Gabriela Mercedes Reva Hayón

Expediente 855/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
855/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Gabriela Mercedes Reva Hayón

Actuaciones

  1. Principal

    El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz... declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído... en el que se desechó la demanda de amparo... archívese este expediente como concluido...

  2. Principal

    La parte quejosa interpone recurso de queja contra el proveído... mediante el cual se desechó la demanda de amparo... dese trámite al citado recurso... ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO... envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación de dicho medio de impugnación...

  3. Principal

    ... promueve juicio de amparo contra actos del ... se concluye de manera respetuosa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, debido a que el acuerdo reclamado consistente en citar a la parte quejosa para que se le haga saber la imputación en su contra, con la finalidad de poder ejercer su derecho humano de defensa y en consecuencia de debido proceso, no le causan perjuicio alguno hasta este momento, además de que ese acto no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, al ser susceptible de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal respectivo formule la imputación ante el Juez de Control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien, se determine el no ejercicio de la acción penal... es pertinente destacar que el Fiscal, al tener conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, está obligado a explorar todas las líneas de investigación posibles que le permitan allegarse de datos para su esclarecimiento, lo que no implica necesariamente, la citación del inculpado, ya que inclusive el artículo 129, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que el Fiscal podrá ordenar la comparecencia de la parte quejosa cuando lo considere relevante para efectos del esclarecimiento de los hechos, lo que no se traduce en una obligación... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica ... se faculta como autorizado ... a... debido a que cuenta con cédula profesional registrada... al restante profesionista que indica... solamente para oír notificaciones e imponerse de autos, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del Fiscal adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese con el número 855/2019. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral de la demanda y documentales anexas, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 de la ley citada. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la citada ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, por lo que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo establece que son partes en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley mencionada y con ello se produzca una afectación real, así como actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De la interpretación sistemática de los artículos mencionados, se deduce que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de dieciséis de agosto del año en curso, dictado por el Fiscal adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad, en la carpeta de investigación ***. Cabe precisar que en dicho acuerdo, se determinó, entre otras cosas, que la quejosa en su carácter de ***, podía tener participación en la comisión de los hechos que la autoridad responsable se encuentra investigando, motivo por el cual, giró citatorio a la quejosa en su calidad de libre para que compareciera ante la autoridad responsable y declarara lo que a su interés legal conviniera. CONCLUSIÓN En ese sentido, se concluye de manera respetuosa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, debido a que el acuerdo reclamado consistente en citar a la parte quejosa para que se le haga saber la imputación en su contra, con la finalidad de poder ejercer su derecho humano de defensa y en consecuencia de debido proceso, no le causan perjuicio alguno hasta este momento, además de que ese acto no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, al ser susceptible de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal respectivo formule la imputación ante el Juez de Control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien, se determine el no ejercicio de la acción penal. Además, es pertinente destacar que el Fiscal, al tener conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, está obligado a explorar todas las líneas de investigación posibles que le permitan allegarse de datos para su esclarecimiento, lo que no implica necesariamente, la citación del inculpado, ya que inclusive el artículo 129, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que el Fiscal podrá ordenar la comparecencia de la parte quejosa cuando lo considere relevante para efectos del esclarecimiento de los hechos, lo que no se traduce en una obligación. Máxime que la citación que la quejosa reclama, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal. Sirven de apoyo las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2012423 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: (X Región) 2o.1 P (10a.) Página: 2592 INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. Novena Época Registro: 180028 Instancia: Primera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Penal Tesis: 1a. CXXXV/2004 Página: 351 "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Época: Décima Época Registro: 2018828 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Penal, Penal Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.) Página: 239 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, debido a que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo en cita, al restante profesionista que indica, esto es, solamente para oír notificaciones e imponerse de autos, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,537 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano