Gabriela Oliva Ramírez

Expediente 706/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 22 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
706/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
23/01/2019

Partes del expediente

  • Gabriela Oliva Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el precepto 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran en contra del proveído de veintiuno diciembre de dos mil dieciocho, con el que se tuvo por cumplida la ejecutoria en el presente amparo (fojas 150 a 152), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene por consentido aquél y con fundamento en el normativo 196, párrafo cuarto, de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido. En atención a lo anterior, es evidente que el presente juicio de garantías, tiene valor jurídico, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. Provéase lo conducente en el incidente de suspensión que se tramita por cuerda separada. Finalmente, toda vez que obra en autos documento exhibido por las partes quejosa; en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias que obren en el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Incidental

    TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos; de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo del cuaderno incidental en que se actúa. VALORACIÓN DEL CUADERNO INCIDENTAL. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el original del presente incidente es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar, por tanto se considera que tiene valor jurídico. De igual manera, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO.-TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el precepto 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran en contra del proveído de veintiuno diciembre de dos mil dieciocho, con el que se tuvo por cumplida la ejecutoria en el presente amparo (fojas 150 a 152), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene por consentido aquél y con fundamento en el normativo 196, párrafo cuarto, de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido. En atención a lo anterior, es evidente que el presente juicio de garantías, tiene valor jurídico, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. Provéase lo conducente en el incidente de suspensión que se tramita por cuerda separada. Finalmente, toda vez que obra en autos documento exhibido por las partes quejosa; en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias que obren en el expediente.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, este Juzgado Federal se pronuncia sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL. En resolución constitucional de nueve de noviembre del presente año (fojas 105 a la 115) se concedió el amparo a Gabriel Oliva Ramírez, para el efecto de que el Director General y Director Comercial, ambos del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dejaran sin efectos la orden de corte de servicio de suministro de agua potable de diez de mayo de dos mil dieciocho, llevada a cabo en el domicilio que defiende el quejoso el catorce siguiente, así como sus consecuencias, lo que implica que se le restituya el suministro de dicho servicio en el predio mencionado; se cancele el cobro por concepto de "CARGO T_CORTADA", el cobro del siguiente recibo y, de reconexión de la toma cortada, al ser frutos de un acto viciado de inconstitucionalidad. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO. El treinta de noviembre del año que transcurre, causó ejecutoria la sentencia constitucional y se requirió a las responsables su cumplimiento (fojas 123 y 124). En atención a ello, el Delegado del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, remitió originales del oficio SMAPA/D.COM/SAC/1845/2018, de veintisiete de noviembre del actual y recibo de pago, así como copia simple de la orden de reconexión (fojas 129 a la 133). En auto de siete de diciembre de la actual anualidad, se dio vista a las partes con el contenido de las constancias de referencia, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (foja 139), siendo la parte quejosa quien realizó manifestaciones al respecto (fojas 144 y 145). PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. De las constancias aludidas, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se desprende que la autoridad responsable ha dado total cumplimiento sin excesos ni defectos a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, toda vez que de las constancias remitidas se desprende que dejó de surtir efectos la orden de corte de servicio de suministro de agua potable de diez de mayo de dos mil dieciocho, llevada a cabo en el domicilio que defiende el quejoso el catorce siguiente, así como sus consecuencias; se dice lo anterior, pues mediante oficio SMAPA/DJ/1649/2018, de cuatro de diciembre del actual, las responsables informaron que la toma perteneciente al predio con número de cuenta 64437-0 (que defiende el quejoso), fue reconectada, adjuntando al efecto copia simple de la orden de reconexión (foja 133), lo que implica que se restituyó el suministro del servicio de agua potable en el predio mencionado. Además, la autoridad informó que se canceló el cobro por concepto de "CARGO T_CORTADA", el cobro del siguiente recibo y, de reconexión de la toma cortada; lo que acreditó con los originales del oficio SMAPA/D.COM/SAC/1845/2018, de veintisiete de noviembre del actual y recibo de pago (fojas 131 y 132); de ello, se puede advertir que las consecuencias de la orden de corte de servicio de suministro de agua potable, fueron subsanadas. En razón de lo expuesto, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo al seguir los lineamientos establecidos en ella; de ahí que, debe tenerse por CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Ahora, no pasan desapercibidas las manifestaciones del quejoso (fojas 144 y 145), el cual de manera esencial refiere que las responsables no dan cumplimiento a la ejecutoria en comento, toda vez que, no precisaron la fecha de reconexión de la toma cortada, para poder determinar así el costo del servicio que le fue otorgado, lo que trae como consecuencia que el cobro que se le realiza, no sea acorde con el servicio y suministro de agua potable que recibió en su domicilio; al respecto, debe decirse al impetrante que las cuestiones que manifiesta, no corresponden ser analizadas en el cumplimiento al fallo protector; por cuanto constituyen aspectos novedosos que no fueron analizados en la ejecutoria de amparo; aunado a ello, se itera, los efectos de la misma únicamente consistieron en que se dejara sin efectos la orden de corte de servicio de suministro de agua y sus consecuencias, tales como que se le restituya el suministro de dicho servicio; se cancelara el cobro por concepto de "CARGO T_CORTADA", el cobro del siguiente recibo y, de reconexión de la toma cortada, mas no hubo pronunciamiento alguno respecto de las cantidades que adeuda. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J. 14/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo I, Febrero de dos mil dieciséis, página 717, que dispone: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces.". Finalmente, en el momento procesal oportuno, provéase el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido.

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