Gabriela Monica Arnauda Gomez
Expediente 1076/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1076/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/07/2023
Partes del expediente
- Gabriela Monica Arnauda Gomez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de julio de dos mil veintitrés. Registro Vista la demanda que promueve *******, por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1076/2023-V. Acto Reclamado Previo a determinar la procedencia o no del juicio de amparo, es menester efectuar un estudio íntegro de la demanda de amparo, incluso de la totalidad de las constancias existentes en ella, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "Demanda de amparo. Debe ser interpretada en su integridad." y la tesis de rubro "Actos reclamados. Reglas para su fijación clara y precisa en la sentencia de amparo." Conforme a lo anterior, se sigue que la parte quejosa reclama del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y su Director General: La omisión de dar respuesta al escrito de aceptación de pensión de ********************; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión por jubilación. Desechamiento Sentando lo anterior, deben analizarse las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción II (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo. Preceptos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho [.]" En principio, conviene establecer que la disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación de lo previsto en el diverso 77, fracción II, de la legislación de la materia. Por su parte, la mencionada fracción II del numeral 77 de la ley de la materia, establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. De modo que, una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se le restituiría en el pleno goce de las garantías individuales vulneradas, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos fundamentales quebrantados en perjuicio de la parte quejosa. Ahora bien, en el caso se advierte que la petición que reclama la parte quejosa se encuentra regulada en el artículo 73 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que establece: "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. Si en el término señalado no se ha otorgado la pensión, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión probable que se determine, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión definitiva. Cuando el Instituto hubiese realizado un pago indebido a causa de alguna omisión o error, la persona que recibió el pago indebido deberá devolverlo o podrá convenir la forma de restituirlo. Cuando el pago indebido sea ocasionado por información proporcionada por la institución pública, el Instituto se resarcirá con cargo al presupuesto de la misma. El órgano competente del Poder Legislativo, o en su caso de la institución pública proporcionará al Instituto y a los servidores públicos la información que requieran para llevar a cabo los trámites para el otorgamiento de las pensiones correspondientes." Por otra parte, los artículos 75, párrafo segundo y 96 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, establecen: "Artículo 75. Cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." "Artículo 96. El Instituto cubrirá puntualmente el pago de las pensiones y podrá determinar o modificar los procedimientos de pago a los pensionados y pensionistas." De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que aquí interesa, que la autoridad responsable cuenta con un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, para resolver respecto a la solicitud planteada y para el supuesto de que no se haya otorgado la pensión solicitada, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión correspondiente. Luego, en el presente asunto, como se advierte del acuse de "ACEPTACIÓN DE PENSIÓN", recibido en la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca "PRESTACIONES", del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; se observa que la parte quejosa realizó una petición por escrito recibido el ********************, con la cual se evidencia que a la presentación de la demanda (once de julio de dos mil veintitrés), se encuentra transcurriendo el día hábil diecinueve, a efecto de que la responsable dé respuesta a dicha petición o en su caso, quede obligado a efectuar el pago de la pensión correspondiente, cómputo que se realiza descontando los sábados y domingos, por ser inhábiles. Motivo por el cual, se considera que no podrían concretizarse los efectos de un posible otorgamiento del amparo, ya que no puede obligarse a la autoridad responsable para que actúe de determinada manera, cuando todavía no fenece el plazo con el que cuenta legalmente para dar contestación a la petición que efectuó la parte quejosa ante ella. En apoyo de lo anterior se cita la tesis visible en la página 2868, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que dice: "Sentencia de Amparo, Efectos de la. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: `Sentencias de Amparo.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven, y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; de ahí que en términos del artículo 62 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Exhorto a la parte quejosa para señalar usuario para oír y recibir notificaciones De conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a la parte quejosa para que designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efecto de oír y recibir notificaciones. Instrucciones para la creación de usuario electrónico Cabe señalar que el usuario de referencia se obtiene de la siguiente forma: Deberá ingresar a la dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciada o licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Marco Antonio Reyes Arreola, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese.
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