Gabriela Munguia Rangel
Expediente 1906/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 27 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1906/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 02/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Gabriela Munguia Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Colima, Colima, dos de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de inconformidad, dentro del término legal, contra la resolución que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 Y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa en la sentencia dictada, únicamente se concedió en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Por ya no ser necesario, devuélvase a la autoridad responsable el cuaderno de pruebas que al efecto remitió. Finalmente, el suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el período de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, asistido del (la) Secretario(a)José Antonio Andrade Ahumada, que autoriza y da fe.JAAA/aegc
- Principal
Colima, Colima, uno de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de Colima, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el auto de formal prisión de cinco de diciembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 134/2015. En su lugar, ordenara reponer el procedimiento para recabar nuevamente la declaración preparatoria de la inculpada, purgando el vicio establecido en la resolución, a fin de que no se limite la garantía de defensa de la quejosa, es decir, que previa a esa actuación tuviera la posibilidad de entrevistarse con su defensor durante un tiempo prudente y en privado a fin de que estuvieran en aptitud de acordar las pruebas que aportaran al proceso para desvirtuar la imputación. Inclusive, debía hacer constar la entrevista en privado de la inculpada y su defensor. Además, haría saber a la hoy quejosa, todas las garantías que establece el artículo 20 Constitucional (anterior a las reformas del dieciocho de junio de dos mil ocho) a su favor, en especial que se le reciban las pruebas que ofrezca y se le conceda el tiempo que la ley adjetiva estime necesario para su desahogo. En la inteligencia de que en el caso de que la inculpada oferte medios probatorios que involucren para su desahogo algún tipo de participación de las menores de edad y en el supuesto de resultar procedente cualquier intervención de ellas, debía observar los ordenamientos que lo obligan a vigilar el interés superior de las infantes, justificando las medidas que adopte en su favor dentro de la causa penal 134/2015, conforme a los lineamientos establecidos en el considerando quinto del fallo. En el momento procesal oportuno y, con plenitud de jurisdicción, resolviera de nueva cuenta la situación jurídica de la inculpada. El treinta de septiembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego de diversos requerimientos y su respectivo cumplimiento, mediante oficios números 1114/2016 y 1144/2016, la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la resolución que constituyó el acto reclamado, decretó la reposición del procedimiento con la finalidad de recabar nuevamente la declaración preparatoria de la hoy quejosa, en la cual, se hizo de su conocimiento los derechos que le otorga la Constitución, así como el derecho de ofrecer, desahogar pruebas y solicitar la ampliación del término constitucional, haciendo constar la entrevista en privado que sostuvo la inculpada con su defensor. Una vez hecho lo anterior, la responsable mediante resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis resolvió la situación jurídica de la quejosa Gabriela Munguía Rangel, decretándole auto de formal prisión por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 214, en relación a los artículos 215 y 216 del Código Penal vigente en el Estado de Colima, cometido en agravio de la menor Danna Georgina Aguilar Carrillo, legalmente representada por Adriana Elizabeth Carrillo. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico la resolución reclamada y en cumplimiento a la ejecutoria, repuso el procedimiento con la finalidad de recabar nuevamente la declaración preparatoria de la hoy quejosa, en la cual, se hizo de su conocimiento los derechos que le otorga la Constitución, así como el derecho de ofrecer, desahogar pruebas y solicitar la ampliación del término constitucional; una vez hecho lo anterior, emitió diversa resolución, ciñéndose así a los lineamientos ordenados en la ejecutoria. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al nulificar el auto de formal prisión reclamado, reponer el procedimiento y emitir uno nuevo atendió lo lineamientos de la ejecutoria, subsanando todas y cada una de las omisiones que se precisaron en la sentencia dictada; se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a), licenciado(a) Liliana Anguiano Casillas, quien autoriza y da fe. VHVR/LAC
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO DEL AUTO DE UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Colima, Colima, uno de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de Colima, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el auto de formal prisión de cinco de diciembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 134/2015. En su lugar, ordenara reponer el procedimiento para recabar nuevamente la declaración preparatoria de la inculpada, purgando el vicio establecido en la resolución, a fin de que no se limite la garantía de defensa de la quejosa, es decir, que previa a esa actuación tuviera la posibilidad de entrevistarse con su defensor durante un tiempo prudente y en privado a fin de que estuvieran en aptitud de acordar las pruebas que aportaran al proceso para desvirtuar la imputación. Inclusive, debía hacer constar la entrevista en privado de la inculpada y su defensor. Además, haría saber a la hoy quejosa, todas las garantías que establece el artículo 20 Constitucional (anterior a las reformas del dieciocho de junio de dos mil ocho) a su favor, en especial que se le reciban las pruebas que ofrezca y se le conceda el tiempo que la ley adjetiva estime necesario para su desahogo. En la inteligencia de que en el caso de que la inculpada oferte medios probatorios que involucren para su desahogo algún tipo de participación de las menores de edad y en el supuesto de resultar procedente cualquier intervención de ellas, debía observar los ordenamientos que lo obligan a vigilar el interés superior de las infantes, justificando las medidas que adopte en su favor dentro de la causa penal 134/2015, conforme a los lineamientos establecidos en el considerando quinto del fallo. En el momento procesal oportuno y, con plenitud de jurisdicción, resolviera de nueva cuenta la situación jurídica de la inculpada. El treinta de septiembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego de diversos requerimientos y su respectivo cumplimiento, mediante oficios números 1114/2016 y 1144/2016, la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la resolución que constituyó el acto reclamado, decretó la reposición del procedimiento con la finalidad de recabar nuevamente la declaración preparatoria de la hoy quejosa, en la cual, se hizo de su conocimiento los derechos que le otorga la Constitución, así como el derecho de ofrecer, desahogar pruebas y solicitar la ampliación del término constitucional, haciendo constar la entrevista en privado que sostuvo la inculpada con su defensor. Una vez hecho lo anterior, la responsable mediante resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis resolvió la situación jurídica de la quejosa Gabriela Munguía Rangel, decretándole auto de formal prisión por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 214, en relación a los artículos 215 y 216 del Código Penal vigente en el Estado de Colima, cometido en agravio de la menor Danna Georgina Aguilar Carrillo, legalmente representada por Adriana Elizabeth Carrillo. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico la resolución reclamada y en cumplimiento a la ejecutoria, repuso el procedimiento con la finalidad de recabar nuevamente la declaración preparatoria de la hoy quejosa, en la cual, se hizo de su conocimiento los derechos que le otorga la Constitución, así como el derecho de ofrecer, desahogar pruebas y solicitar la ampliación del término constitucional; una vez hecho lo anterior, emitió diversa resolución, ciñéndose así a los lineamientos ordenados en la ejecutoria. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al nulificar el auto de formal prisión reclamado, reponer el procedimiento y emitir uno nuevo atendió lo lineamientos de la ejecutoria, subsanando todas y cada una de las omisiones que se precisaron en la sentencia dictada; se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Colima, Colima, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio del Juez Segundo Penal de Colima, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de autos. Por tanto, a fin de seguir el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este expediente, con fundamento en el artículo 196, se ordena dar vista a las partes con las constancias remitidas por la responsable para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. En el entendido de que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal dictará resolución en la que se declare si está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien autoriza y da fe. JAAA/mzr
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