el oficio del Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto competencial ****, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república y este Juzgado. Acúsese recibo. Por cuanto el Tribunal Colegiado en mención resolvió que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república, es el competente legalmente para conocer de la demanda de amparo promovida por ****; se acuerda: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes, además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Vigésimo, fracción I, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el sobre devuelto por la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, que contiene el oficio 3744/2017, dirigido la autoridad responsable Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencias Económica, Radiofusión y Telecomunicaciones, con sede en la ciudad de México, por los motivos que expone. En consecuencia, reexpídase el citado oficio al domicilio ubicado en: ********** dado que es el domicilio oficial de la autoridad responsable Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencias Económica, Radiofusión y Telecomunicaciones, con sede en la ciudad de México. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio del secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 3739/2017 del índice de este juzgado, e informa que admitió el conflicto competencial interpuesto en el presente juicio de amparo, radicándolo con el número 3/2017. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado José Antonio Lozano Batarse, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario que autoriza y da fe, licenciado Sergio Alejandro Sánchez de la O, quien además certifica que la promoción que generó el presente acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional en proveídos de ocho y veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, y diez de enero de dos mil diecisiete (fojas 250 a 253, 262 a 264 y 269 a 271), a pesar de haber estado notificado, tal y como se advierte de las constancias de recibo de los oficios 24635/2016, 27022/2016 y 885/2017 (foja 258, 267 y 273), en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminado por su omisión. En esa medida, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 y el diverso 258 de la Ley de Amparo vigente, se impone multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , a: Francisco Javier Pérez Covarrubias, Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, como se apercibió en los autos antes mencionados, al no cumplir con los requerimientos realizados. Asimismo, para hacer efectiva la multa impuesta, envíese oficio con auto inserto al Administrador Local de Recaudación, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, residente en esta ciudad, para que proceda a hacer efectiva dicha multa y su monto sea ingresado a las arcas del Erario Federal. En la inteligencia de que el citado Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, cuenta con el término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del oficio que al efecto se envíe, para informar a este Juzgado Federal el resultado de su intervención, con la recomendación que una vez que haga efectiva dicha sanción, se sirva remitir las constancias que así lo acrediten. Por otra parte, atento al estado de autos se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, no ha cumplido con la ejecutoria de amparo. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de las siguientes constancias: Auto que acredite haber dejado sin efecto la fecha señalada en proveído de diez de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 703/2014, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Determinación en la que conste haber señalado una fecha cercana, en términos de lo previsto en los artículos 503 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. Notificaciones a las partes de los puntos antes mencionados. De la investigación y convocatoria que alude el numeral 503 del referido ordenamiento. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , en términos del ordinal 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito correspondiente, residente en esta ciudad, para continuar con el trámite relativo a la inejecución previsto en el artículo 193 de la citada legislación. Lo anterior encuentra justificación en la Tesis 2007918, Jurisprudencia, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página 19, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuya sinopsis es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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