Gabriela Micaela Velazquez Urquidez

Expediente 113/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
113/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/02/2019

Partes del expediente

  • Gabriela Micaela Velazquez Urquidez

Actuaciones

  1. Principal

    En quince de febrero de dos mil diecinueve, la suscrita Secretaria da cuenta, con el estado actual de autos del presente juicio de amparo. Conste. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos del presente juicio de amparo, se advierte del informe justificado rendido por la Titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (foja 14 a 52), mediante el cual remitió constancias relativas a la respuesta emitida mediante oficio SC-0087-19, por parte de la autoridad responsable, a la solicitud planteada por la parte quejosa mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil dieciocho, así como de su notificación, misma que le fue practicada personalmente el día veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Así mismo, el precepto 77, fracción II, de la ley de la materia, establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De la interpretación relacionada de los artículos anteriormente transcritos, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó rastro alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, en el caso el acto reclamado lo constituye: La omisión de dar respuesta en breve término, a la petición formulada por escrito presentado el dos de marzo de dos mil dieciocho. Sin embargo, de las constancias que anexa la Titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, relativas a la respuesta emitida mediante oficio SC-0087-19, por parte de la autoridad responsable, a la solicitud planteada por la parte quejosa mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil dieciocho, así como de su notificación, misma que le fue practicada personalmente el día veinticuatro de enero de dos mil diecinueve; por lo cual, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la violación reclamada desapareció con la contestación por escrito de la petición que formulo, con lo cual la quejosa fue restituida en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por los razonamientos que la integran, la tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página ciento ochenta y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, con el número de registro 250438, cuyo título y contenido dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." De igual forma, se estima aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, registro 193758, con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese tenor, se hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse la citada causa de improcedencia; por lo cual, no hay necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, pues como ya se dijo, en el caso han cesado los efectos del acto reclamado; por lo cual, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que haya lugar a dar vista a la parte quejosa con la contestación del escrito correspondiente, toda vez que conforme al resolutivo segundo de la respuesta emitida, se advierte que la misma es impugnable ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, mediante recurso de revocación o juicio contencioso administrativo federal. En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, misma que se encuentra señalada para las once horas con veinte minutos del ocho de marzo de dos mil diecinueve. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. PLANTEAMIENTO DE INCOMPETENCIA Téngase por recibido la boleta de turno número de registro 000228/2019, que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, al que acompañan el oficio 853 y anexos, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del XV Circuito, con sede en esta ciudad, al que a su vez obra adjunto los autos originales del juicio de amparo 38/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en el que se advierte que declaró fundada la excusa hecha valer por el titular del órgano jurisdiccional citado en último término para conocer del citado juicio de amparo promovido por GABRIELA MICAELA VELÁZQUEZ URQUIDEZ, por las razones que expone en el auto de seis de febrero de dos mil diecinueve. Consecuentemente, fórmese el expediente respectivo, el cual quedó registrado con el número de juicio de amparo 113/2019-6A. SE ACEPTA COMPETENCIA DECLINADA Ahora, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el suscrito Juzgador acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por GABRIELA MICAELA VELÁZQUEZ URQUIDEZ, contra actos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. ADMISIÓN. Ahora, vista la demanda de amparo presentada por GABRIELA MICAELA VELÁZQUEZ URQUIDEZ, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en los artículos 1º, 35, 37, 112, 107 fracción IV, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo; al no existir motivo para prevenir a la parte quejosa o desechar por notoriamente improcedente; se admite la demanda de amparo que formula la quejosa de mérito, contra actos de la autoridad que señaló como responsable. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, a quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la legislación federal en consulta, asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. SE DA VISTA CON EL INFORME JUSTIFICADO Sin que sea necesario requerir el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, toda vez que el mismo ya fue remitido por la autoridad oficiante. Por tanto, dése vista a las partes, con el contenido del informe justificado rendido por la Titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, a efecto de que se impongan con la anticipación debida de su contenido, y en su oportunidad hágase nueva relación en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo. FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Asimismo, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO SOBRE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las partes en el sentido de que si durante la tramitación de este juicio, tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, y de ser posible, deberán acompañar las constancias legibles que acrediten tal situación; apercibidas que en caso de no hacerlo, se les impondrá de manera individual una multa de treinta a trescientos días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (84.49 UMA); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley invocada. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que sea el caso formar el incidente de suspensión relativo, toda vez que el mismo no fue solicitado. MEDIOS DE PRUEBA Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo los medios de convicción, consistentes en la presuncional en su aspecto legal y humano, así como la instrumental de actuaciones, las cuales se relacionarán en la audiencia constitucional relativa. PRUEBA DOCUMENTAL Con fundamento en el artículo 119 de la ley de amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que refiere la promovente de amparo, misma que se relacionara en la audiencia constitucional respectiva. DOMICILIO QUEJOSO Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Jorge Eduardo Viejo Pérez y Marco Antonio Ponce Anaya; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que para tal efecto señala. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.Así lo acuerda y firma, Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de la Secretaria Celia Eulalia Guillen Guerrero, quien autoriza y da fe.

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