Gabriela Pablo Bello

Expediente 1/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Gabriela Pablo Bello

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el proveído de doce de enero de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Gabriela Pablo Bello, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, ha causado estado. En mérito de lo anterior, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Por lo anterior, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso b), del Acuerdo General antes referido. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del multi mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la caratula de este expediente. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese en términos de Ley. Lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y la secretaria, licenciada Yuvidalia Pineda Torres, con quien actúa y da fe, quien queda facultada para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante; lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020, 37/2020 y 01/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, en la que hace constar los motivos por los cuales no le fue posible notificar a la quejosa Gabriela Pablo Bello, el proveído de doce de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de mérito, correspondiente al proveído de veintiuno de enero del año en curso, así como las subsecuentes, hágase por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de control constitucional.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo indirecto recibido vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), turnada a este Juzgado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad capital, promovida por ........ contra actos de la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la Ciudad de Tlapa de Comonfort Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, Licenciada Adelita Adame Morales. Regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), como juicio de amparo indirecto 01/2021, fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a su análisis para resolver si se desecha, previene o admite. En ese orden, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3º y 6º de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales que en su orden y en lo que interesa prevén, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 3.- En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5º, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" En ese contexto, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna. Al respecto, en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí; por su representante o apoderado; por su defensor si se trata de un acto que corresponda a un asunto en materia penal; o por medio de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. Por su parte, el numeral 3° de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de su firma, convierte la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la ausencia de voluntad para promover la demanda. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital, con la respectiva firma al ruego. Tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3° dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales; y como excepción, el precepto legal citado prevé que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en términos del diverso 15 de la propia legislación. Sin embargo, en el caso concreto, la demanda de amparo que se provee fue presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, pero sin firma electrónica; y por lo tanto, no existe la manifestación de la voluntad de la parte quejosa, pues si bien es cierto que como se ha precisado, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, a través del cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, y con ello se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley; también es verdad que en el caso, ello no se cumple y, por tanto, hay ausencia de voluntad de la parte quejosa para dar inicio a la presente instancia constitucional. Además, sobre el tema, específicamente respecto a que si se presenta una demanda de amparo vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y ésta no es firmada electrónicamente (FIREL) por la parte quejosa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, determinó que no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito debe desechar de plano la demanda intentada. .......Bajo tales bases, toda vez que la demanda de amparo que nos ocupa, fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por Gabriela Pablo Bello, documento que carece su firma electrónica, es patente que no se ha ejercido la acción constitucional, pues la ausencia de dicho requisito equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo; ello no obstante que del ocurso que se provee, se aprecie asentada al calce una nota distintiva que pudiera ser una firma, pues tampoco corresponde a una firma autógrafa al haberse presentado a través del citado portal de servicios, cuya presentación debe ajustarse a los requisitos establecidos en las leyes reglamentos y acuerdos generales. De ahí, que se concluye, no hay instancia de parte, pues sin la firma electrónica de la parte quejosa, no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser aquélla una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la presente demanda. Lo anterior en virtud de que el propio Pleno del Máximo Tribunal del País al resolver la Contradicción de Tesis 47/2018, determinó que la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas.

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