Gabriela Morales Osornio

Expediente 734/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
734/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Morales Osornio

Actuaciones

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establecen los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de revisión el auto del diecisiete de junio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por **********, sin que se haya promovido dicho medio de impugnación; con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta al que se acompaña el diverso del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual remite por conocimiento previo su juicio de amparo 582/2022-VI, promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Titular de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 734/2022-I. Acúsese de recibo vía interconexión. Se convalidan las actuaciones realizadas por el juez oficiante; por tanto, se continúa con el trámite del mismo. Gírense oficios a las responsables para informales la radicación del presente asunto. Sin que en el caso sea necesario señalar fecha para que tenga verificativo la audiencia constitucional, por los motivos que se pasan a exponer. En el caso la quejosa reclama: 1. La total e indebida omisión de supervisión y vigilar el adecuado otorgamiento de los servicios de salud que me tendrían que proporcionar las autoridades responsables, lo anterior por encontrarse dentro de sus funciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social y la falta de atención médica y la negativa de salvaguardar la salud de la que suscribe al no dar una atención médica efectiva poniendo en riesgo mi vida ello al no exponer de manera clara y real mi estado de salud realizando inclusive actos de tortura en contra de la que suscribe ante su total falta de apatía a mi atención médica de manera real y material, sumado a ello la violencia médica sufrida por parte del personal médico como se demostrara dentro del apartado de hechos; y, 2. La negativa de seguirle otorgando incapacidad médica a pesar de su imposibilidad física para laborar. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. En ese aspecto, en relación al acto identificado con el número arábigo 1 se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." En efecto, la quejosa, actos reclamados y autoridades responsables, en el presente asunto y el diverso 283/2021-VI del índice de este juzgado, son idénticos, como se verá en seguida: Juicio de Amparo 283/2021-VI Juicio de Amparo 734/2022-I Quejosa **********, por derecho propio **********, por derecho propio Autoridades responsables a) Titular de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social; b) Titular del Hospital de Traumatología y Ortopedia de "Lomas Verdes", del Instituto Mexicano del Seguro Social; c) Titular de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología "Dr. Victorio de la Fuente Narváez" (Magdalena de las Salinas) del Instituto Mexicano del Seguro Social; d) Titular de la Unidad de Médica Familiar Número 62 Cuautitlán del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, e) Titular de la Unidad de Médica Familiar Número 93 Cerro Gordo del Instituto Mexicano del Seguro Social; a) Titular de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social; b) Titular del Hospital de Traumatología y Ortopedia de "Lomas Verdes", del Instituto Mexicano del Seguro Social; c) Titular de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología "Dr. Victorio de la Fuente Narváez" (Magdalena de las Salinas) del Instituto Mexicano del Seguro Social; d) Titular de la Unidad de Médica Familiar Número 62 Cuautitlán del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, e) Titular de la Unidad de Médica Familiar Número 93 Cerro Gordo del Instituto Mexicano del Seguro Social; Acto reclamado La total e indebida omisión de supervisión y vigilar el adecuado otorgamiento de los servicios de salud que me tendrían que proporcionar las autoridades señaladas en el inciso b), c), d) y e), lo anterior por encontrarse dentro de sus funciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La falta de atención médica y la negativa de salvaguardar la salud de la que suscribe al no dar una atención médica efectiva poniendo en riesgo mi vida ello al no exponer de manera clara y real mi estado de salud realizando inclusive actos de tortura en contra de la que suscribe ante su total falta de apatía a mi atención médica de manera real y material, sumado a ello la violencia médica sufrida por parte del personal médico como se demostrara dentro del apartado de hechos. La total e indebida omisión de supervisión y vigilar el adecuado otorgamiento de los servicios de salud que me tendrían que proporcionar las autoridades señaladas en el inciso b), c), d) y e), lo anterior por encontrarse dentro de sus funciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La falta de atención médica y la negativa de salvaguardar la salud de la que suscribe al no dar una atención médica efectiva poniendo en riesgo mi vida ello al no exponer de manera clara y real mi estado de salud realizando inclusive actos de tortura en contra de la que suscribe ante su total falta de apatía a mi atención médica de manera real y material, sumado a ello la violencia médica sufrida por parte del personal médico como se demostrara dentro del apartado de hechos Sentencia El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno se concedió el amparo y protección a la quejosa. Recurso de Revisión interpuesto por el Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social El doce de mayo de dos mil veintidós el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en el amparo en revisión 11/2022, modificó la sentencia recurrida, por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa.. Cumplimiento Por auto del veintiséis de mayo de dos mil veintidós se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables Como se aprecia del cuadro comparativo, los actos reclamados en el presente asunto han sido materia de una resolución ejecutoriada en otro juicio de amparo, que impide que sea nuevamente atacado mediante la acción de amparo conforme al principio de cosa juzgada, que inspira la fracción XI, del precepto legal aludido. Sirve de apoyo, la tesis 1a. XCV/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, materia Constitucional, Común, página 1107. "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia". Así como, la tesis VII.2o.C.25 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, materia Constitucional, Común, página 3530. "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY RELATIVA, REFERENTE A QUE LOS ACTOS RECLAMADOS HAYAN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN UNO DIVERSO, SE RESTRINGE VÁLIDAMENTE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos humanos no son absolutos y, por ello, pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevea, de conformidad con su artículo 1o., párrafo primero, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En ese sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que las limitaciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta, no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. No obstante, la porción normativa que prevea los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el Juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos indicados, se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos humanos son que: a) se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales). De ahí que la restricción al derecho humano de acceso a la justicia, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, relativa a que los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, es razonablemente válida, porque está contenida en una ley formal y material, que es la Ley de Amparo y persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene como objetivo preservar la cosa juzgada y evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados contra idéntico objeto. Asimismo, la medida es necesaria, porque impide el análisis por segunda ocasión, de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Finalmente, es razonable, toda vez que protege el principio de seguridad jurídica, al preservar la firmeza de las sentencias ejecutorias, lo cual otorga certidumbre jurídica a las partes y, en consecuencia, impide que se abra nuevamente la controversia". Por lo que hace al acto descrito en el arábigo 2 se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. En relación con la indicada causal, debe destacarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2009, señaló lo que debía entenderse como autoridad para efectos del juicio de amparo. En concordancia con ello expuso que era derecho de toda persona la protección de la salud conforme al artículo 4o. constitucional; empero, que tratándose de trabajadores existía una obligación fundamental de los patrones de velar por su salud en términos del artículo 123 de la Constitución, a los cuales sustituía el estado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Que en esa medida, el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía un doble carácter, como organismo fiscal autónomo, caso en el cual actuaba como autoridad con atributos propios que la ley le otorgaba, y como ente asegurador, en sustitución del patrón, encaminado a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, caso en el cual actuaba en un plano de igualdad. Así las cosas, la superioridad concluyó que, cuando se presentaba una solicitud para que el instituto respondiera en su carácter de asegurador, la omisión que en su caso se reclamara en el juicio de amparo no debía ser considerada como acto de autoridad para efectos del amparo, toda vez que en dicha hipótesis, la relación entre el instituto y el asegurado se daba en un plano de igualdad, por lo que no podía ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto es, que se trata de una relación de coordinación, en la que las partes involucradas debían acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impusieran las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador había considerado que los conflictos que se suscitaran entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 211/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 165782, materia Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 303, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR". Posteriormente, al resolver la contradicción de tesis 341/2015, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía la facultad para emitir actos que incidieran en la situación jurídica del asegurado o beneficiario, en relación con la procedencia de pensiones que establece la ley o, incluso, podía incurrir en omisión; motivo por el cual, excepcionalmente, sería procedente el amparo para obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados. Es decir, que asumiendo que el Instituto Mexicano del Seguro Social era un organismo del Estado y que podía emitir actos conforme a la ley que lo regulaba, incluso, incurrir en omisiones, en algunos caso, era procedente el juicio de amparo, respecto de actos y omisiones del instituto, siempre que existiera la necesidad de proteger la efectividad de los derechos humanos involucrados. Por ello, cuando se atribuía al citado instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resultaba procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en ese caso, era necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emitiera una respuesta a la petición. No obstante la evolución del criterio que se ha destacado, la superioridad preciso, que respecto de la respuesta que, en su caso, formulara el instituto, no procedería la ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisfacía su interés, debía acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899 A de la Ley Federal del Trabajo, que establecen lo siguiente: "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Artículo 899 A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud decontratos colectivos de trabajo o contratos-ley que contengan beneficios en materia de seguridad social." Las anteriores consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2011948, Décima Época, materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." (Lo resaltado no es de origen) De lo anterior reseñado, se tiene que bajo el criterio actual de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, procede el juicio de amparo cuando se reclame al Instituto Mexicano del Seguro Social la omisión de contestar una petición o solicitud elevada por un derechohabiente; sin embargo, la determinación que al efecto emita el instituto, en relación con las prestaciones económicas y en especie que otorga, debe ser combatida vía las instancias legales ordinarias. Dicho en otras palabras, la respuesta que el instituto emita como ente asegurador, en relación con las prestaciones de seguridad social, frente al asegurado, sigue encuadrando, por regla general, en un plano de coordinación. Siendo dable destacar, que las prestaciones que otorga el instituto de seguridad social destacado, en el régimen obligatorio, en términos de los artículo 7 y 11 de la Ley de dicho ente, incluye, entre otras, la atención media y el otorgamiento de incapacidades. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 160995, materias Común, Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, en el caso particular, la quejosa reclama en esencia la negativa de seguirle otorgando incapacidad médica a pesar de su imposibilidad física para seguir laborando; sin embargo, se considera que atendiendo a los criterios destacados con anterioridad, en la especie, el acto reclamado mediante la misma no puede ser considerados como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se sostiene lo anterior, pues la quejosa es derechohabiente del instituto señalado; en esa medida, la controversia entre el instituto de seguridad social de que se trata y la aquí quejosa, tiene como objeto las prestaciones sociales que aquél brinda en su carácter de ente asegurador frente al asegurado, por lo cual, la misma, debe ser sometida a la potestad de la autoridad del orden común; donde la aquí disidente podrá aportar las pruebas que estime conducentes a efecto de demostrar la posible invalidez que le aqueja y obtener las prestaciones económicas y en especie que ello conlleva. En relación con lo anterior, resulta ilustrativa, en cuanto a su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 42/2013 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, página 1402, del tenor literal siguiente: "PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL JUICIO LABORAL OFRECIDA POR LA PARTE DEMANDADA SOBRE EL ESTADO DE SALUD DEL ACTOR. NO PROCEDE APLICAR MEDIDAS DE APREMIO PARA LOGRAR SU DESAHOGO. Si en el juicio laboral se demanda para obtener una prestación de tipo económico o de seguridad social (como sería una pensión, indemnización o atención médica) derivada del estado de invalidez o incapacidad del actor, a él le corresponde demostrar su acción y, para ello, la prueba idónea es, en principio, la pericial médica, respecto de la cual éste tiene un interés natural en obtener un resultado favorable a sus pretensiones, por lo que es inconcuso que colaborará con su perito médico pues, de no hacerlo, la prueba le será declarada desierta, previo apercibimiento al respecto; pero si es el demandado quien ofrece la prueba referida para acreditar sus excepciones y defensas, o como contraprueba de la admitida al actor, la consecuencia de la contumacia de éste a presentarse y/o someterse a los exámenes médicos o científicos requeridos será que, previa prevención, se tengan por ciertas las cuestiones que se pretenden demostrar con el desahogo de ese medio de convicción, presunción que admite prueba en contrario; de ahí que no proceda aplicar medidas de apremio para lograr el desahogo de la prueba pericial médica ofrecida por el demandado sobre el estado de salud del actor." Se destaca, que en tal ejecutoria se puntualizó lo siguiente: "Como ya se dijo con antelación, la prueba idónea para acreditar el estado de salud del actor, es la pericial médica y siendo carga de éste demostrar su acción, deberá ofrecer ese medio de convicción y es derecho de su contraparte designar también a un experto -de manera directa o como contraprueba-, ello con independencia de que la autoridad jurisdiccional que conozca del juicio también se encuentra legalmente facultada para designar el perito del trabajador, en los casos descritos en el artículo 824 ya trasunto, así como al tercero en discordia, de ser necesario. Pero es inconcuso que una pericial médica sobre el estado de salud del actor requiere no sólo la autorización de éste para efectuarla, sino también su cooperación y participación activa; entonces resulta lógico concluir que no obstante que la prueba la ofrezca su contraparte, o en el caso de tratarse de un dictamen que deba rendir el perito tercero en discordia, la parte actora debe ser sujeta a exámenes o pruebas médicas y/o científicas que los expertos estimen necesarias para establecer su estado de salud, que podrá servir de base para resolver sobre las pretensiones que solicite en razón de éste. Por ese interés natural en obtener un resultado favorable a sus pretensiones, es inconcuso que colaborará con su perito médico y si no lo hace, la prueba le será declarada desierta, lógicamente previo el apercibimiento que se le efectúe al respecto; pero cuál debe ser la consecuencia para el actor si no coopera para el desahogo de la prueba pericial médica que ofrezca su contraparte o que ordene la autoridad que conozca del juicio, tema que a su vez conlleva determinar si deben aplicarse las medidas de apremio que en este sentido se establecen en la Ley Federal del Trabajo. Al efecto, debe precisarse que con independencia de quién ofrezca la prueba, lo debe hacer con todos sus elementos necesarios para su desahogo, de conformidad con el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo, siendo en el caso de la prueba pericial médica un elemento indispensable la presencia y colaboración del demandante." No se soslaya, que la parte quejosa alegue transgresión a su derecho a la salud e integridad física; sin embargo, ello no puede conllevar, por sí, a considerar procedente la acción constitucional, pues como se dijo, lo que la agraviada aduce en torno a su estado físico tiene como finalidad la obtención de la prestación de seguridad social mencionada; esto es, su pretensión esencial no es en sí misma la atención médica sino la obtención de un certificado de incapacidad para laborar. Máxime que el derecho humano a la salud de la quejosa previsto en el artículo 4o. constitucional, fue materia del juicio de amparo 283/2021-VI, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Más aún, que no debe perderse de vista, que de la conformación del derecho a gozar de licencia médica por enfermedad, surge la obligación del estado patrón de proporcionar un subsidio a través de una licencia con goce de sueldo (íntegro o medio), según sea el caso. En esas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa;. Téngase por autorizado al usuario "Mildretsainzt", para las notificaciones electrónicas y la consulta del expediente electrónico en este juicio de amparo, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente. Se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes y al actuario judicial adscrito para que efectúe vía electrónica las notificaciones a la parte quejosa. Se tiene por autorizadas a las personas que indica para los efectos que señala. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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