Gabriela Mares Lozano

Expediente 83/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
83/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Mares Lozano

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que trascurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta de enero de dos mil veintitrés. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado que signa el Jefe de la División de Asuntos Jurídicos en ausencia del Director de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual informa que se encuentra realizando las gestiones necesarias a fin de cumplir con el fallo protector concedido a *, toda vez que refiere que el tratamiento médico no fue modificado, por lo que se continúa como ya lo tenía indicado el paciente, y la realización de los estudios indicados en la Unidad Médica de Alta Especialidad, en el calendario señalado para tal efecto, como se aprecia a continuación: Estado de autos. Del análisis del sumario, se advierte que mediante sentencia de amparo, se concedió para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos del amparo. En ese sentido, a fin de restituir a la accionante en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, se determina que los efectos de la concesión de amparo son para que las autoridades responsables, cumpla con lo siguiente: I. Tomen todas las acciones médicas y administrativas necesarias para salvaguardar el derecho humano a la salud del quejoso, esto es, deberán otorgarle la atención médica del especialista o diverso que se requiera, en el periodo adecuado que se determine para su salud e integridad, de acuerdo al plan médico que al efecto sea trazado para su padecimiento, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita. Para lo cual deberá emitir un calendario con las fechas en las que corresponda practicarle sus consultas, tomando en cuenta su estado actual de salud y su expediente clínico. II. Asimismo, las autoridades responsables deberán garantizar la atención médica integral del quejoso, como es el derecho al consentimiento informado respecto del tratamiento médico que se proponga, y del que deriva precisamente que su solicitud de medicamento sea analizada mediante una verificación técnica razonable y que no se limite a la constatación del Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos o de sus propios catálogos institucionales, siempre que cuente con el registro sanitario previsto en el artículo 222 de la Ley General de Salud, que compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Para ese efecto los médicos de la Institución tendrían que certificar cuál es el mejor tratamiento, en cuanto a su eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia, para el padecimiento del quejoso, y de resultar que el medicamento solicitado por éste es el adecuado, la autoridad deberá proporcionarlo de inmediato, adoptando las medidas necesarias para ello. Cabe destacar que esas medidas de garantía deben entenderse con la salvedad de que si el medicamento está previsto en el catálogo de insumos vigente, regulado por el artículo 28 de la Ley General de Salud o por la normativa aplicable a la Institución de Seguridad Social, y resulta ser el adecuado para el tratamiento del quejoso, la autoridad deberá demostrar que el medicamento ya fue suministrado, o bien que ha adoptado todas las medidas necesarias para proporcionarlo. Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Director de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se les realice, remitan copia certificada completa y legible de las constancias con las cuales acrediten las gestiones para el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, esto es, informe si se llevaron a cabo los estudios señalados el diez, catorce de febrero y uno de marzo de dos mil veintitrés, a fin de darle seguimiento al tratamiento indicado al paciente. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el ocurso suscrito por ********************, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, por medio del cual solicita la acumulación de este juicio de amparo, a otros que se están tramitando en diversos Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, a saber, 1408/2014 (Juzgado Sexto) y 2063/2018 (Juzgado Cuarto) Atento a su contenido, y con el fin de resolver lo que en derecho proceda, gírese atento oficio a los titulares de dichos Juzgados, solicitándoles que de no existir impedimento legal alguno, remitan copia certificada de la papeleta, demanda de amparo y auto admisorio de los juicios señalados, de sus respectivos índices. Solicita se tenga por impedido al perito oficial. En otro orden, respecto a sus alegaciones en donde expone que el perito oficial designado en este Juzgado de Distrito se encuentra impedido para dictaminar, porque también es perito en los juicios de amparo antes señalados (y que no lo ha hecho del conocimiento de este juzgado de Distrito), en principio, se le indica este hecho no puede ser analizado en este momento procesal, porque no se tiene noticia de que esos juicios de amparo tengan íntima relación con el presente juicio constitucional. Pero, con independencia de lo anterior, y partiendo de lo dicho por el quejoso en su escrito de cuenta, no ha lugar a acordar de conformidad, y se provee en la misma forma en cómo se hizo en el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. En dicho proveído se le indicó al agraviado que no había lugar para declarar impedido al perito oficial, porque lo alegado por el justiciable, en el sentido que éste está adscrito a un instituto que es organismo dependiente del Gobierno del Estado, no es un hecho que se ubique en alguno de los supuestos normativos señalados en el artículo 51 de la Ley de Amparo. Ahora, en la misma forma en cómo se indicó en el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, tampoco el perito se encuentra impedido para ser perito oficial en el presente juicio de amparo, porque el que sea perito, por parte de autoridades responsables, en los juicios de amparo señalado al principio de este auto, no es un acto que se ubique en el artículo 51 de la Ley de Amparo, además que lo alegado por el justiciable no se traduce para la suscrita juzgadora un elemento que ponga en riesgo la pérdida de imparcialidad. Se requiere al perito documentos. En otro orden de ideas, respecto a que este órgano judicial le requiera al perito oficial, acredite con los documentos necesarios que está capacitado para emitir un dictamen en topografía, se provee, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en donde se establece que los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer; se le requiere a Luis Enrique Beltrán Robles, acredite ante este órgano de control constitucional lo antes señalado, lo que deberá hacer en el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo. En efecto, en auto de uno de junio de dos mil veintiuno, se admitió la prueba pericial de topografía y agronomía ofrecida por la parte quejosa, se tuvo como su perito a Sergio Pérez Rea y se le requirió protestar y aceptar el cargo; en ese mismo auto, se requirió del Coordinador General Institucional y de Dictaminación Pericial, dependiente del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como al Delegado en Jalisco de la Fiscalía General de la República, informaran si cuentan con algún especialista en materia topográfica, para desempeñarse como perito oficial. En cumplimiento a lo anterior, el Director Regional Occidente, en suplencia de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales, Delegación Jalisco, informó que no cuenta con perito en dicha materia (oficio acordado el catorce de junio de dos mil veintiuno); por su parte, el Encargado de la Coordinación General Interinstitucional del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, señaló que designaba para fungir como perito oficial, a Luis Enrique Beltrán Robles (oficio acordado el veinte de septiembre de dos mil veintiuno). Finalmente, por comparecencia del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, Luis Enrique Beltrán Robles aceptó el cargo conferido; ahora, la citada persona se identificó con el gafete número 0915, expedido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, del que se advierte que tiene el nombramiento de "Perito A" y adscripción "Ingeniería Civil y Arquitectura" (comparecencia acordada el once de octubre de dos mil veintiuno), solamente. Dictamen que a la presente fecha no se ha emitido. Como se observa, la persona que fue designada para fungir como perito oficial, no acreditó ser perito en materia de topografía; además que su designación se hizo de forma distinta de la que prevé el Poder Judicial de la Federación, esto es, su nombre no se obtuvo de la lista de personas que pueden fungir como peritas y peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 86, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el numeral 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritas o peritos ante los órganos del poder judicial de la federación; pues de haber sido elegido de la citada lista, no sería necesario que acreditara su calidad de perito en topografía, por tener el aval del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñarse de esa manera. Por tanto, la necesidad de que esa persona demuestre ante este órgano de control constitucional, su calidad de perito en topografía. Sirve de corolario a lo anterior, la tesis VI.A.64 A, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a páginas 979, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "PERITO OFICIAL. SU DESIGNACIÓN POR EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ SUJETA A LA PROPUESTA DEL OFERENTE DE LA PRUEBA. El artículo 151, párrafo tercero de la Ley de Amparo, estatuye: "Al promoverse la prueba pericial, el Juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado.". De la interpretación de este precepto se desprende que el Juez de amparo goza de libertad para designar al perito oficial, sin que deba atender a la propuesta que para tal efecto le haga el oferente de la prueba, es decir, aun cuando las partes tienen expedito su derecho para designar cada una a un perito para que éste a su vez se asocie al nombrado por el Juez, resulta evidente que el perito oficial debe ser designado libremente por el Juez de Distrito; designación que está condicionada a que el perito satisfaga los requisitos de ley, esto es, el juzgador no puede a sabiendas designar a un perito que se encuentre en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 66 de la Ley de Amparo, o bien que no satisfaga los requisitos previstos en el artículo 144 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." Se solicita dar vista a la Representación Social. Finalmente, este órgano de control constitucional le dará vista a la Representación Social Federal, cuando advierta durante la tramitación del presente juicio constitucional actos constitutivos de algún delito de los previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, solamente, hecho que se llevará a cabo en el momento que así se considere. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.13/2017, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, correspondiente al mes de agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Notifíquese; y personalmente al perito oficial

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano