Gabriela Nava Romaniz
Expediente 1120/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1120/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/02/2022
Partes del expediente
- Gabriela Nava Romaniz
- Tercero Interesado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; mediante el cual el Secretario del Consejo de Salubridad General, rinde informe justificado, proporciona domicilio y designa delegados. De conformidad con el numeral 28, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio el que indica; asimismo por lo dispuesto en el artículo 9 de la ley en cita, se tienen como delegados a las personas que refiere. Atento a lo anterior, únicamente agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar en virtud de que mediante proveído de catorce de los cursantes se archivó este sumario.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la determinación de veintiuno de enero de dos mil veintidós, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1120/2021-III, promovido por *** a favor de su menor hija de iniciales ***., contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, *** a favor de su menor hija de iniciales ***., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "NOMBRE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. b).- Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. c).- Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. d).- Titular de la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud. e).- Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios f).- Presidente del Consejo de Salubridad General. g).- Gobernador Constitucional del Estado de México. h).- Secretario de Salud del Estado de México. i).- Director General del organismo público, descentralizado denominado Instituto de Salud del Estado de México. j).- Director de Servicios de Salud del Instituto de Salud del Estado de México. k).- Coordinador de Regulación Sanitaria del Instituto de Salud del Estado de México. I).- Director de Regulación Sanitaria del Instituto de Salud del Estado de México. m).- Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, con dirección electrónica para recibir notificaciones: pablo.kuri@salud.gob.mx y/o número telefónico 5550621753. n).- Delegado de la Secretaría de Bienestar Social del Estado de México, encargado de ejecutar el esquema de vacunación en mi Estado con domicilio en Francisco P. Castañeda número 107 Colonia Universidad, Toluca Estado de México. Teléfono de Contacto: 722 2778 312. ACTO RECLAMADO.- a). La omisión por parte de las autoridades responsables en aplicar la vacuna BioNTech-Pfizer -en sus dos dosis- a la menor peticionaria del amparo, al no incorporarla al plan nacional de vacunación contra el virus SARS-COV2, omisión que puede generar la probabilidad de que se le coloque en un estado de vulnerabilidad que implique su exposición para contagiarse del aludido virus, y con ello, con altas posibilidades de causarle los efectos dañinos que provoca en la salud, y que incluso exista la posibilidad de una afectación a su vida e integridad física e incluso que le provoquen la muerte, por la variante DELTA que aqueja a mi Estado o cualquiera otra, acto reclamado que se materializa y particulariza desde el momento en que como padres de la menor ahora quejosa pretendimos realizar el registro del mismo en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php habiéndolo intentado una vez que fue autorizada la aplicación de dicha vacuna por parte de la citada COFEPRIS, esto es con posterioridad al día 24 de junio del 2021, no obstante tal registro no está permitido para menores de 18 años, a menos que cuenten con una de las enfermedades que el gobierno ha listado apenas a inicios del mes de octubre y para las cuales únicamente se permite el registro de los menores, siendo ello desde luego un acto discriminatorio para el resto de ese grupo etario, siendo del dominio público y edemas se encuentra plasmado en la citada página oficial de "mi vacuna" del Gobierno de México, que dicho registro es un requisito indispensable para acudir a recibir la vacuna, luego entonces, al no poder registrar a ml menor hija en la página respectiva, menos aún se le ha podido aplicar la vacuna a pesar de incluso haberla solicitado en los centros de vacunación que para tal efecto se han establecido. b). La omisión de llamar, informar y/o notificar a los menores, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicaran las dosis de la vacuna autorizadas, ante la decisión del Ejecutivo Federal de dar inicio a las clases presenciales desde el pasado 30 de agosto y cambiar el color del semáforo epidemiológico, pese al incremento en número de contagios en ese grupo etario a nivel federal. c). La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. d). Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que el quejosa no haya recibido aún la vacuna Pfizer BioNTech contra la enfermedad COVID-19 y sus variantes entre ellas la mas agresiva hasta ahora, Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadano de la República, tiene derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que lo pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus." Actos reclamados que la quejosa señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 1, 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión. Por auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en términos del acta que antecede, misma que forma parte de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, porque se reclaman actos provenientes de autoridades administrativas, cuya ejecución puede realizarse en el ámbito territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión por parte de las autoridades responsables en aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV2 a la menor de iniciales E.O.N. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir sus informes justificados el Coordinador de Regulación Sanitaria y superior jerárquico del Director de Regulación Sanitaria, ambos del Instituto de Salud del Estado de México, el represente legal del Gobernador Constitucional del Estado de México, el apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de México de la Secretaría de Bienestar y la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en suplencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva, y éste en representación del Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, negaron la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. De igual forma, se advierte que las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (notificado el diez de noviembre de dos mil veintiuno por medio de estafeta), Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos (notificado el diez de noviembre de dos mil veintiuno por medio de estafeta), Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (notificado el diez de noviembre de dos mil veintiuno por medio de estafeta), Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (notificado el diez de noviembre de dos mil veintiuno por medio de estafeta), Presidente del Consejo de Salubridad General (notificado el diez de noviembre de dos mil veintiuno por medio de estafeta), Secretario de Salud del Estado de México (notificado el ocho de noviembre de dos mil veintiuno), Director de Servicios de Salud del Instituto de Salud del Estado de México (notificado el ocho de noviembre de dos mil veintiuno) y Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (notificado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno), fueron omisas en rendir su informe justificado; a pesar de encontrase debidamente notificadas del auto por el que les fue requerido para tal efecto, como se aprecia de las constancias de notificación que obran agregadas en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado que se les atribuye. CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse, antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que es del tenor: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Es aplicable a la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 262, Quinta Época, con registro 395571, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese sentido, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ..." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que Gabriela Nava Romaniz a favor de su menor hija de iniciales E.O.N., reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, lo siguiente: La omisión por parte de las autoridades responsables en aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV2 a la menor de iniciales E.O.N. Ahora bien, del escrito de cuenta, se aprecia que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud a que Claudia Méndez Gil, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, informa que la menor quejosa de iniciales E.O.N. fue inoculada con la segunda dosis de la vacuna Pfizer BioNTech, en fecha diecinueve de enero del presente año, por lo que se evidencia que fue completado el esquema de vacunación en favor de ésta. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, correspondiente al mes de junio de 1999, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo aquí determinado, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, en tanto que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció; lo anterior conforme a la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento en el juicio." QUINTO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. SEXTO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *** a favor de su menor hija de iniciales **., en los términos precisados en el Considerando Cuarto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, *** autorizada de la parte quejosa *** a favor de su menor hija de iniciales ***., informó que la infante no compareció el quince de diciembre del año inmediato anterior, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-coV2, para la prevención de la COVID-19, toda vez que se encontraba enferma y convaleciente. Por lo que se requirió, al Director General de Salud del Estado de México, para que señalara nueva fecha para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna; asimismo para que remitiera las constancias con las que acreditara que se aplicó la primera vacuna, sin que a la fecha haya realizado pronunciamiento al respecto. Atento a lo anterior, requiérase a la autoridad en comento para que, en el plazo de tres días, contando a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito nueva fecha para que se proceda a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna a la menor quejosa aludida, remita las constancias que así lo acrediten y envié las documentales con las que compruebe que la infante ya fue inoculada con la primera dosis del biológico, en el entendido que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó. En consecuencia, a fin de que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta data se difiere, y para su verificativo se fijan las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de enero de dos mil veintidós. Notifíquese.
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